La economía sigue su curso, su devenir no espera por las medidas que deben adoptarse para orientarla hacia objetivos específicos cifrados en desarrollo económico o bienestar general.

Cada día que se pierde, se traduce en el levantamiento de nuevos obstáculos o en el fortalecimiento de los existentes.

Si tales obstáculos, susceptibles de traducir estancamiento, inflación y escasez son productos de políticas erráticas o la omisión de medidas pertinentes, se le añade una crisis política y erosión de la institucionalidad, el riesgo evidentemente es mayor.

No se puede «gobernar la economía» (Maduro dixit) con discursos, proclamas o evocaciones al inspirador supremo del proceso.

Más que «gobernar la economía», pretensión humanamente improcedente, lo que se impone es articular medidas económicas que permita salir del marasmo en que se encuentra generando efectos proclives del sector productivo.

A tal fin se requiere la generación de confianza para los inversionistas, la difusión de señales que alienten la confianza en los mercados en los que se cotizan los bonos de PDVSA y los demás instrumentos de deuda pública nacional, que existe una seguridad jurídica con la efectiva existencia de todas sus implicaciones y una institucionalidad que la garantice y la hace viable, específicamente, en lo referente al derechos de propiedad y a la libertad económica.

El denominador común para la viabilidad de ese catalogó apriorístico y caprichoso, que solamente debe atribuírsele la condición de ejemplificativo, es el dialogo del cual deriva la confianza.

El escenario natural para el dialogo es, sin lugar a dudas, la Asamblea Nacional, y esta circunstancia Nicolas Maduro lo sabe. Él fue diputado y Presidente en una legislatura difícil, signada por la turbulencia políticas del paro petrolero y los sucesos de abril de 2002, así como la aprobación de un conjunto de leyes altamente controversiales.

En el periodo crítico de la primera legislatura en el marco de vigencia de la Constitución de 1999, hubo varios presidentes de la AN, destacando por su manejo y empeño cosmético de autonomía y funcionamiento acorde con su naturaleza, las gestiones de William Lara y del propio Maduro.

No obstante, las tropelías evidenciadas en el Reglamento Interior y de Debates y sus sucesivas reformas para hacer sentir y sacar provecho de la mayoría, se mantuvo el funcionamiento de las comisiones de trabajo parlamentario, a pesar de la aplanadora puesta en marcha, y se desarrollaron los debates legislativos y de otros aspectos de transcendencia del país. Se buscaba acercamiento parlamentario.

No obviamos que existieron escarceos, manotazos y encontronazos verbales, pero se busco de inmediato solventarlos.

La crisis política y económica de entonces comportaba una intensidad y gravedad menor, con factores comunes, pero de menor gravedad a la actual, que luce explosiva y los mecanismos de apaciguamiento más lejanos.

En este sentido, el Ejecutivo Nacional y demás órganos del Poder Público son los más interesados en preservar la AN como el escenario para el dialogo, distensión y reconocimiento de los sectores políticamente en pugna para evitar prácticas ajenas a nuestra realidad y la escisión irreversible de la sociedad.

La naturaleza, funciones y carácter preeminente constitucionalmente establecido y atribuido a la AN así lo demuestran.

En campo económico, dejado un lado por el tema político, por ejemplo, destacan las leyes impositivas, presupuestarias y de crédito público; la autorización y aprobación de la gestión de administración presupuestaria y de endeudamiento, así como de las líneas generales del plan de desarrollo económico y social.

El fenómeno económico es global, abarca muchos aspectos lo cual impone una visión integral del mismo, resultando imposible ver de manera aislada y sin vinculación la adopción de formas de Estado y sistema económico paralelos a la Constitución, basado en controles, limitaciones y en los principios de una planificación férrea y evidentemente fracasada, que inciden en la producción, distribución y consumo, fases de un proceso, producto de una visión colectiva y no de una fría regulación.

De ahí que la leyes para que sean eficaces en términos de observancia requiere el resultado de una visión concertada que solo puede lograrse en un escenario como la AN pues las mismas a lo sumo deben ser reglas de organización de la actuación de los agentes económicos y no una mera imposición de conductas.

Las leyes como los gobiernos “no pueden impedir que cada hombre busque su bienestar en la tierra por sí y para los suyos del modo que considere más convenientes ejerciendo su facultad de elección, corolario natural de su libertad, como lo demuestra el contrabando contra las limitaciones al comercio internacional y el «llamado mercado negro» contra las limitaciones al comercio interior”, como ya lo señalaba en el siglo pasado Faustino Ballvé.

