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Estamos en elecciones, perdonen las promesas

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Estamos en elecciones, perdonen las promesas

En lo que ha transcurrido del año 2023, el comportamiento de los precios sigue siendo muy errático, del 39,4% en enero y 20,2% en febrero, bajó luego a 4,2% en marzo y 2,5% en abril, pero en mayo volvió a subir a 7,6%, y en junio registra 8,5%. Entre enero-junio de 2023, la inflación acumulada rompió el umbral del 100% y da al traste con la meta de lograr una inflación menor de 3 dígitos. La inflación anualizada entre junio 2022 y junio 2023 registra 429% y todo indica que la tendencia inflacionaria se mantendrá hasta el cierre del año.

 

 

El gobierno paga la inflación con la caída de su aceptación popular. Tiene claro el costo político-electoral que puede desembocar en la pérdida de las presidenciales de 2024. Con un rechazo en las encuestas superior a 75%, al gobierno lo que más le conviene es una alta abstención. Por eso apuesta al deterioro de las condiciones electorales, a crear dudas en el resultado de los comicios, erosionar la confianza en el voto, aumentar la apatía electoral y lograr el nivel de abstención que necesita para convertir en mayoría su cada vez menor caudal electoral.

 

 

Las presiones inflacionarias se mantendrán mientras se prolonguen los desequilibrios macroeconómicos y el presupuesto nacional sea calculado con base en premisas macroeconómicas irreales. El presupuesto de gastos aprobado en diciembre de 2022 fue de Bs 170.703.832.051 que al tipo de cambio vigente para el momento (11,80 Bs/$) equivalía a unos 14.392,27 millones de dólares. A la fecha de redactar este artículo (27/07/23), la tasa de cambio oficial publicada por el BCV registraba 29,31 Bs/$, lo cual disuelve el presupuesto nacional en su equivalente en divisas y lo reduce a apenas 5.824.081.610 millones de dólares.

 

 

Entre enero-junio 2023, el bolívar se ha depreciado 70%, cuestión que ha reducido a mucho menos de la mitad el equivalente en dólares del presupuesto aprobado en bolívares. La constante depreciación de la moneda nacional disuelve el presupuesto nacional y esto significa que para el segundo semestre no habrá suficientes recursos para financiar el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional. Si el déficit presupuestario se financia con nuevos créditos adicionales que se cubren con emisiones de dinero sin respaldo por parte del BCV, está cantado que en el segundo semestre se mantendrán las presiones inflacionarias

 

 

El costo político-electoral del malestar social

 

 

Para reducir el déficit fiscal, el gobierno minimiza el peso de los salarios y las pensiones en el presupuesto nacional. El costo del severo ajuste fiscal recae principalmente en la nómina de funcionarios, cuya capacidad de compra está pulverizada. La reducción del gasto público también se ejecuta a través de la falta de mantenimiento y desinversión en los servicios públicos de electricidad, agua potable, gas doméstico y telecomunicaciones, así como en la falta de inversión en el mantenimiento y repotenciación de los sistemas públicos de educación y salud, todo lo cual deteriora las condiciones de vida en los hogares venezolanos.

 

 

El costo del ajuste fiscal para estabilizar la macroeconomía que están pagando sobre todo los trabajadores, también repercute negativamente en el aparato productivo. La reactivación económica requiere servicios públicos de calidad. Pero los frecuentes cortes de energía, el racionamiento de agua, la escasez de gas, la mala calidad de las telecomunicaciones, y la escasez de combustibles representan grandes obstáculos para la recuperación de la actividad económica. Obligan a paradas no programadas de la producción agrícola e industrial y a incurrir en sobre costos que castigan la competitividad nacional frente a los productos importados.

 

 

Los bajos salarios limitan la demanda, contraen las ventas y agravan la caída de la producción agrícola e industrial. En 2023 no aumentó el salario mínimo, sino que decretó un bono de alimentación de 40 $/mes, más un bono de guerra económica por 30 $/mes. A estos se le suman 5 $/mes a lo que ha quedado reducido los 130 Bs del salario mínimo. Este ingreso de 75 $/mes apenas cubre el 14% de la Canasta Alimentarias Familiar (CAF) que, según los estudios del Cendas-FVM, supera los 530 dólares/mes.

 

 

La desconexión del discurso político con el clamor nacional

 

 

En tiempos de campaña electoral suelen proliferar las promesas demagógicas. Sin embargo, los precandidatos a la presidencia no terminan de proponer a los electores ni siquiera un programa modesto, viable y creíble de reformas económicas para vencer la inflación, recuperar el poder adquisitivo de los salarios y mejorar las condiciones de vida de los hogares. Nuevamente cayeron en la maniobra del gobierno al forzar la sustitución de los rectores del CNE antes de que cumplieran su período legal. La desconexión del discurso político con el clamor nacional se recrudece con la inhabilitación de María Corina Machado, lo cual enfoca el debate político-electoral en la mejora de las condiciones electorales y desvía la atención al reclamo de la mejora de las condiciones salariales y sociales.

 

 

Sin una oferta electoral sintonizada con la urgencia de una población exhausta por la crisis, el elector no se sentirá motivado a votar -ni siquiera en la elección primaria- porque no encontrará propuestas convincentes para superar los salarios de hambre que no alcanzan para comprar la canasta alimentaria, ni aliviar los problemas de electricidad, agua, gas, educación, vivienda, salud, transporte, telecomunicaciones e inseguridad que azotan a las familias venezolanas.

 

 

Estos son los problemas que más preocupan a los electores venezolanos y deberían ser la prioridad de los partidos y precandidatos en su oferta electoral. Sin embargo, priorizan su exigencia de mejores condiciones electorales y en la rehabilitación política de los precandidatos. Así se desconectan del clamor nacional que no termina de recibir un mensaje esperanzador que ofrezca soluciones a los problemas concretos de los electores. Estos se sienten estimulados a votar por unos candidatos que se muestran más preocupados por mejorar la condiciones electorales en las que van a competir para cristalizar sus ambiciones de poder que por mejorar las precarias condiciones de vida de la gente.

 

 

Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de Pedagogía Económica y Electoral https://t1p.de/c798a

 

 Víctor Álvarez

@victoralvarezr

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