El Fondo Monetario Internacional estima en 25% la caída del PIB de Venezuela este 2020. Lo cual significa una reducción acumulada del tamaño de nuestra economía, desde 2013 hasta la fecha, cercana a 90%. Dicho en cifras, de US$438 millardos, cuando asumió el poder el Golem gobernante, nos hemos encogido a US$ 48 millardos. Si nos comparásemos con un país semejante al nuestro en población y territorio, por ejemplo Perú, históricamente de un nivel de vida bastante bajo, nuestro PIB per cápita es apenas 28% del que exhiben nuestros hermanos del altiplano.

Difícil encontrar hueso sano. Las reservas internacionales, de US$ 15.6 millardos en 2014, se han contraído a US$6.5 millardos. El Estado es insolvente, el déficit fiscal estructural lo resuelve el Banco Central con emisiones fantasmagóricas, un eficaz fuelle para la hiperinflación que, irreductible desde hace 36 meses, cierra en 6.500% este año. El atraso del régimen en honrar el servicio de la deuda externa de US$ 150 millardos, es perseverante. Sin acceso al auxilio del FMI, parece iluso esperar socorro financiero de los aliados Rusia y China.

Del sector privado de la economía sobrevive un tercio. El desempleo, que supera 55%, se expande, y la forma de sobrevivencia es una economía informal caracterizada por la buhonería, el mercado negro y actividades ilícitas, algunas ligadas al abuso de poder.

Mientras agoniza el signo monetario nacional, el régimen se rinde complaciente ante una dolarización improvisada, gestada en la esfera privada, que desarticula las transacciones de la actividad económica, mientras la banca, sin intermediación financiera, es reducida a ser custodia de depósitos.

Se miniaturizó la economía privada, pero no para ser reemplazada por el poderoso petro estado que soñaba el patriarca de esta desgracia, porque las empresas públicas han sido devastadas. La única promesa económica viable al alcance del régimen para el 2021, será la de restarle otros cuantos ceros a nuestro recordado e inmolado Bolívar.

Ramón Peña

El régimen promueve simultáneamente dos propuestas enteramente contradictorias entre sí. Por un lado, hace campaña frenética para la elección fraudulenta de una nueva Asamblea Nacional, incluida la amenaza a los empleados públicos que no voten, mientras impone, a través del espurio sanedrín “constituyente”, una llamada Ley Anti Bloqueo, que liquida toda atribución al poder legislativo frente a las potestades supra constitucionales que se otorgan al Ejecutivo para disponer sin límite de los activos públicos de la Nación.

El espantajo legal, deliberadamente oscuro y pésimamente redactado, con el señuelo caza bobos de “abrirse a la inversión privada,” subvierte el orden jurídico vigente y, sin ley ni control, faculta al Ejecutivo, mediante “mecanismos excepcionales de contratación y pago”, para desregular, vender, contratar sin licitación, desestatizar, endeudar, el patrimonio público. Una puerta franca que favorecería a gobiernos cómplices, Irán, Cuba, Rusia, Turquía y una oportunidad para la enriquecida nueva oligarquía criolla. Por razones de “seguridad nacional,” y por su rango supra legal, todo se hará en “secreto”.

La ley se reserva una supuesta potestad de “inaplicar” el status jurídico cuando sea menester desembarazarse del estorbo de leyes existentes. Un monstruo jurídico de laboratorio, bautizado como “ley constitucional”, concepto inexistente, bucanero, que tiene un antecedente en los poderes supra constitucionales que se arrogó Hitler en 1934. Existirá control y revisión a posteriori, pero los ejercerá el Consejo de Estado presidido por el Vicepresidente Ejecutivo del Gobierno.

En fin, una fase superior del proceso revolucionario, que no será el comunismo que sobrevendría a la dictadura del proletariado, como preconizaba Carlos Marx, sino el de una provechosa satrapía. Inmejorable oportunidad para el enjabonado de capitales. Aquel pendenciero “¡exprópiese!” de Hugo Chávez pasará a la historia y cederá el espacio a un fructífero ¡aprópiese! a beneficio de los nuevos mandarines.

Ramón Peña

Tema controvertido para el castromadurismo ha sido cómo responder al país encendido en protestas contra condiciones miserables de vida, inaguantables para más del 90% de los ciudadanos. Cómo apaciguar la agitación que inculpa directamente al Golem gobernante, sin miedo a la brutal represión, en poblaciones de toda nuestra geografía. Un motivo específico de preocupación es la rebelión de viejos nichos del chavismo, como el Estado Yaracuy, protagonista de la protesta más impetuosa.

Deshojando el qué hacer para aplacar la convulsión, el primer paso lo dio el propio Golem, en clave de terror disuasivo, amenazando a quienes reclaman alimentos, gasolina y todos los servicios públicos: “¡si quieren calle tomen nota que en la calle es que somos buenos, somos ‘candanga con burundanga’, mucho cuidado!”. Una exhortación extraída de su rico arsenal literario. Pero poco eficaz ante gente que cada vez tiene menos que perder.

