La crisis que vive el país es demasiado profunda y no sólo tiene que ver con la escasez general, la elevada inseguridad y la angustiante inflación. Si tomamos como indicador el estado de postración de los programas sociales, nos daremos cuenta que el colapso venezolano es general. Tomemos como ejemplo el programa alimentario escolar en el Zulia. En el esfuerzo que hicimos en el marco de la democracia social logramos poner en funcionamiento un plan de comedores en las escuelas municipales, estadales y nacionales que beneficiaban a más de 300 mil niños.

Hicimos un esfuerzo enorme producto del maltrato presupuestario del que fue objeto el Zulia durante varios años. A pesar de contar con muchos menos recursos que la gestión actual, siempre tuvimos como meta mantener abierto cada uno de los comedores. Pero el empeño no sólo era en mantenerlos abiertos, sino que el trabajo estaba dirigido también a ofrecer una alimentación balanceada y de calidad. Nuestros niños recibían lo mejor, repito, a pesar que nunca tuvimos los recursos suficientes para satisfacer todas las necesidades de los zulianos.

Hoy la situación del programa alimentario escolar es deprimente. No se entregan alimentos suficientes y mucho menos de calidad. A los escolares se les sirve mortadela o comida en mal estado.Pero además se han cerrado más de 150 comedores, como reseñan varios medios de comunicación de la región ¿Quién pierde con esos desaciertos? Los niños.

Fui testigo como Gobernador del estado, como muchos infantes en las zonas más empobrecidas dependían de los comedores escolares para alimentarse, porque en sus hogares la situación económica era tan terrible, que sus padres no tenían como darles una alimentación idónea.

Con esos 150 comedores cerrados, miles de niños ahora no cuentan con esa alimentación y si le sumamos que producto de la voraz crisis en sus hogares ahora hay menos probabilidades de alimentarlos adecuadamente, tenemos una situación dantesca. Se entiende que la escasez es aguda, pero cómo un gobierno que tiene acceso a las masivas compras de alimentos del gobierno nacional puede dejar que los comedores mueran, porque son incapaces de surtirlos con los insumos que permitan alimentar a miles de niños zulianos.

Esta es otra demostración que para quienes siguen este modelo socialista fracasado, la alimentación de los niños en las escuelas no es una prioridad. La verdadera prioridad para ellos es mantener el poder al costo que sea y por eso sólo le prestan atención a la política. No están atendiendo los programas sociales que dejamos en marcha con mucho éxito. A dichos beneficios para el pueblo los están dejando morir de mengua. No hay gestión a favor de los niños. Son un fracaso evidente. El Gobierno regional no tiene ninguna obra que mostrar.

@PabloPerezOF

Por Pablo Pérez

Pero no cualquier diálogo, sino un diálogo real, sincero y que genere los cambios que el país está requiriendo. Ese es el diálogo al que estamos apostando buena parte de los venezolanos. El primer encuentro fue exitoso para la mayoría que no cree en el modelo socialista. Tenemos que seguir insistiendo en esa vía, aunque la reacción de los voceros del gobierno no da para muchas esperanzas.

Esa larga sesión les dio la oportunidad a los representantes de la alternativa democrática de mostrar la crisis en sus reales dimensiones, cosa que se ha hecho cuesta arriba por la censura que le aplican a la oposición en los medios oficiales y privados. Nunca antes en los últimos años la oposición tuvo un escenario como ese.

En vivo y cadena nacional desnudaron al gobierno, cuyos representantes no tuvieron capacidad de reacción. Apelaron al discurso desgastado alegando que la oposición no se deslinda de la violencia y apela a la agenda golpista, cuando eso quedó suficientemente claro. La oposición no es golpista y tampoco apoya la violencia.

El país fue testigo de una detallada exposición sobre los indicadores que demuestran que existe una crisis muy grave, que estamos encima de un polvorín y que si no hay cambios, esto puede reventar. La delegación opositora cumplió con su papel de decir la verdad. Pero esa verdad incomoda al gobierno y descompuso el rostro y el discurso de los voceros revolucionarios. Sus discursos fueron vacíos, no lograron demostrar el supuesto éxito del modelo económico socialista. Sólo dieron vueltas en torno al mismo mensaje.

