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Solidaridad con Venezuela

Posted on: mayo 31st, 2017 by Laura Espinoza No Comments

 
La grave situación política, económica y social por la que atraviesa el país constituye uno de los mayores retos para el continente americano

Policía antidisturbios durante una manifestación en Caracas. JUAN BARRETO AFP

 

 
La grave situación política, económica y social por la que atraviesa Venezuela constituye uno de los mayores retos para el continente americano. El deterioro paulatino se ha venido reflejando en crecientes niveles de hambre, desnutrición, desabasto y desatención médica, pobreza, violencia, desempleo y una cada vez mayor descomposición política, económica y social.

 

 

 

La presencia hoy de numerosos cancilleres del continente en la 29ª reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA refleja la importancia que la región le da al tema, además de permitirnos dialogar de manera objetiva, responsable y solidaria sobre un tema urgente, de interés para toda la región y que requiere atención inmediata. Los miembros de la OEA compartimos valores, principios y obligaciones cuyos elementos esenciales son el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación de poderes.

 

 

 

Por lo anterior, México ha actuado por la vía diplomática en conjunto con otros países para alentar a los venezolanos a que encuentren una solución pacífica, democrática e institucional. En el seno de nuestra organización, México ha buscado impulsar la negociación, siempre en un marco de respeto, solidaridad y, sobre todo, de amistad fraternal con el pueblo venezolano. México está convencido de que la construcción de una solución negociada debe provenir de los propios venezolanos. Pero también considera que, hoy, nuestra región tiene la obligación de atender la difícil situación en ese país hermano y emprender nuevas gestiones diplomáticas para lograr la normalización de la institucionalidad democrática, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana.

 

 

 

México, defensor invariable del principio de no intervención, sostiene que este no puede, ni debe, ser invocado para justificar alteraciones al orden democrático en el hemisferio, y menos aún para eludir responsabilidades en materia de derechos humanos o de respeto al Estado de derecho.

 

 

 

La aguda polarización que hemos observado en los últimos dos meses, aunada al recrudecimiento de la violencia, que ha dejado un creciente número de muertos y cientos de heridos, nos obliga a actuar con urgencia.

 

 

 

Nos preocupa, además, la falta de garantías para ejercer el derecho a manifestarse y el alto número de detenciones arbitrarias, incluyendo el creciente número de venezolanos juzgados en tribunales militares. Esta situación, contraria a los principios constitucionales en Venezuela, así como a los instrumentos internacionales pertinentes, ha sido denunciada por la CIDH e incluso por la fiscal general venezolana.

 

 

 

También nos preocupa la falta de alimentos y medicinas que afectan drásticamente al pueblo venezolano, en especial, a los grupos más vulnerables. Nos preocupa el retraso injustificado de elecciones, que se desoigan las decisiones de la Asamblea Nacional o las restricciones arbitrarias contra actores políticos, a quienes se les encarcela, inhabilita o restringe el derecho a salir del país. Convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución, en los términos planteados por el Gobierno, profundiza el clima de desconfianza y la crisis política.

 

 

 

Todas las naciones enfrentan problemas y retos. México no es la excepción. Pero ante los problemas de pobreza, desigualdad y violencia, nuestro país se abre al mundo para enfrentarlos y superarlos, entendiendo siempre al escrutinio internacional como un poderoso instrumento de cambio.

 

 

 

Por ello, creemos que ni la negación de los problemas, ni el aislamiento o la autoexclusión de la OEA ayudarán a Venezuela a encontrar soluciones a la situación actual. Los propios venezolanos han identificado los elementos fundamentales que deben ser considerados para alcanzar una solución negociada. Debemos actuar sobre estas líneas, apostando por la apertura y no por el aislamiento de un país hermano.

 

 

 

La reunión de la OEA tiene como objetivo considerar la situación en Venezuela y así identificar los mecanismos por medio de los cuales podamos apoyar el acercamiento entre el gobierno y la oposición venezolana. México está listo para tender puentes y ofrece su colaboración respetuosa y solidaria a Venezuela y a los venezolanos.

 

 

 

Luis Videgaray Caso es secretario de Relaciones Exteriores de México.

El País

 

Una Constituyente sin legitimidad

Posted on: mayo 26th, 2017 by Laura Espinoza No Comments

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no puede convocar directamente una Asamblea Constituyente democrática sin consultar al pueblo y ello deberíaser denunciado por quienes se mantienen leales a la memoria de Chávez

 

 
La Gaceta Oficial del 1º de mayo de 2017 pasará a la historia negra de la política latinoamericana. En sus 16 páginas, el presidente Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y creó una comisión presidencial con el objeto de elaborar “una propuesta de bases comiciales y sectoriales” para la conformación y funcionamiento de la citada asamblea.

