Venezuela vive hoy el último episodio de desmantelamiento de la democracia. Con las elecciones presidenciales que Nicolás Maduro ha organizado a su medida para hoy se culmina el desmantelamiento de la institucionalidad democrática venezolana. Las elecciones se celebran sin garantías de transparencia ni limpieza, con una oposición perseguida y encarcelada, millones de compatriotas fuera del país y sin el aval ni la supervisión de ningún organismo independiente, ni dentro ni fuera del país. Se trata de un proceso fraudulento de principio a fin destinado a barrer a la oposición democrática y a consolidar a Nicolás Maduro en el poder.
Desde que el 6 de diciembre de 2015 Maduro fuera derrotado en las legislativas, la maquinaria del chavismo puso en marcha un plan para destruir a la oposición, y con ella el sistema democrático. Usurpó el poder de la Asamblea Nacional creando una Cámara constituyente paralela controlada por el oficialismo, reformó la ley electoral, encarceló a la oposición, copó las administraciones regionales, utilizó a cuerpos paramilitares contra las manifestaciones y, finalmente, se dispone a perpetuar al presidente. Todo ello mientras completaba, en paralelo, la destrucción de la economía venezolana y empobrecía a sus ciudadanos, forzados a sufrir unas condiciones de vida dramáticas mientras los jerarcas del régimen se enriquecen sin límite.
Maduro no ha querido correr ningún riesgo ni dejar ningún cabo suelto. Ha ofrecido dinero a través del carnet de la patria asignado a más de 12 millones de venezolanos, que es el principal y más peligroso mecanismo de coacción del Gobierno. Ha utilizado la televisión pública a sus anchas y ha empleado recursos e instituciones públicas en la campaña. Y ha puesto fuera de la carrera a Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior y Justicia, inhabilitado y encarcelado en vísperas de la convocatoria electoral ante la perspectiva de que le pudiera hacer sombra.
Con razón, y con el respaldo de la comunidad internacional, los grandes partidos que aúnan la oposición democrática han decidido no avalar los comicios con su participación. Pese a todo, tres candidatos — Henri Falcón, Javier Bertucci y Reinaldo Quijada — se han prestado a legitimar con sus candidaturas esta farsa electoral.
Sorprende por ello sobremanera que el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, haya decidido avalar con su presencia en Caracas unas elecciones que toda la comunidad internacional considera que no alcanzan los estándares para ser consideradas democráticas y que, entre criticar a Nicolás Maduro o al Parlamento Europeo, haya decidido que es este último, donde se sientan los representantes de todos los europeos, el que se rige por prejuicios sobre la democracia.
Junta Editorial El País de España
