Iniciamos 2015 con dificultades y mucha tensión producto de la escasez de productos de consumo masivo de la más variada naturaleza, a lo cual se suma, obviamente, la caída de los precios del petróleo, nuestra principalísma, por no decir única, fuente de ingresos.

Estamos viendo más de cerca el rostro de la crisis, la realidad nos grita que el rentismo entró en colapso, que necesitamos una reingeniería de nuestra manera de hacer las cosas,  que no es posible continuar corriendo arrugas, que cada minuto que pase sin que se tomen decisiones complica el panorama individual y colectivo. 2014 fue prácticamente desperdiciado en ese sentido. Era el año para actuar, para tomar los correctivos necesarios en la economía, y para forjar un amplio consenso nacional en torno a ellos. No se hizo, ahora estamos pagando las consecuencias de no haber actuado. Pero ello no significa que hay que echarse a llorar sobre el tiempo derramado.

Ahora es cuando es necesario que desde el Ejecutivo no sólo se admita la magnitud de la crisis sino que se convoque a todos los sectores del país,  ya no sólo a un diálogo que no ha debido interrumpirse ni frustrarse, sino a producir entre todos una hoja de ruta para emprender finalmente el camino hacia la real recuperación económica, que no se logra con  frases hechas, con discursos o con actos efectistas sino con el  concurso concreto de los más diversos sectores del país.  Es lo lógico, lo responsable, lo verdaderamente patriótico en este momento.

Apostar a la confrontación, desde el bando que sea, es hacer peso a favor de la profundización de la crisis. Sabemos que es año electoral y que quizás un planteamiento como este tiene poca audiencia. No he visto hasta ahora que en un momento de dificultad tan grave como el tenemos un país salga adelante mediante la profundización de las diferencias, el estímulo de la división y de la intolerancia en cualquiera de sus formas.

El presidente Nicolás Maduro tiene la principal responsabilidad  en dar los pasos para que esa convocatoria se haga realidad y, en caso de concretarse, para que no se quede en un acto para las cámaras de televisión.  En contra de una convocatoria de esta naturaleza solo podrían estar quienes apuesten al colapso, quienes creen que puede haber ganancias políticas de este trance que vivimos.  La oposición política también tiene que dar pasos con propuestas concretas sobre las  medidas que deben adoptarse. Si aspira a gobernar el país no puede ser a partir de la apuesta según la cual “lo bueno que está la cosa es lo malo que se está poniendo”. Ya hemos visto esa política fracasar.

No hay tiempo que perder. Para luego es tarde. Los liderazgos empresariales también tienen que ser llamados a la mesa,  para que asuman los compromisos que apunten a aumentar la producción y a reducir la dependencia de las importaciones, como estrategia a largo plazo, y  a actuar conjuntamente con el Ejecutivo para que se regularice el abastecimiento y desaparezcan las colas y sus causas. Incluso los trabajadores, en sus más diversas expresiones sindicales, tienen tareas que asumir. No es un momento para pequeñeces que entorpezcan un esfuerzo nacional en la dirección de tomar las medidas que reclama la coyuntura, por muy duras que sean.

Estamos en tiempos difíciles y nada indica que esa realidad vaya a cambiar para bien en el corto y en el mediano plazo.  En las colas, en la calle, en sus puestos de trabajo, en sus casas, en las escuelas y universidades hay un país que espera respuestas, que quiere no solo saber la magnitud real del problemón que tenemos en frente sino un plan de vuelo creíble , con un norte claro, y nada menos que un amplio consenso para lograrlo.

21 años

Hace 21 años, el 11 de enero de 1994, falleció nuestro padre Cruz Villegas. Como siempre, recordamos a este hombre luchador que tanto dio por el país y por sus trabajadores.

Vladimir Villegas

Que aumente la producción de optimismo

Que 2014 se vaya en paz y no vuelva

Que los economistas se equivoquen en sus pronósticos negativos

Que el gobierno consiga el home en materia económica

Que vayamos a elecciones parlamentarias en paz

Que escasee la escasez de productos de primera necesidad

Que el desarme se haga realidad

Que se reduzca de verdad verdad la burocracia oficial

Que Obama pueda tomar sol y zambullirse en Varadero

Que Raúl se dé una vueltica por Times Square

Que la inflación retroceda

Que demos los primeros pasos para producir algo más que petróleo

Que no reaparezcan las guarimbas

Que las posiciones extremas se vayan de vacaciones

Que se produzca un milagro y  los Leones clasifiquen

Que se acabe o al menos se reduzca la violencia carcelaria

Que les resuelvan el rollo de divisas a los estudiantes en el exterior

Que se reactive el diálogo nacional, con o sin cámaras de televisión.