Si a la función democrática de aprobación de las leyes no solo en materia de derechos fundamentales, y entre estos la propiedad y la libertad económica, adicionamos el control político e institucional, preservar la AN como institución abierta y reflejo del país es tarea de todos para dar prioridad a la agenda económica y a las decisiones legales que la condicionan o ejecutan.

El gobierno requiere inversiones, mayor reposo en el área económica y un enfriamiento de las calderas políticas para emitir signos positivos, propósitos de enmienda y de querer echar adelante una agenda económica viable. Y para eso se requiere el funcionamiento de la AN como generadora de consenso y punto de reencuentro.

Maduro deber ser el primer interesado en no clausurar fácticamente la AN para activa y no “gobernar la economía” y apaciguar el enconado debate político.

La oposición debe buscar incansablemente su preservación como forma de enfrentar cualquier forma de gobierno o manifestación de tiranía, aún cuando ponga en duda, su autonomía y eficacia democrática.

Por Leonardo Palacios Márquez

(@NegroPalacios)

En Venezuela ocurre una grosera violación a la Constitución, que en el fondo se traduce en una transgresión a los derechos fundamentales, siendo el epicentro de la misma el derecho de participación política.

Se trata de la violación al derecho esencial constitutivo de ciudadanía pues “somos ciudadanos en la medida en que participamos en la formación de la voluntad general y participamos en la formación de la voluntad general en la que somos ciudadanos” (Javier Pérez Royo)

Ese derecho fundamental, pilar esencial del Estado de Derecho, lo ejercemos directamente o mediante representantes a través del derecho al sufragio y principio de la representación.

No obstante, la violencia de Estado y su manifestación continuada se posó en este derecho fundamental, rompiendo la igualdad ciudadana, creando por vía de ilegal actuación, una discriminación inédita e inaceptable entre los venezolanos.

Dos hechos concretos que se alejan alarmantemente de la voluntad popular y de las formas democráticas: la elección presidencial y el desconocimiento por parte del Presidente de la Asamblea Nacional de los derechos de los diputados, las atribuciones y de las prerrogativas inherentes al cargo de representación que ejercen.

El primero hecho afectó la «legitimación de origen» del candidato del oficialismo proclamado vencedor y, el segundo, la “legitimidad de ejercicio” del Poder Legislativo Nacional, que lo juramentó.

En el caso de la elección presidencial se establece un hilo conductual antidemocrático continuado que afectó el proceso, independientemente del resultado también cuestionado, entre otros hechos, por:

1. La abierta parcialización del CNE.

2. Uso abusivo del “Sistema Bolivariano de Comunicación e Información”; así como el de otros recursos públicos para el financiamiento de la campaña oficialista.

3. Intimidación y despidos de funcionarios públicos contrarios al gobierno.

4. Intimidación a dirigentes, organizaciones políticas y ONG´s.

5. Violación del carácter secreto del voto a través del «voto asistido» (reservado para personas mayores y discapacitados convirtiéndolo en «voto inducido» para controlar el sufragio de funcionarios públicos, beneficiarios de las Misiones o vecinos de colectividades sometidas al control férreo de grupo paramilitares.

6. Violencia en las puertas de los centros de votación para impedir el sufragio de ciertas comunidades.

7. Autoridades militares en plena campaña, movilizando del componente militar para actividades propagandísticas, movilización de dirigentes oficialistas, simpatizantes y beneficiarios de Misiones (previamente amenazados).

8. Cierre anticipado de las fronteras.

9. Desconocimiento u obstaculización del derecho al voto de venezolanos en el extranjero.

10. No apertura del Registro Electoral Permanente (REP) para inscripción de nuevos votantes que cumplen 18 años después del 7 de octubre de 2012.

Por su parte, el desconocimiento del estatuto fundamental constitucionalmente reconocido y protegido a los Diputados de la oposición por parte de un par, circunstancialmente elevado a Presidente de la Asamblea Nacional (artículo 194 CR), bajo el fútil argumento del desconocimiento del ciudadano Nicolás Maduro, “como Presidente de la Republica” asesta un duro golpe a la representación democrática y a la institución del sufragio.

