Estamos en el año 2023 y no se ha logrado la máxima aspiración de Venezuela, tal es que se devuelva al país la franja territorial que de suyo le pertenece (de acuerdo con el principio del Uti possidetis iure)
El tema del Esequibo se ha convertido de nuevo en un punto de referencia existencial para la política exterior de nuestro país. Así como pasó en 1899, la delantera la han llevado otros actores y a nuestro país le ha tocado responder. Venezuela aceptó a grosso modo lo pactado en el Tratado Arbitral de Washington de 1897 y cristalizado en el Laudo Arbitral de París de 1899. En esa ocasión, se fundamentó la tesis de que el Esequibo formaba parte del territorio que el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte administraba en la hoy Guyana y conocida entonces como la Guayana Británica.
No fue sino en 1962, durante el gobierno del presidente Rómulo Betancourt, que se denunció al Laudo Arbitral como írrito. En esa ocasión, se llegó a una solución práctica apoyada por el Reino Unido e Irlanda del Norte a través del invocado repetidas veces Acuerdo de Ginebra de 1966, el cual sirvió de base para que Londres y Caracas permitieran la independencia de Guyana y se le reconociera a Venezuela el legítimo derecho a reclamar una parte sustancial del territorio de la naciente
Estamos en el año 2023 y no se ha logrado la máxima aspiración de Venezuela, tal es que se devuelva al país la franja territorial que de suyo le pertenece (de acuerdo con el principio del Uti possidetis iure) desde el momento de la independencia de Venezuela en 1810. En este contexto, cabe destacar que a pesar de las diligencias venezolanas en procura que se le devuelva la zona en reclamación, el Reino Unido e Irlanda del Norte se lavó las manos en 1966 aunque le aseguró a Georgetown que sería independiente con la integridad territorial heredada del pasado colonial, incluyendo la parte reclamada por Venezuela.
Luego de muchas marchas y contramarchas, las negociaciones sobre lo acordado en 1966 se agotaron y se encomendó al secretario general de las Naciones Unidas, que buscara una nueva vía para seguir con lo estipulado en el Acuerdo. António Guterres decidió en 2018 llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Sorpresivamente y sin consultar a la otra parte, Guyana solicitó ese mismo año ante la Corte Internacional de La Haya que resuelva si tiene jurisdicción para resolver la disputa; en segundo lugar, si el laudo arbitral es válido o no. Venezuela también solicitó esclarecer si el Reino Unido y de Irlanda del Norte debe formar parte activa en el proceso. La CIJ se ha pronunciado favorablemente ante el primer y en contra, sobre el tercer punto, lo que en forma general lesiona las aspiraciones venezolanas. Falta considerar por La Haya el segundo punto.
Tomado como un todo, la posición actual de Venezuela es muy débil, en el exterior y en el interior, ya que no hay un interés nacional a la vista. Pero se abren otras posibilidades para evitar que la judicialización del caso perjudique más al país. Se trataría de evaluar la pertinencia de una salida distinta a lo contemplado tanto en el Acuerdo de Ginebra, ya repudiado por Guyana, como por la vía de la Corte. En ambos casos estamos en desventaja y por ello debemos de ser creativos y presentar unas alternativas diferente en el marco de la política y el derecho.
Carlos A Romero
romecan53@hotmail.com
