Los trabajadores del sector público no pueden quejarse por sus condiciones laborales, y menos en público, es decir ante medios de comunicación, bien sean impresos, radiales, televisivos o digitales. Eso es tan pecaminoso que puede costar el puesto de trabajo y hasta la libertad.

Si no lo creen pregunten en la industria petrolera, en ministerios o en alcaldías y gobernaciones. Y menos si se trata de hablar delante de medios «de la derecha». Solo se vale si se trata de los medios «del Estado», convertidos en seccionales de los partidos que mandan.

Si a algo le tiene alergia y animadversión el gobierno es a la prensa, siempre que no sea Venezolana de Televisión o cualquiera de los llamados medios «públicos» colonizados por el Partido Socialista Unido de Venezuela y ahora también por el no menos clientelar Somos Venezuela.

Y esa alergia hace estragos cuando se siente tremor de que alguna señal de descontento interno en el seno del chavismo de a pie se difunda masivamente.

Ese video que circula en las redes sociales en el cual aparece Jackeline Faría dando órdenes de que saquen a la prensa «de derecha» de una asamblea en la cual un grupo de trabajadores le reclamaban a ella y a la alcaldesa de Libertador., Erika Faría, por atropellos laborales, es la mejor evidencia del pánico que le tienen a la verdad y a que esta se difunda.

Lo mejor del video es cuando la ex ministra del baño de playa en el río Guatire y las colas sabrosas argumenta que como se trata de un sitio de trabajo no puede entrar la prensa, Jejeje. Vaya debilucho argumento. Y cuando el soberano es consultado sobre si quieren o no a la prensa allí presente, pues se escucha un estruendoso sí. Y es allí donde Jackeline vuelve a poner la torta y alega que » esa prensa es de derecha» .

Vladimir Villegas

 
En la práctica ya no tenemos Asamblea Nacional en Venezuela. Sus poderes han sido asumidos por el Tribunal Supremo de Justicia, luego de una rocambolesca decisión que le permitió al gobierno nacional obviar la estricta obligación constitucional de presentar el presupuesto nacional ante el parlamento, instancia de indiscutible representación popular.

Estamos acercándonos al peor de los escenarios, el de la definitiva ruptura institucional, el del cierre de espacios para que de manera democrática podamos zanjar las profundas diferencias que separan a quienes están en el poder de las fuerzas que los cuestionan y aspiran a sucederlos. ¿Cómo puede funcionar una democracia sin un parlamento? ¿Es políticamente correcto justificar incondicionalmente cualquier violación de la Constitución, nacida de las mentes más temerosas de la pérdida del poder y de los privilegios que implican su ejercicio?

Y otra pregunta que surge: ¿es sostenible en el tiempo, sin apelar a la represión mas brutal, selectiva o no, un estado de cosas en el cual se le cierre las puertas del ejercicio pacífico de la política a una fuerza que ha demostrado su condición de mayoría y que intenta ejercer los mecanismos constitucionales para promover la consulta al soberano sobre la pertinencia de que el actual gobierno continúe o no dirigiendo los destinos del país?

A la muerte del “caudillo por la gracia de Dios”, Francisco Franco, los españoles, profundamente divididos por las dolorosas secuelas de la guerra civil, fueron capaces de llegar acuerdos. El Pacto de la Moncloa surgía como posibilidad de reconstruir la nación española sobre la base del reconocimiento del otro. Adolfo Suárez fue figura fundamental para el nacimiento de un nuevo momento de la política ibérica. El dirigente comunista Santiago Carrillo, luego de décadas de lucha clandestina y de exilio, jugó un papel estelar, junto a Manuel Fraga Iribarne, líder franquista. El rey Juan Carlos también dio pasos en la dirección de abrir camino a la democracia. Los comunistas fueron legalizados a cambio de reconocer la monarquía.

Cada quien puso de su parte, cada quien hizo concesiones y todos ganaron, especialmente una ciudadanía que durante décadas vivió bajo el miedo. No hubo pases de factura, no hubo exclusiones. De ahí nació una democracia monárquica, y a la vuelta de los años los socialistas se convertían en primera fuerza política. Un rey y una fuerza de convicciones de izquierda se entendían para bien del Estado español y de la población. También hubo un pacto económico, entre gobierno, empresarios y principales fuerzas sindicales para hacer frente a una inflación que rondaba 25%. Una tontería si la comparamos con la que hace estragos en los bolsillos de los venezolanos.

Aquí no tenemos rey, ni un Adolfo Suárez, un Fraga Iribarne, ni un Santiago Carrillo. Tampoco una Pasionaria, como Dolores Ibárruri, luchadora contra la oscurana franquista. Pero tenemos la urgencia de entendernos y de evitar derramamiento de sangre, violencia, más represión y muerte. El entendimiento, un pacto, ya no de La Moncloa, pero sí de Miraflrores, por ponerle un nombre, es lo que nos puede salvar del barranco hacia el cual nos dirigimos sin freno en medio de una carretera resbaladiza.

