A lo largo de todos mis análisis como profesional de las Ciencias Políticas y de la Psicología Social, jamás había utilizado la categoría «guerra civil» para describir un escenario político y social en Venezuela, ciertamente cosa distinta a cuando he tenido que formular análisis descriptivos de Colombia.
Pero hoy es distinto. Lo que vivimos en Venezuela hoy no tiene parangón con ninguna situación anterior de nuestra historia, y para hacerlo breve y mostrar el foco central de la fotografía, estamos en medio de un autogolpe constitucional infringido por el gobierno del presidente Maduro, a través de dos sentencias absolutamente viciadas del TSJ (155 y 156) con una corrección parcial de quien no puede equivocarse nunca, como lo es la Sala Constitucional, y una ruptura del hilo constitucional tal como lo expresara la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, además ratificada recientemente cuando el 25 de abril de 2017 denuncia una nueva transgresión a la Constitución, al ser violado el debido proceso consagrado en el artículo 337 de LCRBV en las detenciones efectuadas por el gobierno en las más recientes manifestaciones.
Todo esto sucede en el marco de una serie de acciones de protestas que se generaron como consecuencia del primer pronunciamiento de La Fiscal que la MUD (muy cómoda reactualizando las nóminas de algunos de los partidos en casi un «festín democrático») no podía evadir, viéndose forzados por la gente a tener que salir de una aparente «situación de confort negociado» por un sector de ellos junto a un sector del gobierno.
Lo grave de todo esto, es que tanto el gobierno como la oposición pasaron de un estado de confort parcialmente negociado por sectores de ellos, a ser conducidos por los extremistas violentos de cada bando. Por un lado mercenarios progubernamentales (erróneamente llamados colectivos, que no lo son) convirtiéndose en el brazo armado del stalinismo facineroso con el amparo de un sector de la Fuerza Armada Bolivariana, y por el otro lado unos guarimberos encapuchados financiados desde grupos facinerosos miameros (por lo menos), que empiezan a apertrecharse de armamento para la confrontación con el gobierno y los mercenarios. Esto, sin duda alguna, es un claro escenario de confrontación civil que puede claramente derivar en una guerra civil si seguimos alimentando el odio, la exclusión, la descalificación, el desprecio y la ofensa desmedida desde los actores políticos polarizados.
Es por ello que las palabras de la Fiscal: «La paz no se decreta» sino que se logra pregonando con el ejemplo, sin duda es la mejor referencia que se le puede endilgar a la conducción política de los dos bandos que hoy son minorías en cuanto al contraste de movilización versus desmovilización. El 99% del país no se siente convocado por ninguno de los dos bandos por miedo, por desconfianza o porque prefiere insistir en sobrevivir ante tan inmensa crisis económica en la cual nos encontramos. Respeto a los que ejercen su derecho de protesta polarizada, pero ustedes también tiene que respetar a quienes hemos decidido no movilizarnos con ustedes.
Por último, la propuesta: Es imprescindible comprender que por más que no queramos esto se resuelve con diálogo, pero transparente y con negociación pública, y no entre el PSUV y la MUD solamente, sino entre todos, incluyendo a aquellos que no quieren marcha o no se identifican con las formas de protesta, que insisto, son la mayoría, y a los números en la calle me remito como prueba irrefutable: 300.000 personas entre el PSUV y la MUD, vs 29.700.000 que no salen porque no se sienten convocados. «Otro diálogo», ese otro diálogo incluyente, lleno de voluntad política, donde antepongamos al país antes que nuestros intereses sectoriales, con ideas y proyectos pero sin falsa conciencia (ideología), demos un paso al frente: yo lo doy.
Nícmer Evans
Fuente: https://www.aporrea.org/actualidad/a244811.html
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