 

 
Es por todos conocida la profunda crisis social, económica y, por ende, política que atraviesa Venezuela. Tras el fallecimiento de Hugo Chávez Frías, quien fue nombrado como su sucesor, Nicolás Maduro, ganó las elecciones del 14 de abril de 2013. Inició con esa presidencia un régimen poschavista que ha demostrado tener poco o nada que ver con el proceso de cambio iniciado en diciembre de 1998, cuando la partidocracia sucumbió ante los empujes populares que clamaban por un cambio del sistema político desde las raíces. En cuatro años el régimen de Nicolás Maduro ha socavado los cimientos populares que sustentaban con fuerza el proceso de cambio, ha violado los derechos humanos y ha sumergido al país en una ola de represión y de dificultades. Mientras, la corrupción ha campado a sus anchas. Una nueva aristocracia petrolera se ha conformado bajo el paraguas de la renta del crudo, el clientelismo, las comisiones por el manejo del mercado interior y la especulación de divisas en un ineficiente mercado cambiario controlado por el Gobierno.

 

 

 

El madurismo, consciente de la erosión de legitimidad que no pudo suplir con palabras vacías, alusiones permanentes e imágenes repetidas del fallecido presidente Chávez, ha evitado en los últimos años cualquier confrontación democrática en las urnas. Dificultó la convocatoria del referéndum revocatorio presidencial previsto en la Constitución (artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, CRBV), persiguió a cuanto movimiento, interno o externo, se le oponía y postergó sine die las elecciones a gobernadores y parlamentos de los Estados, incumpliendo la Constitución de 1999 y actuando con pretensiones autoritarias. El intento en abril de 2017 del Tribunal Supremo de finiquitar las competencias legislativas de la Asamblea Nacional, mayoritariamente opositora, radicalizó el conflicto y desnudó las verdaderas intenciones del madurismo.

 

 

 

La última sorpresa ha sido la convocatoria a una Asamblea Constituyente que Maduro realizó el pasado 1 de mayo y que se tradujo en el citado decreto, norma que requiere ser analizada desde dos puntos de vista: el de su oportunidad y el de su constitucionalidad.

 

 

 

La propuesta del Gobierno arrasa con los avances de la Constitución de 1999

 

 
Desde el punto de vista de la oportunidad, el decreto está dividiendo aún más a un país al borde de un definitivo conflicto violento. Se trata de una huida hacia adelante que fácilmente puede ser leída como un intento de mantener el poder a toda costa, a pesar de la imparable pérdida de popularidad y legitimidad. La propuesta del Gobierno significa arrasar con los avances democráticos de la Constitución de 1999 y redactar un texto constitucional que responda a los intereses de quienes ahora gobiernan y quieren seguir haciéndolo. El decreto no prevé un referéndum de activación del poder constituyente, como el que convocó Hugo Chávez en 1999; se plantea la elección de constituyentes representantes de los sectores sociales de incierta procedencia y elección. Pero el asunto más grave es que se trata de una convocatoria acomodada a los intereses del Gobierno y que desecha la idea de integrar a todos los sectores sociales, incluidos aquellos que se posicionan contra el madurismo. Por tanto, no se podría hablar de una Asamblea Constituyente democrática.

 

 

 

Quienes crean que los sectores que confrontan al actual Gobierno venezolano son exclusivamente la oposición golpista, aquella que siempre se ha posicionado contra el proceso de cambio, están totalmente equivocados. Por supuesto, también existen poderosos sectores de oposición no democrática. Pero en la actualidad buena parte de los sectores contrarios al Gobierno están formados por personas que participaron a favor del chavismo y que entienden que el madurismo ha traicionado los fundamentos democráticos del proceso iniciado en 1998. Estos sectores no se han movido de la posición ideológica que mantuvieron durante los últimos años y han reclamado en innumerables ocasiones una rectificación por parte del Gobierno. Rectificación que nunca ha llegado.

 

 

 

Desde el prisma de la constitucionalidad, el decreto es inconstitucional. Una lectura del artículo 347 de la CRBV (“El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente…”) y del artículo 348 CRBV (“La iniciativa a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros…”) solo puede tener una lectura democrática: la Constitución diferencia entre la decisión de convocar la Asamblea Constituyente y la iniciativa para tomar tal decisión. La iniciativa corresponde al presidente de la República, entre otros órganos; pero la decisión compete en exclusiva al pueblo. Por tanto, es requisito necesario el referéndum constituyente. En definitiva, Maduro tiene competencia para preguntarle al pueblo si quiere activar un nuevo proceso constituyente, pero no para convocarlo.