Así como ocurrrió en España, habrá gente, mejor dicho, hay gente a la cual no le interesa un acuerdo o un pacto a la venezolana. Pero el interés de esos pocos, por muy poderosos que sean, n  puede ni tiene por qué estar por encima de las necesidades concretas de 30 millones de personas que habitamos en esta tierra de gracia hoy en desgracia. Un pacto por Venezuela puede unir a chavistas y opositores en un nuevo esquema en el cual el pueblo pueda decidir quién es mayoría, y se pueda garantizar que en una nueva situación todos tenemos espacio en el marco de la Constitución y las leyes.

Esta propuesta tiene sus detractores, pero es racional, viable y sobre todo necesaria. Por si fuera poco es la menos costosa. Ya hemos pagado suficiente.

Adiós y mil gracias.

Esta será nuestra última columna publicada en el diario El Nacional. Doy gracias a todo el equipo de este diario por el espacio que me brindaron a lo largo de estos años. Y espero que el éxito les siga acompañando pese a las dificultades que han atravesado en los tiempos presentes. De nuevo mil gracias

Vladimir Villegas

El director de Conatel, William Castillo, ha dicho que la reforma a la Ley de Telecomunicaciones fue redactada por diputados en estado de ebriedad y que esa iniciativa legislativa pudiera ser llamada una “ley etílica”, según él, redactada por operadores particulares de medios con el objeto de privatizar el llamado espectro radioeléctrico.

Vaya manera de despachar un asunto que el amigo Castillo evita analizar desde una perspectiva de mayor profundidad. Ojalá el problema que tenemos en materia del manejo de las concesiones de radio y televisión se resolviera con un medicamento que diera al traste con los efectos del alcohol. El asunto es mucho más grave. Lo que ha buscado resolver esta reforma llevada a cabo por la Asamblea Nacional tiene que ver con otro tipo de borrachera: la del poder. La de asumir el poder como si se tratara de la última botella del mejor licor en manos del más empedernido bebedor.

El gobierno tiene ya una larga mora legal en materia de renovación de concesiones a televisoras y emisoras de radio. La ausencia de respuestas a solicitudes, absolutamente apegadas a las normas vigentes, se ha convertido en una política deliberada, destinada a promover la más absurda y a la vez descarada forma de control sobre medios de comunicación privados. Una espada de Damocles que en cualquier momento puede caer sobre el cuello de algún medio que toque algún callo o se pase de una raya que quienes tienen el poder saben mover a conveniencia. ¿No es así, mi estimado William? O ¿acaso quieres una reforma de la Ley de Telecomunicaciones que consagre lo que ya es un hecho, el estado de debilidad jurídica en el cual se encuentran decenas y quizás cientos de medios audiovisuales sometidos a la larga y angustiosa espera de que tu despacho se desocupe de tantas actividades y tareas “revolucionarias” y se digne a responder a tantas solicitudes apilonadas en tu escritorio?

¿Qué harías tú si fueses diputado opositor y un gobierno de la MUD u otra fuerza manejase de manera arbitraria la asignación de concesiones? ¿Te harías de la vista gorda? ¿Dejarías que el gobierno siguiera manejando este asunto como lo ha venido haciendo el actual, del cual formas parte? En verdad, colega William, ¿te parece justo que algunos medios tengan que esperar un año o más para recibir una respuesta que para unos nunca llega y para otros sale con extraordinaria velocidad? Tú hablas de que existe la intención de privatizar el espectro radioeléctrico. No estaría nunca de acuerdo con eso. Pero tampoco con secuestrarlo y manejarlo como si se tratara de una hacienda personal.

El derecho del ciudadano de estar informado se lesiona cuando el medio a través del cual se informa tiene sobre sí amenazas como las que representa el limbo en el cual se encuentran numerosos medios audiovisuales. Y tú lo sabes muy bien. Y lo sabe el más borracho y el más sobrio de los venezolanos. Te reconozco el derecho de no estar de acuerdo con los contenidos de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones.  Pero ¿por qué no fuiste a la Asamblea Nacional a discutir el tema con los diputados de la Comisión de Medios de Comunicación y Poder Popular? Ah, porque el gobierno desconoce al Parlamento nacido de la voluntad popular. Ese es el problema de fondo.

Hay gente que tiene mala bebida y otros que tienen algo equivalente o peor: mal poder. Y entran en la paradoja de no poder controlar sus ansias de controlarlo todo. Es un caso digno del diván de Jorge Rodríguez. La ausencia de respuesta a los concesionarios que han solicitado, cumpliendo los requisitos de rigor, la renovación de sus permisos para operar es visto por ustedes como una forma de enfrentar a los poderosos, y le dan características de batalla épica. Pero en la práctica lo que quieren es seguir poniendo cortapisas al derecho del ciudadano de estar informado de manera veraz, oportuna y diversa.

