El abogado Gerardo Fernández señaló que la recusación de todos los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con el propósito de impedir su intervención en las siete demandas de nulidad de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del 14 de abril se fundamenta en un tercer “signo inequívoco” de su parcialidad a favor del Gobierno: el requerimiento de los resultados de la auditoría, en los términos impuestos por el CNE, a efectos de decidir si proceden las impugnaciones.
“Para pronunciarse sobre la admisibilidad de las acciones que hemos intentado no es necesario solicitar al CNE lo que todo el país conoce, que la auditoría írrita que se llevó a cabo arrojó error cero”, indicó Fernández.
Advirtió sobre el riesgo de que la Sala Constitucional se limite a validar la auditoría y ratificar la victoria de Nicolás Maduro sin examinar y dar respuesta a cada uno de los alegatos formulados por los demandantes. “Nosotros no estamos litigando en el TSJ sino contra el TSJ. Las otras dos evidencias de que no es un tribunal imparcial son la vinculación política de los magistrados al oficialismo y el sorpresivo avocamiento de la Sala Constitucional al caso. Pero no cederemos espacios, haremos lo que corresponde en estricto apego al Estado de Derecho. Nuestro logro será demostrar ante el país y el mundo que no hay verdadera justicia en Venezuela”, insistió el abogado.
“Para nadie es un secreto el secuestro de los poderes, y debemos desenmascararlos”, dijo Henrique Capriles Radonski en la última edición de su programa semanal Venezuela Somos Todos.
Ramón José Medina, otro de los asesores jurídicos del Comando Simón Bolívar, considera que el objetivo planteado por Capriles Radonski se logró cuando la oposición se negó a participar en la auditoría efectuada por el CNE sin atender todos los requerimientos para verificar los presuntos vicios que ponen en entredicho la presidencia de Maduro.
“El fondo del asunto es que el CNE evadió su compromiso público y ante los Presidentes de los países miembros de Mercosur. Por tal razón, haber participado en la auditoría, como la impuso el CNE, hubiese sido un acto de irresponsabilidad y hubiésemos avalado un resultado que no reconocemos”, dijo Medina.
El dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática considera que, a pesar de que la denuncia ante instancias internacionales implica trámites engorrosos y lentos, el tiempo obra contra Maduro. “La sombra y el peso de la ilegitimidad sigue presente en todas sus actuaciones, y más aún cuando el CNE y el TSJ evitan el desarrollo de los recursos que hemos planteado, que es una manera de evadir la verdad”.
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