Venezuela está bajo el yugo de un indiscutible régimen militar. De eso no sólo no cabe duda, sino que también brotan evidencias descaradas cada nuevo día.
Además de la policía, se han militarizado organizaciones que, por sus características especialísimas, deben estar en manos de civiles profesionales en la materia. Y cuando el gobierno bolivariano no logra meter la garra militar, inventa “sistemas de tareas conjuntas” para obligar así a los organismos policiales a participar en arremetidas espasmódicas contra la delincuencia, como si se tratara de un acto teatral y, por ende, un completo fracaso.
La superficialidad que el gobierno ha demostrado en el dominio de la materia es evidente, además de vergonzoso. La razón que lo soporta está fundamentada en que se trata de metodologías de trabajos diametralmente opuestos. Para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es prioritario determinar objetivo, intensidad y tiempo de duración de la fuerza que se usará contra el “enemigo”. La versión civil obedece a una política criminal no reactiva, con objetivo a corto, mediano y largo plazo coherente y sostenible en el tiempo. La criminalidad ordinaria nunca representa una amenaza militar, en consecuencia no puede ser abordada con estrategias militares. Desproporcionado. Ridículo. Teatral.
Con frecuencia, los militares venezolanos tienden a confundir seguridad ciudadana con seguridad de Estado. Las debilidades por falta de una política criminal es un factor que propicia el caldo de cultivo ideal para el fortalecimiento del crimen organizado. Sin duda es un elemento que los delincuentes en Venezuela han sabido capitalizar, sobre todo dentro de las instituciones creadas para combatirlo.
Hay algunos elementos que se esgrimen para justificar la toma militar de la fuerza policial y otras instituciones. Primero, el crecimiento exponencial de la violencia criminal que afecta principalmente áreas urbanas. Segundo, insuficiente personal de policía. Tercero, corrupción e ineficiencia de cuerpos policiales. En nuestro caso la situación empeora por el escaso recurso logístico con que cuentan las organizaciones policiales, bien sea las uniformadas o de investigación criminal.
En la práctica el uso masivo de la fuerza militar en tareas policiales disuade -momentáneamente- a la delincuencia, pero en un corto periodo los criminales se dan cuenta de que los militares son totalmente inofensivos en estas tareas.
Lo cierto es que los grupos militares asignados a tareas de patrullaje urbano no conocen la zona donde son asignados, la mayoría de los efectivos militares son traídos del interior del país, por lo tanto desconocen la geografía o perímetros urbanos; ustedes ya pueden imaginar la ventaja que esto le trae al delincuente. Aparte, el equipamiento militar (uniformes, armas, comunicaciones, vehículos etc.) es inadecuado para hacer labores policiales o prevención del delito. Podrán imaginar lo poco ágil que será un funcionario ataviado de campaña en una persecución urbana. A todo esto se le suman otros problemas logísticos, alimentación, hidratación y descanso del personal asignado. Un castigo para el funcionario en ejercicio, que lo lleva -en ocasiones- al extremo de su propia resistencia.
Sobre todo cuando ya es del conocimiento público el decaimiento del proceso de preparación de estos jóvenes de verde. Por eso es que vemos que esos espasmódicos operativos militares terminan reduciéndose a ridículas alcabalas en las que vemos hasta a 10 (o más) funcionarios jugando entre sí, chateando en sus celulares y, los más preparados, con cara de rabia añeja que suelen drenar en los ciudadanos equivocados. Dicho sea de paso, muchas de estas alcabalas son la situación propicia para la matraca.
En la práctica los policías deben salir a trabajar con objetivos preestablecidos. Todos ellos producto del análisis de la información previamente procesada por el Departamento de Análisis Criminal; pero esto, señores, esto es un trabajo de 365 días al año, que en blanco y negro ha sido demostrado no estar en la agenda de prioridades del gobierno.
Ahora bien, si las amenazas sobrepasan la capacidad de la policía hay soluciones prácticas. En otros países como Chile, Italia, Francia, las policías se han encargado del patrullaje y control criminal de las áreas urbanas y las áreas rurales, periurbanas y municipios pequeños las fuerzas militares, permanentes y no como operativos. La situación rural en Venezuela es delicada y de darse los acuerdos de paz en Colombia con la guerrilla de las FARC, la situación fronteriza será aun más compleja porque ¿a dónde irán a parar las armas de las FARC? Ya hay antecedentes en Colombia que con otras desmovilizaciones muchos de sus integrantes pasaron de la guerrilla a bandas criminales (Bracrim) en el negocio de armas de fuego y narcotráfico.
Finalmente, en mi opinión, la línea de acción de los dos últimos gobiernos a este respecto han dejado claros resultados: dirigir un cuerpo policial es una recompensa para un oficial militar y un castigo para la sociedad. El acento primordial de las políticas de seguridad ciudadana debe focalizarse en el reclutamiento del personal ideal, entrenamiento y equipamiento de las policías, así como la actualización con nuevas tecnologías, pero sobre todo en la formación de carácter cívico para la lucha contra un flagelo que es consecuencia de la misma sociedad y no un parapeto militar que se arma para dar la sensación de poder.
La seguridad ha demostrado ser un tema de todos. Pero para el gobierno venezolano solo parece ser importante cuando se toca a alguien de su círculo o cuando es un tema de captación de votos y popularidad.
Iván Simonovis