Sal a la calle y pregunta. No son cosas mías.

Vladimir Villegas

 
Estoy realmente preocupado. Muy preocupado con las actuaciones de la policía política. Es un tema delicado, peligroso. Arriesgado. Es verdad. Pero no queda más remedio que expresar mi desazón por el uso del Sebin como instrumento de persecución política bajo argumentos francamente deleznables. Muchos son los casos en estos últimos tiempos, y seguramente también en el pasado reciente. Lo cierto es que cada día al gobierno le cuesta mucho hacer ese juego de palabras y decir que no hay presos políticos sino políticos presos.

Hay presos hasta por un dron, como es el caso de Alejandro Puglia, un joven que hasta el mes de enero estaba cursando sus estudios de Finanzas en la Universidad Internacional de la Florida .Y, por cierto, fue uno de los primeros de su promoción. Hoy está en una celda del Sebin, junto a varias decenas de detenidos, según me han informado, entre ellos Carlos Melo, preso político que los amigos del PSUV conocen porque militó con ellos en el MVR. Ignoro si el presidente de la República está al tanto de las condiciones en las que se encuentran muchos detenidos por razones políticas. Lo invitaría a interesarse personalmente por esa situación.

Encima de que, según mi criterio y el de mucha gente, hay muchos detenidos de manera arbitraria, por casos que no resisten el menor análisis jurídico, se les tiene en condiciones deplorables. En la cuarta república había represión, es innegable, pero nadie me echa cuentos. Yo visité presos políticos y en la antigua Disip no se daban esos casos de hacinamiento, de presos haciendo necesidades fisiológicas en latas o papel. Los sacan al baño cada 12 horas. Ojalá la Defensoría del Pueblo pueda constatar esta situación. Y ojalá permitieran que los diputados puedan ingresar y verificar las innumerables denuncias al respecto. Como pude hacerlo yo, en mis tiempos de parlamentario, cuando las víctimas eran muchos de los que hoy gobiernan, entre ellos Nicolás Maduro, a quien vi preso en un tigrito. ¿Lo recuerda, señor presidente?

Volviendo al caso de Alejandro Puglia, ¿ustedes creen que ante instancias internacionales puede ser visto como un caso judicialmente sólido que un joven sea detenido por portar e incluso haber volado, que no creo sea el caso, un dron? ¿O realmente un aparato de esta naturaleza, que se consigue en cualquier tienda del mundo, puede poner en peligro la seguridad del Estado?

Ese es apenas un caso, como he dicho. Pero hay otros. Un año pasó en la policía política Fray Roa, dirigente de una agrupación gremial de licoreros, por haber anunciado un supuesto paro cervecero que no ocurrió. Algunas decisiones se originan por la voluntad de un juez, tal vez con origen en una orden política. Otras dependen del criterio que prive en la policía política, sin importar, como ha venido ocurriendo últimamente, la decisión del Ministerio Público. En concordancia, con el título de este artículo, y con el permiso del siempre recordado Simón Díaz, el Sebin es como ese caballo de la canción: cuando le sueltan las riendas es caballo “desbocao”. ¿Quién le pone control a la arbitrariedad? ¿Sabe el señor presidente de esta situación?

Me cuentan que hay presos con boletas de excarcelación y nada que salen en libertad, entre ellos funcionarios de Polichacao, porque el Sebin no quiere. O alguien más arriba. En el calabozo donde están Melo y Puglia hay, según me cuentan, alrededor de 15 presos con boletas de excarcelación. No los sacan al sol y deben tolerar temperaturas de 30 grados. Los familiares de todos esos detenidos están desesperados. A esa celda la llaman Guantánamo. Allí en el Helicoide, que fue construido por una dictadura. Vaya ironía. Y a los presos por razones políticas se les mete en calabozos con detenidos por robo, secuestro u homicidio.

Otro tema es el de las visitas. Me cuentan que los presos de Polichacao, que tienen boleta de excarcelación, no reciben visita. Si eso es así, imagínense lo que eso significas para un país que tiene una Constitución de vanguardia en materia de derechos humanos y una Defensoría del Pueblo… Es una verdadera desgracia que estas cosas ocurran y que todavía algunos dirigentes del oficialismo hablen de derechos humanos con el retrovisor puesto en los años sesenta y setenta, sin percatarse o haciéndose los suecos frente al aquí y al ahora de lo que ocurre en la Venezuela de 2016.

