La detención de Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, muy atropellada en su forma, con métodos que le hacen más daño al gobierno que al propio detenido, le agrega a la situación del país un nuevo elemento de tensión, que agrava el clima nacional , ya de por sí enrarecido por la difícil situación económica que atraviesa Venezuela.
No soy juez ni pretendo serlo, para inculpar o exculpar a alguien, pero hasta el momento de escribir estas líneas no he escuchado ni presenciado elementos concretos que puedan comprometer al alcalde Ledezma en una acción destinada al derrocamiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
No comulgo con los planteamientos y las conclusiones del documento que tanto Ledezma como María Corina Machado y Leopoldo López firmaron en el cual se plantean «soluciones» que en mi criterio no tiene asidero en la constitución vigente. Ni acompaño la idea de que estamos ante un gobierno en «estado terminal», en nombre de lo cual se pueden poner en marcha políticas que nos llevarían a un despeñadero de confrontación con resultados absolutamente nefastos. Pero el documento en sí no es razón suficiente para una detención por conspiración. Se anunció que en los próximos días serán divulgadas pruebas contundentes que vinculan a Ledezma con la denunciada intentona golpista. Pues que la presenten sin demora.
Decía la semana pasada que lo sensato en una situación como esta es que el gobierno convocara a la oposición democrática para darle detalles del presunto golpe. Sin pruebas contundentes esta nueva denuncia de conspiración correría la misma suerte de otras tantas denuncias que han quedado en el anecdotario. He allí un problema político y comunicacional que también han referido ya algunas personalidades vinculadas al gobierno como el profesor y periodista Eleazar Díaz Rangel.
Pero más allá de que se presenten o no esas pruebas, el gobierno tiene que medir también las consecuencias políticas nacionales e internacionales de la detención del alcalde Ledezma ,que siguió a la de directivos de Farmatodo y de Día a Día. Hay señales que preocupan incluso a los aliados internos y externos, que pueden terminar alejándolos de sus posturas solidarias y llevarlos a tomar prudente distancia. La manera como fue allanada la oficina del alcalde metropolitano,, por ejemplo, es una muestra en concreto de errores que pueden derivar en un alto costo político para el gobierno del presidente Maduro, dentro y fuera del país.
Para superar los severos problemas económicos que tiene Venezuela lo menos conveniente es un clima de zozobra política. El primero que debe trabajar en la dirección de desterrar ese clima es el gobierno. Eso se logra convocando voluntades de todas las corrientes para salirle al paso a cualquier tentativa golpista. Encerrarse con un discurso y una praxis política destinados sólo a su base partidista es un error. El gobierno tiene que recuperar su capacidad de comunicarse con el resto del país. Creo que la ha perdido.
El gobierno debe evitar caer en los brazos de la tentación represiva. Eso es sumamente peligroso para su propia estabilidad, y pone en peligro además su capacidad de maniobra, de juego político en medio de tantas dificultades. No estoy invocando impunidad para quien aparezca involucrado, con pruebas serias y certeras, en actos francamente conspirativos, sino alertando sobre el riesgo de sustituir la acción política por la práctica represiva.
Ojalá que la anunciada visita de los cancilleres de Unasur abra una nueva ventana de esperanza sobre la posibilidad de retomar el diálogo, al cual no se debe renunciar ni en las peores circunstancias. Esa visita puede favorecer la búsqueda de acuerdos políticos que no pudieron alcanzarse el año pasado por la falta de voluntad real de las partes. Un punto de ese acuerdo sería en primer lugar que los factores opositores se comprometan a no auspiciar fórmulas políticas no contempladas en el marco constitucional. Otro, que el gobierno decrete una amnistía para los presos por razones políticas, a excepción de casos vinculados realmente a hechos terroristas o a asesinatos. Un tercer punto, por ejemplo, que se reivindique el principio de respeto a la soberanía del país, y que se establezca una mesa permanente de trabajo para el logro de consensos en materia de políticas económicas y sociales.
Parece iluso pero es lo mínimo a lo que se puede aspirar si queremos salir de este remolino de dificultades.
Vladimir Villegas