Si nos vamos al deber ser, ese diálogo debería ser el inicio de un proceso de ajustes económicos y políticos que permitan a mediano y largo plazo superar la crisis. Si ellos admiten el fracaso del modelo socialista, se pudiera efectuar una transición a un modelo que basado en el libre mercado, pero con un acento muy marcado en lo social, permita recuperar al país.

El modelo socialista quebró a la nación. En vez de crear progreso y bienestar, genera inflación, escasez e inseguridad. En vez de trabajar por la paz, fomenta la violencia al usar a grupos al margen de la ley para atacar a los ciudadanos que protestan legítimamente.

Maduro está a tiempo de rectificar y pasar a la historia como alguien que supo leer la crisis, dio un giro y abrió los caminos para cambiar el presente y el futuro. Es triste que pase a esa historia pero como el hombre que prefirió llevar a Venezuela al caos por el sólo hecho de mantener vigente un modelo que es la antítesis del progreso.

El diálogo es la vía para resolver la crisis, pero eso no implica que debamos abandonar la calle. Es pertinente siempre aclarar que dialogar no es la antítesis de protestar. Ambas acciones pueden ir de la mano y de hecho la protesta en la calle fue lo que obligó al gobierno a sentarse en una misma mesa con la oposición y darle esa valiosa ocasión de expresarse en cadena nacional.

Pero hay que incorporar al sector estudiantil a esos diálogos y por eso la representación opositora exigió que el gobierno escuche a los jóvenes, a esos que están en la calle porque luchan por la esperanza de un futuro mejor y rechazan el camino de atraso y hegemonía que impone el oficialismo.

En el diálogo deben estar representados todos los sectores. Mientras más amplio sea, más consenso se genera y mejores resultados se obtienen. Ojala el discurso de los voceros del gobierno cambie. El país necesita un cambio y ellos tienen esa posibilidad. Todo depende de Maduro y su entorno.

@PabloPerezOf

Por Pablo Pèrez

No todo entre oposición y oficialismo es antagonismo y conflicto. Hay temas que ambos sectores comparten, sufren y sobre los cuales se preocupan y ocupan. El país vive una crisis que los afecta a todos. Nadie está exento de padecer por las dificultades muy serias que tenemos.

La última encuesta elaborada por el Instituto Venezolano de Análisis de Datos, IVAD, revela que las coincidencias son de mayor envergadura que las diferencias entre la oposición y el chavismo. Si el gobierno sabe leer bien ese estudio, que estoy seguro ya han por lo menos revisado, tendrá claro que la crisis es profunda.

El estudio demuestra que el chavismo perdió 8% como bloque político en relación con octubre de 2013, pues en la actualidad 33,8% de los encuestados dice ser oficialista, 37% dice ser opositor y los independientes abarcan 27% de los 1.200 entrevistados en todo el país. Visto como se definen los bloques políticos, indicador importante que luego retomaremos para darle su significado, pasemos a la imagen de Nicolás Maduro, quien tiene una percepción negativa de 56,2%, mientras 58,9% considera que lleva al país por un mal camino y 65,5% asegura que él no podrá resolver la crisis. ¿Está o no en problemas Maduro?

Cuando a los venezolanos encuestados los consultaron sobre si el país va por un mal camino, 72% de ellos dijo que sí y además 80,4% de las personas afirmó que la situación económica actual es peor a la que tenía la nación hace un año. ¿Hay esperanzas en el actual gobierno?

Al medir los principales problemas que afectan a los venezolanos, el desabastecimiento alcanza 76,8%; la inseguridad, 75%, y el alto costo de la vida, 35,7%. ¿Qué significan todos estos resultados? Que se está comenzando a presentar un fenómeno que no se había expresado en todos estos años de desastre revolucionario: las preocupaciones de los sectores políticos se cruzan.

Las encuestas anteriormente mostraban que había diferencias entre los bloques chavista y opositor cuando se trataba de identificar y valorar los principales problemas y quiénes eran los responsables de los mismos. Hoy hay coincidencias interesantes, sobre todo que la mayoría culpa a Maduro de sus dificultades.