Que  Henry Ramos hable otra vez en Palacio y no le toquen la campana.

Que gobierno y empresarios se vean las caras nuevamente en Miraflores. Que Nicolás y  Jorge Roig lleguen a acuerdos mínimos para enfrentar la crisis económica.

Que  se concreten medidas de amnistía, indulto y sobreseimientos a detenidos por razones políticas o conexas

Que la paz llegue definitivamente al Medio Oriente

Que el gobierno y las líneas aéreas se pongan de acuerdo y nos garanticen el derecho a volar en paz

Que se tomen las medidas económicas necesarias, por duras que puedan resultar.

Que no sean tan duras esas medidas.

Que la paz llegue a Colombia

Que el lavaplatos en crema, la harina de maíz, el shampoo, los pañales y otros productos abandonen Cúcuta y regresen a nuestros anaqueles

Que le bajemos dos a la confrontación

Que los precios del petróleo no sigan palo abajo

Que se acaben las colas para comprar

Que la oposición no se deje imponer líneas extremistas

Que el chicungunya, el dengue y sus similares se vayan palca.

Que el Papa Francisco la siga sacando de jonrón.

Que las universidades no sufran por razones presupuestarias

Que el salario alcance

Que el dólar paralelo se baje de esa nube

Que el bolívar fuerte agarre una fuercita

Que se multipliquen los beneficiarios de la Misión Vivienda

Que  el Estado Islámico no siga cortando cabezas

Que la delincuencia deje de matar y, si no es mucho pedir, también de robar.

Que se acabe el retardo procesal

Que sigan los éxitos de nuestros deportistas

Que no haya más apagones

Que Maduro y Obama se reúnan en Caracas, Washington o La Habana, y se normalicen de una vez las relaciones con el norte.

Que el odio, la discriminación y el resentimiento salgan de circulación.

Que los motorizados cedan el paso y le bajen dos al abuso.

Que los conductores  en cuatro ruedas hagamos lo mismo

Que  Freddy Bernal logre depurar los cuerpos policiales

Que  los alcaldes recojan la basura de una buena vez y tengan donde echarla.

Que 2015 no sea tan malo como lo pintan.

Vladimir Villegas
ESTA ES NUESTRA ULTIMA ENTREGA.  HASTA ENERO. FELIZ NAVIDAD Y FELIZ 2015.

Hace 20 años nació Globovisión como un canal de noticias, y ciertamente su existencia ha estado marcada por la polémica. Esta planta, de cuyo equipo hoy formamos parte, desde su nueva etapa, iniciada en mayo de 2013, ha estado siempre en el centro de la polémica, del debate, del contraste de visiones sobre lo que ocurre en Venezuela.

Una vez que se produce el triunfo de Hugo Chávez en 1998, los entonces directivos y propietarios del canal asumieron una postura política de confrontación, y aunque seguía en el esquema de un canal dedicado a la información, la línea  que marcó prácticamente toda su programación, a excepción de algunos espacios, fue la de constituirse en el vocero del “otro” polo de la sociedad. Un canal informativo, pero de oposición, indudablemente radical, con la pretensión además de querer imponerles líneas a partidos y movimientos opositores, como efectivamente ocurrió durante la gestión de Alberto Federico Ravell. En ese radicalismo, por cierto, no se anotaron todos los anclas y reporteros. Algunos de ellos, vale destacarlo, todavía siguen formando parte del canal, y hacen su trabajo con el profesionalismo de siempre.

Globovisión vivió un punto de quiebre en mayo de 2013, con la llegada de sus nuevos propietarios. La nueva línea editorial, de equilibrio, de regreso al periodismo que debe hacerse, no fue del agrado de muchos anclas y periodistas del canal. Quienes se fueron creían y tal vez siguen creyendo que el papel de la planta no es el equilibrio sino la confrontación. Merecen respeto, pero en mi criterio estaban y están equivocados. Su propietario, Raúl Gorrín, y su  presidente, Gustavo Perdomo, recibieron “plomo parejo”, por el pecado de introducir sensibles cambios en la línea editorial. Dosis parecidas recibieron los que se quedaron y  también quienes nos incorporamos a la programación.

El tiempo demostró que no solo no se acabó Globovisión, como algunos de ellos pronosticaron, sino que hoy el canal está cumpliendo el rol de renacer como televisora dedicada a la información y abriéndose camino entre nuevas audiencias. Hoy, a veinte años de su nacimiento, Globovisión es un medio donde se privilegia la diversidad. Diversas voces, diversos temas, como tiene que ser en el periodismo informativo. La política sigue teniendo, por razones obvias, protagonismo en su programación, como también la información internacional. La cobertura deportiva se ha ampliado y enriquecido. Se escuchan las voces más disímiles en el campo de la economía y hay espacio suficiente, además, para los temas sociales, laborales, de espectáculo, salud, tendencias, ecología y ciudad.

