De acuerdo con los datos del proyecto HumVenezuela, 79,3% de las escuelas registra déficit de docentes. Se estima que entre 2018 y 2021 más de 166.000 maestros abandonaron su profesión para dedicarse a otras actividades

Hace 10 años el gobierno convocó la llamada “Consulta por la calidad educativa” y como ha ocurrido con otros procesos, se invirtió tiempo, recursos y surgieron promesas que no se cumplieron.

El resultado no solo es menos calidad sino mayor deserción escolar y peores condiciones laborales para los educadores.

El deterioro existente nos coloca ante una grave crisis de todo el sistema educativo. Crisis que debe ser considerada por los distintos candidatos que compiten para las elecciones del próximo 28 de julio.

Hasta el momento que el gobierno de Maduro publicó cifras oficiales ya se constaba una reducción significativa de la matrícula y apenas empezaba la ola migratoria que llevó a muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes a cruzar fronteras en búsqueda de un futuro mejor.

Entre enero y agosto de 2017 las cifras oficiales reconocían disminución de la matrícula en educación inicial y primaria en 251 mil 180 estudiantes, que equivale a 10 estadios de béisbol de la Universidad Central de Venezuela totalmente llenos.

Para ocultar esa dramática realidad decidieron emitir cifras engañosas. Mientras más migración forzada ocurría y se reducía de manera considerable la población venezolana, el gobierno afirmaba que aumentaba la matrícula.

Así en 2020 en plena pandemia COVID 19 señaló que la matrícula en educación básica habría alcanzado los 8.763.066 estudiantes, lo que significaría un aumento –en un solo lapso escolar– de 690.677 estudiantes. A nivel universitario se informó que la matrícula ascendió a 3.145.869 estudiantes, lo que supondría un aumento, en apenas un año, de 316.349 estudiantes.

Estas cifras se difundían cuando en paralelo los gremios de la educación alertaban de una reducción significativa de docentes como consecuencia de la migración forzada y las renuncias para dedicarse a otras labores debido a los bajos salarios.

De acuerdo con los datos del proyecto HumVenezuela, 79,3% de las escuelas registra déficit de docentes. Se estima que entre 2018 y 2021 más de 166.000 maestros abandonaron su profesión para dedicarse a otras actividades. Dirigentes sindicales por su parte denuncian que alcanza a 200.000.

Frente a esta situación el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó este año varias recomendaciones que deberían ser consideradas por los candidatos entre ellas:

– El Estado venezolano debe cumplir con su obligación de presentar cuentas públicas sobre las políticas educativas, así como diseñar e implantar sistemas de medición de la calidad de la enseñanza que permitan identificar las fallas existentes en el sistema público y adoptar los correctivos pertinentes.

– Deben retomarse políticas activas que disminuyan las barreras económicas para el acceso a la educación mediante la dotación de uniformes y útiles, la creación de bibliotecas escolares o de aula, la masificación del Programa de Alimentación Escolar o los comedores universitarios, y rediseñar el pasaje estudiantil u otros programas que garanticen el acceso material a la educación en todos los niveles.

– El Estado venezolano debe cumplir con las obligaciones contractuales con los gremios educativos y recuperar el valor de sus salarios, con la finalidad de poner fin al déficit de docentes e incluso estimular la formación de generaciones de relevo mediante la reivindicación de su papel en el desarrollo.

Marino Alvarado Betancourt
@marinoalvarado

En medio de los debates que se desarrollaron en el país como consecuencia del cierre de la frontera y de las razzias represivas de la llamada operación para la liberación del pueblo, un hecho pasó desapercibido: la declaratoria de emergencia en Puerto Cabello y en Coro por escasez de agua. Mediante el Decreto 1.861 publicado en la Gaceta Oficial N 40.69, se autorizó al Ministerio para Ecosocialismo y Aguas dictar por vía de excepción las «medidas espe cialísimas» que estimara pertinentes, a fin de garantizar a la población falconiana el suministro de agua. Un mes antes el alcalde de Puerto Cabello le había solicitado al Ejecutivo Nacional que declarara también estado de emergencia. Para esa misma época lo había solicitado el alcalde de Lechería en Anzoátegui. La falta de agua también la sufre la población de Maracaibo, de Carúpano y Cumaná y buena parte de Caracas. Bien puede verse que no se trata de caseríos de algún apartado lugar del país. Se trata de ciudades importantes con pobla ción mayor a las 200.000 personas.

Es decir, a la ya difícil situación que vive el pueblo venezolano por los altos niveles de inseguridad, la escasez y la carestía, se le suma el no contar con el servicio de agua. Las noticias indican que en algunos barrios de esas ciudades las familias han pasado más de 30 días sin el servicio.

Las razones son varias: desde falta de mantenimiento a equipos de bombeo, inadecuados mecanismos de distribución del agua y la situación crítica de algunos embalses. El asunto no es nuevo.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, el 29 de octubre de 2013 anunció la creación de una Comisión Nacional para Optimizar el Suministro de Agua. Indicó en aquella oportunidad: «La Revolución ha hecho un gran esfuerzo por llevar al agua a casi todos los hogares, pero por diversos motivos no se ha podido. Este tema es muy sentido por la población y no podemos aceptar que eso se vuelva un problema peor para el pueblo».

Casi dos años después el Presidente anuncia la creación del Consejo Nacional Presidencial del Agua. Se crea sin presentarle al país los resultados de la Comisión Presidencial anterior. Se induce que los resultados no son los mejores, pero además improvisación por parte del Ejecutivo pues se supone que ya existía una instancia creada por él mismo para cumplir lo mismo que ahora se propone.

En Venezuela desde el año 2007 existe una Ley de Aguas. Su artículo 1 establece que el agua es un elemento indispensable para la vida, el bienestar humano y el desarrollo sustentable del país, y es de carácter estratégico e interés de Estado. El artículo 5 establece que el acceso al agua es un derecho humano fundamental. Es por lo tanto una obligación del Estado garantizar dicho acceso, tal como lo indica claramente la mencionada Ley de Aguas, y puede ser exigible por los ciudadanos en el marco de la Constitución y la ley.

La crisis del servicio público de agua significa, por lo tanto, una violación de un derecho fundamental y sería conveniente que la Defensoría del Pueblo exigiera al Ejecutivo Nacional explicaciones de las causas de la crisis existente y coordinar las medidas inmediatas que puedan establecerse.

Quienes vivimos en el país debemos asumir conscientemente la crisis colaborando con un uso racional. El gobierno debería, en lugar de usar los medios públicos para desprestigiar y amenazar a los y las activistas de derechos humanos, educar a la comunidad sobre el mejor uso del agua y dar información confiable de las medidas que se tomarán y los resultados para facilitar el ejercicio de la contraloría social de personas y organizaciones sociales. El Presidente de la República debería hablarle claro al país de cuál es la dimensión de la crisis y no estar inventando que habrá saboteo a los servicios públicos. En lugar de estar amenazando debería garantizar eficiencia. O será que con las amenazas pretende que la población no exija su derecho tal y como lo establece la propia Ley de Aguas.

Marino Alvarado Betancourt

@marinoalvarado