Esa práctica se pone de manifiesto cuando el Poder Ejecutivo y sus voceros, sentencian públicamente como conspiradores o asesinos a sus adversarios políticos, antes de que los tribunales investiguen y decidan

Cada día con más descaro se utiliza el Poder Judicial como instrumento de persecución política. Esa práctica se pone de manifiesto cuando el Poder Ejecutivo y sus voceros, sentencian públicamente como conspiradores o asesinos a sus adversarios políticos, antes de que los tribunales investiguen y decidan. Esta situación es más grave aun cuando tomamos en cuenta que la gran mayoría de los fiscales y jueces son designados a dedo.

Dentro de esa estrategia persecutoria se ha inaugurado la modalidad de la hermenéutica psiquiátrica, que tiene la propiedad de descubrir significados de las palabras distintos a lo que se dice, y además le agregan la interpretación de intenciones torcidas, y con ello se arma un caso criminal en contra de un opositor político. El gobierno le ha agregado a la lista de presos políticos el nombre de Leopoldo López, violando la Constitución y el derecho a la defensa para establecer el delito de opinión, Leopoldo es un preso de conciencia.

El objetivo de esta persecución a los estudiantes, y a los dirigentes que adversan al gobierno, violando sus derechos humanos, es el de distraer la atención de la población venezolana sobre la profundidad de la crisis que la afecta, la cual es consecuencia directa del rotundo fracaso del modelo político y económico que hoy gobierna a Venezuela.

Pero ni la manipulación mediática ni la persecución política, pueden evitar lo que la gente siente y padece como consecuencia de la mala gestión de este gobierno. Por mucha inversión en publicidad que se haga, el pueblo sufre cada vez más la escasez de todo: alimentos, medicinas, repuestos, aceite de motor o baterías para los vehículos, cemento, cabillas, y pare de contar. Así como siente el gran temor por la inseguridad personal desbordada, acompañada por una vergonzosa impunidad que alcanza a más del 90% de los delitos cometidos de acuerdo a los últimos informes presentados por la Fiscalía General de la República ante la Asamblea Nacional. .

En el caso gravísimo de corrupción en CADIVI, el gobierno está confeso en el hecho de que se robaron más de 20.000 millones de dólares, es decir, una cantidad igual al monto de las actuales reservas internacionales; sin embargo, no aparecen los funcionarios implicados, ni sus padrinos, ni tampoco sus testaferros. Pero, ante un caso como éste el gobierno no reacciona, allí el Poder Judicial luce ciego y sordo.

Omar Barboza Gutiérrez

omarbarboza1@cantv.net