Volvamos a la distribución de los bloques políticos y nos daremos cuenta de que quienes se confiesan chavistas son parte de las respuestas pesimistas sobre la situación del país, pero además son activos importantes de quienes evalúan negativamente la imagen de Nicolás Maduro.

¿Por qué es importante esa correlación? Demuestra que la crisis que vive el país es padecida por chavistas y opositores por igual, ya que la pésima gestión de Nicolás Maduro los une en el diagnóstico de los problemas y la identificación de responsabilidades.

El país está unido ante los problemas que caracterizan esta crisis. Solo hay diferencias en las formas de salir de las mismas. Este estudio de Félix Seijas emite señales de alarma para el gobierno. Nunca en estos 15 años de despilfarro y desastre habían emergido esas coincidencias.

Estas son evidencias claras e irrefutables de que el gobierno está en serias dificultades. Tiene poco espacio para maniobrar, porque hasta sus seguidores tienen una evaluación negativa de su trabajo. Los espacios de acción aumentarían si entienden que deben dialogar sobre el fondo de la crisis: el modelo socialista se agotó. Ojalá razonen y cambien.

Por Pablo Pérez

La crisis que vive Venezuela es sumamente compleja porque a todos los males que afectan la vida diaria de cada venezolano, hay que sumar la pérdida general de la credibilidad. Hay poca confianza y por eso la verdad en el país se debate en cuatro frentes.

Hay cuatro verdades claramente establecidas. Cada una es creída por un sector de la población, pero al mismo tiempo también es desacreditada por otro sector de la sociedad venezolana. La complejidad de esta crisis es impresionante, pero más difícil aún será superarla a mediano plazo.

Hay una verdad “verdadera”. Esa que cada venezolano percibe, evalúa y sobre la cual opina. Esa es que es tangible en la mayoría de los casos. Esa que es innegable para quien la vive. Pero también es sumamente cuestionada cuando comienza a difundirse al resto del colectivo. Cada quien la matiza de acuerdo con sus intereses.

También está la verdad “procesal” que es manipulada por el gobierno a su antojo a través del estricto control que tiene sobre los organismos encargados de impartir “justicia” y que están siendo utilizados para criminalizar la protesta y judicializar al pueblo que reclama sus derechos.

A través de esa verdad “procesal” el gobierno manipula e invierte los hechos para que lo favorezcan y así luego hacer uso de esas acciones a través del agresivo aparato de propaganda oficial. Por eso en algunos hechos trascendentes los testigos dicen una cosa y el gobierno anuncia otra totalmente distinta.

Igualmente existe la verdad de los “medios”. Aquí la cosa se pone grave porque algunos medios de comunicación no están contando todas las verdades que se viven. Esta es una verdad que, en el caso de los medios privados cercados por la presión oficial, se cuenta a medias y el pueblo piensa de forma general que se oculta todo. Por fortuna hay medios que aún a pesar del chantaje rojo siguen cumpliendo con su función.

Asimismo existe la verdad de las “redes sociales” que con su enorme poder de penetración y difusión han sido usadas masivamente en esta crisis. A pesar de su utilidad hay cosas que deben corregirse en su uso, porque se están diciendo muchas verdades, pero también hay interesados en disfrazar mentiras como verdades.

Esta verdad de las redes sociales es preocupante ¿Por qué? Porque es la que emana del ciudadano y por esta razón debe estar exenta de toda manipulación. Sin embargo, debido a su importancia actual es manejada por los famosos laboratorios que de una mentira tratan de construir verdades.

Para que veamos un ejemplo tomemos el ataque perpetrado la semana pasada contra las comunidades de El Cují, Palaima y La Trinidad en Maracaibo ¿Cuántas verdades se dicen de esos hechos? Muchas. Y la única verdad real es el dolor causado a decenas de familias que resultaron heridas y afectadas en su patrimonio por la incursión de esos grupos armados amparados por los cuerpos de seguridad, con la excepción de Polimaracaibo.

Venezuela se debate entre estas cuatro verdades. Cada una tiene credibilidad para sectores de la población. Pero ninguna tiene el apoyo unánime de la ciudadanía. Esto es parte de la crisis. Una crisis que se debe visualizar desde diferentes factores y tomar en cuenta la variedad de indicadores que están presentes.