Vladimir Villegas

Un nuevo intento de diálogo está marchando a pasos lentos y muy tímidos. Es poco o casi nada lo que el gobierno contribuye a que los facilitadores, los ex presidentes Jose Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martin Torrijos, logren avanzar en ese intento que ya lleva largos meses sin concretarse. Viajes van y viajes vienen pero no hay señales realmente claras de que el gobierno piense en algo que no sea ganar tiempo, correr la arruga para que termine 2016 y se aleje el fantasma de un referendo revocatorio que implique destitución del actual Presidente e inmediata convocatoria a elecciones.

La oposición también tiene sus propias dificultades con este asunto del diálogo. Todo aquel que lo promueva se arriesga a ser visto con ojos de sospecha. Y en algunos sectores de la Mesa de la Unidad Democrática ha tomado cuerpo la idea de que dialogar y exigir referendo son acciones totalmente contradictorias. En lo particular no creo que sea así. Una negociación política parece ser la vía pacífica hacia la solución de la grave crisis por la cual atravesamos. No intentar esa negociación puede traducirse en pagar un alto costo en violencia, vidas y mayor deterioro de las ya paupérrimas condiciones de vida de las grandes mayorías.

Toman fuerza en la oposición los factores que ven con desconfianza el último llamado al diálogo del gobierno porque éste se formula en medio de nuevas detenciones de dirigentes políticos, persecuciones, acusaciones no probadas sobre planes violentos y acciones como lo acontecido en el Aeropuerto Santiago Mariño, de Porlamar, al momento de llegar Henrique Capriles en un vuelo comercial, cuando fue sometido a un largo hostigamiento por parte de activistas oficialistas. Aunque haya sido puesto en libertad Gabriel San Miguel, activista de Voluntad Popular, gracias a los buenos oficios de Rodríguez Zapatero, es una señal insuficiente como para que pueda demostrar la buena voluntad del gobierno. Son muchos los detenidos por razones políticas, 130 según Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática.

Lo otro que compromete seriamente la credibilidad del gobierno en materia de diálogo es lo que ocurre en el campo económico. El presidente Nicolás Maduro le encomienda a un equipo de economistas sugerido por Unasur la elaboración de un plan de acción para superar la emergencia económica y, salvo prueba en contrario, se impuso el criterio del español Alfredo Serrano, asesor económico del primer mandatario nacional, y al documento en cuestión se le echó bola negra y se le engavetó, aparentemente sin haber sido sometido a discusión por el gabinete. Si ese es el trato que se le da a una iniciativa avalada por el secretario general de Unasur, el ex presidente Ernesto Samper, por supuesto que surgirán dudas sobre el rol que puedan cumplir los facilitadores, tres ex mandatarios a quienes guardo respeto, y que pudieran cumplir una gran labor siempre y cuando el gobierno, con sus acciones y omisiones los ayude.

Insisto, dialogar no es sinónimo de claudicar. Es una acción inherente a la actividad humana en general y a la política en particular. Creo que vamos camino a un agravamiento de la confrontación. Ya se agota hasta el verbo. Quedan pocas mentadas de madre por decir, y la lista de insultos de otra naturaleza y calibre también se va agotando. ¿Qué va a pasar en Venezuela? No es difícil predecirlo. Nos acercamos cada día a escenarios que tarde o temprano vamos a lamentar. No me queda duda de eso. Abramos entonces la trocha de la negociación política, constitución en mano. Renunciemos a la represión y a la violencia. Hagamos uso adecuado de la reflexión y no dejemos que nos tome por asalto la terquedad de quienes se dicen valientes y en realidad se atrincheran detrás del miedo que los carcome.

PD : este escrito fue hecho antes de que el Presidente de la República me acusara de acompañar un modelo comunicacional fascista. No cambio ni un punto de mi opinión sobre el diálogo, pese a la intemperancia presidencial.

Vladimir Villegas

Las manifestaciones populares del pasado jueves 1° de septiembre se dieron, salvo escaramuzas muy menores y abusos de autoridad para impedir la llegada de manifestantes a Caracas, en medio de un clima de paz y civismo absolutamente acorde con la naturaleza de los venezolanos y con la serenidad necesaria que nos evite el trago amargo de la confrontación violenta.

Hay que saber leer lo que pasó ese día y, más que eso, hay que tener sincera voluntad de leerlo en forma correcta. Vimos dos concentraciones. Una, inmensa, arrolladora, que tomó varias avenidas de la zona metropolitana, incluidos sectores del supuestamente inexpugnable municipio Libertador. Otra, en la avenida Bolívar, sin la fuerza y la contundencia que en el pasado casi que reciente mostraba un chavismo que realmente tenía el control de la calle, un indiscutible respaldo popular que hoy apenas es una sombra, un recuerdo de lo que fue y ya no es.