Pero es importante destacar que Globovisión no solo dejó de ser un canal para la confrontación, sino que además ha abierto espacio, como nunca en su historia, al diálogo como camino para el logro de consensos y para la superación de los problemas del país. Ha sido aliado del esfuerzo al cual se han sumado distintos sectores del país a favor del desarme, un tema crucial en el cual, ciertamente, falta mucho trecho por recorrer, pero que es ineludible si queremos tener una sociedad más segura y comprometida con la paz y la vida.

Es importante destacar que Globovisión se apoya hoy en las nuevas generaciones del periodismo. Somos una excepción en sus filas quienes venimos ejerciendo la profesión desde el siglo pasado. Estamos entonces ante un canal fundamentalmente joven. ¿Que le falta mucho por recorrer? Nadie lo discute. Pero lo que luce indiscutible, con el respeto debido a las opiniones en contrario, es que el canal cambió. Y cambió para bien.

Vladimir Villegas

En días recientes tuve la oportunidad de entrevistar en mi programa Vladimir a la 1, que se transmite por Globovisión, al ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, una persona a la cual respeto como profesional y como ser humano. Y entre tantas preguntas que era necesario formularle no podía faltar un tema que genera angustia en numerosas familias: la situación de jóvenes que no han sido autorizados por Cencoex para recibir las divisas que les permitan pagar las matrículas en las universidades que los acogieron.

El propio Manuel admitió que el problema no solo existe sino que él personalmente ha procesado varios casos. Simplemente se trata de estudiantes que cursan en carreras reconocidas como prioritarias por el Estado, y que estando ya fuera del país reciben como respuesta que sus casos están “en análisis”, con lo cual no se les niega la autorización para recibir las divisas pero tampoco se les da curso. Es decir, un limbo que los coloca al borde de ser expulsados e incluso de caer prácticamente en situación de indigencia. Más allá de las dificultades por las cuales atraviesa la economía del país, es pertinente preguntarse si no hay maneras de resolver este doloroso asunto, que pone en la picota el sueño de estos jóvenes y sus familias.

No dudo de que seguramente, como se ha dicho, habrá casos de estudiantes que no cumplen con los requisitos, que incumplieron los procedimientos o que sencillamente violaron algunas reglas, pero estos casos no son, ni remotamente, la mayoría, de acuerdo con las informaciones que me llegan.  Hay mucha angustia por el viacrucis que están pasando jóvenes venezolanos que optaron por carreras en el exterior, como en el pasado lo hicieron a través de Fundayacucho algunos profesionales que incluso ocupan y han ocupado altos cargos en el gobierno de Hugo Chávez y en el actual de Nicolás Maduro. Se trata de familias que hicieron un esfuerzo económico, que no están recibiendo una regalía, porque pagan por las divisas que reciben, y lo hacen para que sus hijos coronen el sueño de obtener una profesión, dominar otros idiomas y conocer otras culturas. Son estudiantes, no “raspacupos”, ni dueños de empresas de maletín.

De nada vale el argumento de que son privilegiados o se van a estudiar fuera para quedarse. Lo que hay que hacer es crear las condiciones para que ellos y quienes están aquí sientan que su país valora el esfuerzo que hacen y los acogerá con oportunidades de empleo, vivienda, seguridad social y calidad de vida. Me parece muy bien que se anuncie un programa de becas para enviar al exterior a 50.000 estudiantes. Ojalá pudiéramos enviar más.

Pero mejor empecemos por garantizar que quienes se fueron debidamente autorizados no se queden guindados de la brocha. Si se trata de falta de divisas estoy seguro de que si se hace una revisión exhaustiva habrá mucho gasto innecesario e incluso inconveniente que se pueda suprimir a cambio de devolverles el sosiego y hacer justicia con estos muchachos que no son delincuentes ni vividores, sino jóvenes que luchan por su sueño. ¿O acaso hay que pedirles u obligarlos a que renuncien a su meta, que aunque individual es necesariamente parte de la meta que debe tener el país? ¿Es un delito o un acto antipatriota estudiar fuera del país?

Esos jóvenes y sus familias, que semanas tras semanas se acuestan y se levantan angustiados, merecen un trato digno. Ojalá las autoridades responsables de tomar las decisiones en ese campo, comenzando por el propio presidente Nicolás Maduro, le presten atención al drama que motiva mi columna de hoy.