@PabloPerezOf

Por Pablo Pérez

En Venezuela parece costumbre que el gobierno hace lo que quiere con la Constitución nacional. Durante 14 años la han amoldado a sus intereses con la complicidad de los poderes públicos, los cuales, carentes de autonomía, avalan cualquier maniobra que emane del Ejecutivo.

Pero en estos tiempos de crisis grave que vive el país, los últimos golpes a la Constitución son sumamente peligrosos, porque las consecuencias pueden ser nefastas para quienes se han atrevido a intentar judicializar la protesta buscando desactivarla. De nuevo el gobierno intenta apagar el fuego con gasolina.

No entienden las razones de la protesta. Se niegan a admitir que la crisis se traga su modelo socialista fracasado. Prefieren reprimir con una dureza nunca vista en Venezuela. Su estrategia es acabar con las manifestaciones en la calle atacando al pueblo y sus líderes.

En su equivocación están usando al Tribunal Supremo de Justicia para intentar descabezar la disidencia política en Venezuela. Por eso las recientes decisiones contra los alcaldes para que repriman las protestas, y hasta se atrevieron a encarcelar al alcalde del municipio San Diego en Carabobo, Enzo Scarano.

A los alcaldes que aún no detienen, los llenan de amenazas. Irrespetan el marco legal que establece que los burgomaestres carecen de competencias en el control del orden público. Las policías municipales son administrativas y no tienen ninguna atribución en el combate de las protestas.

Quieren que los alcaldes hagan lo que ellos no han podido hacer. Pretenden que enfrenten al pueblo que está en la calle espontáneamente por la elevada inseguridad, la severa escasez y la creciente inflación. Como ya lo dije en un artículo reciente: la crisis es de fondo y no de forma.

Y mientras tratan de desactivar la crisis instauran el tribunal de la inquisición contra la disidencia opositora. Dinamitan el Estado de Derecho con la anuencia de los poderes públicos. En Venezuela no hay equilibrio de poderes, sino el abuso de esos poderes. Mediante ese uso abusivo del poder destituyen a alcaldes elegidos por la voluntad de más de 60% de los habitantes de sus municipios. Atropellando pretenden despojar a María Corina Machado de su condición de diputada elegida por el pueblo.

Las arbitrarias detenciones de Enzo Scarano y Daniel Ceballos, sumadas a los ataques contra Gerardo Blyde, Ramón Muchacho, David Smolansky y Eveling Trejo de Rosales no ayudan para nada al diálogo sincero que amerita la gravísima situación del país.

Esta crisis dejó desnudo al gobierno. El boicot aplicado a la intervención de María Corina en la OEA confirma la grave situación que se vive en Venezuela. Intentan esconder las violaciones de los derechos humanos, pero las redes sociales y el empeño de un pueblo decidido los denuncia todos días ante la opinión pública mundial.

Esta no es la vía para resolver la crisis del país. El camino correcto pasa por admitir que el modelo socialista fracasó, y sentarse a dialogar sin ventajas ni trampas con la disidencia. Y sobre todo, que el gobierno se comprometa a acatar la Constitución nacional y no que sigan violándola impunemente. A quienes están en la calle protestando les digo: el tiempo de Dios es perfecto. La justicia llegará y la democracia triunfará.

Por Pablo Pérez

No es casual que más de la mitad del país desconfía de muchas de las ofertas que hace el gobierno nacional. Cada vez que hay un anuncio, se piensa que detrás de esa proposición hay algo oculto. Y toda esa ausencia de confianza tiene su razón de ser en el creciente interés del gobierno por controlar, cercar y callar al pueblo.

¿Es necesaria una tarjeta electrónica para poder controlar el contrabando de alimentos? No, porque ese contrabando se controla cerrando la frontera al paso de enormes cargamentos de alimentos o productos de primera necesidad ¿Tienen que tomar la huella de una persona para evitar el bachaqueo? Para nada, eso sencillamente es otro mecanismo de control social y político ¿Se acabará la escasez? Mucho menos, porque el problema es de fondo.

