La colusión de política y crimen en las agresiones a reporteros en México es creciente y uno de los rasgos más preocupantes del deterioro del Estado de Derecho
El mismo profesor de literatura que me abrió la puerta a las grandes novelas, incluyendo algunas de Mario Vargas Llosa, también solía advertir (sanamente) que uno no debía abrir la boca sin saber de lo que iba a hablar.
Quizá por eso crecí pensando que un gran escritor debía siempre saber de lo que estaba hablando. El tiempo se ha encargado de corregir esa falacia, pero nunca me había sorprendido tanto hasta que leí las recientes declaraciones del gran novelista peruano sobre libertad de expresión en México.
Hace unos días Vargas Llosa le dijo a Carmen Aristegui: “Hay más libertad de expresión en México hoy en día que hace 20 años, sin ninguna duda. Y el que haya 100 periodistas asesinados yo creo que es en gran parte por culpa de la libertad de prensa que hoy permite a los periodistas decir cosas que antes no se podían permitir, que en todo esto el narcotráfico juega un papel absolutamente central y por eso habría que llegar a la raíz de los problemas, que en muchos casos está en el narcotráfico”.
Mario Vargas Llosa es un escritor de cultura formidable y de una constante curiosidad intelectual, de eso no me queda duda. Por eso lo sorprendente no es nada más la cantidad de maneras en que esta declaración es equivocada, sino el aventurarse a emitir una opinión sobre un tema tan delicado sin tener la menor idea de lo que está hablando.
¿Hay más libertad de expresión en México ahora que hace 20 años? Sólo tendría razón si contamos la cantidad de plataforma disponibles para difundir información y opiniones comparado con finales de los 90, cuando Internet era incipiente, las redes sociales eran un sueño distante y los medios de comunicación se limitaban periódicos, revistas y estaciones de radio y televisión, controlados por unos cuantos.
Pero hace 20 años la prensa mexicana se estaba sacudiendo el yugo opresor de la “dictadura perfecta”, con espacios que comenzaban a abrirse y a marcar pauta. El diario Reforma recién había nacido y ya estaba revolucionando la prensa; la radio hablada se había consolidado como un formador de agenda; se abrían algunos espacios en televisión privada y pública. Se vivía un clima prometedor para el futuro. Esto lo sé de cierto porque yo mismo comencé a ejercer el periodismo alrededor de esta época y esa apertura incipiente era uno de los motores que animaban a mi generación.
Este clima de apertura se vio truncado una década después, pero no nada más, como cree Vargas Llosa, por la embestida del crimen organizado que buscaba controlar los mensajes sobre la violencia que los cárteles del narcotráfico estaban desatando por el país.
La transición democrática creó feudos de poder en los que presidentes, gobernadores y alcaldes buscaban ejercer un control más férreo sobre la prensa de manera suave, a través de publicidad oficial no regulada, o dura usando intimidación y amenazas contra reporteros y editores, o simplemente indiferente, como su negligencia frente a agresiones que alimentó la impunidad que hoy permite a cualquiera matar, amenazar o espiar a un periodista sin consecuencias.
Entonces, ¿hay más libertad de expresión hoy, que se puede publicar los grandes conflictos de interés del presidente de la República, pero la recompensa es el despido? ¿Hay más libertad cuando una organización de la sociedad civil exhibe casos de corrupción gubernamental y la respuesta del gobierno es echarle el aparato de espionaje?
Vargas Llosa cayó en un sofisma muy común en el extranjero: que los principales agresores de periodistas están en el crimen organizado. Esto es explicable, pues los ataques de los cárteles contra medios de comunicación y periodistas son los más violentos y, por lo mismo, los que más impacto tienen en el exterior.
Fuera de México circuló ampliamente la noticia del asesinato del periodista sinaloense Javier Valdez en mayo del año pasado, pero poco se supo de, por ejemplo, la golpiza que la reportera Karla Silva recibió por órdenes del alcalde de Silao, Guanajuato. Poco se supo también del encarcelamiento de Pedro Canché en 2014 por órdenes del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Y menos se ha sabido de los cientos de agresiones que periodistas en todo el país, la mayoría en pequeños medios locales sufre cada año.