Alirio Bolívar

Hablar de Alirio Bolívar en pasado es doloroso, porque siempre fue un hombre jovial, alegre, solidario con sus colegas, con una sonrisa amplia y generosa. Uno de los mejores reporteros de la fuente política se ha ido. Con Alirio Bolívar se va un pedazo del periodismo venezolano. Quienes lo conocimos hoy nos sumamos al dolor de su esposa, hijos y demás familiares.

Vladimir Villegas

Hace 25 años se vino abajo el Muro de Berlín, acontecimiento que marcó formalmente el fin del modelo socialista ortodoxo nacido primero en la Unión Soviética y luego extendido a diversas naciones de Europa oriental al término de la Segunda Guerra Mundial. Todo comenzó con la llegada al poder de Mijaíl Gorbachov, padre de la llamada “perestroika” y el “glasnost”, palabras que encarnaban la voluntad de producir transformaciones en la economía y promover una apertura política en una sociedad cerrada, en la cual imperaban el partido y el pensamiento únicos.

Este modelo socialista, derivado de la desviación estalinista, prácticamente se vino abajo por su propio peso, por constituir un experimento que en definitiva se desvió de la idea inicial de construir una sociedad libre, de igualdad de oportunidades, de plena satisfacción de las necesidades humanas individuales y colectivas. George Orwell, escritor británico de pensamiento cercano al trotskismo, describió a la perfección en su libro Rebelión en la granjacómo se reprodujeron los vicios y las aberraciones que supuestamente quedarían atrás con el triunfo de la revolución.

Si bien aún no se ha hecho un inventario total de las luces y las sombras de la experiencia socialista que llegó a su fin en Europa oriental con la caída del Muro de Berlín, los errores y arbitrariedades cometidos por los líderes de los partidos comunistas le hicieron un terrible daño al pensamiento y a la propuesta socialista. Esos líderes, por su dogmatismo, por su intolerancia a cualquier crítica, por tenue que fuera, por su conversión en poderosas castas alejadas de los trabajadores que decían representar, facilitaron el trabajo a los detractores del socialismo. Y lo peor, abrieron el camino para que socialismo y democracia se convirtieran en términos antagónicos, o al menos así lo percibieran millones de personas en el mundo.

La llegada de Gorbachov al poder en la Unión Soviética representó para muchos de quienes militábamos en la Juventud y en el Partido Comunista la posibilidad de que finalmente el llamado “socialismo real” se deslastrara de sus verrugas y pudiera salir airoso de la disputa histórica con el capitalismo y en su lucha contra sus propios vicios. Otros, sobre todo quienes decidieron seguir en su militancia comunista, calificaron a Gorbachov de traidor, tapando el sol con un dedo.

Pero la presión social, el deseo de cambio y una inmensa expectativa de vivir en una sociedad con justicia y libertad, así como las amenazas de los factores que querían frenar la perestroika y el glasnost, se llevaron por delante el proyecto gorbachoviano y abrieron la espita para que en las repúblicas soviéticas y en las otras naciones agrupadas en el Pacto de Varsovia y en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (Came) también se le pusiera punto final al experimento que nació del triunfo de los bolcheviques encabezados por Vladimir Ulianov (Lenin) en octubre de 1917 (noviembre, según el nuevo calendario).

Aunque se vino abajo el Muro de Berlín, y pese a todas las barbaridades que se cometieron en nombre del socialismo, el pensamiento socialista sigue atrapando la atención y la simpatía de millones de personas en el mundo. Pero tiene por delante el reto de deslastrarse definitivamente de la tentación autoritaria, de fusionarse de cuerpo y alma con la idea de una sociedad no solo más justa en lo económico y social, sino también más democrática, de ciudadanos empoderados, conscientes y críticos.

El socialismo hoy tiene que derribar unos cuantos muros; darse la mano con la diversidad y no con el pensamiento único, con la verdadera libertad, con una economía donde tengan espacio la propiedad social y la propiedad privada, donde Estado y mercado jueguen cada uno su papel. Y, sobre todo,  con la idea de un modelo de desarrollo que estimule la productividad y el emprendimiento, y la plena satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de los seres humanos, con el trabajo creador como valor primordial.

Vladimir Villegas

Al diputado Freddy Bernal le han asignado la tarea de encabezar la Comisión Presidencial para la Transformación Policial, y tendrá, junto a los demás integrantes de ese nuevo organismo, la responsabilidad de mostrar resultados concretos, que se traduzcan en mejores cuerpos policiales, depurados de malos funcionarios y malos procedimientos, deslastrados de vicios, corruptelas y desviaciones que durante años han venido carcomiendo la moral de las más diversas policías, municipales, regionales y nacionales. No es ninguna papita pelada la que le han dado al ex alcalde caraqueño.