Esa tarjeta de abastecimiento seguro que anunció Maduro, huele es a tarjeta de “control” seguro. Buscan usar la urgente necesidad que tiene el pueblo por comprar alimentos y todo lo que escasea, para crear otro macabro instrumento de secuestro político del pueblo.

Ya Maduro anunció que este fin de semana comenzaba el registro “voluntario” de personas para poder beneficiarse de dicha tarjeta. Habló de la recolección de huellas, para un supuesto control biométrico. Pero además de eso pedirán todos los datos personales y familiares de los interesados ¿Qué cree usted que harán con todos esos detalles?

Eso les permitirá ampliar la enorme base de datos que el gobierno tiene para controlar electoralmente al ciudadano. Recordemos que esa data está alimentada por todas las misiones y donaciones que han hecho. Cualquier persona que recibe una casa, por ejemplo, se convierte en un nuevo preso del gobierno porque reciben todo tipo de amenazas para evitar que puedan votar y expresarse libremente.

Si un ciudadano recibió un electrodoméstico como parte del “buen corazón” del gobierno socialista, en el fondo la estrategia es ejercer el dominio absoluto sobre él para que no pueda elegir, sino sólo votar por quien el gobierno le obligue. Este tipo de experiencias han sido demostradas y hasta denunciadas en los recientes procesos electorales.

De hecho en la interesante jornada de protesta nacional esa presión ha estado presente, porque en las zonas populares los venezolanos quieren salir a reclamar por la inseguridad, escasez e inflación, entre tantos problemas, pero son sometidos al chantaje de los colectivos que les recuerdan que han recibido una casa o cualquier otro beneficio de las misiones.

¿Será distinto el manejo con esta tarjeta de abastecimiento seguro? Imposible porque hoy más que nunca el gobierno necesita controlar al pueblo ante el decreciente malestar que existe contra la grotesca ineficiencia oficial. Sin más control el gobierno no sobrevivirá y ellos lo saben. Con lo que no cuenta el gobierno, es que el ciudadano perdió el miedo a protestar y reclamar por los problemas que no han podido resolver.

Si el gobierno quiere controlar el contrabando, deben acabar con las mafias que no sólo se lucran con el bachaqueo, sino castigar a todos los funcionarios públicos que se benefician de ese delito. Esa tarjeta es una trampa más del gobierno. En el fondo es un chantaje para, repito, controlar a la mayor cantidad posible de la población venezolana. Con eso no aumentará la producción nacional. Con eso no se acabará la escasez. Con eso y con más represión pretenden abortar el caos que se les avecina. La crisis es de fondo y no de forma.

Por Pablo Pérez

Cuando las emociones prevalecen en la actividad política se cometen errores que pueden ser muy graves no sólo para quien decide, sino para los ciudadanos que están esperando una acción de gobierno realmente eficiente. Maduro está en esa disyuntiva, porque en su accionar prevalece la emoción, más no la racionalidad.

Esta crisis que vive Venezuela tomó descolocado al Gobierno nacional. No aciertan en sus decisiones, porque se enredan en una madeja espesa de contradicciones que los dejan al descubierto ante la opinión pública. Se ha empeñado en decir que en Venezuela “no pasa nada”, pero en sus acciones y discursos dejan ver que si está pasando algo y muy grave por demás.

Van de error en error. No han podido desactivar la protesta en las calles que ahora tiene otros ribetes. En buena parte no han logrado calmar los ánimos de un pueblo hastiado de inseguridad, escasez, inflación y deterioro de su calidad de vida; porque no quieren entender el fondo y prefieren atacar la forma de lo que ocurre.

Aquí no se trata de una conspiración internacional, sino de las consecuencias de 15 años de desaciertos que han conducido a que el país esté deteriorado hasta el límite. Vivimos en un clima de violencia brutal. La escasez es profunda y la inflación se burla de cualquier intento gubernamental por dominarla.

Ese es el fondo de la crisis. Pero entender y atender la raíz del problema implica un cambio radical de rumbo que amerita, como he dicho en otras ocasiones, la admisión que el modelo socialista fracasó y que se necesita de un real y brusco giro de timón para recuperar la economía y paulatinamente atender el reclamo social. Maduro insiste en un diálogo que es más bien un monologo, en el cual una parte de los presentes se desviven en loas y acusaciones de la conspiración internacional, mientras otros se colocan en posiciones extrañas legitimando la ausencia de gobernabilidad en Venezuela.

