Cuentan que en la sede principal del Seniat, ubicada en Mata de Coco, Caracas, hubo llanto el pasado jueves 20 de junio, al saberse que la máxima autoridad del ente, José David Cabello Rondón, había hecho “un llamado a los venezolanos a denunciar cualquier tipo de irregularidad, a través de la línea telefónica 0-800 SENIAT (736428) y el correo electrónico denuncia@seniat.gob.ve”. Pero no todas las lágrimas tenían la misma densidad.
Unos lloraron de piedad al concebir la idea de que la monumental corrupción que campea en el servicio, y de la que allí se habla abiertamente y sin disimulo, hubiera pasado inadvertida hasta ese momento por el cándido Cabello Rondón, quien vino a enterarse de la compacta red criminal que opera en la institución que dirige, el día en que detuvieron al jefe de Operaciones de la Aduana Marítima de La Guaira, por presuntos delitos de extorsión y asociación para delinquir, y le encontraron “algo más de 4 millones de bolívares en efectivo, en allanamiento a un apartamento del este de Caracas, desde donde se presume, dirigía junto a sus cómplices, las operaciones”.
Otros lloraban de la risa. Por algún motivo, la imagen del “súper” conminando a la población a denunciar irregularidades en el Seniat, los movía a las carcajadas. Y no faltó quien sugiriera que el verdadero objetivo de la invitación a señalar corruptos es detectar quiénes están haciendo cobros irregulares y negociados, sin entregar la tajada correspondiente a los jefes.
De hecho, se dice que la detención del funcionario de La Guaira se debió, precisamente, a que se estaba quedando con parte de la suma que debía cotizar al “pote aduanero”, la estructura piramidal de coimas mediante la cual, como ha dicho el periodista Manuel Isidro Molina, “directivos nacionales y regionales del Seniat han manejado una montaña de millardos de bolívares”, provenientes de la matraca, la extorsión y otros ilícitos aduaneros y fiscales, que les reporta tal volumen de dinero (al margen del control bancario) que los implicados lo movilizan el efectivo, en bolsas, maletas y cajas de gran tamaño.
Cada funcionario enganchado a la cadena de corrupción (que, desde luego, no son todos, pero sin duda abarca un buen número, sujeto a fuerte presión de sus mandos), desde la base tiene que aportar un porcentaje de su guiso al pote. El dineral se capta no solo por los cobros irregulares de servicios que el Seniat debe prestar gratuitamente, sino por el tejemaneje de las aduanas, que es casi ilimitado. El chanchullo de los contenedores, por ejemplo, se atiene a una tarifa particular y muy escalonada: los precios se fijan según la dimensión de metros cúbicos y/o el valor de la mercancía que traen (o deberían traer); y también dependen del funcionario al frente de la trácala.
Y no faltó quien llorara de nerviosismo. La pesca de sardinas alertó a los peces gordos. De allí que poco después de la captura del chivo expiatorio de La Guaira, se diera la orden en el Seniat de “bajar el perfil”.
–Por lo menos por dos semanas -se dijo en asamblea a la que asistieron numerosos empleados, algunos de los cuales aportaron información para esta nota- no hacer negocios. Van a tener que conformarse con sus sueldos.
Al menos por estos días, hay angustia en el ambiente. Y la consigna es enconcharse. No hacer olas, Pasar lo más desapercibidos posible. Como en todo proceso de corrupción, las evidencias están a la vista, por los muchos rastros y porque no hay manera de esconder la riqueza de muchos funcionarios del Seniat, cuyo tren de vida supera con creces lo que sus ingresos formales podrían cubrir (es una averiguación muy expedita, puesto que bastaría con revisar sus declaraciones al ISLR y compararlas con sus haberes). De allí que en los corrillos se pondera la abundancia de alumnos de Arné Chacón Escamillo, quien administró con tal maña su sueldo y sus cestatickets, que pasó de empleado del Seniat a banquero y propietario de caballos de carrera, entre otros boatos.
Una corredora de inmuebles me explica que la gran cantidad de adquisiciones hechas por funcionarios del Seniat con un pago único y por precios mayores a los de la plaza (algunos llegan con maletines llenos de dinero y superan las ofertas formuladas por otros aspirantes), han afectado al mercado inmobiliario. Empleados que devengan un promedio de Bs 15.000 al mes (en salario integral), compran apartamentos, locales, negocios y carros carísimos “chin chin”.
Milagros Socorro
(Continuará).