No hay excusa para que de una vez por todas  no se produzca una profunda y radical depuración policial que ha debido emprenderse hace muchos años, porque ese mal que deteriora  nuestras instituciones destinadas a la seguridad ciudadana es de vieja data. Debe admitirse que la creación de la Universidad  Nacional Experimental de la Seguridad  fue un paso de avance necesario, pero no suficiente. Igualmente la fundación de la Policía Nacional apuntaba en la dirección correcta, solo que hubo fallas en el proceso de selección de sus funcionarios, muchos de ellos procedentes de cuerpos policiales preexistentes ya viciados.

Definitivamente no pueden formar parte de los cuerpos de seguridad individuos con prontuarios criminales, y por eso un requisito fundamental es la revisión exhaustiva del historial de cada uno. Debería existir, no sé si ya existe, un registro único policial para impedir que funcionarios “mala conducta” expulsados de algún organismo ingresen como si nada ha pasado a otras instituciones destinadas a velar por la seguridad de la ciudadanía.

Es importante hacer énfasis en este aspecto porque, aunque la responsabilidad por un delito es absolutamente personal, el Estado, de acuerdo a la Constitución de 1999, tiene la obligación  de  proteger a las personas, tal y como lo señala el artículo 55 de la carta magna. Y cuando se dota de un uniforme, de una placa policial y, lo que es peor, de un arma a un funcionario que no es probo ya caemos en el terreno de responsabilidades compartidas entre quien viole la ley, amparado en su condición de policía, y quien lo admitió en la institución.

La tarea que tienen tanto Bernal como los demás miembros de la Comisión no será para nada sencilla. Van a encontrarse con muros de contención, con complicidades internas, con enemigos ocultos que harán todo lo posible por impedir que se desactiven las mafias policiales. Tendrán que cuidar incluso de sus vidas y las de los suyos. Por eso merecen un voto de confianza, más allá de la posición política de cada quien. Los ciudadanos tienen que ver a esa Comisión como aliados en su aspiración de una sociedad más segura.

Apostar al fracaso de ese nuevo organismo no sirve para nada, salvo para darle un respirito a quienes con sobrada razón ven con ojeriza que se le meta el diente a la corrupción policial. Apoyarlo es darle aliento  además a quienes asumieron y asumen la función policial con verdadera vocación de servicio, y también son víctimas de la corrupción. Por eso tiene sentido lo que dijo el presidente Nicolás Maduro al juramentar el equipo que encabeza Freddy Bernal. “Una revolución policial para tener cuerpos de policía profesionales, bien equipados, adiestrados y armados, integrados con las comunidades…” Pero tiene sentido en la medida de que se conviertan en realidad todos estos enunciados.

Esperemos que esta comisión no sea un aparato burocrático más, y que no se produzcan dualidad de funciones con el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Pero sobre todo que en la práctica reciba el apoyo indispensable para cumplir exitosamente la tarea encomendada. Que escuche a todos los sectores dispuestos a hacer  aportes para sanear y depurar la institución policial. Y sobre todo que exhiba resultados rápidos y contundentes.

 Vladimir Villegas

La designación de la nueva ministra de Interior, Justicia y Paz, la almirante en jefe Carmen Meléndez,  hace propicia la ocasión para que de una buena vez se le meta el diente a lo que ocurre en los cuerpos de seguridad del Estado, y particularmente en el  Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y  Criminalísticas.

Es necesario que un cuerpo policial de esa naturaleza  supere de una buena vez las taras del pasado, profundizadas en el presente, en cuanto a procedimientos policiales reñidos con la Constitución y las leyes de la República, y sea sometido no sólo a una reestructuración de orden burocrático, que se limite al cambio de nombres sin entrar en el fondo del problema. Depurarlo de malos funcionarios y de malos procedimientos, acabar con lo que incluso parlamentarios del propio partido de gobierno han asomado como prácticas absolutamente repudiables, por ejemplo, protección a delincuentes solicitados por la justicia.

Tenemos que vernos en nuestro propio espejo pero también en el de otros países de América Latina y del mundo donde cuerpos policiales actúan a sus anchas e incluso terminan por generarle miedo a quienes tienen la responsabilidad de controlarlos. Si todos estos años se ha venido hablando  y promoviendo la contraloría social, una actividad absolutamente necesaria para la lucha contra la corrupción y el abuso de poder, no veo razones para que en el ámbito policial esto no se ponga en práctica.