Es fácil entonces pensar que el principal depredador de la prensa mexicana es el narcotráfico. Pero los datos nos dicen otra cosa, que más de la mitad de los ataques provienen de autoridades. Según el informe “Democracias Simulada” de la organización Artículo19, 266 de las 507 agresiones documentadas en 2017 vinieron de funcionarios públicos. El año anterior fueron 226 de 426. Quizá no son los más violentos, pero sí los más recurrentes, que contribuyen a un enfriamiento de la labor periodística. A estos se añade un creciente número de agresiones por parte de militantes de partidos políticos
Pero aun hablando solo de asesinatos de periodistas (dejando de lado los cientos se secuestros, golpizas, amenazas, coberturas forzadas, casos de hackeo y otras lindezas) la afirmación de que el crimen organizado sea responsable de la mayoría de los casos se sostiene solamente de manera esporádica. Como lo señala el mismo informe de Artículo19, en 2013 el 75 por ciento de los asesinatos de periodistas fueron cometidos presuntamente por el crimen organizado (enfatizando “presuntamente” dada la ausencia de investigaciones profundas). Para 2017 la proporción había bajado a 21.9 por ciento.
“En 2013 se partía del análisis de que, por un lado, el crimen organizado asesinaba y, por el otro, las autoridades agredían. Al cierre de este sexenio las líneas son cada vez menos claras; la narcopolítica torna imposible, en la mayoría de los casos, trazar una frontera entre el crimen organizado y los funcionarios públicos”, señala el reporte.
La colusión de política y crimen en las agresiones a periodistas es creciente y es uno de los rasgos más preocupantes del deterioro de la libertad de expresión en México pues es un síntoma de las graves deficiencias del Estado de Derecho. Ya no se trata nada más de un asunto de cárteles, sino de un problema mucho más mayor, que los últimos gobiernos han dejado crecer.
Es decir, no hay más asesinatos porque hay más libertad de expresión, sino porque hay menos. Atribuir a la libertad de expresión la muerte de más de 100 periodistas en la última década es un despropósito equivalente, por ejemplo, a culpar a una mujer de su violación porque llevaba minifalda.
Seguramente un demócrata liberal como Vargas Llosa debe saber que una condición esencial del Estado de Derecho en una democracia liberal es poder ejercer las libertades con la garantía de que no serán coartadas y de que, en caso de que sean atacadas, la autoridad intervendrá en favor del ciudadano. Cosa que no ocurre en el México de hoy.
Pero supongamos por un momento que Vargas Llosa tiene razón, que el crimen organizado es el principal responsable de los ataques contra periodistas. Ni siquiera así sería cierta su afirmación de que hoy hay más libertad de expresión que hace 20 años.
Hace 20 años los medios publicaban sin problemas notas sobre temas asociados al narcotráfico. Hoy en día hay lugares como Tamaulipas donde los periodistas no pueden difundir ni siquiera la detención de un sicario de poca monta o una balacera entre criminales.
Es inevitable que algunos gigantes literarios se nos caigan del pedestal de vez en cuando, pero esto ocurre casi siempre por diferencias ideológicas, políticas o culturales que son perfectamente tolerables. Por eso no compartí la histeria con las recientes declaraciones del Nobel sobre la elección presidencial en México. Esas eran, a fin de cuentas, sus opiniones. En cambio, escucharle afirmaciones categóricas sin conocer el tema y que van en contra de los datos duros (y hechas además a una periodista agredida desde el poder) resulta decepcionante.
Aun así, me remitiría a Vargas Llosa para la última palabra, algo que él mismo escribió con genialidad hace décadas en La Tía Julia y el Escribidor (la novela, por cierto, que me convirtió en su admirador). Un compañero de la estación de radio donde trabajaba el autor/protagonista, había recibido un fuerte regaño por haber reciclado por puro morbo una noticia que había ocurrido la semana anterior, y su respuesta fue simplemente: “Lo que pasa es que tenemos concepciones muy diferentes del periodismo, don Mario”.
Javier Garza Ramos es periodista, conductor del noticiero Reporte100 y consultor en protección de periodistas.
JAVIER GARZA RAMOS
@jagarzaramos