La unilateral e inconstitucional resolución del diputado Presidente según la cual “en esta AN mientras yo sea Presidente no tendrá derecho de palabra ningún Diputado que no reconozca al compañero Nicolás Maduro”; la ausencia de disposición de proteger y garantizar su seguridad, constituyen graves hechos que aderezados con la destitución, igualmente inconstitucional, de los diputados de oposición como Presidentes de Comisiones Permanentes para la cual fueron elegidos por la plenaria del cuerpo legislador (artículo 193 CR), desconocen la soberanía popular, principio directivo de la legitimación democrática.

Esta forma sistemática de conducción “cabellista” de la AN en nada favorece la maltrecha ascensión y proyección de Maduro en la Presidencia de la Republica pues le resta prestancia democrática ante el país y el mundo, más allá del apoyo interesado de UNASUR.

La reciente arremetida parlamentaria contra la oposición le roba majestad al parlamento, le niega a Venezuela, en momentos de extrema tensión política, un escenario para la búsqueda urgente del consenso y del reconocimiento a un mayoritaria porción del país (contradictoriamente representada en una minoría en virtud de los artilugios de las pasada elecciones parlamentarias pero al fin y al cabo con representación soberana), y la atribución del carácter democrático y plural de la legislación que se dicte en el futuro.

Esa incontrolable maquina de aniquilamiento parlamentario erosiona las bases de una eventual tribuna capaz de frenar la confrontación que nos lance a una violencia incontrolable con pronóstico incierto y resultados indeseables para todos.

Si la afrenta a la democracia del Presidente de la AN continúa como mecanismo abusivo de presión para hacer desistir a la oposición del derecho a solicitar la revisión de todo el proceso comicial, sus incidencias, trámites y soportes, el desgaste de Maduro será acerelado.

Y finalmente, se incrementara el déficit de contenido democrático en el país con la lesión a la igualdad del voto y participación política, la eliminación de controles al Ejecutivo y se cerraran las cortinas que impidan el seguimiento del proceso político y decisión de los asuntos determinantes del país, de la cual la AN es una vitrina.

Por eso la deslegitimación acelerada angustia y antes de que genere más violencia hay que frenarla.

Por Leonardo Palacios Márquez

(@NegroPalacios)

Fuente: LP

Por Leonardo Palacios

El 14 de abril es a Henrique Capriles Radonski lo que el 4 de febrero de 1992 representó para Hugo Chávez, expresión que utilizara un destacado jurista venezolano mientras comentábamos los resultados de la última contienda electoral.

Obviamente, existen diferencias abismales entre ambos personajes, en su concepción de Estado y en la asunción de la democracia y sus formas. El primero un convencido demócrata y respetuoso de sus reglas, el segundo un usufructuario acomodaticio de las ventajas de la democracia y agente de la erosión de su solidez en Venezuela.

También existen, enormes diferencias entre el proceso comicial del pasado domingo, a pesar del inmenso desequilibrio, parcialidad y abuso de Estado puesto en evidencia como actor impuesto y no deseado, y el nefasto golpe contra la democracia y sus instituciones de aquel fatídico 4 de febrero de 1992.

Las fechas de referencia catapultan a dos líderes, con escenarios y peculiaridades disimiles, a la palestra de un liderazgo histórico, del cual indefectible se generan cambios profundos en la sociedad venezolana.

En el caso de Chávez, la asechanza golpista del 4F derivó en su serie de acontecimientos que conforman el libreto de actuación de múltiples actores reducidos al recuerdo y de un elenco que ha representado la puesta en escena la tragedia de cómo un país, con una inmensa riqueza, pierde dos décadas de bienestar y compromete seriamente su futuro; hilo argumental de esta patética obra, que sufre cambios por la muerte del líder golpista y la aparición en las tablas, como primer actor, de Nicolás Maduro.

Así, el 14 A representan la consolidación de un liderazgo histórico y correa de transmisión de los cambios que vendrán para

Venezuela: el liderazgo de HCR.

HCR ha convertido una “derrota” (¿?) -nada creíble y con hedor profundo de efluvios del más grosero abuso del Estado y su institucionalidad, sus recursos y sus procedimientos- en una contundente victoria.

El pírrico “triunfo” (¿?) de Maduro, significo la verdadera sepultura del liderazgo anti histórico de Chávez; representa la dilapidación del acervo electoral de dos millones de votos duros, que le dio una victoria que le permitió dejar este mundo con el remoquete de “Comandante Invicto”.

