El acuerdo contempla que «se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana; asimismo conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución»
La opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) manifestó que el «acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos», suscrito este martes con el Gobierno, debe constituir una «ruta» para que se levanten las inhabilitaciones que impiden a diversos antichavistas ocupar cargos de elección popular.
El acuerdo contempla que «se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana; asimismo conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución».
Según la PUD, esa parte del pacto constituye «una ruta» para que las formaciones políticas y los aspirantes inhabilitados «recuperen sus derechos con celeridad», así como «garantías» para que la selección de candidatos se respete, especialmente ante las primarias del domingo, en las que participará María Corina Machado, sobre quien pesa una inhabilitación que le impide inscribirse para las presidenciales.
Además, para la oposición, el acuerdo firmado supone un avance hacia la salida de lo que considera la «peor crisis social, política y económica» de la historia del país y para buscar una «solución negociada con quienes están en el poder», mediante el diálogo que comenzó en agosto de 2021 en México, donde se desarrollaron las tres primeras rondas.
Uno de los objetivos primordiales del antichavismo durante las negociaciones se centró en buscar la celebración de unas «elecciones democráticas y transparentes», lo que, según su criterio, conlleva una serie de movimientos de los que, con el pacto suscrito, se dan los primeros pasos.
El acuerdo prevé que los comicios en Venezuela cuenten con observación electoral de la Unión Europea, del Centro Carter y del panel de expertos de las Naciones Unidas, entre otras instancias.
Asimismo, plantea definir un cronograma para las elecciones presidenciales de 2024, que se celebrarán, según el anuncio hecho hoy mismo, en el segundo semestre del año.
Para la PUD, un mecanismo de verificación y seguimiento «es muy importante para velar por el cumplimiento de los acuerdos».
Los documentos que conforman el pacto fueron suscritos por una veintena de miembros de las partes negociadoras, en presencia del ministro de Exteriores de Barbados, Jerome Walcott, y de representantes de Noruega, país facilitador, y de otras naciones acompañantes como Países Bajos, Rusia, México, Colombia y Brasil.
La última ronda de este diálogo se celebró en noviembre de 2022, cuando las partes firmaron un acuerdo, cuyo objetivo era la recuperación de recursos del Estado bloqueados en el sistema financiero internacional, pero los diálogos volvieron a congelarse hasta ahora, sin que se haya materializado lo pactado el año pasado.
Su continuidad es «fundamental» para la oposición, puesto que -aseguró- «es la ruta para lograr el bienestar del pueblo venezolano, una democracia inclusiva y una cultura de tolerancia y convivencia política (…) y el respeto a los derechos humanos.
EC
