A pesar de los precarios resultados obtenidos por el régimen en el referendo consultivo del 3 de diciembre, esa cita colocó en manos del gobierno una bomba que podrá activar cuando lo desee, tal como ya hizo con el llamado a esa consulta, cuyo único propósito era reducir el impacto de la primaria del 22 de octubre y del claro triunfo de María Corina Machado, quien surgió de las urnas electorales como la líder indiscutible de la oposición.
En términos de la participación popular, la jornada del domingo pasado fue un fiasco. Los reportes desde todos los puntos del país indicaban que la gente no se había interesado por ir a expresar su opinión acerca del Esequibo. El lenguaje patriotero y las presiones sobre los empleados públicos, los jubilados y los humildes venezolanos que reciben alguna de las migajas que ocasionalmente reparte Maduro, no fueron suficientes para convencerlos. Ese resulta un tema demasiado alejado de las necesidades reales de los ciudadanos, ocupados en ver cómo sobreviven día a día, cómo consiguen la comida diaria en el país con la más alta inflación en alimentos de todo el planeta: 410% anual de acuerdo con el más reciente informe del Banco Mundial. Los ciudadanos están mucho más preocupados en ver cómo subsisten sin empleo, luz, agua, transporte colectivo y salud pública, que en recuperar un territorio que fue perdiéndose en manos de Chávez, primero, y luego, de Maduro.
Sin embargo, como suele ocurrir en los regímenes autoritarios, los resultados fácticos les importan muy poco a los mandatarios. Lo que realmente interesa es lo que el régimen hace con ellos. La forma como los presenta, los divulga y se aprovecha de ellos. Para eso poseen el control de las instituciones y de un amplio y variado aparato comunicacional que va modelando la visión de la realidad, no importa cuánto esta se acerque o se aleje de la verdad.
En vista del fiasco del domingo, lo primero que hizo el régimen fue utilizar al Consejo Nacional Electoral y a su presidente, el señor Elvis Amoroso, para presentar una cifra fraudulenta. Amoroso dijo que más de 10 millones de votantes se habían acercado a los más de 10.000 centros de votación en todo el país. Fue esa una manipulación grotesca de lo que había sucedido. Como el gobierno actúo sin contrapesos institucionales ni supervisores que resguardaran los votos ciudadanos, sobre todo los de quienes se pronunciaron por el NO, las evidencias quedaron reducidas a los reportes de los medios de comunicación y de los ciudadanos convertidos en reporteros de ocasión. Por fortuna, los medios de comunicación internacionales que se encontraban cubriendo el evento fueron testigos excepcionales de la estafa. Podemos suponer que los militares que dirigieron el Plan República y las bases del PSUV menos fanatizadas también deben haber tomado nota del naufragio de ese experimento. Fue la segunda derrota del régimen en menos de dos meses. El primer fracaso fue cuando la oposición organizó la primaria del 22-O. En esa ocasión, el gobierno aseguró que la cita encallaría porque la oposición carecía del músculo financiero y organizativo para llevarla adelante. La primaria fue un éxito fulminante. Esta herida trataron de sanarla con el referendo consultivo, pero no pudieron. Ahora Maduro y su gente cargan con el peso de dos derrotas en la antesala de la campaña presidencial que se realizará en 2024. A Maduro, tan convencido de que será el candidato del PSUV, podría enredársele el panorama. Las cifras de la mayoría de las encuestadoras no lo favorecen.
Con los resultados arrojados por el referendo consultivo, el problema pasa a ser cómo queda la relación del país con el Esequibo. La gente que votó supuestamente le dio un mandato categórico al gobierno: este está obligado a defender ese territorio por todos los medios a su alcance, debe someterse a los Acuerdos de Ginebra de 1966, puede desconocer las competencias de la Corte Internacional de Justicia y crear el estado de la Guayana Esequiba, entregándoles ciudadanía y cédula de identidad venezolana a los habitantes de ese territorio. El gobierno de Maduro, tan irresponsable en todos los niveles, ahora tiene en sus manos una bomba de tiempo. ¿Cómo usará ese poder que los ciudadanos le entregaron en una votación minúscula? Todos los caminos están abiertos: desde escalar en las provocaciones armadas contra Guyana con el fin de tensar las relaciones, declarar el Estado de emergencia y suspender los comicios de 2024; o no acudir a la cita fijada para abril del próximo año en La Haya, en la cual a Venezuela le corresponde presentar la contramemoria y demostrar en la CIJ que el Laudo Arbitral de París, al que Guyana está aferrado, es írrito y significó una gigantesco despojo de unas tierras que Venezuela viene reclamando desde 1842. Las arbitrariedades comenzaron decretando la orden de captura contra un grupo de dirigentes políticos opuestos al referendo.
Desconocer la jurisdicción de la CIJ sería un grave error. Ya la situación de Venezuela es muy precaria porque Guyana no se ha sujetado a lo pautado en el Acuerdo de Ginebra, sino que ha aplicado una política de ocupación y poblamiento de facto, que en los hechos la ha convertido en la usufructuaria de la zona en reclamación. No es su territorio de derecho, pero sí de hecho. A esta circunstancia la comunidad internacional le concede un enorme significado. Si Venezuela pretende conseguir el respaldo internacional para su causa, tendrá que acudir a la CIJ con todos los recaudos que la acreditan como la legítima dueña de ese territorio.
El referendo convocado por Maduro fue un fracaso político manifiesto. Ahora a los venezolanos nos toca tratar de evitar que se convierta en un desastre diplomático que le cueste el Esequibo a Venezuela.
Trino Márquez
@trinomarquezc