José Vicente Rangel, tal vez en un acto de autocompasión, se atrevió a minimizar las dimensiones de la Toma de Caracas, creyendo tal vez que de esa manera pudiera insuflar ánimo a una dirigencia seguramente estremecida por las dimensiones de calle que mostró, más que la Mesa de Unidad Democrática, el descontento popular frente a una manera de gobernar que luce agotada, y cuyos resultados han sido precisamente el principal convocante de la protesta. Eso tienen que leerlo, mi estimado José Vicente, tanto el presidente Nicolás Maduro como quienes lo rodean, entre ellos tú, que dada tu experiencia y olfato político, sabes muy bien cuándo un país se ha decido por el cambio. ¿O acaso no es una señal concreta lo ocurrido en Villa Rosa, un sector popular de Nueva Esparta?

Pudiera entenderse, José Vicente, que en medio de la emoción de un discurso, y ante la clara evidencia de que el 1° de septiembre reveló el tamaño del repudio a la actual gestión de gobierno, hayas optado por minimizar, por tapar, como quien tapa el sol con un dedo, el impacto que significa verificar en vivo y en directo la debacle social y política de un movimiento como el que lideró hasta su muerte Hugo Chávez. Lo que no se entendería es que en privado no le adviertas, con la autoridad que tienes en el seno del chavismo, al presidente y al resto del liderazgo pesuvista, sobre las consecuencias de ignorar olímpicamente lo que pasó ese día en la calle.

El 1S supera en importancia y magnitud al 6D, y una fuerza política como el PSUV tiene que admitirlo y asimilarlo para tratar de corregir el rumbo equivocado, con miras a preservar su futuro político. Ciertamente, es risible que digan que el pasado jueves solo salieron a marchar contra el gobierno unas 30.000 personas. Lo grave sería, mi estimado José Vicente, que terminen por creerlo y por hacérselo creer a sus seguidores. Estaríamos ante un terrible caso de disociación, mal que, por cierto, en más de una oportunidad el chavismo se lo atribuyó a la oposición con alguna razón. No se trata de echar números y contar cuadras. Lo evidente no necesita explicación, solo la reacción adecuada.

La relación del gobierno en su conjunto, con ese descontento, más que con la MUD, se sigue dando desde la descalificación, desde la represión, desde la arbitrariedad y otras muy diversas formas de maltrato. ¿Adónde puede llevar semejante actitud? ¿Hasta donde una mayoría de la sociedad, agotada, sedienta de cambio de sus condiciones de vida, puede soportar que, una fuerza hoy minoritaria a todas luces, siga gobernando de espaldas a la realidad y con dudoso apego a la Constitución y a las leyes?

Lo mejor para una fuerza política que ha perdido su conexión con las mayorías es actuar con la vista puesta, más que en la inmediata preservación del poder, en el futuro, en su reingeniería, en una necesaria e impostergable revisión de todos sus errores, y sobre todo en la construcción de un nuevo liderazgo que le permita atravesar exitosamente el accidentado camino que tiene por delante. Puede comenzar a hacerlo ahora, con decisión y espíritu autocrítico, o seguir corriendo la arruga, como se hizo con la postergación de las decisiones económicas que seguramente habrían evitado que el país cayera en el atolladero político y social donde se encuentra. ¿No es así, José Vicente?

Vladimir Villegas

El discurso, por muy elocuente que sea, nunca puede estar por encima de los hechos, nunca puede modificar la realidad. De allí que un esfuerzo discursivo que no viene acompañado de una práctica concreta, o peor aún, que se contradice con lo que realmente se ha hecho, termina siendo contraproducente y llevando a un resultado totalmente opuesto al objetivo de convencer con palabras a quien está molesto por el estado de cosas que le rodea.

Los gobiernos, y en particular el que actualmente lleva las riendas del país, no parecen comprender esto y se empeñan en transformar con palabras la realidad, para presentarla a su gusto, y de esa manera evitar aceptar los errores, los fracasos y los malos resultados de una gestión. Achacar a otros factores, nacionales o internacionales, el agravamiento de la situación concreta de la absoluta mayoría de los venezolanos ha sido la peor de las equivocaciones en las cuales se pueda incurrir. Primero, porque la sociedad está en cuenta de la verdad, y segundo, porque de esa manera se cierra el camino a las rectificaciones necesarias e ineludibles.

Este es el centro del problema, del cortocircuito existente hoy entre la mayoría de los venezolanos y quienes nos gobiernan. Cuando un presidente es capaz de admitir que se va por mal camino y se dispone a tomar las medidas para rectificar y corregir rumbos no hay manera de que la sociedad deje de reconocérselo, aunque no sea en lo inmediato.

Así será el descontento que hasta en los niveles de confianza de importantes ministerios y despachos, incluido el de la Presidencia de la República, hay personas que se atrevieron a dar el paso, dar la cara y firmar en favor  del revocatorio.