Yo respaldo la posición de la Mesa de la Unidad y de Henrique Capriles de dialogar con una agenda de por medio, en la cual se establezcan los problemas sobre los cuales se discutirá y se asignen metas que nos permitan bajar los niveles de conflictividad. Entre los temas prioritarios de una agenda para el diálogo, está la libertad plena de los presos políticos como Iván Simonovis y Leopoldo López, entre tantos otros.

No se puede acudir a un diálogo sin esa agenda mínima, sólo para complacer las ambiciones del Gobierno por seguir simulando que ellos son la víctima y los que protestan son los victimarios. Ellos como gobierno son los responsables de los graves problemas que han impulsado a los venezolanos para que salgan a las calles a protestar.

Todo es una farsa porque hablan de diálogo y Maduro luego ordena a los colectivos que apaguen cualquier “candelita” que se prenda en las calles. Esa es la clara confesión que si tienen bandas armadas que actúan al margen de la ley reprimiendo las protestas. Con eso además admiten que la crisis los superó y que no saben como calmar los ánimos.

Pero además han quedado al descubierto ante la comunidad internacional no sólo por la brutal represión, sino por negarse a que la crisis sea revisada en organismos internacionales como la OEA y la ONU. Su exagerada reacción contra Panamá al romper todo tipo de relaciones, es otra clarísima señal que la crisis existe y que han cometido cualquier cantidad de violaciones a los derechos humanos.

Mientras sigan haciéndose las víctimas, mientras no entiendan el fondo de la crisis y mientras no asuman que se necesita un diálogo real con una agenda de temas y sin cartas escondidas; seguirán actuando más con la emoción que con la racionalidad y no podrán desactivar la crisis.

Por Pablo Pérez

El gobierno apeló al diálogo como herramienta para tratar de enfriar la crisis que afecta al país. Pero ¿es un diálogo sincero y productivo? Hasta ahora creo que no, pues lo que hemos visto es a un régimen haciéndose la víctima y acusando de victimarios a todo el pueblo que protesta en la calle. Esa no es la vía adecuada para dialogar.

Lo primero que se debe alcanzar para cristalizar un diálogo sincero y productivo es el reconocimiento de todos los participantes en el conflicto. Un reconocimiento sin descalificaciones o acusaciones. Sin cartas debajo de la manga y sin piedras en las manos. Si el gobierno tiene interés real en superar la crisis, debe admitir que el país necesita de cambios profundos. Desde esta tribuna quiero dar mi aporte para construir un diálogo verdadero y no que termine siendo un mecanismo para ganar tiempo y no resolver nada.

Lo primero que se debe hacer en Venezuela es una renovación total de los poderes públicos, los cuales en la actualidad están secuestrados por la tendencia política en el poder. Tenemos que elegir a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral para que el ciudadano pueda retomar la confianza en los procesos electorales en Venezuela.

Hay que seleccionar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y a un nuevo fiscal general de la República, porque el deterioro en la credibilidad de estas instituciones fundamentales para el país es terrible. Nadie confía en la justicia actual por su elevado grado de compromiso con el oficialismo.

Asimismo se debe elegir al nuevo contralor o contralora general de la República, para que exista una real lucha contra la corrupción. Los venezolanos aspiramos a que la Defensoría del Pueblo de verdad defienda los derechos de los ciudadanos y no los intereses del gobierno. Esta crisis los terminó de desenmascarar no solo ante los ojos de los venezolanos, sino ante el mundo por carecer de autonomía.

Se necesita una amnistía general para todos los presos políticos. Que salgan de la cárcel Iván Simonovis, Leopoldo López y todos los que están tras las rejas por pensar distinto. Que regresen los exiliados en otros países. Todos hacemos falta para construir a la nueva Venezuela.

Cuando todos estos elementos del ámbito político estén cubiertos, como consecuencia comenzará a reaparecer paulatinamente la confianza en Venezuela, esa confianza que el actual fracasado modelo socialista confiscó. Hasta sus propios países aliados como Rusia, India y China comienzan a perder la confianza en Venezuela.

