La economía venezolana está absorta en el desconcierto. El gobierno luce dislocado y no atina a enmendar el error que significó la eliminación del SITME sin que hubiese diseñado un esquema alternativo para proveerle divisas a la economía en un mercado alternativo al oficial. Estando la economía en una fase pre-recesiva, no se aprecia un plan económico que permita trazar un rumbo claro y lo que existe ahora son acciones de urgencia para procurar que no se corte el financiamiento externo en vista de la amenaza muy seria de los proveedores del extranjero de paralizar los suministros de bienes finales y materias primas a un país moroso que no paga oportunamente sus deudas. Desaparecido de la escena y sin aparente protagonismo el ministro Giordani, su causahabiente, Nelson Merentes, en medio de sus declaraciones folclóricas ya habituales, ha anunciado una especie de galimatías cambiario que seguidamente se vamos a intentar dilucidar.
En rueda de prensa realizada el miércoles 26 de julio de 2013, afirmó según la reseña del diario El Universal: “Nelson Merentes aseguró que en julio se efectuará la segunda subasta del Sicad y agregó que “las subastas serán por sectores o cadenas productivas”. Comentó que el mecanismo se extenderá a las personas naturales y a las zonas especiales, pues dijo “habrá un Sicad direccionado”. Más adelante agrega el diario citando a Merentes: “La frecuencia de las operaciones no fue precisada, aunque se analiza realizarlas de manera semanal o quincenal. Solamente comentó que todo “se avisará con tiempo. No precisó si habrá una sola paridad o será un rango de tasas”.
De acuerdo con esta información, se realizarían unas subastas por sectores económicos a los cuales se asignarían dólares según algún criterio todavía no develado. Si es por sectores la subasta, ello quiere decir que probablemente habrá precios diferenciados porque de otra manera tal diferenciación carecería de algún sentido. Así, no sería lo mismo una subasta para el sector que produce alimentos que para los importadores de partes para automóviles, la cosmetología o para las ferreterías, entre otras actividades. Si la distribución de las divisas se materializa de esta forma, ello sería un autentico disparate y retrotraería a Venezuela al 23 de julio de 1941, cuando se instituyeron los cambios diferenciales. Ya veremos a las autoridades fiscales y monetarias lidiando con los representantes de esos sectores para determinar cuántos dólares se subastarían y cada uno de ellos exigiendo tasas de cambio más bajas para sus importaciones.
En julio de 1941, en vista de que el petróleo estaba ahogando la rentabilidad de las actividades agropecuarias, el gobierno de Medina Angarita optó por aplicar un sistema complicado de tasas de cambios diferenciales a las cuales el recién creado BCV adquiría las divisas distintas al petróleo como instrumento para subsidiar a una agricultura y ganadería agonizantes. En realidad se trataba de un reconocimiento a la dualidad de la economía venezolana. De esta forma, como se ve el cuadro adjunto se establecieron un conjunto de tipos de cambio.
Es probable que se repita de nuevo la historia de la multiplicad de tasas de cambios si este esperpento que ha voceado el ministro Merentes se lleva a cabo. Habrá entonces tantas tasas de cambio como sectores económicos sean convocados a las subastas: la tasa de cambio alimenticia, la comercial, la turística, la farmacéutica, entre otras. Ello crearía un régimen cambiario complicado al cual se le añadiría la subasta para personas naturales, la cual también tendrá su precio del dólar diferenciado porque se comprende que no podrá costar lo mismo un dólar para un viajero que para una industria que importe medicinas o alimentos.
En el fondo, toda esta gimnasia verbal de quienes tratar de explicar lo inexplicable con las subastas, es que el gobierno le tiene miedo a que el bolívar fluctúe en un mercado con cierto grado de organización, a diferencia de lo que ocurre en el mercado negro. Y le tiene miedo porque los venezolanos no quieren mantener su patrimonio en bolívares en vista de una tasas de inflación confiscatorias que ha generado el mismo gobierno con una política fiscal y monetaria inconsistente con el objetivo de estabilizar o fijar la tasa de cambio. Agréguese a ello que quien mantiene un depósito a plazo fijo devenga máximo 12,0% de interés con una inflación encaminada hacia el 40,0% anual. Entre tanto, no hay política económica sino medidas aisladas que intentan conjurar la crisis armada durante 2012 por Giordani y Merentes y que casi extinguen las reservas líquidas del BCV.
Por José Guerra
