1 Cuando menos es curioso -para no ir más allá al calificar la actitud de sectores de oposición- que quienes no vacilaron en estimular a los altos mandos de la Fuerza Armada para que violaran la Constitución y derrocaran al presidente legítimo, Hugo Chávez, el 11 de abril de 2002; que luego se involucraron en aventuras como el obsceno apoyo a los militares que desafiaron a las instituciones en Plaza Altamira, ahora pretendan acusar al gobierno bolivariano de militarizar el país. La campañita comenzó, y la verdad es que necesitan riñones para incurrir en hipocresía.
2 Pero esos sectores inescrupulosos que no miden los alcances de sus reiteradas contradicciones, que apostaban públicamente a la violencia -actitud que ahora reciclan y convierten en cualquier modalidad golpista-, no vacilan en atacar un proceso de reivindicación de la alianza Pueblo-Fuerza Armada, en el que lo castrense adquiere un protagonismo cívico y democrático que jamás tuvo antes. En gobiernos del pasado, tildados de civilistas por el solo hecho de que un civil los presidiera, la institución militar operó con amplios privilegios; definió políticas de seguridad impuestas por la potencia imperial, y ocupó espacios que afectaron la libre conducción democrática. En distintas ocasiones las instituciones estuvieron secuestradas por ese poder como consecuencia de los vacíos que generaba el temor a los militares y el peso de una tradición autoritaria.
3 La acusación de que Venezuela se militariza, basada en la oportunidad que le confiere a la institución la calidad de la formación que imparte a sus miembros; que de ella provengan profesionales de excepción en el ámbito cultural, científico, técnico, desconoce los aportes del militar a la administración pública, educación, servicios, sistema financiero, obras públicas, etc. ¿O es que por el hecho de vestir uniforme hay que discriminarlos? Sería repetir la odiosa reserva que existió en el mundo castrense hacia el civil. Si algo positivo tiene el actual proceso de cambio es que los recelos, las negaciones recíprocas que se dieron en el pasado, cuando la dicotomía se utilizó para dividir, para erigir muros que facilitaban el manejo antidemocrático de la sociedad, con visión segregadora, en nombre de la cual se cometieron infinitos atropellos, ahora desapareció.
4 Hoy la situación es distinta. Las diferencias entre civiles y militares prácticamente se disolvieron. Hay una nación cohesionada en torno a valores de otro tipo: lo social, la participación, el respeto a la dignidad humana, y una nueva institucionalidad. En el ataque al supuesto protagonismo de los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en tareas claves para el desarrollo nacional y solidez del Estado -tareas compartidas por igual entre civiles y militares-, opera un viejo resorte antimilitarista. Un indisimulado desprecio hacia el uniformado. Una concepción reaccionaria y oportunista que divide, artificialmente, a la sociedad. Que a través del tiempo funcionó, en una u otra dirección, de acuerdo a las circunstancias.
5 Lo que priva en el “rechazo” a la actual participación militar en la vida pública, y a la pretensión de que los miembros de la institución permanezcan confinados en los cuarteles -y sólo salgan cuando los llaman civiles aventureros-, es la contradicción consistente en que, al mismo tiempo, esos sectores tratan de reclutar oficiales para insurgir contra la Constitución. Es decir, volver a lo que a lo largo de la historia fue una constante: el militar al servicio de las peores causas bajo el signo de la traición. Esta reflexión es para desmontar la falacia de la remilitarización del país, que voceros de la oposición pretenden introducir en el debate político. Con el claro propósito de confundir.
Por José Vicente Rangel
