Maduro ha sufrido tres derrotas en pocos días. Primero, elaboraron normas de difícil cumplimiento para impedir la legalización de los partidos políticos y la ciudadanía salió a la calle a validarlos, con lo cual las arbitrarias artimañas han sido desbaratadas.
Por estos días se han reunido representantes de los países miembros de la Organización de Estados Americanos y la abierta mayoría de los mismos están convencidos de continuas y graves violaciones a la Constitución de Venezuela por parte del gobierno en desmedro del sistema democrático que ella establece. Ya el mundo sabe lo que de verdad pasa en nuestro país. Se acabó el engaño a punta de propaganda.
Más recientemente, la Fiscal General de la República ha denunciado que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia han violentado la Constitución. Los supuestos garantes del orden constitucional han delinquido.
Así como Luisa Ortega ha fijado posición, miles de abogados, estudiantes de Derecho, profesionales y dirigentes quienes votaron por Chávez, saben que la Constitución es violada una y otra vez, a diario, por Maduro y otros representantes del poder, incluidos jueces y magistrados. Pero callan porque los botarían del trabajo, correrían el riesgo del acoso y de la cárcel, como ocurre con los opositores.
El artículo 139 de la Constitución establece que el ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de la Constitución o de las leyes. Es decir, los poderosos no pueden violar leyes impunemente.
El Código Penal tipifica como delito toda conducta que viole la Constitución. A quienes conspiren para destruir la forma republicana que se ha dado la Nación, que es el caso de los magistrados denunciados por la Fiscal, se les castigará con presidio de ocho a dieciséis años. Y quienes conspiren para cambiar violentamente la Constitución, serán castigados con presidio de doce a veinticuatro años. Tal es el caso de quienes valiéndose del poder que el cargo les ha dado fueron denunciados por la Fiscal.
Esos delitos no se borran porque Maduro haya instruido a quienes delinquieron suprimir párrafos de una sentencia. El país espera ahora por la Fiscal.
Claudio Fermín