¿Por qué en lugar de iniciar una cacería de brujas, una inquisición del siglo XXI, no se preguntan las razones que tuvieron y tienen esos ciudadanos para arriesgar sus puestos de trabajo y optar por manifestar su apoyo a la consulta popular para determinar si el gobierno debe irse o quedarse?

Puedo entender el malestar que debe existir en los altos niveles de gobierno a causa de que personal de confianza haya firmado contra el presidente, o mejor dicho, en favor del derecho constitucional a convocar un referéndum revocatorio. Es válido que así se sientan desde el primer mandatario hasta quien tuvo la nada envidiable tarea de dar un ultimátum a ministros y viceministros para que echen de sus trabajos a los firmantes de esa solicitud. Pero lo que no se puede aceptar es que se siga confundiendo a los servidores públicos con activistas partidistas. Ello es contrario a la Constitución. Los intereses del Estado están por encima de los intereses de un gobierno y de su partido, y los empleados públicos, del nivel que sea, deben tenerlo claro, empezando por el primer empleado público del país.

Esta reacción contra los funcionarios de confianza que firmaron y contra numerosos empleados públicos que no son de confianza y han corrido la misma suerte no es otra cosa que la continuidad de una seguidilla de errores, de la falta no solo de tolerancia sino de voluntad autocrítica. Quizás esos empleados públicos de alto nivel que se manifestaron en pro del referéndum están más cerca de visualizar los malos procedimientos y las consecuencias de las malas decisiones gubernamentales. Ese debería ser el mejor llamado de atención para quienes hoy detentan el poder. Pero lamentablemente se opta por lo más fácil: echarlos y de paso acusarlos de todo lo malo. ¿Creen ustedes, queridos lectores, que después de esa botazón ahora el gobierno sí hará las cosas bien?

Todas estas reflexiones tienen que ver, obviamente, con la movilización del próximo jueves 1° de septiembre. El gobierno debería asumirla como un hecho natural en una democracia y no convertir esta fecha en una presunta amenaza conspirativa. Y, por supuesto, en los lados opositores ni tampoco en los oficialistas debe haber minoritarios fabricadores de pretextos para que nos encontremos ese día con una profecía autocumplida, que haga más dolorosos y cuesta arriba los cambios que el país reclama

Vladinir Villegas

Estas notas van dirigidas al presidente de la República, Nicolás Maduro, con quien no cruzo palabras desde hace ya mucho tiempo. Me alarmó y me sorprendió su enfática declaración en torno a que está dispuesto a dejar como un niño de pecho al presidente Recep Tayyip Erdogan si la oposición en Venezuela intentara acciones violentas destinadas a derrocarlo.

Las palabras del Jefe del Estado tienen como centro la preocupación existente en su gobierno por la convocatoria que ha hecho la oposición de una toma de Caracas para el próximo 1 de septiembre, en demanda de una fecha concreta por parte del Consejo Nacional Electoral para que los ciudadanos partidarios del referendo revocatorio manifiesten su voluntad de que se convoque a esa consulta prevista en la constitución.

No sé, sinceramente, señor presidente, qué sería más grave: si usted habla de emular al mandatario turco sin conocer en detalle lo que viene haciendo en su país luego del golpe de Estado, o si lo hace en pleno conocimiento de la arremetida represiva generalizada e indiscriminada contra militares, políticos de su propio movimiento, dirigentes populares, profesores universitarios, científicos, estudiantes, policías y hasta niños y deportistas. No apoyo golpes de Estado de ningún tipo, pero tampoco respaldo que la revancha luego del regreso al poder sirva de excusa y maniobra para arrasar con lo que es y lo que no es.

¿Sabe usted, señor presidente, que Erdogan ha ordenado dejar en libertad a casi 40.000 presos comunes para abrir espacio a los detenidos por razones políticas? ¿Pudiera esperarnos algo aquí así? ¿Está enterado de que hasta ahora van alrededor de 80.000 empleados públicos despedidos, 9.000 policías expulsados de sus cuerpos, 21.000 profesores suspendidos, 10.000 soldados presos, más de 100 medios de comunicación que sufrieron cierres temporales o definitivos, numerosos jueces y fiscales presos, así como mas de 2.500 funcionarios judiciales botados? Sin ánimos de darle consejos, porque no me los ha pedido, yo en su lugar jamás amenazaría con un comportamiento como el que ha exhibido Erdogan. Ah, tampoco lo invitaría a participar del Arco Minero, con el cual, de paso, tampoco estoy de acuerdo.

