Maduro se fue a Moscú a celebrar entre tanques accidentados el aniversario del ejército rojo. Poco le importa que ultimen a un teniente a tiros en una carretera de Barlovento para quitarle sus pertenencias. Poco le interesa que asesinen a un profesor de la Academia Militar en la parroquia San Pedro. Poco valora que al escolta de uno de sus nuevos socios, Winston, el mismo que lloró por RCTV, lo acribillen a tiros delante de los clientes de una cafetería del Centro de Caracas. Qué puede importarle todo esto a Maduro, si lo que él quiere es festejar y terminar de gastarse 5 millones de dólares en sus viajes, en lugar de usarlos para alimentar a su propio pueblo. Es una catástrofe, una crisis humanitaria de la que tampoco escapan los militares. Usted se lleva las manos a la cabeza y ellos también.
Antes de salir de vacaciones a Rusia, Maduro sentenció a 10 militares con carreras intachables, aun cuando sus abogados me aseguran que ninguno de los 90 testigos, afirmó que se sintió instigado por estos oficiales a perpetrar el llamado “Golpe Azul” u “Operación Jericó”. El general Oswaldo Hernández, el coronel retirado del Ejército José Gregorio Delgado Vásquez, el teniente coronel de la Aviación retirado Ruperto Chiquinquirá Sánchez, el mayor Víctor Ascanio Castillo, el mayor César Orta Santamaría, el capitán Andrés Thomson Martínez, el capitán Neri Córdova, la capitana Laired Salazar Zerpa y el capitán retirado de la Guardia Nacional Juan Carlos Nieto Quintero, tendrán que pasar en prisión entre 5 y 8 años. Se les acusa de instigación a la rebelión, contra decoro militar e instigación a la conspiración.
Los mayores y el capitán Thomson eran pilotos de los sukhoi y de los tucanos, pero según sus defensores, se demostró que los aviones han estado fuera de circulación desde hace año y medio, por fallas en el tren de aterrizaje, falta de aceite y cauchos. Los sukhoi se manejan a través del radar y también estaban dañados. Lo más grave es que los acusan de intentar artillar un avión en una operación que necesita entre 6 y 17 personas. Una sola persona no puede levantar una bomba de unas 500 libras, unos 226 kilos. Y en todo caso, la fiscalía militar jamás investigó al personal de armamento y no ha hablado de la cantidad de pilotos que han pedido la baja de la Fuerza Aérea.
Las incoherencias no se acaban aquí. Las armas de los tucanos, han estado fuera de la base Sucre de Maracay, desde 2002. Hablan de varias reuniones conspirativas, pero los testigos se contradicen en fecha y lugar. Usaron a cuatro testigos “estrella” y ahora los supuestos infiltrados, fueron trasladados a Cuba y Bolivia, como recompensa por hablar contra sus compañeros. César Eduardo Ramón Lozada, de la aviación, era asistente del general Hernández y cuando su superior le comentó su molestia por la evidente crisis del país y del sector castrense, él, de repente, llegó a la conclusión de que el general, pretendía sublevarse. Así que lo acusó, por quejarse de un deterioro del que nadie se salva. El capitán Fernando Viloria Hidalgo, según dicen, uno de los últimos en su promoción, con varios arrestos severos y una investigación por supuesto tráfico de armas, es otro de los testigos que uso la Corte Marcial. Otro testigo es el primer teniente de la Aviación, Wilfredo Rafael Coronel Peña, cuyo nombre figura en la sentencia número IG0120120000712 del 8 de octubre del 2012, donde lo acusan de supuesto Homicidio frustrado y violencia de género. Y por último, figura el Teniente Alexander Guerrero Romero, quien sin dar datos precisos, habló de un supuesto movimiento cívico militar denominado “350”, que se ejecutaría con esos mismos aviones que están fuera de servicio.
De manera que todo esto comprueba la única certeza a la que se enfrenta Venezuela: Expresar desesperación ante la crisis humanitaria que ahoga a los ciudadanos, es un delito civil y militar. Lo más irónico, es que en nuestro país ya no hay nada, ni siquiera para gestar una rebelión.
Carla Angola
