La crisis universitaria, acentuada en la última década como consecuencia de las restricciones presupuestarias que ha impuesto el gobierno a las universidades públicas de Venezuela y, en especial a las de mayor trayectoria y reconocimiento, es obvio que no va a resolverse hasta tanto no se desista del empeño de violentar la autonomía de estas casas de estudio para ponerlas al servicio de un modelo de pensamiento único.
Esto es absolutamente lo opuesto a la razón de ser de la universidad desde sus orígenes, y más en estos tiempos de cambios tecnológicos y del conocimiento que identifican a una sociedad que transita aceleradamente del modernismo hacia la postmodernidad.
Por ello, revelan una crasa ignorancia de la razón de ser de la universidad quienes amparados en fracasadas ideologías totalitarias pretenden catalogar a las universidades en instituciones de derecha y de izquierda, desconociendo que las mismas, en el marco de la autonomía -que es su condición existencial reconocida en el artículo 109 de la Constitución- y ante las nuevas realidades globales deben estar comprometidas, como agentes de un servicio público, a impartir una educación superior de calidad, entendida esta no solo en términos de transmisión eficiente de información, conocimientos y de enseñanza de habilidades y destrezas, sino también en función de la formación integral del futuro profesional como individuo y miembro de una sociedad.
Deben ser igualmente instituciones con los recursos adecuados y plena libertad operativa, para, mediante una pedagogía de educación en valores, formar líderes con visión de futuro y capaces de administrar su propio desarrollo y superación, afincados en sólidos principios éticos y morales y en el cultivo del bien, la verdad, la solidaridad y la cultura de paz. En la realización de estos objetivos la universidad debe mantener el balance adecuado entre la promoción del conocimiento y la excelencia y el servicio a la sociedad, al Estado y al sector productivo, operando libre de sesgos ideológicos y preservando su naturaleza como centro de pensamiento crítico y de poder intelectual, que no puede ser encasillado en modelos reduccionistas de pensamiento único que se pretendan imponer en violación de su autonomía.
Todo lo anterior explica por qué no es admisible hacer politiquería o populismo con el sistema educativo y, en especial, con la educación superior; y por qué, frente a la cacareada masificación educativa, lo que se impone responsablemente es fomentar una educación superior de excelencia, inclusiva, capaz de responder eficientemente a las demandas de la economía global y de la sociedad del conocimiento y de promover en nuestro país la ruptura con la perversa cultura del rentismo, del populismo y del clientelismo político que han sido tradicionalmente rémoras para el desarrollo nacional.
Los señalamientos referidos no son meras elucubraciones teóricas o formulaciones académicas, son valores fundamentales de la nueva educación bajo las cuales operan las universidades de los países más avanzados.
Es así como en el Global Innovation Index 2012 que elabora anualmente la prestigiosa escuela de negocios Isead de la Universidad Complutense de Madrid, conjuntamente con el World Intellectual Property (Wipo), agencia de las Naciones Unidas para la promoción de la innovación y la creatividad, se señala a países como Suiza (1), Suecia (2), Singapur (3), Finlandia (4), Estados Unidos (10), Corea (21), con excelentes instituciones de educación superior, como líderes en ese ranking en el cual se destaca la capacidad de investigación y desarrollo tecnológico de los países y la importancia de la interacción productiva entre los actores de la innovación (universidades, empresas, sector público y sociedad) en un moderno sistema innovativo.
Venezuela, tristemente, se ubica en esa clasificación entre los últimos, en el puesto 118 de los 141 países analizados. Por otra parte, en el ránking de competitividad 2012-2013, que elabora el Foro Económico Mundial y que igualmente encabezan los países referidos, Venezuela aparece en la cola de los 144 países evaluados. Todo lo cual refleja no solo la perentoria necesidad de solventar la crisis financiera actual de nuestras universidades y desechar el modelo estatista y populista de gobierno, sino igualmente de promover y apoyar con visión de futuro las importantes transformaciones que requieren nuestras universidades para contribuir, en pleno ejercicio de su autonomía, al logro de un país productivo, competitivo y solidario al que todos tenemos derecho.
Este es un tema de gran relevancia nacional que no puede evadirse con maniobras divisionistas de populismo barato, ni mucho menos con señalamientos que pretenden distraer la razón fundamental del debate con críticas ofensivas y recurriendo a falsedades, muy propias de quienes carecen de argumentos sólidos para defender sus posiciones.
Por José Ignacio Moreno León