La exigencia de una fecha para que se inicie un proceso revisto en la Constitución, como lo es el referendo revocatorio, no puede ser vinculada a una acción golpista. Es simplemente el ejercicio de un derecho, y la tensión en torno al 1 de septiembre se acabaría de dos maneras: una, que el poder electoral fije la fecha sin mas dilaciones que sigan colocando en entredicho su imparcialidad, y otra, que el gobierno deje que se exprese pacíficamente ese importante sector de la población que hace un reclamo en los términos establecidos en la Carta Magna que usted y yo, junto a otros venezolanos contribuimos a redactar.

En los últimos días ha circulado profusamente por las redes un vídeo en el cual el difunto presidente Hugo Chávez aseveraba que el único permiso necesario para manifestar es la Constitución. Lo contrastan con uno en el cual, usted señor Presidente, dice que para manifestar es necesario un permiso. ¿Mintió Chávez cuando dijo lo que dijo? ¿Por qué no permitir que una válvula de escape, como lo es cualquier manifestación, se exprese sin más limitaciones que las señaladas en la Constitución y las leyes? Una democracia se fortalece cuando los sectores críticos tienen pleno derecho de expresarse y movilizarse. Estoy plenamente seguro de que la inmensa mayoría no quiere ni golpes ni violencia. Y que los que anden en esa tónica van a ser aislados y cuestionados por esa mayoría.

Venezuela no es Turquía, y la actuación del gobierno tiene que estar inspirada en la Carta Magna y no en lo que haga un presidente que responde con un golpe de Estado al golpe que intentaron darle. Presidente Maduro, ni referendo es golpe ni usted es Erdogan. Ah, y tampoco somos turcos.

Vladimir Villegas

Aquellos tiempos constituyentes auguraban un mejor destino para Venezuela. Eso creímos millones de venezolanos que éramos testigos y protagonistas de un acontecimiento inédito en la sociedad venezolana: un proyecto de constitución nacido del debate, de la consulta popular más amplia que se haya visto en nuestra sociedad.

Ese 1999  fue de movilización, de discusión, de ideas renovadoras, de conectar el deseo de cambio con una propuesta que tomó forma y que fue llevada a la Asamblea Nacional Constituyente, instalada el de agosto de ese año, y de la cual formamos parte  un grupo de venezolanos, mayoritariamente electos en la fórmula respaldada por Hugo Chávez,  pero que pese a esa circunstancia dimos un debate sin cortapisas, y en muchas oportunidades grandes polémicas tenían como protagonistas a constituyentes de nuestra propia bancada.

Por supuesto que puede haber críticas por errores que cometimos en la discusión y que han quedado en evidencia a lo largo de estos años. Hay gente que está en su derecho de detestar la Carta Magna nacida de ese proceso, que votó  en contra de ella y que seguramente hizo fiesta el 11 de abril de 2002 porque no solamente salía Hugo Chávez del poder sino que quedaba derogada de facto la «bicha», como el desparecido mandatario la llegó a bautizar en algún momento. Allá cada quien con su punto de vista sobre el ordenamiento constitucional  que nos dimos los venezolanos en referendo realizado el 15  de diciembre de ese 1999, en medio por cierto de aquella dura tragedia que arrasó con el Estado Vargas.

El punto sobre  el cual quiero afincarme hoy es en torno a si podemos decir que quienes tienen el poder en sus manos han actuado apegados a la Constitución o al margen de ella. Y para sacar conclusiones al respecto nada mejor que hacernos algunas preguntas que ojalá quienes estuvieron reunidos en días pasados con el presidente Nicolás Maduro, y que formaron parte de la Asamblea Constituyente de 1999, pudieran formularse y responder con el corazón en la mano, aunque sea en la más estricta soledad.

Por ejemplo, ¿vivimos en un Estado de Derecho  y de Justicia, como lo proclama el texto nacido del proceso constituyente?

¿Tenemos poderes públicos que actúan con real independencia del Ejecutivo y sin sujeción a líneas político-partidistas?

¿Hemos promovido un modelo económico en los términos plasmados en la Carta Magna?

¿El Estado ha promovido una política de verdadero compromiso de respeto y promoción de los derechos humanos?

¿Se respetan rigurosamente los derechos humanos en nuestro país? ¿ Desaparecieron la tortura, las incomunicaciones de detenidos por razones políticas, las ejecuciones extrajudiciales, los juicios amañados?

¿El Estado le brinda a los procesados y condenados un trato que no sea  cruel,  indigno y degradante de la condición humana?

¿El Estado garantiza hoy el derecho a la vida de los ciudadanos? ¿Está cumpliendo con su responsabilidad de garantizar una educación de calidad  y de velar adecuadamente por el derecho a la alimentación de sus ciudadanos, sobre todo de los más pobres?

¿El Estado cumple con el mandato constitucional de velar por la conservación del medio ambiente, de cuidar de los bosques, de las fuentes de agua y de respetar los derechos de los pueblos y comunidades  indígenas?

¿Se respeta el derecho a la participación sin discriminaciones por razones de orientación política?