Los cerebros pensantes y siniestros de la banda, al parecer lo disuadieron de emplear esa oratoria, “lo más importante es que no sigan culpándote a ti, recuerda que vienen elecciones, es necesario inducir otra narrativa ”. Así que recurrieron al viejo y manido expediente de buscar otro culpable, asesorados por los camaradas cubanos, de conocimiento enciclopédico sobre la materia: las sanciones del imperio son las causantes de todos los males, las desactivamos y prometemos paz y progreso, todo empaquetado en una ley anti bloqueo.

El proyecto de tal ley es una retórica incoherente, en colcha de retazos, a ser aprobada por la ilegítima asamblea constituyente. Promete fantasías como “recuperación de la capacidad de ahorro del venezolano…servicios públicos de calidad…impulso a la inversión privada… pleno disfrute de los derechos humanos…” En otras palabras, devolverle a los venezolanos todo lo que ellos mismos han arrasado en estas dos décadas.

Una fábula de distracción electorera, que tendrá la misma eficacia de aquellos fanfarroneados “14 motores de la reactivación del país…”

Ramón Peña

Abordar la relación entre fines y medios es frecuentemente motivo de discordancia: para la Ley Natural, el fin justifica los medios, para el Derecho Positivo, la legitimidad de un fin se establece a través de la justificación legal de los medios que se emplean. Cuando la relación entre ambos, fines y medios, es conflictiva, por argumentos irreconciliables, pensadores importantes, como Walter Benjamin (en su Crítica de la violencia), proponen el uso de criterios objetivos, mutuamente independientes, que permitan establecer por separado la legitimidad del fin y la justificación de los medios empleados.

¿Qué encontramos si aplicamos tan salomónico criterio al caso venezolano? Primero, un recuento objetivo de los medios empleados por el poder político, incluiría: fraude electoral, autoritarismo, secuestro de los poderes públicos, politización partidista de las fuerzas armadas, intervención cubana en la conducción política, actuación impune de colectivos y organizaciones terroristas, corrupción como fuente de poder armado, estatización de la capacidad de producción, militarización de la justicia. En cuanto a la violencia, como medio, los recientes hallazgos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para la Determinación de Hechos la ilustran: Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias.

Sobre el fin perseguido, éste lleva por nombre: Plan de la Patria y tiene como magno objetivo “lograr la mayor suma de felicidad posible para el pueblo”. Para ver en qué se ha materializado tan noble propósito bastan unos pocos indicadores: 96% de pobreza, 79.3% de insuficiencia alimentaria, apenas 25% de hogares con suministro diario de agua, disminución de la expectativa de vida, diáspora masiva, mortalidad infantil de 26 por mil que duplica el indicador normal, entre otros.

Imposible que la Ley Natural o el Derecho Positivo encuentren aquí legitimidad, justificación o concordancia. Se trata de un Estado fallido, fracasado y criminal. Un Estado que perdió la razón de ser.

Ramón Peña 

La Asamblea General de la ONU es el escenario mundial a la medida para cualquier gobernante que desee fanfarronear. Lo han aprovechado, desde Nikita Khruschov, cuando se sacó el zapato y golpeó el estrado, hasta Chávez cuando exorcizó a G. W. Bush, sin olvidar la interminable perorata de Fidel Castro o la dramática intervención del líder palestino Yaser Arafat.

Nuestro usurpador tenía la oportunidad de asistir para denunciar, al mejor estilo cubano, el ”bloqueo” que según él es la causa de todos nuestros padecimientos, pero desistió. Sus motivos tenía: en primer término, sabe que en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que lo investiga por crímenes de lesa humanidad, existe una comisión del organismo que estudia presentar testimonios y evidencias ante la Corte Penal Internacional; segundo, el miedo de alguna acción de la Fiscalía de EE.UU, aunque solo fuese cautelar, sobre él o su cónyuge por sus hijastros acusados de blanqueo de dinero y otros delitos; la denuncia en la Asamblea del Presidente Duque por cobijar terroristas colombianos en Venezuela y, por supuesto, el anunciado repudio y desaire a su presencia por los representantes de los casi sesenta países que desconocen su autoridad.

Quienes lo representaron en la Asamblea, tuvieron como preámbulo las noticias de esta misma semana sobre Venezuela: Human Right Watch denuncia 18 mil ejecuciones extrajudiciales desde 2016 hasta mayo de este año; Unicef denuncia un millón de niños sin escolaridad; la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos califica la crisis agrícola como la de un país en guerra; los venezolanos emigrados a Colombia ya suman un millón seiscientos mil; arde por desidia en Paraguaná la refinería más importante del país.

Nada de esto lo atormenta, continúa cultivando su adiposidad y su gusto caribeño por la salsa. No puede salir de casa, pero no importa, aquí, como dijo, está “bien seguro” y sigue “durmiendo como un bebé”. Entre bayonetas, por supuesto.

Ramón Peña