Cuando el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje sobre Sinaloa la semana pasada, el anuncio rebosaba una ironía nunca mencionada: ellos eran, en buena medida, responsables de la última ola de violencia en esa región de México.
Fueron las maquinaciones de autoridades estadounidenses para capturar a los líderes del Cártel de Sinaloa a finales de julio lo que ha desatado una pugna entre las dos facciones del grupo criminal, los Guzmán y los Zambada.
Las balaceras, la presencia de civiles fuertemente armados en las calles, los bloqueos de vialidades y carreteras, los homicidios y las desapariciones que han azotado principalmente a Culiacán, pero se han extendido a otras zonas de Sinaloa se atribuyen directamente a la a supuesta traición de Joaquín Guzmán López para entregar a Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos.
El mismo presidente, Andrés Manuel López Obrador, aludió a esta relación causa-efecto en su conferencia Mañanera del 19 de septiembre, cuando 10 días de violencia recrudecida en Sinaloa dejaban al descubierto la incapacidad de su Gobierno para contener a los criminales. López Obrador dijo que los acuerdos en torno a las detenciones de Guzmán López y Zambada fueron el detonante y que su Gobierno estuvo al margen.
El presidente dijo esto como si fuera un simple observador y no como lo que sugiere su mismo lamento de que él fue apartado de cualquier decisión sobre las capturas de los capos de Sinaloa: el Gobierno de Estados Unidos le ha perdido totalmente la confianza, lo minimiza y no tiene empacho en crearle problemas domésticos como el de Sinaloa.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, replicó la postura de López Obrador al cuestionar también la actitud de Estados Unidos y la falta de cooperación. Pero, aunque Sheinbaum repite el paso que marca el discurso del presidente en funciones, su posición es diametralmente opuesta: ella apenas llega, él ya se va.
El desdén y las humillaciones de Estados Unidos serán una de las principales herencias que deja López Obrador a su sucesora. Una relación con los vecinos que, al menos en materia de seguridad, es más de adversarios que de aliados. Porque la marginación del Gobierno mexicano en las capturas de Guzmán López y El Mayo Zambada solo se explica a partir de una percepción de complicidades.
Sheinbaum odiaría la comparación, pero en cierto sentido está en la misma situación que Carlos Salinas de Gortari cuando llegó a la Presidencia en 1988. En esa época, la relación del Gobierno mexicano con Estados Unidos en el combate al narcotráfico estaba en su nadir. Dos años antes, el agente de la DEA Enrique Kiki Camarena había sido torturado y asesinado por Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del Cártel de Guadalajara, en ese entonces el cártel que concentraba el tráfico de drogas a Estados Unidos.
La certeza que tenía Estados Unidos de una colusión del poderoso cártel con el Gobierno del entonces presidente Miguel de la Madrid era total. Una de las sospechas más poderosas se centraba en el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, hoy director de la Comisión Federal de Electricidad.
Aunque Caro Quintero fue detenido días después del asesinato de Camarena, ante la presión de Estados Unidos, no fue extraditado, pese a que había una solicitud. La cooperación con el Gobierno mexicano se desplomó en el cierre del sexenio de De la Madrid.
Ese era el panorama en diciembre de 1988 cuando Salinas de Gortari llegó al poder. Urgido de legitimidad y de reparar la relación con Estados Unidos, a cuatro meses de tomar posesión, en abril de 1989, su Gobierno detuvo al Miguel Ángel Félix Gallardo, el “jefe de jefes” del Cártel de Guadalajara. Incluso la forma en que fue detenido revela la complicidad que había entre Félix Gallardo y las autoridades, que se acabó cuando se impusieron necesidades políticas.
Félix Gallardo vivía a la vista de todo Guadalajara y participaba en actividades sociales y empresariales. Quien lo detuvo fue Guillermo González Calderoni, corrupto agente de la Policía Judicial Federal que había tendido el manto de protección de Félix Gallardo hasta que la orden fue retirarlo. (Se dice que cuando el policía llegó con el capo, este lo recibió diciendo: “¿Qué pasó, Memo?”, y Calderoni respondió: “No te conozco”.
Es cierto que Salinas de Gortari nunca extraditó a Félix Gallardo ni a Caro Quintero y aunque durante su Gobierno la legislación prohibía la extradición de ciudadanos mexicanos, esta tampoco se cambió. Es decir, el gesto de Salinas fue limitado, pero sirvió para ganarse algo de buena voluntad para afianzar la relación con Estados Unidos e iniciar las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.
A final, fue solo eso, un gesto que nunca significó un compromiso con el combate a los cárteles del narco. Por el contrario, la decapitación del Cártel de Guadalajara fragmentó el mapa y el control del narcotráfico se repartió entre grupos basados en Sinaloa, Ciudad Juárez y Tijuana, además de Tamaulipas, donde el Cártel del Golfo operaba aparte.
El Mayo Zambada era precisamente el último protagonista de esa geografía. Ahora, él mismo apunta, desde Estados Unidos, a la complicidad del partido en el Gobierno con su grupo criminal, al señalar que el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, iba a estar presente en la reunión donde fue secuestrado.
Sheinbaum tendrá la misma necesidad política para aplacar a Estados Unidos, con más razón ahora que el tema del narcotráfico tiene mayor atención en la agenda pública de ese país, con el aumento de muertes causadas por el fentanilo, y es asunto central en las campañas por la Casa Blanca. El tono de reclamo no le servirá a la presidenta electa, porque se expone a que continúe el desdén de los vecinos, cuyos recursos para operar en México al margen del Gobierno ya son bien conocidos.
Pero las capturas de Zambada y Guzmán López son solo el último eslabón de una cadena de humillaciones que el Gobierno norteamericano ha infligido al presidente López Obrador este año, empezando con la revelación de investigaciones que hizo la agencia antidrogas (DEA) hace varios años sobre la supuesta entrega de dinero del narco a sus campañas.
Una serie de reportajes en varios medios resquebrajaron el barniz de honestidad que López Obrador había cuidado tanto y que tuvieron eco debido a la pasividad del Gobierno frente a los grupos criminales, particularmente en Sinaloa.
Sheinbaum recibe esa política de pasividad frente al narcotráfico, que ya le muestra la primera prueba de fuego a su sexenio: la violencia desatada en Sinaloa y la incapacidad de las autoridades para contenerla. No pasará mucho tiempo antes de que los criminales le tomen la medida a su Gobierno si opta por seguir la misma ruta.
Javier Garza Ramos
El País