En días recientes publiqué un comentario en mi cuenta de Twitter a propósito de esa reunión de constituyentes con el Presidente de la República. Allí decía que ojalá quienes somos firmantes de la Carta Magna tuviéramos la oportunidad de reunirnos y de pasarle revista al texto que aprobamos y sometimos a referendo popular, y hacer un debate franco sobre la actual realidad nacional y sobre las respuestas que la absoluta mayoría del país da a esas preguntas que dejo en este texto para la reflexión.

La Constitución de 1999 no es la responsable del actual estado de cosas en el país. Es, sin duda alguna,  víctima. De quienes  la derogaron el 11 de abril de 2002. Cómo ignorarlo. Pero también , cómo negarlo o callarlo, de quienes han debido velar por ella y no lo hicieron,  y que por el contrario la han utilizado de manera oportunista para imponer un modelo que en nada se parece a su espíritu y a su contenido. La Carta Magna de 1999, con sus virtudes y sus defectos, es un proyecto de país que aún está por realizarse.

Vladimir Villegas

Cuando uno conversa con diplomáticos acreditados en nuestro país o con corresponsales de la prensa extranjera que cubren el diario acontecer venezolano, todos coinciden en que por estos lares donde vivimos y padecemos no hay tiempo para el aburrimiento. Tenía razón en parte el desaparecido dirigente sindical adeco Manuel Peñalver cuando dijo aquella famosa frase: «No somos suizos», para argumentar que aquí no había lugar para elecciones de alcaldes o gobernadores.

No tenía razón en eso de que no estábamos para elegir alcaldes y gobernadores. Pero sí en cuanto a que no somos oriundos de Suiza, una nación donde muy pocos conocen el nombre del presidente, donde no hay conflictividad política, no hay concentración del poder ni abuso con el poder. Un país donde prácticamente no pasa nada, todo funciona aparentemente a las mil maravillas. Algo muy aburrido para quienes ya estamos habituados a incursionar en la web decenas de veces al día para saber qué hay de nuevo, cuál es la noticia que sustituye a la que acapara la atención de una ciudadanía sometida a sobredosis de estrés informativo.

Una de esas últimas noticias que lleva el sello del escándalo es la resolución  del Ministerio del Trabajo, despacho que ahora tiene un nombre largo, cursi e inmemorizable, según la cual el gobierno puede disponer de los trabajadores que hacen vida en una empresa pública o privada para que en un lapso de sesenta días pasen a otras labores, fundamentalmente en el área productiva.

Desde el punto de vista sindical surgen muchas inquietudes con respecto a la estabilidad en el trabajo, a los riesgos en materia de  higiene y seguridad industrial, porque según esa resolución, salvo prueba en contrario que aún no aparece, trabajadores no familiarizados con el ámbito de la producción industrial o agrícola, vinculados a labores administrativas o comerciales, pudieran terminar manejando un tractor, un machete o una planta de producción de salsa de tomate, por poner ejemplos que pueden parecer insólitos.

También inquieta que un trabajador pueda ser obligado a abandonar su sitio de trabajo para ser trasladado a otra empresa, con otro patrono, otras condiciones laborales e incluso otro horario. Por mucho que insistan en el carácter voluntario de ese cambio, el miedo es libre, sobre todo cuando es harto conocido que empleados públicos son obligados a marchar o a ir otras actividades proselitistas.

¿Por qué empeñarse en este tipo de prácticas unilaterales, inconsultas y de dudosa eficiencia y eficacia en lugar de promover un diálogo constructivo, democrático, con todas las expresiones sindicales y empresariales con miras a encontrar alternativas nacidas del amplio consenso y dentro del marco del respeto a los derechos de los asalariados y de los empleadores?  ¿A quién se le ocurrió esta idea? ¿Al español que se ha convertido en el gurú económico del Palacio?

Todos estos «maravillosos» inventos nacen de la falta de decisión de dar un giro radical a una política económica que está llevando a la ruina al país. Dudo mucho que esa iniciativa de trasladar mano de obra arbitrariamente a áreas de producción no naciera de las recomendaciones del grupo de economistas promovido por Unasur.

No le arriendo ganancia a esa resolución, que pareciera promover un insólito bachaqueo con la mano de obra. Solo derivará, no tengo duda, en un mayor descontento frente al gobierno. Me pregunto qué hubieran hecho en sus tiempos de dirigentes sindicales opositores tanto el actual ministro del Trabajo, mi buen amigo Oswaldo Vera, y sus compañeros de la muy oficialista Central Bolivariana y Socialista de Trabajadores frente a una resolución como esa. ¿A quién se le ocurrió esa idea? ¿Estará ya enrolado sembrando papas o alimentando pollos, gallinas y cerdos?

Vladimir Villegas