De izquierda a derecha: Claudia Macero, Pedro Urruchurtu y Magalli Meda
Termina un año y comienza otro y la penosa situación de los asilados en la Embajada de Argentina en Caracas parece ya no importarle a muchos y no solamente a los políticos dentro del país, incluso los cuasi alacranes que aparentan estar cerca de la verdadera oposición, sino fuera, los gobiernos extranjeros y los órganos internacionales que parecen ver hacia otro lado ante una situación en la que están en peligro la vida y la integridad física y mental de un grupo de personas honestas cuyo único delito ha sido defender con valentía la democracia. Es lamentable el olvido, quizás interesado, pero con seguridad perverso, de estos héroes que permanecen en la sede diplomática y que son torturados continuamente por un Estado que ejerce el terrorismo desde sus poderes públicos, para obligarles a entregarse y aceptar su responsabilidad en “actividades terroristas”, en su afán de impedir el cambio político que los venezolanos decidimos el 28 de julio pasado.
El silencio es patético, pero más lo es cuando emana del cuerpo diplomático acreditado en Caracas que ve de cerca -y convencido- la violación por la tiranía de Maduro de la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas y de la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático, que aunque es esta última una expresión jurídica regional tiene un valor fundamental en cuanto a la protección de la persona, en particular, del perseguido político, una preocupación constante de nuestros políticos y juristas de la región. Es igualmente grave y sorprendente la inacción del mundo diplomático ante la violación de las normas y principios fundamentales de las relaciones internacionales recogidas en la Carta de las Naciones Unidas que regulan las relaciones pacíficas y de respeto entre los Estados.
Pena da no ver una declaración, al menos una expresión de preocupación, por parte del decano del cuerpo diplomático, el nuncio apostólico ante la violación de los derechos humanos de este grupo de opositores. Tampoco vemos declaración o gesto alguno de embajadores o jefes de Misión que guardan silencio ante esta barbaridad que constituye un desafío sin precedentes a la comunidad internacional. ¿Prudencia o cautela excesiva? ¿Amenaza del régimen? Es probable, todo es probable cuando estamos ante un grupo delictivo de la calaña del dirigido por el clan Maduro-Flores.
El gobierno de Argentina ha cumplido con su deber y con sus responsabilidades como Estado respetuoso del orden jurídico internacional al solicitar el salvoconducto a quienes les ha otorgado protección según el Derecho Internacional, no así lamentablemente, el gobierno de Brasil que debería hacerlo por habérsele encomendado la protección de la sede diplomática, de sus bienes y de los asilados venezolanos hoy secuestrados por un régimen irrespetuoso y canalla que ignora sus compromisos internacionales. La postura de Lula, quizás no la de Brasil, es contradictoria y muy distinta a la asumida cuando en septiembre de 2009 apoyó junto con la Venezuela de Chávez, el regreso clandestino e impuesto a Honduras del autoritario pero socio ideológico Manuel Zelaya, una grosera injerencia en los asuntos internos de ese país; y su protección en la sede diplomática brasileña desde donde contrario a la figura del asilo diplomático haría, con el consentimiento y apoyo del gobierno brasileño, un llamado a la violencia para regresar al poder que pretendía retener a toda costa.
Se ha publicado apena ayer que Colombia habría sustituido a Brasil para ejercer la protección de la misión y sus locales y bienes, incluidos los asilados diplomáticos, lo cual requiere, como se sabe, el acuerdo con Argentina y el consentimiento de Venezuela, Estado receptor. En ese caso bastaría solo preguntarse si Colombia continuaría el silencio y la falta de defensa de los asilados o si realmente el gobierno de Petro estaría dispuesto a defender los intereses de Argentina, que incluyen por supuesto la salida segura de los dirigentes políticos de la verdadera democracia, hoy “rehenes” de la tiranía.
Esta situación plantea retos a Argentina y a todas las democracias de la región y del mundo, lo que debería traducirse en acciones políticas y jurídicas para restablecer el orden y reparar el daño causado por una tiranía que destruye un país y que pone y seguirá poniendo en peligro -mientras la complicidad le acompañe- con su actuar forajido, la paz y la seguridad internacionales
Argentina podría entonces intentar un recurso ante la Corte Internacional de Justicia por la violación por parte de Venezuela de sus obligaciones internacionales, solicitando además y con urgencia, dada la gravedad de las circunstancias, medidas cautelares para salvaguardar la vida y la integridad física de esas personas hoy en peligro como resultado del acoso criminal impuesto por el régimen venezolano.
También, dentro de los medios pacíficos de solución de controversias entre Estados, podrían ejercerse acciones concretas en los órganos internacionales más importantes como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas e incluso ante el Comité de Derechos Humanos, órganos que podrían tomar decisiones políticas que restituyan el orden o decisiones jurídicas que garanticen el respeto del derecho internacional y la seguridad de estas personas víctimas de un secuestro de Estado jamás visto en nuestra historia.
Víctor Rodríguez Cedeño
