No exagero cuando uso la palabra guerra para titular el artículo que sigue, dedicado a las condiciones en que se está haciendo periodismo en Venezuela. Antes de entrar en materia, debo reconocer, y creo que con ello expreso la opinión de millones de venezolanos, el coraje civil y el sentido de responsabilidad democrática con que los reporteros están cumpliendo con un ejercicio profesional que es cada día más riesgoso.
Uno de los objetivos del régimen de Maduro es imponer un estatuto de miedo: que los periodistas no salgan a la calle, que bajen la voz o se callen para siempre, que se abstengan de informar sobre el estado de cosas en nuestro país. Ahora mismo, ese objetivo ha fracasado. En los medios independientes que se mantienen en Venezuela, se resiste a pesar de las condiciones más adversas. En medio de enormes dificultades, que incluyen las económicas y la falta de papel en el caso de los medios impresos, la tarea de informar se realiza.
Tal como señalé en un artículo dedicado a esta misma cuestión hace algunas semanas, la guerra de Maduro en contra del periodismo tiene un carácter nacional. No se limita a las grandes ciudades, sino que sus hechos ocurren en cualquier parte del territorio, a la hora que sea, donde quiera que haya algún periodista haciendo su trabajo. Afecta por igual a periodistas de radio, televisión, portales informativos, diarios, revistas y corresponsales internacionales. Es decir, se trata de un plan masivo e indiscriminado, contra todo medio de comunicación y contra todo profesional del periodismo que no sea parte de los medios oficialistas o pro gobierno, que son mayoría en el país.
Las armas que utiliza el gobierno en contra del periodismo son múltiples y peligrosas. Utilizan a colectivos y grupos paramilitares para que golpeen y roben cámaras fotográficas, teléfonos móviles y equipos de televisión a sus portadores. Se les dispara perdigones, tal como le ocurrió a Emmanuel Rivas cuando cubría una manifestación en la ciudad de Mérida. Retienen a reporteros, les revisan sus teléfonos, cámaras y grabadores, para borrar el trabajo que han realizado. Se les acosa en las calles o en sus lugares de trabajo, en escenas donde a menudo se les insulta o se les agrede físicamente. A Jesús Hurtado le citaron con el objetivo de que revelara su fuente. Se jaquean cuentas de Twitter, blogs y otros sitios web. La guerra de Maduro emplea recursos que son propios de la llamada ciberguerra, que exige la contratación de costosos expertos.
En lugares públicos, es decir, propiedad de los venezolanos, hay funcionarios desplegados cuyo único trabajo consiste en evitar que se documente, especialmente con fotografías, el estado de ruina que tienen las instalaciones de puertos, aeropuertos, hospitales y centros de salud, escuelas, cárceles, instalaciones petroleras, calles y carreteras. La pretensión del gobierno es eso: no más que una vana pretensión, puesto que el estado ruinoso de todo es simplemente inocultable.
Las amenazas y las acciones legales ordenadas por Maduro en contra del diario El Nuevo País, que se iniciaron el 8 de octubre de 2016, constituyen por sí mismas la evidencia de otro de los extremos de esta campaña en contra del periodismo, que no se limita a las agresiones físicas y verbales de parte de funcionarios de la GNB, del Sebin, de la Policía Nacional Bolivariana, de las milicias y de otros cuerpos armados del gobierno, sino que también incluye a tribunales y al sistema judicial. Las deportaciones de corresponsales y la prohibición al canal de noticias CNN en Español de transmitir su señal en Venezuela, ponen en evidencia que los ataques al periodismo son simplemente ilimitados.
En el documento emitido por Luis Almagro, secretario general de la OEA, de fecha 14 de marzo, sintetiza la situación con estas palabras: “El gobierno venezolano no ha cejado en sus esfuerzos por restringir la libertad de expresión, llegando incluso a atacar a los medios de comunicación; se han registrado violaciones flagrantes, desde actuaciones penales y administrativas contra periodistas y medios de prensa hasta la censura indirecta, el hostigamiento y la estigmatización verbal, la represión y la criminalización de la protesta social, así como violaciones del derecho de acceso a la información pública”. Una frase del mismo documento expresa, con total lucidez, lo que ocurre en Venezuela: “El gobierno de Venezuela ha decidido que los medios independientes son el enemigo”.
Una cuestión fundamental en esta lucha es que los periodistas, por fortuna, no están solos. Los ciudadanos, haciendo uso de las redes sociales, constituyen un acompañamiento vital, especialmente en esta etapa en la cual el régimen agónico puede resultar peligroso en extremo. Si hay un mensaje que creo necesario difundir ahora es el siguiente: los ciudadanos están llamados a proteger, multiplicar y solidarizarse con el trabajo que están haciendo los periodistas venezolanos. La labor que realizan, además de respeto, merece ser proyectada dentro y fuera del país. El esfuerzo conjunto de los profesionales del periodismo y de los reporteros ciudadanos está produciendo un resultado invalorable: que la crisis venezolana despierte la conciencia y la acción de los demócratas del planeta.
Miguel Henrique Otero
@miguelhotero
