Estoy obligado a copiar aquí la primera línea del artículo 72 de la Constitución vigente: “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables”. El movimiento nacional, léase bien, el movimiento nacional que está promoviendo la realización de un referéndum revocatorio para decidir si Nicolás Maduro sigue o no al frente del gobierno de nuestro país lo que está haciendo es exigir el cumplimiento de un derecho consagrado en la Constitución. No está pidiendo una gracia. No está poniendo en circulación una maniobra política. No está proponiendo una posibilidad, que podría ser o no aprobada. Lo que demanda es la ejecución de un derecho, que el Estado venezolano debe atender de inmediato. El referéndum revocatorio es un derecho y no una carta para negociar o intercambiar.
El que sea la Mesa de la Unidad Democrática la entidad encargada de gestionar el proceso no limita la exigencia a los partidos que la integran. El referéndum revocatorio es una demanda del país, de su inmensa mayoría. La afirmación de que se trata de un movimiento nacional es irrebatible. Por el Revocatorio 2016 están los sectores no partidistas –la considerable masa de ciudadanos democráticos independientes que no pertenecen a ningún partido–; cada vez más numerosos dirigentes y militantes del PSUV y de otros grupos que alguna vez fueron partidarios del régimen; una abrumadora mayoría de trabajadores de la ciudad y del campo, incluso aquellos que, perseguidos y amenazados como trabajadores del sector público, están esperando el momento de votar. Por el Revocatorio 2016 están los estudiantes universitarios de todo el país; todas las fuerzas políticas democráticas, aglutinadas o no en la MUD; la inmensa mayoría de los sectores productivos de la nación; la mayoría de los miembros de la FANB. Más de 80% de los venezolanos lo expresa con inequívoca claridad: Revocatorio ya, Revocatorio este 2016.
Frente a esta aplastante realidad, frente a la fuerza de este movimiento, el Consejo Nacional Electoral no puede continuar siendo el negador de la voluntad política de los ciudadanos venezolanos. El programa de sabotaje diseñado para retrasar e impedir la verificación de 1% de las firmas necesarias para iniciar el proceso no puede continuar. Tiene un límite: el del cada día más categórico y ansioso deseo de que se produzca, de una vez por todas, el acto electoral que decidirá el futuro de Venezuela.
Lo que el régimen de Maduro y sus secuaces del Consejo Nacional Electoral están tratando de impedir es que se consuma el rompimiento de la sociedad con el más extremo y grotesco fracaso político venezolano. Pero esa pretensión es ilusa. Porque lo que hay que entender, de una vez por todas, es que el rompimiento ya ocurrió. Los venezolanos no queremos a Maduro. Estamos hartos. Conteniendo la rabia y la frustración causada por la visión de una Venezuela improductiva, destruida, enferma y hambrienta. El Revocatorio 2016 es la última oportunidad de dar salida a la crisis política, en el marco de la Constitución.
Más de 8 millones de personas están esperando. Que nadie se equivoque. Ante la expectación y los padecimientos de un país no es posible continuar con emboscadas legales, procedimentales y con reglamentos de última hora. Hay que dar paso de inmediato al mecanismo del revocatorio para que los venezolanos puedan expresar su opinión. Seguir por el camino de impedirlo constituirá nada menos que un desconocimiento del Estado de Derecho. El régimen se colocará al margen de la ley. Si eso ocurre, las consecuencias son, al día de hoy, imprevisibles.
Miguel Henrique Otero
