Hubo cierta sorpresa, y una ligera fantasía de cambio, cuando la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, anunció recientemente la inclusión de Rafael Isea en el Código Rojo de la Policía Internacional (Interpol). Obviamente, se pensó que finalmente sobre el ex ministro de finanzas y ex gobernador de Aragua, entre otros cargos, se acumularon suficientes evidencias con relación a sus cuestionados desempeños en los altos cargos públicos que ejerció.
Pero muy pronto, la misma jefe del Ministerio Público se encargó de colocar las cartas sobre la mesa. Los escandalosos hechos de corrupción con las Notas estructuradas pareciera que seguirán bien escondidos en el profundo silencio de los altos personeros oficialistas.
Aunque la mayor erupción de la corrupción con las Notas estructuradas ocurrió durante la gestión del militar retirado Rafael Isea, no menos cierto es que en este juego perverso varios fueron los involucrados, aunque nunca han sido investigados. Sin duda, el caso de las Notas estructuradas es uno de los más largos, oscuros y corruptos episodios de la revolución boli-burguesa.
La estrategia de emitir bonos denominados en dólares, pero pagaderos en bolívares, mecanismo usado para repartir divisas a pseudo-empresas y personas en el mercado paralelo del dólar, surge cuando Tobías Nóbrega se desempeñaba como ministro de Finanzas y recién se iniciaba el control de cambio más largo de la historia de Venezuela. Era el año 2003, se vendían las divisas a una tasa superior al dólar oficial. Así, resultaron beneficiados pseudo-empresas, corredores y también personeros del gobierno.
La idea de los bonos se le atribuye a Francisco Illaramendi, cuando fue asesor del ministro Nóbrega. Es el mismo que estafó al Fondo de Pensiones de los Trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Si, el mismo que no fue investigado por la Fiscalía General y fue sobreseído por un tribunal venezolano, mientras en Estados Unidos aún se espera una decisión condenatoria. Es la historia de la “ceguera voluntaria” de quienes, desde las instancias del poder, no miran a los corruptos, sobre todo cuando no les conviene. Para este personaje fraudulento, la idea de los bonos fue “un jonrón con las bases llenas”, como lo dijo en una conversación con su cómplice Moris Beracha, la cual fue de conocimiento público durante el proceso que se sigue en Connecticut al caso Illaramendi.
Con Tobías Nóbrega se inicia el “el gran negocio de los bonos” en Venezuela, pero los ministros posteriores siguieron el juego de realizar operaciones financieras con bancos escogidos “a dedo” y sin ninguna transparencia, de títulos de la deuda. Se trataba de prerrogativas dirigidas a los funcionarios boli-burgueses.
Pero el gran negocio surgió con las notas estructuradas (NE), instrumentos financieros que se emitieron con respaldo de las deudas públicas de Argentina, Ecuador y Venezuela.
De acuerdo a estimaciones de expertos economistas, entre 2004 y 2008 se colocaron más de 10 mil millones de dólares en Notas estructuradas, en operaciones opacas sin ningún tipo de supervisión.
A Tobías Nóbrega lo sustituye Nelson Merentes , a quien se le atribuye la utilización de recursos del Fondo para el Desarrollo Nacional (FONDEN) para la adquisición de Notas estructuradas, algunas calificadas de chatarras, que se vendieron a bancos y casas de bolsa, las cuales fueron seleccionadas sin que mediara ninguna subasta y sin conocerse las condiciones de precios y tasas de cambio de esas operaciones, así como tampoco la lista de las instituciones financieras involucradas. La mayoría de ellas fueron luego intervenidas.
Carmen Meléndez, la actual ministra de la Defensa, cuando se desempeñó como Tesorera Nacional, con la asesoría de su gran amigo Danilo Díaz Granados, junto a Merentes en el ministerio de Finanzas, participó en la negociación en el año 2006, de más de 9.000 millones en bonos y notas estructuradas, a tasa oficial.
Para la banca, las casas de bolsas y otros operadores financieros, las notas estructuradas lucían provechosas, porque podían adquirirlas mediante pago en bolívares para venderlas luego en dólares en los mercados internacionales y obtener ganancias que provenían del diferencial cambiario.
En 2007 Rodrigo Cabezas abandona el rol de legislador y asume la conducción del ministerio de Finanzas, mientras en la Tesorería Nacional estaba el teniente Alejandro Andrade, un militar del círculo de confianza del presidente Hugo Chávez – al igual que Rafael Isea- quien también participó en la estrategia de las notas estructuradas. Mediante estas operaciones, Andrade afianzó sus contactos con los banqueros de la boli-burguesía.
Aunque Rodrigo Cabezas manifestó que durante su ejercicio como ministro de Finanzas no hizo ninguna compra de Notas estructuradas, admitió que en 2007, con pleno respaldo del presidente de la República, Hugo Chávez, las NE adquiridas a lo largo de 2006 fueron colocadas en el mercado, dado su carácter riesgoso. Es decir, Cabezas tendría mucho que aportar en una supuesta investigación que sobre el tema deberían hacer el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.
De esta manera, el ministerio de Finanzas se convirtió en un inmenso escenario del capitalismo de casino, donde unos pocos apostadores jugaron a favor del detrimento del patrimonio público y con las necesidades de los venezolanos.
A Rafael Isea sólo le bastaron cuatro meses en el ministerio de Finanzas para protagonizar uno de los casos de corrupción y tráfico de influencias más grandes de la historia de Venezuela, como fue la negociación con las notas estructuradas.
Cuando Isea deja el ministerio de Finanzas, en la página web de Analítica, el 21 de mayo de 2008, es publicado el artículo «Se va Isea, ¿Quién vendrá?», del cual reproducimos el siguiente párrafo:
“… algún día, deberá comparecer Rafael Isea ante los tribunales de justicia para que explique el manejo de los recursos del Bandes. Está institución, según sus balances auditados correspondientes a 2006 y el primer semestre de 2007, revelan la concesión de créditos inclusive a entidades gremiales de Venezuela como es el caso de Empresarios por Venezuela (Empreven, básicamente una asociación a la búsqueda de contratos y créditos con el gobierno), el financiamiento a empresas extranjeras como fue el caso de la cooperativa láctea Sancor de Argentina, el otorgamiento de créditos a Cuba sin garantías y la condonación de la deuda con Nicaragua.
Además debe contabilizarse en la pasantía de Isea por Bandes una gestión caracterizada por pérdidas cuantiosas, entre las que destaca las de la sucursal de Uruguay, siendo ese banco conjuntamente con el Banco Industrial de Venezuela, las instituciones financieras que operaron con pérdidas en ese lapso”.
Las notas estructuradas no sólo favorecieron a Rafael Isea, sino también a Alejandro Andrade, en su condición de Tesorero Nacional y a Moris Beracha, como asesor, quienes no sólo habrían recibido abultadas comisiones por las asignaciones de las mismas, sino que además se asociaron con pseudo-banqueros y corredores de Bolsa para seguir aprovechando las colocaciones de fondos públicos, situación que fue evidente durante la mal llamada mini-crisis financiera 2009-2011.
Es evidente, que la inclusión de Rafael Isea en el Código Rojo de Interpol por parte del Ministerio Público, más allá de buscar castigar a los responsables y recuperar los dineros robados a la nación, es una advertencia para demostrar quién es quién en las pugnas internas del partido oficialista. Por nuestra parte, frente a tanta corrupción e impunidad, seguimos exigiendo justicia.
Carlos Tablante
