El diseño y ejecución de las políticas públicas requieren del apoyo de la población destinataria de las medidas en términos de sacrificios temporales
El gobierno se encuentra entrampado para la toma decisiones que el país viene esperando desde hace varios años. La dilación en la estructuración de un ajuste en las finanzas públicas, cualquiera sea la semántica empleada, ha sido un acto de irresponsabilidad enorme.
El diseño y ejecución de las políticas públicas requieren del apoyo de la población destinataria de las medidas en términos de limitaciones, sacrificios temporales o restricciones necesarias para articular una legislación que legitime las decisiones que el Ejecutivo deba tomar y lograr el beneficio colectivo.
Se requiere una base institucional que le permita celeridad al Gobierno para el ejercicio de la iniciativa legislativa, la presentación de los proyectos que la coyuntura y su moldeamiento efectivo y oportuno demandan.
Una institucionalidad partidista que apoye y conduzca en el seno de la Asamblea Nacional el debate y aprobación del “paquete de leyes” (administrativas, endeudamiento, tributarias, etc.) y salga a la calle a explicar la razón de ser de la legislación sancionada, la razonabilidad de las medidas a ser adoptadas, las circunstancias que las motiva y buscar consenso.
El liderazgo del presidente Chávez en 1999 era indiscutible y representaba la condición mínima para imponer un conjunto de medidas, ya para entonces reputadas como indispensables y tardías.
Tenía pueblo, militancia, una institucionalidad que le respondía ciegamente por la mayoría obtenida en las elecciones de 1998 y que luego, a partir de la Constituyente, se rindió, cedió su independencia y el ejercicio autonómico a los designios del Ejecutivo.
Las finanzas públicas, desde entonces, se han venido comprometiendo y la dependencia del ingreso petrolero se tensó como un grillete en el talón de un preso.
Se incremento, a pesar de los anuncios presidenciales, la nómina del gobierno central y se multiplicó la burocracia parafiscal, monstruo administrativo que se viene alimentando de ingentes cantidades de recursos sin control ni destino claro de su empleo, que afectan las políticas de asignación y redistributivas del Gobierno y fuente enorme de corrupción.
El resultado fue un proceso de engorde de la Administración Pública, la configuración de un Estado obeso, con las arterias bloqueadas por donde corren y fluyen los recursos para la satisfacción de las necesidades colectivas y generando deficiencias en las válvulas que motorizan las ejecución del gasto público que se evidencia con la grave corrupción, patologías que el propio Gobierno ha denunciado y le ha sido difícil (por acción u omisión) encontrar paliativo para la crisis y solución a largo plazo.
La pretensión de mayor control político de la ciudadanía y de los mecanismos productivos propios de la democracia, llevó a la configuración de un Estado paralelo: el Estado Comunal. Se ha convertido en instancias de ineficiencia, duplicidad prestacional y vorágine presupuestaria, partiendo de la definición de nuevas instancias de debilitamiento de la participación plural y la iniciativa privada armonizada con el Estado para la generación de riqueza mediante la producción de bienes y prestación de servicios, mayor empleo, estabilidad real laboral, seguridad alimentaria y desarrollo económico. Mayor control, menor base de imposición y, por consiguiente, mayor evasión y menos recaudación.
Se descuidó el sistema tributario agregándole a la normativa impositiva, sin previsiones económicas y de gestión (control fiscal), exenciones, exoneraciones, rebajas impositivas, garantizando la perniciosa inmutabilidad de los puertos libres y zonas libres; se le negó, a pesar de que el Seniat lo tenía diseñado y listo para su ejecución, un régimen simplificado de administración tributaria para contribuyentes de difícil control.
El gran motor generador de las divisas es Pdvsa, en virtud de un cambio de su esencia y naturaleza, convertido en el gran redistribuidor de riqueza, y las poleas de la política populista que permitió aplazar las grandes decisiones en materia de política fiscal (tributación, endeudamiento y gasto), comienza a hacer aguas al distraer sus esfuerzos de las actividades propias a la exploración, explotación, refinación y comercialización de hidrocarburos.
Una de las grandes decisiones aplazadas, en el somero y subjetivo panorama de entorno efectuado, es el tema de la gasolina, su costo de producción y venta. Un tema de paradojas y mitos, cuyos efectos reales lacera la conciencia social y evidencia un mal entendido consentimiento del venezolano, hasta el punto de llevarlo a extremos de irresponsabilidad y malcriadez ciudadana. “Los venezolanos somos los dueños del petróleo” razón omnicomprensiva para tener una gasolina absurdamente barata, cuyo costo es menor que una botellita de agua, de esas que no se consiguen.
El costo de la gasolina y el incremento de precio de venta deben abordarse con seriedad, profundidad y conocimiento de las finanzas públicas; dejando a un lado la politiquería argumentativa.
El Gobierno debe asumir la responsabilidad de la tardía decisión de subirla o de la omisión de no hacerlo; no obstante, haber tendido todas las condiciones favorables acusadas.
También deben hacerlo aquellos partidos de oposición que siendo Gobierno no lo hicieron o se opusieron a ella sin razones válidas de ningún tipo fortaleciendo la malcriadez ciudadana.
El Gobierno debe asumir la responsabilidad ante el país de explicar y determinar con milimétrica precisión el destino de los recursos del aumento de la gasolina; enfrentar la responsabilidad de efectuar “ajustes” integrales (impositivos, redimensionamiento del Estado, gasto público); respeto a los factores productivos que ejercen la libertad económica, expresando su iniciativa privada y dejar la “regaladera” de nuestra riqueza, sin que ello represente abandonar la razonable solidaridad con terceros países.
Es un tema que requiere la inmediata y serena discusión; sin tapujos, mitos, paradojas y o discursos irresponsables, de unos y otros; es decir, del Gobierno y de la oposición.
¿Qué fue primero: el huevo o la gallina? No podemos jugar a la candelita, esperar que se termine trancando el juego y se creen condiciones mayores de penurias; seguir manteniendo una regresiva y distorsiva decisión a favor de sectores poblacionales que le sacan mayor provecho al precio irrisorio de la gasolina; favoreciendo la generación de externalidades negativas continuar y corriendo la arruga hasta el momento en que la alternancia democrática electoral o de coyuntura, constitucionalmente tutelada, presente un mejor momento para el aumento.
Es un tema que debe encararse de inmediato. No puede esperarse mayor deterioro de las finanzas. La irresponsabilidad de unos no puede implicar que los otros actúen de igual manera.
Leonardo Palacios
