Las riquezas del Arco Minero del Orinoco van a empobrecer aún más a los venezolanos. El oro, el coltán y todos los minerales estratégicos han despertado la codicia de militares, guerrilleros, pranes y demás avispados dispuestos a arrasar con todo ser vivo que se les atraviese, a convertir la selva en arenales estériles y a acabar con la fuente de agua más importante de Venezuela. Sobran los cómplices, los pescadores en río revuelto, los que miran para otro lado, los despistados y los que esperan que les toque algo en el desorden, bochinche general.
El decreto que creó el Arco Minero del Orinoco fue publicado en Gaceta Oficial el 24 de febrero de 2016 y desde ese mismo día comenzaron a sonar las alarmas entre científicos y ambientalistas. En junio la Asamblea Nacional discutió el informe de las comisiones de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; de Energía y Petróleo, y de Pueblos Indígenas que advertía que el Arco Minero era “la muerte de la República y de su biodiversidad y pone en peligro el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales protegidos en el preámbulo y los artículos 127, 128, 129, 304, 327 y 327 de la Constitución”.
Los diputados aprobaron “desconocer, por ser contrario a los intereses de la República y una abierta violación de los derechos ambientales, el Decreto Presidencial 2.248 del 24 de febrero de 2016, y negaron la autorización constitucional al Ejecutivo “con el objetivo expreso de proteger” las últimas reservas de agua dulce, no contaminada del país, ubicadas al sur del Orinoco, la riqueza en biodiversidad contenida en la Reserva Forestal Imataca, la Reserva Forestal El Caura, La Paragua, las zonas protectoras, la Cuenca del río Caroní, los Tepuyes, de las demás áreas bajo régimen de administración especial, las áreas protegidas o de especial importancia ecológica y el hábitat de los pueblos indígenas”.
Consta en actas, pero no en la realidad. Siendo un país con dos gobiernos mantiene una conducta esquizofrénica y suicida. No se trata ya de imponer un determinado tipo de gobierno ni de enaltecer determinada clase social, sean obreros, campesinos o lumpen con apego a las cartillas marxistas del siglo XIX, o de imponer el liberalismo económico de Adam Smith, sino que el afán de lucro de unos cuantos, sin importar el bando, amenaza la existencia de la República, no solo como un concepto político, sino también como realidad territorial y geográfica.
El sur del Orinoco es la región natural más frágil de Venezuela. Cualquier mínima intervención humana puede significar el fin de especies únicas y la destrucción de equilibrios que han requerido millones de años, pero cuando se utiliza la violencia de la tala y la quema y se emplean sin ningún control elementos tóxicos como el cianuro y el mercurio para la extracción de minerales el daño resulta mucho peor. Ha sido la práctica, con aliños delincuenciales, discursos varios y tapadera oficial.
El país mayoritario ha guardado silencio. Ha sido indiferente, irresponsable y descuidado. Ya aparecerán las excusas. Desde el recurrido “estaba comprando kerosén” hasta la falta de alimentación y de servicios públicos, incluida la banda ancha de Internet. También está registrada de manera indeleble la conducta impasible y el silencio criminal de las organizaciones ambientalistas como Greenpeace que se dedican aparentemente a “salvar el planeta”, pero solo cuando los causantes son de derecha, capitalistas, de resto pueden autorizar la quema de la selva amazónica, como lo hizo el socialista Evo Morales, y no levantan ni el dedo ni se les escucha una anémica exhortación.
El extractivismo es la apropiación inmediata de las riquezas de la naturaleza por unos pocos. Las consecuencias, sin embargo, son eternas. Los daños que ocasionan son irreversibles. Afectan la existencia de la vida del hombre y su entorno. Olvidan que el agua del Orinoco vale más que todo el oro y los diamantes del mundo. Sin selva y sus integrantes no hay agua ni Orinoco. Alquilo bongo en el Cuyuní antes de que se seque.
Ramón Hernández
@ramonhernandezg
