La posibilidad de negociar con el chavo-madurismo bases mínimas de un acuerdo para superar la terrible tragedia que sufren los venezolanos descansa en la suposición de que podemos entendernos y que estamos dispuestos a ello, que usamos palabras con igual significado y hacemos referencia a una misma realidad, aun discrepando en la manera cómo abordarla. Pero tal obviedad no está dada.
Si hay algo que caracteriza a regímenes de naturaleza fascista es su sujeción a una realidad alternativa, construida con base en símbolos que sirven para proyectar una visión maniquea, moralista, de la lucha política, según la cual los buenos (“nosotros”) enfrentan a los enemigos del pueblo –aquellos que no se pliegan a los designios de la patria declaradas por el líder– para asegurar su necesaria derrota. De ahí la preeminencia de la jerga militar, de conspiraciones hostiles y de la búsqueda de culpables. En el caso venezolano, Chávez erigió esa falsa realidad invocando la lucha independentista, posicionándose como una especie de Bolívar redivivo y descalificando a todos que se le opusieran como “traidores”. Campañas de odio llevaron al acoso y la discriminación de estos “apátridas” y a la suspensión progresiva de sus derechos. En absoluto había interés en entenderse con estos; había que aplastarlos.
Pero esto es historia conocida. El abandono del “socialismo del siglo XXI” con el levantamiento de los controles, la dolarización de las transacciones y ciertas privatizaciones, ¿no indicaría que estamos, hoy, frente a una realidad distinta, que permite pensar que, al fin, el oficialismo empieza a entender la realidad del país? Pero ahí está Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV, recogiendo la costumbre del nefasto Motta Domínguez, de acusar, ahora no a las iguanas o a un francotirador por la caída del servicio eléctrico, sino al gobierno estadounidense por la ruptura de una tubería de gas. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, se molesta por la denuncia que hace Valentina (¡valiente!) Quintero del cobro de matraca por militares en las alcabalas, denuncia repetida innumerables veces por agricultores del Táchira, ganaderos y comerciantes en general. Declara que es irresponsable “opacar la labor policial y militar enmarcada en la ética profesional de quienes se dedican a la protección, defensa y servicio al pueblo venezolano, poniendo a un lado su propia seguridad”. ¿En qué país vive este señor? Con los miserables sueldos que se les paga y el patrón que exhiben sus superiores, ¿por qué no la extorsión? El expolio de oro y coltán en Guayana, la negociación de crudo, el contrabando de hierro y cabillas, el narcotráfico y mucho más, dan cuenta de esta supuesta “ética profesional”. Cuentan, además, con una impunidad cómplice al ser ensalzados como herederos del Ejército Libertador. Y se lo creen.
El problema está en que los militares traidores que sostienen a Maduro se comportan, en realidad, como un ejército de ocupación. Sus patrones, referencias y su desprecio por el mundo civil, inculcados por la retórica patriotera de Chávez, reflejan la convicción de ser dueños del país, ungidos por la Patria. Permanecen anclados en esta visión retrógrada y primitiva porque les absuelve sus atropellos. Ampara, además, sus pretensiones patrimoniales como columna vertebral de un sistema que expolia a la nación. ¿Dónde están los resguardos institucionales que limitan el abuso de quienes tienen el poder de las armas? ¿Cómo ponerles coto a sus arbitrariedades en zonas fronterizas, en Guayana? ¿Y las torturas en la DGCIM y el Sebin? ¿Es parte de la “protección, defensa y servicio al pueblo venezolano”?
Pero, algunos aparentan no estar anclados en el pasado. El propio protegido por este gorilismo, Nicolás Maduro, anuncia medidas de apertura para atraer inversiones. Rompe con el hechizo que lo ataba al charlatán español, Serrano Mancilla –aquel que lo había convencido de que el financiamiento monetario del gasto no era inflacionario– para suspender, primero, los controles de precio y permitir la libre circulación de la divisa. Y, para darles contenido, contrae drásticamente el gasto público, en el más rancio sentido neoliberal, y asfixia el crédito con encajes prohibitivos para contener la hiperinflación. Y combina lo anterior con la quema de escasas divisas para estabilizar el precio del dólar.