La lucha contra la delincuencia tiene que llevarse a cabo al amparo de la ley, sin saltarse a la torera principios esenciales como el respeto a los derechos humanos, a la integridad física de los detenidos, y sobre todo, el respeto a la vida. No hay ni puede haber justificaciones de ninguna naturaleza para las ejecuciones extrajudiciales. No existe pena de muerte en Venezuela ni ninguna autoridad está revestida del poder para aplicarla. Y las instituciones del Estado, como la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo tienen en sus manos la responsabilidad de que las investigaciones en torno a las denuncias sobre actuaciones policiales al margen de la ley y atentatorias contra el derecho a la vida culminen con resultados concretos y creíbles.

Aunque todavía es prematuro sacar conclusiones definitivas con respecto a lo que realmente ocurrió en el procedimiento policial que le costó la vida  a integrantes de colectivos identificados con el chavismo, hay antecedentes de denuncias sobre ejecuciones extra judiciales por parte de funcionarios  que hacen apuntar hacia esa hipótesis. Y ello tiene que ser investigado, sin miramientos. Como también tienen que ser investigados los grupos que, en nombre de cualquier causa detentan armamentos que sólo deben estar en manos de las instituciones policiales y militares, porque de lo contrario no es de descartar que en el futuro sigan ocurriendo casos como el que ocurrió en Quinta Crespo. En una democracia no puede haber cabida ni para el abuso policial ni para grupos armados al margen de la ley, sea cual sea su naturaleza.

No se trata, como muchos piensan, de amarrarle los brazos a los cuerpos policiales. Hay suficientes instrumentos dentro de la ley para que puedan actuar con firmeza frente a una delincuencia cada vez más agresiva y menos tolerante con los ciudadanos inermes. Hacerse los locos con acciones policiales que se parezcan en forma y contenido a la propia actuación de la delincuencia se termina convirtiendo, a la larga, o mejor dicho, a la corta, en cuchillo para la propia garganta de la sociedad.

Lo que tiene que combatirse con decisión es la impunidad, que la delincuencia comience a temerle a la posibilidad de que los delitos sean castigados conforme a la ley, porque de lo contrario seguirán engordando las estadísticas de víctimas del malandraje. Da grima pensar cuántos delincuentes solicitados por robos y asesinatos siguen actuando a sus anchas. Y por supuesto, también tienen que ponerse fin a la asociación entre algunos policías y la delincuencia. Depurar los cuerpos de seguridad, para que puedan ser más efectivos en el cumplimiento de  sus tareas,  sigue siendo una urgencia nacional, al igual que el desarme.

Vladimir Villegas

Nuevamente fuimos testigos de dos movilizaciones en nuestro país. El pasado sábado las calles de la capital fueron el escenario de marchas convocadas tanto por la Mesa de la Unidad Democrática como por los jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela. En ambas, más allá de las consignas y de la temática expuesta por cada uno de los bloques, se coincidió en un objetivo que es y será superior: la búsqueda de la paz.

En el caso de la marcha convocada por los factores opositores, además de ese planteamiento, se dio cabida a expresiones de protesta por la situación económica del país, por la inseguridad y por el desabastecimiento, entre otros temas. Y, como lo hemos destacado al inicio de estas líneas, no faltó el llamado a la paz.  En cuanto a la movilización organizada por los pesuvistas, el rechazo al terrorismo y al paramilitarismo también vino acompañado de un clamor general por la paz. Y, como nota positiva, las jornadas de calle ese día se produjeron sin hechos de violencia.

Ahora bien, no es suficiente defender la paz. Hay que atacar los problemas que la ponen en peligro. El desarme es una medida que va en esa dirección y hay que apoyarlo, apuntalarlo, tanto desde el gobierno como desde la oposición. No es una materia para la politiquería, para hablarles a las cámaras y creer que el trabajo está hecho. Si existe una vocación real por la paz la mejor muestra que la dirigencia tanto oficialista como opositora deben dar es trabajar para que ese plan desarme involucre a todos los sectores. La vida de nuestros jóvenes se pierde en medio de balaceras entre bandas, atracos, discusiones fútiles que desembocan en el uso irracional e irresponsable de armas de fuego. Si oposición y gobierno, luego de varias semanas de debate y tensiones, se pusieron de acuerdo para elegir el Comité de Postulaciones Electorales, ¿cómo no hacerlo para derrotar esas tres ramas de un mismo árbol que son la inseguridad, la muerte y la impunidad?

Sin restarle fuerza al impacto que tienen en la vida de los ciudadanos problemas como la inflación y la escasez de productos de consumo diario y masivo, la inseguridad es la principal amenaza. La delincuencia se ha fortalecido, y lo peor es que ha logrado penetrar, como ocurría en el pasado, la estructura policial, por lo cual es imperativo impulsar una depuración estricta de funcionarios que tienen vasos comunicantes con delitos como secuestro y extorsión, por citar dos de los más repudiables.