HCR les volteó la tortilla, se creció en la circunstancia de un periodo electoral corto y lleno de los obstáculos señalados y activadas las trampas colocadas para la más inédita malversación de fondos.

La pasión y voluntad de HCR, su pellejo que aporto como insumo para la transformación del país, insufla ánimo y fortaleza a la población para hacer valer sus derechos, para enrostrar al gobierno deslegitimado de origen y desarrollo, tanto por los abusos y fraudes a la constitucionalidad para mantener la usurpación del ejercicio del gobierno los 120 días previos a la elección como por la forma maltrecha de mantenerlo, que existe un país mayoritario, ahora si podemos decirlo, que abierta o soterradamente no está dispuesta a la enajenación del país a Cuba, ser promotores de formas violentas de gobierno en y fuera de sus límites; que hasta harto de la violencia y la división, que reclama el derecho a vivir en paz y en bienestar; a satisfacer sus necesidades básicas de manera abierta y con posibilidad de escogencia y no como mero receptores o beneficiarios de la caridad del Estado.

HCR se alzó con la voluntad popular, se convirtió en la voz de una Nación a la cual ya Maduro no le podrá asestar en sus rostros los latiguillos panfletarios llenos de odio y discriminación pues está no solo es mayoría y no lo apoya sino que es pueblo llano y humilde.

El discurso de “inauguración” presidencial de Maduro fue vacuo, patético y fuera de lugar pues quien ganó, si es que verdaderamente lo hizo, con menos de 250.000 votos (¿dónde están los 10 millones por el buche?) debió buscar como Presidente de “todos” los venezolanos caminos de entendimiento, de consenso y enfriamiento de esta vesania de los últimos cuatro meses de gobierno “madurista” en aras de la gobernabilidad.

n comienzo lerdo, ausente de la critica realidad que el mismo generó y entrampado en el campo minado de la escasez, la inflación, los controles, la intervención arbitraria del proceso productivo y de distribución de bienes, el deslave cambiario producto de la improvisación, la devaluación y la ineficacia para frenar la inseguridad, para solo nombrar algunos hechos, que no son precisamente producto de un guión golpista de la derecha apátrida sino de la incompetencia del manejo económico y social y de la terca actitud de insistir en formas fracasas de gobierno o rectificación de sus ejecutorias.

Surge HCR crecido, con preparación y experiencia propia de los estadistas modernos; con propuestas serías y viables, con sentido de la integridad de la sociedad y, sobre todo, autónoma y libre de cualquier dictado de dictadorzuelo o facciones extranjeros.

Otro hubiese sido el discurso de HCR, otro el país surgido de la contienda electoral. Habríamos amanecidos unidos con bríos de transformación, con ganas de prosperar y recuperar el tiempo perdido sin mirar atrás con odio sino con espíritu aleccionador.

MIENTRAS TANTO como mayoría de un pueblo noble, a pesar de la descomposición acelerada de un gobierno inepto que se hunde en su propio pantano, mantendremos la mirada en el fututo y la esperanza de una pronta recuperación, integración y deseos de abrir los ojos al siglo XXI.

@NegroPalacios

Por Leonardo Palacios

Antes que nada dejo asentado que estas reflexiones no tiene por objeto un manifiesto de “indignados contribuyentes” contra el pago de impuesto. Que nunca estuve ni estaré a favor de un llamado absurdo a la denominada “desobediencia tributaria”, ensayada hace ya una década, sin resultado alguno.

El pago de los tributos en cualquier de sus especies (impuesto, tasas y contribuciones especiales) es un deber inherente a la ciudadanía, es su esencia misma.

Algunos han visto al tributo como el pago de la membrecía social. El costo de vivir en sociedad.

Otros lo han justificado, como la retribución que pagamos los ciudadanos por los bienes públicos y servicios que nos provee el Estado a través de su gestión presupuestaria.

Sin embargo, no todo tributo representa un servicio actual, una ventaja económica o patrimonial o un bien público del cual el ciudadano saque un provecho o ventaja .

Así por ejemplo, la obligación del pago de impuesto sobre la renta o el soportar un impuesto general al consumo, como el IVA, o el impacto en nuestros consumos de los impuestos específicos cigarrillos o licores, lo hacemos en observancia de nuestro deber “de coadyuvar con los gastos públicos”, tal como lo establece el artículo 133 constitucional.

