Colombia debe tener una postura firme ante el decreto de Venezuela que altera los límites marítimos.
La Copa América que por estos días se disputa en Chile nos ha ofrecido numerosos casos de experimentados jugadores que tienen la misión en la cancha de provocar a un rival para ocasionar su expulsión. Evitar caer en la trampa es todo un reto para quienes quedan en la mira de los incitadores. Ejemplo de lo anterior fue el colombiano Camilo Zúñiga, quien demostró tener aplomo suficiente ante los continuos desafíos del temperamental volante brasileño Neymar, como lo registró la cámara que lo siguió durante todo el encuentro.
La situación que ha planteado el gobierno de Nicolás Maduro con el decreto 1787, que, inicialmente motivado por el diferendo limítrofe de su país con Guyana, creó la ‘Zona Operativa de Defensa Integral Marítima e Integral Occidental’, que incluye también una arbitraria delimitación de las aguas del golfo de Venezuela, en perjuicio de los intereses del país, bien puede asemejarse a una de estas escenas que hemos visto en las últimas dos semanas en los estadios chilenos.
Desde Miraflores se argumenta que tal decisión fue motivada por la determinación del nuevo gobierno de la excolonia británica de entregarle a la petrolera ExxonMobil la exploración y posterior explotación del bloque Stabroek, frente a la costa de dicho país. La extensión de esa zona, cerca de 27.000 kilómetros cuadrados, incluye aguas actualmente en disputa. De atenerse a lo dispuesto por el decreto, toda esta área pasaría a ser venezolana, lo cual ha causado lógica molestia en Georgetown.
Los efectos en el extremo oriental también prendieron las alarmas en Bogotá, al punto de que ya se envió una nota de protesta desde la Cancillería en la que, entre otros puntos, se le recuerda al país vecino que la Comisión Presidencial Negociadora, establecida el 14 de julio de 1990, es la instancia competente para negociar la delimitación de áreas marinas y submarinas. También solicita corregir el decreto que ha dado origen a la controversia y pide, con toda razón, que se “privilegie la sensatez cuando se trata de temas tan delicados como los que contemplan la soberanía y jurisdicción marítima”.
Pero tienen razón los analistas que han atribuido el hecho a factores que trascienden la disputa por el petróleo de la zona y entre los que sobresale la muy compleja situación interna que vive el país de la Revolución Bolivariana..
La expedición este decreto, a sabiendas de que tanto Colombia como Guyana reaccionarían, si se analiza a la luz de lo que ha sido en las últimas décadas la política exterior de Caracas, sin distingo de la orientación política del gobierno de turno. En los gobiernos de Rafael Caldera y de Carlos Andrés Pérez también se vivieron momentos en los que se apeló a un enemigo externo mientras se vivía una crisis interna.
A Colombia le corresponde dejar claro, siempre por las vías diplomáticas, que seguirá muy de cerca el desarrollo de esta jugada. Se trata de una solución inaceptable y lesiva para los intereses del país. Pero hacerlo con pleno conocimiento del contexto en que se produjo, y que obliga a no caer en la trampa.
Se trata entonces de aferrarse a la diplomacia y a las herramientas que esta ofrece para dirimir los diferendos, bajo el paraguas de la unidad que demandan los asuntos de Estado. Una postura que, es de esperarse, conduzca a una corrección de Venezuela.
Editorial de El Tiempo
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