Hace poco se difundió la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de RCTV. Se trata de una decisión histórica en materia de libertad de expresión y por esa razón tendrá repercusiones no solo en Venezuela sino en todo en el continente. Desde mi punto de vista constituye la decisión un alegato a favor de la no discriminación por razones de una línea editorial y aboga por medidas transparentes y equitativas en la asignación de las frecuencias de radio y televisión.
Los jueces del tribunal internacional observaron que, efectivamente, es el Estado el que administra el espectro radioeléctrico, pero al ser un bien de todos los ciudadanos (y no solo de una parcela política o partidista) las frecuencias de radio y televisión no deben ser usadas para castigar o premiar una determinada línea informativa. En el caso de RCTV fue evidente cómo el gobierno de Hugo Chávez castigó a esta empresa, a sus directivos y trabajadores, por mantener una línea editorial crítica. Al mismo tiempo que se venció la concesión de RCTV también se vencía la señal del canal Venevisión, pero este medio había optado por moderar su línea informativa. El resultado fue que al medio que sí ejercía la crítica pública (que forma parte de una libertad de expresión plena) se le castigó duramente.
El caso de RCTV envolvió no solo al Poder Ejecutivo, aunque de allí vino la medida. No debe olvidarse que el propio presidente Chávez decretó el cese del permiso de transmisión de este canal sin que siquiera se hubiese abierto un proceso administrativo. Una vez que el otrora poderoso jefe del Estado dictó la orden, el resto de poderes se plegaron. Los tribunales del país no recibían los alegatos del canal e incluso el Tribunal Supremo de Justicia que sí se vio obligado a recibir las demandas de RCTV, sencillamente optó por la no respuesta. El TSJ, por ejemplo, sigue sin decidir sobre el estatus de los equipos e instalaciones de transmisión que sencillamente el gobierno arrebató a RCTV, en 2007, para poner al aire a TVES, sin que hubiese un proceso legal de expropiación o indemnización.
Todos esos elementos y otros tantos fueron valorados por los jueces de la Corte Interamericana que dictaminaron de forma unánime en este caso. Las autoridades actuales de Venezuela de inmediato procedieron a pronunciarse: la sentencia es inaplicable, han dicho. No puede reproducirse la forma grosera con la que reaccionó quien preside, por ahora, la Asamblea Nacional
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La sentencia resulta inaplicable en este momento en Venezuela. No por ello perderá vigencia ni importancia. Es inaplicable porque los poderes públicos están al servicio de un grupo de enchufados que se reparten el poder en Venezuela como si fuese su botín personal. La sentencia es inaplicable, ¡por ahora! El cambio político de envergadura que terminará produciéndose con la votación del próximo 6 de diciembre justamente ayudará al rescate de instituciones que, como la Asamblea Nacional, tienen un papel en la defensa de los derechos humanos y en la aplicación de la justicia en Venezuela. Desde el Parlamento debe velarse, y se tienen las herramientas legales, para que se cumplan la Constitución y las leyes.
Precisamente, una tarea urgente que deberá discutir el nuevo Parlamento, genuinamente demócrata, será el regreso de Venezuela al seno del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (respetando el espíritu de la Constitución de 1999). Una vez que nuestro país se acoja al sistema, será de obligatorio cumplimiento decisiones como esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de RCTV. La decisión es inaplicable, por ahora, pero teniendo a la vuelta de la esquina una elección tan significativa como la del 6-D, y estando el clima político tan favorable al cambio, no dudo que RCTV volverá al aire.
Andrés Cañizales