La economía privada no podía dejar de responder a este pequeño respiro. Entusiasmado, Maduro, lanza ahora un folleto anunciando las maravillas que aguardan a quien invierta en el sector de hidrocarburos. Salvando el pésimo gusto de ponerle el nombre de Hugo Chávez Frías a la Faja petrolífera del Orinoco, sorprende que proyecta la imagen de una industria integrada: yacimientos, gasoductos, mejoradores de crudo, oleoductos, refinerías y empresas petroquímicas asociadas, operando al unísono, sin problemas. Y con las mayores reservas probadas del mundo. El folleto culmina con una serie de incentivos dispersos acumulados en distintos instrumentos jurídicos aprobados por el chavismo, incluida una “Ley (in)constitucional de Inversión Extranjera Productiva” aprobada en 2017 por la infausta asamblea constituyente. Cierra con alusiones a la Ley de Zonas Económicas Especiales y una extraña referencia a la “Ley Antibloqueo” como “mecanismo de protección de los activos públicos y de los socios e inversores del país” (¡!). Todo el mundo sabe que esta ley se aprobó para evadir controles y la rendición de cuentas al privatizar, bajo el amparo de condiciones de confidencialidad otorgadas a discreción.
En fin, nos enfrentamos a una oligarquía opresiva cuyo componente militar sigue viendo a Venezuela como su coto particular de caza, mientras Maduro intenta cambiar la narrativa para atraer inversiones. ¿Rompe con el pasado? El folleto referido se delata con una foto a toda página, al comienzo, de un “comandante eterno” visionario oteando el futuro, acusa a las sanciones impuestas por Estados Unidos del deterioro de Pdvsa, y repite frases emblemáticas de los planes chavistas (“Suprema Felicidad del Pueblo”). Maduro va a tener que ir más allá si quiere, de verdad, atraer inversiones. ¿O se trata sólo de un expediente temporal para solventar problemas de caja? Hechos valen más que palabras. Garantías, acuerdos bilaterales / multilaterales de inversión, financiamiento, la taquilla única ofrecida, respuesta oportuna de la Administración Pública y, por supuesto, servicios públicos –agua, luz, gas, seguridad, infraestructura vial, de puertos y aeropuertos— confiables. Incompatible con el sistema de expoliación que ha servido hasta ahora como base del apoyo prestado por militares traidores, cobijada en mitos revolucionarios. Se pone a prueba la autenticidad de la “normalización” alardeada por Maduro.
Es posible que la dinámica desatada por estas medidas de liberalización, hasta ahora incompletas e inconexas, pueda plasmarse en aspectos de una institucionalidad favorable a la iniciativa privada y ello permita aprovechar las enormes potencialidades existentes en el país para que los venezolanos vayan conquistando, para sí, medios para una vida digna. Pero los intereses atrincherados en el sistema de expoliación existente se resistirán a abandonar sus privilegios. Muchos se amparan en el imaginario construido por Chávez para desentenderse de toda presión de cambio.
Toca a las fuerzas democráticas aprovechar la promoción anunciada por el gobierno para recoger las aspiraciones de mejora de la gente y presionar por la concreción de las reformas ahí implícitas. Y ojo, de ser sincero Maduro, muy probablemente quiera ir hacia alguna modalidad del modelo chino, con control centralizado y derechos restringidos. Y lo haría lentamente, para evitar afectar intereses. No hay nada que indique, hasta ahora, que lo anunciado redunde en una ampliación de los derechos civiles y políticos de los venezolanos y el retorno a un eventual Estado de Derecho.
No hay sustituto de una fuerza democrática mayoritaria, consustanciada con una plataforma política unitaria de cambio, para forzar, cuanto antes, las condiciones que nos permitan salir de esta tragedia.
Humberto García Larralde
humgarl@gmail.com
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