 

 

 

Se equivocan quienes creen que frente al madurismo solo está la oposición golpista

 

 

 
Consiguientemente, tanto desde la perspectiva de la oportunidad como desde un análisis jurídico, el presidente Maduro no puede convocar legítima y directamente una Asamblea Constituyente democrática. De consolidarse el decreto del 1º de mayo, el resultado sería una farsa que tristemente confirmaría la tendencia autoritaria del Gobierno.

 

 

 

Es por ello por lo que la convocatoria de una Asamblea Constituyente por parte del presidente Maduro, si se produce sin consultar al pueblo, sería un nuevo atentado a la voluntad democrática del mismo. Corresponde por tanto denunciarlo, en particular por quienes, fieles a la memoria del presidente Chávez, no pueden permitir que se acabe con el último vestigio del modelo impulsado por el creador de lo que se ha dado en llamar chavismo: la Constitución que Hugo Chávez Frías impulsó y que, bajo su Gobierno, permitió generar en Venezuela un modelo democrático y unas políticas públicas que, por primera vez en décadas, mejoraron el nivel de vida de las clases desfavorecidas y generaron un sistema de atención médica, educativa y social como escasas veces se ha dado en Latinoamérica.

 

 

 

Los argumentos anteriores no pueden descartar que en un futuro no deba pensarse en un nuevo proceso constituyente que mejore y actualice la Constitución de 1999. Pero este proceso debería ser democrático, fruto del principio una persona, un voto, impulsado desde la ciudadanía, producto de un auténtico diálogo social donde se incluya a los sectores opositores, y que huya de la violencia y la confrontación.

 

 

El Paìs

Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau son profesores de Derecho Constitucional de la Universitat de València y fueron asesores del proceso constituyente venezolano de 1999.

Las otras ‘misses’ de Venezuela

Posted on: agosto 14th, 2015 by Laura Espinoza No Comments

Las mujeres han despertado la atención de la opinión pública internacional sobre la falta de libertades que viven sus maridos y su país

Ya había estado en Venezuela hacía bastantes años, pero de mochilero, recorriendo el país a ras de suelo. Con esa perspectiva que te da el viajar con lo justo y la necesidad y oportunidad de convivir con quienes de un sitio a otro te van acogiendo. Qué gran país, de norte a sur, de este a oeste. Sin embargo, cuando hace unas semanas se gestó la Delegación de Senadores del Intergrupo de Derechos Humanos del Senado de España de la que he formado parte, fuimos invitados por la Mesa de la Unidad Venezolana, que engloba a un amplio espectro de partidos, incluidos de izquierdas y centro izquierda —aunque por aquí no se sepa mucho sobre esto—, para comprobar con nuestros propios ojos la situación que vive el país. No me imaginaba lo que me iba a encontrar esta vez.

 

 

Allí fuimos Dionisio García, del Partido Popular; Iñaki Anasagasti, del PNV; Josep Maldonado, de CIU; y yo mismo, del PSOE, llegando a Caracas el 22 de julio. El viernes se unió el parlamentario uruguayo Pablo Mieres, del Partido Independiente.

 

 

Puedo asegurar que durante esos poco más de dos días no existieron las siglas partidistas porque todos estábamos en la misma trinchera política: la defensa de la democracia, los derechos humanos y la libertad. Para empezar, por la libertad de los 75 presos políticos que actualmente sufren la privación de libertad en Venezuela en procesos absolutamente arbitrarios, tal y como establecen las propias Naciones Unidas o Amnistia Internacional. En pos de este objetivo, intentamos visitar al dirigente opositor Leopoldo López, preso en la cárcel militar de Ramo Verde desde febrero del año pasado, y al exalcalde Daniel Ceballos, preso desde hace más de un año, pero las autoridades venezolanas nos lo impidieron, no dieron nunca respuesta a nuestras formales y respetuosas solicitudes.

 

 

Suscribimos, sin embargo, la llamada Declaración de Caracas en la que acordamos constituir la figura Parlamentarios del mundo por la Democracia en Venezuela para trabajar, desde este preciso momento, en el futuro próximo por la democracia en el país. Durante esas poco más de 48 horas, la palabra que se me venía una y otra vez a la cabeza era esa que nos ha perseguido a todos los españoles en los últimos años: crisis. Pero una crisis que allí se palpa desde el aire hasta el tuétano, que se puede cortar con un cuchillo, porque además de afectar muy severamente a los bolsillos y a la nevera de los venezolanos, es una crisis política, social, económica, e incluso moral.

 

 

¿Cómo es posible que el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo tenga las mismas cifras de pobreza hoy que cuando Hugo Chávez llegó al Gobierno?

 
Vimos las colas para adquirir bienes básicos debido a la escasez de alimentos y medicinas, un alto coste de la vida que alcanza el 74% de inflación y que hay quien sitúa en el 200% al finalizar este año. Vimos cómo un profesor universitario cobra 30 euros al mes y me surgía la pregunta: ¿y cómo es posible que el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo tenga las mismas cifras de pobreza hoy que cuando Hugo Chávez llegó al Gobierno?

