Copei considera la ONU y el Vaticano como intermediarios. Mientras que Primero Justicia insiste en la liberación de estudiantes detenidos y de Leopoldo López, así como cambios en instancias oficiales
Partidos políticos de oposición coincidieron en proponer siete puntos de discusión para ser incluidos en la agenda de diálogo que anunció el presidente Nicolás Maduro.
Esos ítems se originan por la profundización de la crisis política, económica y social que abarca todos los sectores del país, según manifestó el secretario general de Primero Justicia (PJ), Tomás Guanipa, durante su acostumbrada rueda de prensa semanal.
“Esto se debe a la nefasta gestión de este gobierno. El país se debate entre la confrontación y el diálogo ante un gobierno sordo”, dijo.
Los planteamientos de la oposición son: la liberación de los estudiantes detenidos, de los presos políticos y de Leopoldo López; designar a un Fiscal General, a un Contralor General, un Defensor del Pueblo, así como a los rectores y del CNE, y magistrados del TSJ con cargos vencidos, todos sin ser militantes del Psuv.
También propusieron publicar la lista de empresas de maletín que estafaron Cadivi. “Abrir el sistema de medios que en estos momentos están parcializados hacia la tendencia gubernamental y que sean verdaderamente públicos”, afirmó Guanipa.
Los últimos puntos versan sobre el desarme de los colectivos, otorgarles más competencias a los alcaldes, eliminar los regalos a Cuba y sacar a los supuestos cubanos que integran la Fanb.
Por su parte, el secretario general del MAS hizo votos para que el Gobierno evalúe esos puntos a propósito de la Conferencia de la Paz, que se realizará mañana.
Richard Blanco, presidente de ABP, suscribió lo planteado y exhortó a realizar un diálogo sincero y sin ofensas.
A diferencia de los partidos, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, ha condicionado esos puntos para iniciar un diálogo con Maduro.
Mediación. Los infructuosos resultados de otros intentos de diálogo motivaron a Roberto Enríquez, presidente de Copei, a proponer a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y al Vaticano como instituciones mediadoras entre Gobierno y oposición.
Enríquez aseveró que los encuentros directos “seguirán siendo un fracaso por la alta polarización del país”: “La Constitución debe ser la guía de esa mediación, para verificar su cumplimiento”.
Fuente: ÚN