Estos son apenas algunos de los pasos que deben cumplirse dentro de un diálogo productivo, aunque temo que el gobierno solo apela a este para ganar tiempo. Cuando esas conversaciones se den entre iguales pudiera cambiar la actual situación de crisis que vive Venezuela.

Yo apuesto por un diálogo sincero, que incluya a los nuevos liderazgos encarnados en los estudiantes, y no por un show que en cadena quiere reunir a todas las tendencias, buscando un aval que mejore la imagen internacional del gobierno, deteriorada por sus abusos en el manejo de la crisis. Apuesto por Venezuela. Todos somos útiles, en la medida en que nos escuchen y no que nos utilicen.

Por Pablo Pérez

Una de las caras más terrible de la crisis que vive Venezuela es la enorme cantidad de violaciones a los derechos humanos. Antes de entrar en detalles debo recordar que las violaciones a los derechos humanos no prescriben, o sea que hoy o mañana los responsables de tales atrocidades pueden ser castigados en cualquier parte del mundo.

Eso nunca deben olvidarlo los protagonistas de la brutal represión oficial. No importa que cumplan órdenes, porque eso no los exonerará cuando algún día, espero que sea muy pronto, todos los responsables estén frente a un tribunal imparcial y justo que evalúe sus comportamientos en estos días aciagos para el país.

Si sólo tomamos en cuenta los más de 10 fallecidos, 137 lesionados y los más de 89 detenidos por estas protestas, hasta que escribía este artículo, estamos viendo las cifras que más resaltan y los hechos que más lamentamos. Pero debajo de eso son muchas más las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en esta crisis.

Comencemos con quienes emiten las órdenes de reprimir la protesta sin importar las características de la misma. El ordenar reprimir con armas de fuego prohibidas por la Constitución es un delito. El hecho que hayan sacado a las calles a funcionarios de inteligencia, el Sebin por ejemplo, para castigar a quienes protestan, también es un delito.

El mismo hecho que se haya prohibido cualquier tipo de protesta, sin haber suspendido las garantías constitucionales siguiendo los pasos que determina la ley, es otro delito. Las manifestaciones en Venezuela son legales y no hay que pedir autorización, sino notificar a las autoridades su realización.

Pero hay algo peor en la actuación de quienes supuestamente dan las órdenes. Usar grupos paramilitares o parapoliciales encarnados en los llamados “colectivos” para sembrar el terror en las manifestaciones es un gravísimo delito. Esos civiles por muy amigos del proceso que sean, no pueden usar armas que están reservadas al Estado y mucho menos pueden actuar a bordo de motos y acabar a tiros cualquier manifestación.

Ya son demasiados los hechos en los cuales las bandas armadas del Gobierno salen a reprimir. Aquí en Maracaibo ya ocurrió en varias ocasiones y lo peor es que al mando de esos grupos de mercenarios han estado funcionarios públicos que más bien deberían estar garantizando los derechos de los ciudadanos.

Ahora vamos con los que cumplen las órdenes. Ellos saben que no pueden usar armas prohibidas en el control del orden público. Aquí se ha usado todo el poder de fuego de los cuerpos de seguridad para impedir que el pueblo salga a mostrar su preocupación y reclamo ante la crisis general que vive el país.

Pero no sólo han violado los derechos humanos con el uso excesivo de la fuerza, sino que a las personas detenidas, en su mayoría estudiantes muy jóvenes, los han torturado y hasta hay un caso de un joven de Barquisimeto que denunció como un supuesto militar venezolano, lo violó con su fusil.

La exagerada militarización del estado Táchira para castigar a los ciudadanos cansados de tanto maltrato, es otro delito. Callar a los medios de comunicación para intentar ocultar la verdad, es otro delito muy grave esta vez contra la libertad de expresión. Afortunadamente en tiempos de redes sociales y avanzada tecnología, nada de eso puede ser escondido. Interesante la labor que a la calladita realizan varias organizaciones no gubernamentales que están documentando todas estas violaciones a los derechos humanos.

