Lo que está acometiendo Nicolás Maduro en Venezuela es una inocultable y aterradora masacre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue confluyente al aseverar que lo desarrollado por Maduro y el funcionariado bajo su mando en Venezuela es terrorismo de Estado. Esa tétrica realidad ha venido siendo objeto de investigaciones por calificadas instituciones que cuentan con personal debidamente capacitados y curtidos en la materia, para adelantar ese tipo de pesquisas, como lo ha hecho el Grupo de Determinación de los Hechos, ente adscrito a la Organización de Naciones Unidas, que en 22 comunicaciones remitidas en el curso de los últimos cinco años a las autoridades que jefatura Nicolás Maduro, para ponerlos en auto sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos, cartas que, lamentablemente, en su mayoría no han recibido respuesta.
El pasado miércoles 4 de septiembre, los expertos que se abocaron a analizar la tragedia que soporta el afligido pueblo venezolano informaron que “encontraron un alto grado de indefensión en la población, particularmente en defensores de derechos humanos, trabajadores sociales y comunitarios, periodistas y cualquier persona percibida como opositora”. Los técnicos del Grupo de Determinación de los Hechos agregaron que “se está utilizando el sistema de justicia penal de manera arbitraria para criminalizar la defensa de los derechos humanos, en un entorno marcado por la corrupción, la impunidad y la falta de independencia judicial”.
Lo narrado, con apoyo de testimonios validados e instruidos de forma pormenorizada, también indican que “las violaciones de derechos humanos documentadas incluyen detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, homicidios, desapariciones forzadas, hostigamiento y persecución de opositores”… “Hay evidencias de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos que pone en riesgo la vida de cualquier persona crítica con el gobierno”, alertaron los expertos, que instaron a las autoridades venezolanas a liberar a los detenidos arbitrariamente, poner fin a la censura y llevar a cabo investigaciones independientes”.
Todos esos delitos perpetrados por Maduro y su elenco de torturadores y asesinos han sido oportunamente denunciados ante la Corte Penal Internacional, en conformidad con el Estatuto de Roma, que el Estado venezolano asumió legalmente, comprometiéndose a hacer valer sus dispositivos para castigar a quienes transgredan las pautas articuladas en dicha norma. Para exigir a las autoridades que conducen la Fiscalía-en especial el Dr. Karim Khan-, órgano abocado desde hace más de una década a tramitar e investigar esas acusaciones, 31 expresidentes de diferentes continentes y agrupados en IDEA, consignaron ante ese organismo con sede en La Haya, el día de ayer, un documento en el cual se reiteran todos los desmanes ejecutados por Maduro y su línea de mando.
La diligencia la cumplió el solidario exmandatario de Colombia Andrés Pastrana, quien hizo propicio su esfuerzo para reiterar los informes a propósito consignados ante la Fiscalía por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Dr. Luis Almagro, agregando las pruebas de los recientes crímenes de lesa humanidad poselectoral, que por órdenes de Maduro se han venido ejecutando en contra de los disidentes, muy especialmente contra el presidente electo Edmundo González Urrutia, a quien Maduro ordenó aplicarle una arbitraria orden de captura y contra la líder legítima de la ciudadanía venezolana María Corina Machado, blanco de innumerables atropellos.
Otra norma vigente, que es perfectamente aplicable a la corporación criminal que lidera Nicolás Maduro en territorio venezolano, es la Convención de Palermo, que tal como ha razonado y argumentado el exministro de Bolivia Dr. Carlos Sánchez Berzaín, consiste en un acuerdo de alcance mundial aprobado el año 2000 por todos los países que integran las Américas. Se trata de un sistema que apunta a contrarrestar las andanzas de los grupos relacionados con la delincuencia organizada. Ese acuerdo es ajustable a Maduro y sus socios, teniendo en cuenta, confirmado y probado, como en efecto está, que Maduro no conduce un gobierno que se ajuste a las cánones constitucionales en vigor en el país, sino que dirige una banda delincuencial que encaja en lo definido como tal por el artículo 2 de la Convención de Palermo.
En la investigación adelantada por el Interamerican Institute for Democracy se concluye que se dan todos los supuestos para que se apliquen los acuerdos articulados en dicha Convención en aquellos países, como es desgraciadamente el caso de Venezuela, en donde se cometen actos delictivos relacionados con el narcotráfico, crímenes de lesa humanidad, la legitimación de capitales, la corrupción, la promoción y organización de grupos delincuenciales emparentados con el hampa común, delitos que encubre el entramado que le sirve a Maduro y que confirma que brilla por su ausencia el debido proceso, figura medular para que se diga con propiedad que existe un sistema judicial autónomo, en manos de jueces probos y capaces de ejercer y aplicar la justicia.
Otra alternativa ajustada a la tragedia que se padece en Venezuela es el denominado concepto de “La responsabilidad de proteger» (R2P). Esa fórmula fue aprobada en el seno de la ONU e implica una vía legal para que actúen los órganos internacionales comprometidos con la tarea de socorrer a las “víctimas o posibles víctimas de serias violaciones de derechos humanos”. Ha sido, sin lugar a dudas, una manera de tratar de justificar y darle base a la doctrina del bellum iustum o guerra justa y, a la vez, de asegurar a la ONU un área más de acción en el mantenimiento de la paz en el siglo XXI, como lo razona en sus trabajos de investigación la especialista en derecho internacional Cecilia Añaños.
Explica la Dra. Añaños que la «responsabilidad de proteger» apareció en la ONU vinculada a las discusiones sobre la intervención humanitaria en Kosovo y en vista de las experiencias negativas de la ONU en Somalia, Ruanda y Bosnia, tratando de dar una respuesta a la cuestión de qué hacer frente a emergencias humanitarias graves que surjan en cualquier parte del mundo. En la actualidad ya se han dado diversos casos de emergencia humanitaria que han originado propuestas del uso de acciones humanitarias bajo el concepto de «responsabilidad de proteger».
Lo cierto es que Maduro continúa perpetrando todo tipo de crímenes y lo hace impunemente. Millones de venezolanos tratan de ponerse a salvo de tal masacre incorporándose al deslave humano que va fracturando a un país en dos mitades, una Venezuela que sobrevive adentro y otra que se esparce por todos los confines del planeta Tierra en forma de diáspora. Para contener esa carnicería los venezolanos hemos luchado y protagonizado actos cívicos, pacifistas y heroicos, como el rol jugado por millones de ciudadanos el pasado 28 de julio. Sentimos que esa victoria hay que defenderla con todos los recursos legales existentes, solo así Venezuela dejará de ser un país sometido por delincuentes y abriremos una senda hacia la paz y el progreso. Tengo plena confianza en que lo vamos a lograr.
Antonio Ledezma
@Alcaldeledezma