El pago de esos impuestos u otros que corresponden a los estados y municipios como entes públicos territoriales, dotados de la facultad de establecerlos y exigir su pago, lo hacemos sin vinculación a un acto o hecho que comporte un beneficio o un servicio.

El pago de los impuestos se hace en función de la solidaridad con nuestros conciudadanos pues como lo afirma el cardenal Martini, “el ciudadano contribuyente (…) está consciente de que, si pagan más de cuanto reciben, otros individuos y grupos obtienen – de forma transparente y del modo más equitativo y solidario posible- un beneficio de aquello que se ha satisfecho”.

Así el tema del fundamento constitucional, ético y político del impuesto se vuelve recurrente cada vez que se vislumbra una propuesta de reforma tributaria, las más de la veces, con la intención del aumento de las alícuotas impositivas, la exigencias de nuevos deberes formales que implican mayores costos de cumplimiento no reconocidos por el Estado, la definición prevalida de normas que buscan ocultar las deficiencias de la gestión del tributo o dar solución legislativa a problemas de interpretación o aplicación de la normas tributarias, reflejo de la adopción de un criterio funcionalista de recaudar a como dé lugar, sin importar la real condición del contribuyente en relación a la norma que establece la obligación del pago de impuestos o el catalogo de sus derechos esenciales, constitucionales o no.

En sentido, se impone la obligación de los especialistas, las academias y gremios cuyo objeto esencial que justifican su existencia es el estudio científico del tributo, de elevar sus voces formulando críticas, observaciones y propuestas alternativas cuando se busca imponer una reforma tributaria por vía habilitante, es decir, por decretos con rango y fuerza de ley, a espaldas de la población sin la observancia de la obligación constitucional de consulta, o en el seno de la propia Asamblea Nacional, cuando le corresponde conocer de proyectos producto de la iniciativa del ley del Ejecutivo Nacional, igualmente, inconsultos hasta del propio Seniat.

El tema de la fundamentación del pago del tributo no es fútil o de estricta naturaleza académica; él va de la mano de otros como la legitimación del Estado en su creación y exigencia; de la viabilidad económica, recaudatoria o de ordenamiento o la verificación de tal exigencia en cuanto al cumplimiento voluntario de la obligación y la capacidad de la Administración tributaria de gestionar tal cumplimiento; vale decir, de la definición de una efectiva política de reducción de los márgenes de evasión fiscal.

El autor italiano Franco Gallo en sus “razones del fisco. Ética y justicia de los tributos”, expresa que el mejor cicatrizante contra la corrupción es la transparencia en la elaboración, la aprobación, la ejecución del gasto publico pues constituye la única base sobre la que resulta posible construir un sistema tributario con aspiraciones de justicia”.

Es por tal razón que una reforma tributaria debe estar en función del gasto público, de su calidad y destino. Es la necesaria progresividad del sistema no solo por la existencia de impuestos directos sino por la vía del gasto a favor de los sectores menos favorecidos, sin exclusión de ningún otro.

No es más que la esencia y consecuencias del Estado democrático, Social y de Derecho.

Cuando se establece un tributo y el gasto no se traduce en inversión social, bienestar y desarrollo económico para todos los sectores de la población, se estructura para el financiamiento de formas paralelas e inconstitucionales como el Estado Comunal, sin control, o para el sostenimiento y viabilidad de otras economías el deber de contribuir se distorsiona, se alienta el incumplimiento y el contribuyente siente una animadversión al punto de sentir que el poder de imposición del Estado es una forma de confiscación, y no una expresión de una elemental solidaridad ciudadana.

Lo ideal, es que no suceda lo denunciado por Gobetti en la Italia de 1929, en el que “el contribuyente no ha sentido nunca su dignidad al participar en la vida estatal: la garantía del control parlamentario sobre los impuestos no era una exigencia, sino una mera formalidad. El contribuyente italiano paga blasfemando contra el Estado; no tiene conciencia de ejercitar, pagando, un función propiamente soberana”.

Ojala el tema de los impuestos sea abordado de manera transparente en función las finanzas públicas y la productividad y lejos de la diatriba política.

Mientras tanto a declarar y pagar el impuesto sobre la renta dentro de las opciones que nos brinda el propio ordenamiento.

@NegroPalacios

Por Leonardo Palacios Márquez