A los responsables de estas atrocidades recuerden: los delitos de lesa humanidad no prescriben y algún día pagarán por sus actuaciones.

Por Pablo Pérez

No hay cambio alguno, pues siguen usando el mismo método que les ha dado algunas victorias y reveses. El discurso sigue lleno de lugares comunes y las acciones continúan siendo represivas. No hay voluntad de entender lo que ocurre. Para ellos es la oposición apátrida, Estados Unidos y el imperialismo mundial que atentan contra la felicidad suprema que se vive en Venezuela.

No comulgo con la violencia, pero tampoco con la sordera de los gobernantes. No creo en salidas fuera del marco de la ley, pero tampoco en la represión brutal. No comparto los excesos, pero mucho menos el silencio comunicacional impuesto como política de Estado.

Aquí hay una gran verdad: el país ya tiene más de 12 días en la calle y el gobierno va de montaje en montaje queriendo descalificar las manifestaciones. Como no les sirvió de nada acusar de violentos a los estudiantes, ahora alegan que es un plan de los Estados Unidos y del expresidente colombiano, Álvaro Uribe.

Yo mismo lo viví en la marcha del 12 de febrero en Maracaibo. No me lo contaron, sino que lo percibí de primera mano. Hay un pueblo que no sólo reclama mayor democracia, sino que protesta por la inseguridad, la escasez generalizada, una inflación desbordada y lo peor: la pérdida de esperanza.

Ese día salí convencido que si hay un futuro mejor para Venezuela. Y si el oficialismo quiere ser parte de ese futuro debe escuchar, admitir sus errores y cambiar el modelo. Lo he dicho varias veces, la solución de fondo a la crisis es que Maduro y el oficialismo acepten que el modelo socialista fracasó, que es inviable y no trae felicidad a los venezolanos.

Basta de represión y de montajes propagandísticos. La protesta es legal en Venezuela. Lo ilegal es que el gobierno use a sus colectivos armados como fuerzas paramilitares que pretenden hacer el trabajo sucio. Lo inconstitucional es utilizar al Poder Judicial como arma política para perseguir como es el caso de tantos estudiantes que han sido detenidos y el de Leopoldo López.

Preocupa demasiado que en el asesinato del joven Bassil Dacosta puedan estar involucrados funcionarios del Sebin, como demuestra una investigación del diario Últimas Noticias. Eso implica dos cosas. La primera que están usando armas de fuego contra los manifestantes, cuando eso está prohibido. Y segundo, el uso de ese cuerpo de inteligencia para reprimir, es un claro signo de desesperación.

Me uno al dolor colectivo por las tres muertes ocurridas hasta ahora y acompaño a todos lo lesionados y encarcelados por reclamar sus derechos. Y me sumo a la petición colectiva para que el Gobierno escuche y dialogue, no que invite al país a un monólogo.

Maduro no debe seguir intentando apagar el fuego con gasolina. Las bombas, maltratos y acusaciones sólo aumentan la tensión. Han pasado más de 12 días y la protesta se incrementa. Es tanta la presión social que ya veo a un gobierno dividido y con discrepancias en torno a lo que se debe hacer para atender la crisis.

Lo peor para el gobierno es que en tiempo de globalización y redes sociales, es imposible que se esconda la realidad de lo que está ocurriendo en Venezuela. De hecho las presiones y la mordaza que han impuesto a la mayor parte de los medios, no les ha dado resultado.

Y cómo esconder la crisis si todos los venezolanos sentimos la inflación, inseguridad y escasez. Como decir que el pueblo está feliz, si el ciudadano está cada día más molesto con las colas y la ineficacia de un gobierno que manejó todo el dinero del mundo y no solucionó, sino que agravó los principales problemas.

La crisis económica devino en una crisis social y ésta en una política. El alegato de un golpe de estado desde la oposición es infeliz. Y si hay algún plan para atentar contra la Constitución será de quienes tienen el poder y las armas. El país está y seguirá pacíficamente en la calle, pero lo más preocupante para el oficialismo es que todos los días surgen nuevos problemas que impulsan el descontento. La solución está en un diálogo sincero y un oportuno cambio de rumbo.

Por Pablo Pérez