El desarme es hoy por hoy, si no la principal, una de las principales tareas que tenemos como sociedad. Tan solo imaginar la cantidad de armas y municiones que están en manos indebidas nos da una muestra de las graves dimensiones del problema. En consecuencia, para promover, defender y predicar la paz no basta marchar. Es positivo pero insuficiente. ¿Podemos hacer algo más que marchar para impedir que sigan creciendo las estadísticas de asesinados y heridos por armas de fuego? ¿Somos capaces de poner de lado diferencias políticas o de otra índole, o estas pesan más que el temor a que sigamos engordando las estadísticas forenses?

Scarano

Me sumo a lo expresado por el gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, en cuanto a los atropellos cometidos en Ramo Verde contra la alcaldesa de San Diego, Rosa de Scarano. Los responsables de estos abusos tienen que ser sancionados. Los reglamentos de las cárceles, sean civiles o militares, no pueden estar por encima de los derechos y garantías consagrados en la Constitución. Exhorto a que se dejen sin efecto sanciones que impidan el contacto de detenidos con sus familiares, sobre todo cuando los privados de libertad presentan serios problemas de salud.

 Servando García Ponce

Aunque un poco tarde, no quiero dejar de expresar mis condolencias a los familiares y compañeros del periodista Servando García Ponce, recientemente fallecido. Paz a sus restos.

Vladimir Villegas

Apenas habían transcurrido pocos días del asesinato del diputado Robert Serra y de María Herrera, cuando se produjo en el edificio Manfredi, ubicado en la avenida Baralt, un acontecimiento aún no aclarado, en el cual resultaron muertos integrantes de un grupo o “colectivo” que, según las informaciones publicadas en diversos medios, se enfrentaron a una comisión del Cicpc.

Desde entonces se han dado a conocer muchas versiones, y la Fiscalía General de la República ordenó una investigación, que tiene que arrojar todas las verdades, por muy complicadas que puedan resultar. Si hubo enfrentamiento o ejecución, si los integrantes de ese grupo eran realmente militantes de un colectivo de trabajo social o se encubrían como tales para cometer fechorías. Si entre ellos había o no funcionarios o ex funcionarios policiales, el tipo de armamentos que portaban, y quién se los suministró. Sólo con responder estas preguntas se habrá arrojado suficiente luz en torno a los hechos.

Lo peor que puede hacerse en torno a una situación como la ocurrida es rodearla de misterio. Que entre la luz de la verdad, que salgan a flote todos los detalles y cada quien que asuma sus responsabilidades. Si se produjo una ejecución extrajudicial no puede quedar impune, y si un grupo de ciudadanos, en nombre de lo que sea, se enfrentan con armas en la mano a una comisión policial que investiga un presunto delito, deben responder por esa clara violación a las leyes.

Pero quiero ir más allá del hecho ocurrido. No se puede asociar a todos los colectivos, ni siquiera a la mayoría de ellos, con actos delictivos. Es una generalización que tiene tras de sí un claro y venenoso contenido político. Conozco a varios de estos colectivos sociales y muchos de sus integrantes vienen de las filas de partidos como el PCV, La Causa R, el PPT, Bandera Roja, e incluso el MVR y el PSUV. Y también conozco a luchadores sociales sin militancia partidista que hacen su trabajo comunitario con total honestidad. Ellos son los primeros interesados en que nadie se disfrace de “colectivo” para robar e incluso matar.

El otro punto es el de las armas. No creo en la acción política violenta. La repudio, la rechazo. Mientras más armas proliferen en manos particulares estaremos más sometidos a la cultura de la muerte. Tenemos que desarmarnos, y el Estado tiene que asumir la primera responsabilidad de velar para detener la libre circulación de armas e incluso explosivos. Si en torno a algún punto se impone esa palabra tantas veces repetida e incluso lamentablemente desgastada como lo es el diálogo, es para alcanzar la meta de una sociedad segura, donde no sea más fácil conseguir una pistola o una bala que un medicamento o un kilo de harina de maíz precocida.

Es hora de actuar con decisión en ese sentido. No puede seguir tomando cuerpo la idea de que hay que estar armados para defenderse, bien sea de la delincuencia o de quienes piensan distinto y seguramente también se arman para oponerse al adversario o al “enemigo”. Es allí donde el Estado, lo repito, debe asumir su papel, con planes de desarme como los que están en proceso, pero también con otras acciones destinadas a lograr que ningún delincuente tenga en sus manos un arma de fuego, y que ningún funcionario policial utilice su condición de tal para “malandrear” en sus tiempos libres o en plena jornada laboral. Ellos no pueden ser más fuertes que el Estado, deben ser sometidos, con apego a la Constitución y las leyes. Y a los ciudadanos decentes, es decir, a la absoluta mayoría de los habitantes del país, darles la garantía y la sensación de que están protegidos del hampa y de que sus vidas sí tienen valor.

