Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha creado una nueva doctrina de Derecho Internacional para la defensa de la democracia. La “Doctrina Almagro” se puede definir como “el estudio de la realidad objetiva de un país y el análisis de pruebas en función de los elementos esenciales de la democracia contenidos en la Carta Democrática Interamericana, la Carta de Bogotá y las normas de Derecho Internacional, para emitir un informe jurídico imparcial que indica la situación de la democracia”. Es la doctrina de la verificación de los elementos esenciales de la democracia.
Ha sido iniciada por el secretario Almagro respecto a la situación de Venezuela sobre la que ya ha emitido tres informes. Se trata de un procedimiento para la defensa de la democracia que debería convertirse en usual y periódico para todos los estados miembros de la OEA y expandirse a otros organismos regionales en el marco de los objetivos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), relativos al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, en base al principio de que la democracia es un derecho humano.
Una doctrina es una “norma científica, un paradigma”, esto es un modelo “que suministra la base para resolver problemas y avanzar en el conocimiento”, y también es “un conjunto de ideas u opiniones religiosas, políticas, filosóficas…”. En el ámbito del Derecho Internacional la doctrina es una fuente indirecta que se integra por las opiniones de los jurisconsultos, de los expertos, de las asociaciones especializadas, que tiene valor obligatorio cuando ilustra el derecho vigente y que puede estar referida a un fin “científico, práctico y/o crítico”. La calificación de la doctrina Almagro es científicamente correcta porque se establece desde y en el organismo regional más importante de las Américas, tiene valor obligatorio por estar fundada en el derecho internacional vigente que incluye el cumplimiento de las obligaciones del secretario seneral de la OEA, y cumple finalidades críticas y prácticas.
Con esas condiciones de rigor legal y teórico, la doctrina Almagro ya forma parte del ordenamiento de la OEA, pero además debería ser integrada como un procedimiento obligatorio que incluso debería cumplirse de oficio periódicamente.
Un examen -a la luz de la doctrina Almagro- de la situación de la democracia de cada uno de los estados del sistema interamericano, cada año o cada dos años, sería una cuestión más que deseable para el fortalecimiento, la defensa y el mantenimiento de la democracia en la región, que de implementarse brindaría además un mecanismo de alerta temprana de los atropellos y delitos contra la democracia de los pueblos.
La doctrina Almagro en cuanto a su contenido y alcances, abarca todo el ámbito necesario para examinar la situación de un estado miembro de la OEA en materia de democracia porque abarca “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”, que son -entre otros- los elementos esenciales de la democracia, obligatorios por mandato de la Carta Democrática Interamericana.
La doctrina Almagro ha nacido y se ha aplicado hasta ahora respecto a Venezuela y por su seriedad ha logrado el retorno de la OEA al respeto de sus principios, cumplimiento de sus objetivos y obligaciones legales de defensa de la democracia vergonzosamente ignorados durante la gestión del secretario Insulza. También ha conseguido que países importantes del sistema interamericano como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México, Panamá, Perú….señalen y sancionen a la dictadura de Nicolás Maduro que oprime al pueblo Venezolano. Ha puesto en evidencia a regímenes similares a los de Maduro en Bolivia, Nicaragua y Ecuador.
Las violaciones de derechos humanos, los crímenes y la ausencia de los elementos esenciales de la democracia que la doctrina Almagro ha señalado a la dictadura de Venezuela son un modelo repetido que se practica en Bolivia con Evo Morales, en Ecuador con Rafael Correa, en Nicaragua con Daniel Ortega y que se ha concebido en Cuba sometida por la dictadura de los Castro. La gravedad de la situación de esos países bajo regímenes de dictaduras de socialismo del siglo XXI o castrochavistas es crítica y no tardará en alcanzar la gravedad de Venezuela. Por ejemplo en Bolivia hay más de cien presos políticos, más de 1.500 exiliados políticos y cientos de perseguidos con la judicialización de la represión dictatorial y la criminalización de la política. En Ecuador hay cientos de “sentencias infames”, fallos judiciales que violan los derechos humanos, con presos, perseguidos y exiliados políticos.
Hace falta la aplicación de la doctrina Almagro a los gobernantes cuasi perpetuos de los regímenes sin estado de derecho de Bolivia y Nicaragua. Es imperativo que en Ecuador el sucesor Lenin Moreno dé muestras claras de cambio real, y en ese camino aplicar la doctrina Almagro internamente al régimen de Correa antes de que se la apliquen internacionalmente, es un mecanismo posible para el que Moreno podría incluso invitar a la OEA. La doctrina Almagro se puede aplicar a Cuba que se escuda en no haber firmado la Carta Democrática Interamericana, porque Cuba ha suscrito la Carta de Bogotá y es miembro fundador de la ONU.
Ya tenemos el precedente de Venezuela. En la defensa de la democracia y de sus elementos esenciales como los derechos humanos, el estado de derecho, las división e independencia de poderes, la libertad de prensa, las elecciones libres y limpias, la libre organización política… hay un antes y un después de la “Doctrina Almagro” que es un hito histórico en el camino de la lucha de los pueblos por la libertad.
Carlos Sánchez Berzaín
