Ante el reciente aumento de sueldo mínimo decretado y la pregunta si esta medida puede ser considerada una solución, aunque parcial, la respuesta es un claro y enfático “NO”. Esto nos lleva entonces a plantearnos qué es lo que se debe hacer. Esta segunda interrogante es muy fácil de responder con las medidas obvias que podrían recuperar el poder adquisitivo de los consumidores, como son detener la inflación y aumentar la disponibilidad de bienes.
Detener la inflación implica disminuir significativamente el déficit fiscal y parar su financiamiento con emisión de dinero. Aumentar la disponibilidad de bienes requiere desmontar controles y estimular la producción, lo cual a su vez estimularía la creación de puestos de trabajo, muy necesarios para que la demanda laboral haga subir los sueldos. ¡Hasta aquí la solución se ve fácil!
Ahora bien, para reducir el déficit fiscal el Estado tendría que disminuir significativamente sus egresos (gastos) y aumentar sus ingresos reales. La disminución de egresos tiene que ver con tener un Estado mucho más pequeño, transfiriendo empresas improductivas a quienes las puedan hacer productivas y disminuyendo las abultadas nóminas de los ministerios, institutos públicos y gobernaciones. Por otro lado, aumentar los ingresos reales del Estado requiere una combinación de refinanciar la deuda soberana, incrementar la producción petrolera y aumentar la recaudación real de impuestos. Sin embargo, la deuda soberana no se ha podido refinanciar, la producción de petróleo sigue cayendo y los impuestos ahogan a las pocas empresas que quedan.
Aquí es cuando surgen las siguientes preguntas: ¿quiénes comprarían las empresas del Estado, emplearían a aquellos que deben pasar de trabajos improductivos en el sector público a trabajos productivos, refinanciarían la deuda soberana, aumentarían la producción petrolera e invertirían en empresas venezolanas para que los ingresos reales de estas crezcan, proveyendo así mayor volumen de impuestos? La respuesta es simple: nadie lo va a hacer, porque nadie dentro o fuera de Venezuela tiene confianza en las reglas impuestas por la cúpula gobernante, ni en la justicia o equidad con las que estas se aplican. Y es que nadie cree a quien miente regularmente, a quien irrespeta a sus ciudadanos y a quien demuestra día a día su incapacidad para comprender las complejidades de una economía
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Aun cuando la cúpula gobernante tuviese la intención de recuperar la economía, carece de la capacidad necesaria para crear confianza. Aquí, el significado de las palabras confianza y respeto cobran toda su intensidad. Para el ser humano, la confianza no es instintiva; esta se debe trabajar, construir y sostener. La confianza es poder prever las acciones del otro y se construye cuando se cumplen las promesas que se han hecho, cuando se percibe que el otro tiene las competencias requeridas y cuando se actúa con transparencia e integridad. La confianza colectiva surge del respeto que se tiene a los compromisos asumidos. El respeto es el reconocimiento al valor de una persona, institución o cosa. Sin ninguno de ellos la relación entre las personas se vuelve defensiva, conflictiva y anárquica. Son estos conceptos los que cimentan la estructura, el tejido mismo que une a una sociedad y permiten la creación de institucionalidad y empresarialidad.
Por estas razones los venezolanos solo podremos construir una sociedad que nos permita solucionar nuestros problemas económicos y progresar cuando, en libertad y con transparencia, escojamos y designemos a gobernantes con los cuales el trato de respeto mutuo nos permita construir confianza.
Juan Pablo Olalquiaga
@JPOlalquiaga
