Sacar a la calle a 3.000 efectivos del Ejército, la Guardia Nacional, el Sebin y la Milicia para disuadir a la delincuencia y el hampa común es una clara estratagema para controlar el gran estallido social que está en puertas. El grave problema de desabastecimiento de productos de primera necesidad, la inflación, el racionamiento de alimentos y medicamentos hace que la situación sea insostenible para la mayoría de la población, que se ve en situación desesperada al no poder acceder a los productos de la cesta básica, ni siquiera en los Bicentenarios, Mercal ni Pedeval.
El anuncio hecho el lunes por el vicepresidente Arreaza, de aumentar en 20% la leche y todos sus derivados, la carne y el pollo, además de revelar próximos ajustes en el precio de otros rubros, suman otro factor para que el descontento popular se manifieste en las calles.
El gobierno insiste en desviar la atención de su incompetencia y corrupción acusando al sector privado de acaparador y especulador, pero un gobierno eficiente abastecería de alimentos a sus mercales y afines, para demostrar que, efectivamente, la responsabilidad del acaparamiento la tienen los empresarios y comerciantes.
Maduro cree que la gente es estúpida, el Gobierno cuenta con una cadena de distribución, tiene el control de las divisas, cuenta con veinte gobernaciones, un centenar de alcaldías, cómo puede entonces el acosado, vilipendiado y hostigado sector privado acorralar a un gobierno todopoderoso, autoritario y arbitrario como fue el de Chávez y ahora el de este triste heredero sin legitimación alguna, que sigue enviando nuestros recursos a Cuba y a otros países que no tienen el grave desabastecimiento alimentario de nosotros.
Militarización
El Gobierno insensato no ha hecho otra cosa que satanizar al sector privado, lo culpa de la escasez y la inflación; además, ha venido promoviendo, con su discurso de odio, que sus grupos afectos, con salvoconducto para delinquir, puedan crear un caos a conveniencia. La militarización de las ciudades es parte del plan.
Pero los cuerpos de seguridad, hoy por hoy, también causan desasosiego en la población, porque muchos de sus miembros se han visto involucrados en graves delitos, como los secuestros, y los que no pertenecen al hampa común se hacen la vista gorda cuando los ciudadanos somos asaltados en plena vía pública.
Lamentablemente, la presencia de los verde-olivas y las milicias en las calles no nos proporciona seguridad ni confianza. El Plan Patria Segura debió incorporar las diferentes policías municipales y la de Miranda, que están más cercanas a los ciudadanos, sin embargo, fueron excluidos deliberadamente porque no conviene que participen en un plan cuya finalidad no es custodiar a la ciudadanía, sino mantenerla a raya para evitar protestas y defender a un gobierno –sospechoso de fraude electoral– sin apoyo popular, que en cien días ha fracasado estrepitosamente en una gestión que ha sumergido a los venezolanos en diferentes torturas cotidianas.
El país se cae a pedazos, el dinero se evaporó por las devaluaciones, muchos no pueden afrontar las deudas y, para colmo de males, tienen que vivir con el temor de ser víctimas de la violencia despiadada. La gente abriga temores concretos, angustiantes, que condicionan sus actitudes y sus estados de ánimo, y ve, además, cómo se cierran las oportunidades. Se plantean emigrar como única disyuntiva, real o imaginaria, para no quedar atrapados en un país caótico y anárquico, a un paso de una grave implosión social donde la militarización no hará otra cosa que reprimir con gas del bueno. Y balas también.
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