Nadie, a excepción de funcionarios del Estado autorizados para ello, debería estar armado. Ni siquiera en nombre de una idea o de una causa. La derrota de la cultura de la muerte pasa, necesariamente, por el desarme.

Vladimir Villegas

El 2 de septiembre de este año tuve por última vez a Robert Serra como invitado a mi programa Vladimir a la 1, que se transmite por Globovisión. Allí, como era su estilo personal, el joven diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela defendió con vehemencia sus ideas, sus posiciones políticas, y por supuesto que las redes reaccionaban a favor o en contra con la misma emocionalidad que él le agregaba a cada una de sus expresiones. Un mes más tarde, era asesinado en su residencia, junto a la joven María Herrera. Ambos fueron víctimas de una violencia y una saña solo reservada a casos en los cuales los sentimientos más bajos se hacen presentes.

Una vez más las redes sociales fueron escenarios de las más disímiles reacciones. Era obvio. Se trataba de un personaje público, un diputado caraqueño que, pese a su juventud, ya se había constituido en una figura referencial del chavismo. Por supuesto que de inmediato la condena a ese doble crimen no se hizo esperar, tampoco las expresiones de rabia y dolor por parte de sus copartidarios y de sus compañeros más cercanos, comenzando por el presidente Nicolás Maduro y la más alta dirigencia del partido de gobierno. Al principio hubo mucha prudencia, y bien vale remitirnos a las primeras declaraciones del ministro Miguel Rodríguez Torres.

Paralelamente, tomaba fuerza la idea de que detrás del asesinato están las manos de factores ligados al paramilitarismo, a grupos de orientación fascistoide, con vinculaciones a sectores opositores. Desde otra acera se pretendía hacer ver que lo ocurrido a Serra y a María Herrera era parte de la situación creada por una delincuencia desbordada, y no un crimen político. También en la red social Twitter todos quienes manifestamos nuestro repudio al doble asesinato fuimos objeto de críticas porque supuestamente nada decimos de los homicidios cometidos por el malandraje. En muchos de esos comentarios se escondía la intención de negarle la importancia y la obvia gravedad que reviste un atentado contra la vida de un parlamentario, cuya representación nace de la voluntad popular.

Cuando es asesinado un diputado o un dirigente partidista, salvo que existan evidencias determinantes en sentido contrario, el móvil político no puede ser descartado. Y menos en una sociedad altamente polarizada como la nuestra, donde pequeños grupos extremos hacen de la violencia una forma de lucha.

Aunque no se tengan elementos que permitan una vinculación directa entre una cosa y la otra, no se pueden tomar como un juego o una “pendejada” las conversaciones reveladas en días recientes en las cuales un joven habla a sus anchas sobre actos terroristas que incluyen el asesinato de dirigentes ligados al chavismo. Y, por supuesto, una de las líneas maestras de la investigación tiene que ir por allí. No hay que ser policía para saberlo. Y así parezcan apresuradas o ligeras, también hay que prestarle atención a lo dicho por Ernesto Samper, ex presidente colombiano, sobre la infiltración del paramilitarismo en Venezuela. Algo debe saber de eso un hombre que milagrosamente se salvó de morir víctima de sicarios. En su cuerpo tiene aún los proyectiles que recibió cuando conversaba en el aeropuerto con el dirigente comunista José Antequera, quien perdió la vida en ese ataque.

En lo personal, no participo de acusaciones directas contra nadie, y menos si no vienen acompañadas de pruebas o elementos serios que den pie para ello. Lo prudente es esperar que avancen las investigaciones, y que finalmente se conozca toda la verdad en torno a estos abominables crímenes.

Pero más allá de lo ocurrido, la violencia se ha instalado entre nosotros. La cultura de la muerte gana espacio, y se manifiesta en diversas presentaciones. El asesinato de Robert y María es una de ellas, y de las más explosivas. Si se tratara de un crimen político eso nos colocaría a las puertas de una seria amenaza, frente a la cual todos, sin excepción, debemos actuar con racionalidad y firmeza. Si la investigación concluye en que se trató de otro móvil, tampoco podríamos respirar aliviados. Tenemos que cuidarnos de la muerte, e impedir que siga ganando batallas.

Vladimir Villegas