El TSJ aprobó el Decreto de Emergencia rechazado en plenaria por la Asamblea Nacional el 22 de enero de 2016. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 338, contempla el decreto por 60 días, prorrogable por un plazo adicional. El gobierno, estableciendo cuatro prorrogas adicionales con el desiderátum de resolver los desequilibrios económicos, viene profundizado la “depresión económica”.
Mientras el país atraviesa la mayor inflación del mundo, el financiamiento del BCV a PDVSA continúa a todo vapor, atacando al sector productivo del país, el déficit fiscal desbordado, el presupuesto del año 2017 ocultando variables fundamentales (inflación, PIB), el informe CEPAL y la inversión extranjera directa rezagada versus América Latina.
La visión de los organismos internacionales en materia de Libertad Económica (Fundación Heritage, Instituto Fraser, Foro Económico Mundial) ubica a Venezuela en los últimos puestos del ranking. Recientemente establecen el nuevo “Cono Monetario”, retirando los billetes Bs.100 y soslayando los protocolos de tiempo y cronograma, afectando al comercio, los consumidores, impactando la productividad y diezmando la calidad de vida de los venezolanos.
Los problemas estructurales en ningún momento serán resueltos con decretos adicionales. El gobierno corriendo la arruga (nefastos controles, expropiaciones), acentúa un modelo arcaico y primitivo, evadiendo la crisis y buscando culpables. Viendo el panorama del año 2017, los venezolanos vamos a extrañar con melancolía el año 2016
Jesús Casique
