Culminado el proceso electoral le corresponde al país hacer un inventario de sus problemas y de sus posibilidades. El país no es una facción. Seguirlo asumiendo así nos condena a esa situación de guerra de bajísima intensidad, pero guerra al fin, que luego de quince años nos muestra los estragos que ha provocado en todas las dimensiones de la vida social. El país ha dejado de ser competitivo, y para el asombro del mundo, el Gobierno no toma debida nota de las señales del mercado y sigue insistiendo en reducirnos a las escasas posibilidades de una planificación central sin respeto por los derechos de propiedad.
Quince años de socialismo progresivo nos permite tener a la mano dos tipos de resultados. Por una parte los logros de las empresas públicas, y por la otra los de la empresa privada. El régimen ha expropiado 5 millones de hectáreas y 1.450 empresas. Tiene el control absoluto del petróleo, petroquímica, electricidad, acero y siderurgia, y cemento. Tiene una hegemonía determinante en telecomunicaciones, centrales azucareras, distribución y comercialización de alimentos, y como todo el mundo sabe, administra con ferocidad un ordenamiento legal que le permite fiscalizar a su antojo la producción y ventas del sector privado. Sin embargo, y a pesar de todo el poder detentado, los resultados no son alentadores. Casi todas las empresas del Gobierno sobreviven gracias a la dependencia presupuestaria, el clima laboral está en el suelo, y el país paga con escasez y altos precios el capricho socialista de desbancar al sector privado.
Los préstamos del BCV a Pdvsa suman Bs. 437 mil millones al 22 de noviembre de 2013, y todo indica que esa es una tendencia inercial que nadie está dispuesto a corregir. La indisciplina casi absoluta con la que se maneja el presupuesto nacional y la implementación de medidas apresuradas, que dañan los ingresos por ISLR e IVA, hacen impredecible la gestión pública. Dos y medio millones de trabajadores trabajan para el Gobierno sin que se les permita un mínimo coqueteo con la competitividad, puesto que todos ellos son aplastados por las prioridades políticas y la necesidad oficialista de tener una audiencia cautiva que aplauda, marche y celebre cada una de las ocurrencias del régimen.
El Gobierno no ha encontrado la forma de hacer flujo de caja en divisas. Las importaciones (que en un 40% son realizadas directamente por el sector público) están a la par con lo que se recauda efectivamente por la factura petrolera. Petrocaribe, el ALBA y toda la ideología asociada a la «Patria Grande» han expoliado los ingresos del país y colocado a Venezuela en la paradójica situación de estar en peores condiciones que todos los demás países de América Latina, especialmente a los que ayudamos generosamente. Estamos en el puesto 181 de 189 países renqueados por «doing business», y de acuerdo a las mediciones de Transparencia Internacional también somos uno de los países más corruptos del mundo. Sin un manejo apropiado de los recursos petroleros, y sin el concurso del sector privado, no hay salida estable a la escasez y seguiremos pagando su costo en inflación.
El Gobierno entregó su suerte al demonio del populismo y la demagogia. En razón de esos cálculos electorales transformados en parte de una guerra ideológica con características de «suma-cero», organizó una ofensiva contra el sector privado, la libre iniciativa, los derechos de propiedad y la lógica capitalista de la ganancia. Estantes vacíos y aprovechamiento rapaz de la oportunidad fueron los resultados. Ahora les corresponderá hacer todo lo posible para llenar la confianza social violada, estimular la empresarialidad allí donde fue vulnerada y cuidar porque esos arrebatos no se conviertan en desolación y desempleo. O hacen eso o pagarán los costos en dificultades crecientes. El Plan de la Nación, que es una bitácora para construir el comunismo, nos coloca en un punto de inflexión donde el forzar la realidad no les evitará tener que lidiar con las consecuencias perversas de haberlo hecho así.
El régimen tendrá que dar respuestas concretas a temas críticos que siguen allí, sin importar lo que diga el Plan Patria: empleo, seguridad, abastecimiento, costo de la vida y servicios públicos serán lastre para la gobernabilidad y el punto de contraste con lo que debería ser, pero que lamentablemente no es. O muestra resultados sostenibles o todos naufragaremos en las turbulentas aguas de lo inesperado.
cedice@cedice.org.ve
Por Víctor Maldonado