 

 

Vimos la inseguridad que hace que cada 20 minutos sea asesinado un venezolano, con una tasa de homicidios de 62 por cada 100.000 habitantes – 82 por cada 100.000 según algunas organizaciones-. Cómo el Estado de Derecho no existe o es tremendamente débil en muchos lugares, unido al temor de ciudadanos de a pie a ser delatados por una parte de la población por el simple hecho de opinar. O la alarmante amenaza a la libertad informativa, pues el año pasado dejaron de circular 12 periódicos por falta de papel y contra 21 directivos de medios de comunicación se dictaron medidas prohibiéndoles salir del país.

 

 

Le vimos, en definitiva, la auténtica cara a un sistema cada vez menos democrático, donde la línea divisoria entre poderes se desdibuja alarmantemente, con una deriva clara hacia el autoritarismo y que, además, es decadente, incapaz y corrupto, habiendo fracasado en lo económico y en lo social. Una práctica de Gobierno que ha provocado la ruptura de la convivencia y una división social insostenible. Sin ir más lejos, hace unos días International Crisis Group (ICG), organización especializada en prevenir conflictos, publicó un informe en el que señalaba que “a la gran mayoría de los venezolanos les resulta hoy imposible obtener suficientes alimentos o garantizar su salud”. Se le une una grave “erosión” de la democracia, la bajada del precio del petróleo, la recesión, una elevada inflación y un fuerte endeudamiento con acuciantes compromisos de pago.

 

 

Con unas elecciones en diciembre repletas de incertidumbres respecto a su limpieza y ante las que observamos con preocupación la necesidad del envío de una misión de observación cualificada de la UE, vamos a presentar una iniciativa conjunta en el Senado para pedir a la UE esta misión.

 

 

Y un presidente, el señor Maduro, que se comporta como el jefe de un bando y no como el presidente de todos los venezolanos y las venezolanas con palabras gruesas que no merecen mayor comentario hacia nuestra visita. Nos las podía haber dicho en persona, ya que solicitamos desde el principio entrevistarnos con estamentos del Gobierno e incluso con el propio presidente de la Asamblea Nacional. Desde la humildad del que sabe que viene de fuera, con el máximo respeto hacia las instituciones venezolanas pero con la firmeza de los demócratas por delante de nuestras siglas y visiones, queríamos hablar con todo el mundo. No pudo ser.

 

 

Presentaremos una iniciativa conjunta en el Senado para pedir a la UE una misión de observación en las próximas elecciones del pais
En medio de este panorama sobresalen los ciudadanos de a pie. Los venezolanos son gente abierta y orgullosa pero, sobre todo, sobresalen con una fuerza y una capacidad de lucha descomunal las mujeres; las esposas y las madres de los presos políticos, de las víctimas convertidas, ahora, en la adversidad, en auténticas líderes y activistas en pro de la libertad de sus maridos e hijos encarcelados, y que es también la libertad de todo el país.

 

 

Cuando uno piensa en las mujeres de Venezuela piensa en misses que ganan una y otra vez concursos de belleza, pero yo en estos dos días me he encontrado otras virtudes más importantes: las toneladas de dignidad, la lucha por los Derechos Humanos y la defensa de la Democracia. Lo he encontrado en la esposa del alcalde mayor de Caracas Antonio Ledezma, Mitzi Capriles, con quien sí pudimos entrevistarnos en su arresto domiciliario; y en la esposa del dirigente opositor Leopoldo López, Lilian Tintori, entre otras. En todas ellas, he encontrado una fuerza sin fronteras para luchar por sus seres queridos, por su país.

 

 

Porque son las mujeres de Venezuela las que han despertado la atención de la opinión pública internacional sobre la situación que viven sus maridos y su país. Son las mujeres de Venezuela las que no se arrugan ante las presiones y las amenazas que atenazan a muchos ciudadanos por la defensa de los Derechos Humanos. Y son las mujeres, las otras misses de Venezuela, las que estoy seguro, pronto van a protagonizar en la pasarela de la dignidad y el coraje, la llegada de la libertad, de la democracia y de la prosperidad en su tierra.

 

 

Nunca será lo mismo, pero me gustaría volver allí algún día y encontrarme con algunas de las sensaciones parecidas a las que sentí cuando fui de mochilero y descubrí un país y unos ciudadanos que apostaban por un futuro próspero en un horizonte de libertad.

 

 

Ander Gil es senador (PSOE) electo por la provincia de Burgos y portavoz de Asuntos Iberoamericanos.

 

 

Tribuna en el País

Ander Gil

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