Los controles o la coerción expresada como mecanismo de represión –legal o por abuso y totalitarismo, o pérdida del Estado de Derecho, como el caso de la Ley Precios Justos– pervierte el proceso natural de formación de precios, quiebra las reglas del mercado eliminando los incentivos naturales del mercado, su eficiencia en el funcionamiento de los mecanismos de distribución de ganancias y pérdidas propios de cualquier actividad económica, social y política.
Así desaparecen las virtudes del sistema de libertad de elegir, el marco jurídico que define los contratos, propiedad y distribución; desaparece la mano invisible; es decir, el comportamiento del hombre libre que busca satisfacer sus necesidades en base a eficiencia. Si se corta ese circuito racional, el empobrecimiento es el resultado, Venezuela hoy un ejemplo. Es decir, se elimina la razón fundamental por la libertad económica que se ejerce a través de individuos que actúan bajo el acuerdo de mutuo beneficio, proceso libre y espontáneo, condición para que la justicia sea resultado del mercado y no impuesta sin función de costo.
La intervención de ese proceso espontáneo y autónomo de formar precios, conduce a comportamientos y a la cultura de la ineficiencia, y con ello del empobrecimiento colectivo. En ese sentido, mediante la coerción, se reprimen los incentivos de los individuos, generando efectos perversos, ya que en lugar de inducir a los individuos a ser productivos, competitivos y libres, generan un entorno de menor producción, de servilismo ante el Estado por pérdida de racionalidad, por intercambiar su libertad de elegir por los designios de reglas coercitivas y/o controles.
Esas reglas coercitivas y de control se engendran para agrandar discrecionalmente, el poder político y social de estructuras institucionales sin contra-balances que someten a la sociedad a esquemas de dominación servil al Estado. La democracia, la libertad y la propiedad se afectan y envilecen al perderse el precio como premio a la eficiencia y al respeto de los contratos para ser sustituido por la corrupción, inflación, y otros mecanismos de captura de renta, todos conducentes a regímenes de despilfarro, derroche y corrupción.
Los administradores del Estado/Gobierno actúan en ese particular, usurpando un contrato con sus electores y contribuciones fiscales que no poseen el marco jurídico que permite que la propiedad sea rentable, sometida en todo caso al riesgo de sus economías, apartando los mecanismos redistributivos para que en la distribución entre capital trabajo y ahorro, la sociedad prospere. Las implicaciones de estos esquemas de dominación en lugar de amparar a una producción regida por las reglas de eficiencia y distribución, únicas vía mercado, altera las reglas al pretender obligar al hombre –naturalmente libre– a reprimir producción e intercambio en libertad para satisfacer sus necesidades de manera eficiente.
Es entonces esa coerción, independiente del esquema impuesto, ley, decreto o intervención en el mercado, la que deteriora las condiciones de un reparto justo –por esfuerzo e inversión– en la creación de grupos sociales numerosos, más allá de las naturales formaciones de «muy ricos y muy pobres», en una sociedad donde estos dos grupos son ciertamente minoritarios, con lo cual habríamos hecho de la desigualdad aun serio incentivo al progreso individual. Lo cual no desmerita, desde luego, que otros mecanismos redistributivos a través de formas descentralizadas de gobierno local –refiero al principio de subsidiariedad- sirvan de asistencia a las minorías menos beneficiadas del proceso de distribución.
La coerción, represión de las reglas del mercado libre, volverá al cuerpo económico social ineficiente e incapaz de transmitir al resto el capital humano de cada participante en el medio social. ¿Ejemplos?, observa cualquier país donde los medios fueron expropiados, socializados en la historia de la humanidad. URSS, Cuba, e infinidad de comunidades precapitalistas africanas donde el acceso y la producción no pertenecen a los individuos como en las sociedades de libre mercado.
El caso venezolano es el más reciente error con talla internacional. Venezuela en 15 años llegó a los últimos lugares en indicadores de transparencia y corrupción, de respeto a derechos de propiedad, de prosperidad, de respeto a derechos humanos, competitividad, riesgo económico/financiero con deuda considerada «junk investment», moneda envilecida con la mayor inflación en el mundo que se corresponde con acelerado crecimiento de la pobreza, severa inseguridad personal; encabezamos índices de criminalidad y deterioro institucional, en la cola del indicador de entorno amigable para negocios, Estadio de Derecho destruido sin contar con un sistema de balances institucionales; una sociedad que dio un salto en el vacío hacia estructuras precapitalistas típicas de ambientes de empobrecimiento crónico, llevada por el camino de un proceso político antinatura.
alexguerreroe@hotmail.com
