Las elecciones municipales previstas para el 8D son un hecho, a pesar de voces agoreras radicales que predicen lo contrario (“no habrá elecciones”, “el gobierno le dará un patada a la mesa”, “el gobierno decretará estado de excepción ante la imposibilidad de orientar la economía, la inflación galopante y la escasez amenazante”, “se sabes perdidos y las boicoteran”).

La inminencia de este nuevo proceso electoral dentro de la pantomima de la fiesta democrática y la verdadera participación que predica el gobierno, encuentra a una población que abraza el “palo encebao” de la oposición desmotivada y desmovilizada, aturdida por las profunda desconfianza en el árbitro electoral, que se ha sembrado desde hace mucho, llegado al clímax con las elecciones presidenciales pasadas.

Si bien la “unidad” ha calado, al punto que quienes se atreven a criticar sin desconocer sus ventajas y trascendencia son inmediatamente acusados de hacer el juego al gobierno, no es menos cierto, que no existe una visión contundente de lo local o una propuesta que motive para salir a votar en las próximas elecciones municipales.

Las elecciones del 8D son un plebiscito, se pregona

Es la estrategia inmediatista, desesperada de una dirigencia opositora que busca, a todas luces de forma legítima, una vía electoral que desmorone las bases de sustentación endebles de un gobierno que se subió en ellas sin hacer cálculos de estructura y resistencia, y sobre las cuales sigue montando un insoportable peso agobiante derivado de la crisis económica y financiera, incapaz de manejar por abulia e incompetencia; o quizás, como política de Estado para imponer el Estado Comunal.

Es el juego de cartas electoral de la oposición que busca la seguidilla de eventos democráticos (elecciones, referendo) centrados en el cambio del gobierno nacional.

No obstante, posiblemente desde el nicho romántico del municipalismo en el cual fuimos formados y de la creencia que “el municipio es la escuela de la democracia”, como lo expresaba Alexis de Tocqueville, somos partidarios que estas elecciones se fundamenten en la necesidad perentoria de salvar la institucional municipal frente al deseo nada oculto y expuesto desde el 2007 (recuerde amigo lector a Aristóbulo Istúriz) de destruir la concepción democrática del municipio para dar paso a la comuna como epicentro del autoritarismo unipersonal y centralista del Presidente de la Republica.

Las elecciones deben centrarse más en derribar el escenario de convidados espectadores de un sistema colectivista que enajena los derechos fundamentales que como ciudadanos nos corresponde a favor de un derecho colectivo, que no es más que los derechos y prerrogativas de un partido único que gobierna, bajo el pretexto de un colectivo feliz y solidario que en su conceptuación plebiscitaria.

Al venezolano hay que hacerle volver al Municipio, “a la raíz de la República, esencia de su futuro vigor independiente que en el Cabildo se gesta”, como lo resumió extraordinariamente Mario Briceño Iragorri”. En estas elecciones el ciudadano debe luchar por no dejarse quitar el espacio natural de la solución de sus problemas del día a día, la vía institucional expedita para logar respuesta a sus inquietudes y reclamos.

Hay que arrancar de la vista del venezolano el viejo esbozo, que afinca y restriega en la actualidad el oficialismo comunal, que el municipio es “una institución desprestigiada, agobiada por el centralismo, utilizada por los partidos políticos y sumida en una grave crisis de representación y de participación” (Brewer Carías).

La confianza, respeto y conocimiento de la institución municipal es la única forma de enfrentar con éxito el centralismo que aborrece la institución municipal y, por tanto, confina al ciudadano a la sola participación electoral y lo subordina a un sistema de dádivas sociales, esencial de un régimen de servidumbre estatal, mediante una maltrecha política presupuestaria redistributiva y “pago de la deuda social”, que no es más que una nueva manifestación más alienante y perversa de clientelismo político excluyente.

El centralismo como expresión de debilitamiento de los estados y municipios, que describe adecuadamente la actuación del gobierno nacional y su afán por destruir la institucional municipal, busca debilitar su estructura, hacer más complejo la gestión de los asuntos propias de cada localidad, haciendo artificiosamente necesaria la asunción por parte del Ejecutivo Nacional de muchos servicios y actividades que son propias e inherentes al municipio.

Los partidos políticos deben incentivar el municipalismo como expresión del conocimiento, estudio y propuestas de lo local; lo cual le sirve para su enraizamiento en la población y fortalecimiento en la lucha democrática.

La cercanía de las elecciones del 8D es la justificación perfecta para que más allá del proceso comicial, se construya a partir de lo local, una fuerza de choque pacífica y democrática contra el avance del Estado Comunal; un batallón de ciudadanos que lidere su comunidad en la exigencia de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios en beneficio de ese colectivo.

No es lo mismo un partido y otras sociedades parciales en las que los ciudadanos se agrupan por intereses o afinidad luchando como fuerza nacional –la más de las veces con acción palpable solo en las grandes ciudades- contra un gobierno omnipresente que monopoliza instituciones, medios y recursos, que un estructura organizativa de esas sociedades y partidos destinadas a enfrentar “en” y “desde” los más de 340 municipios existentes en el país la arremetida antidemocrática.

La municipalización será el “caballo de Troya” en la presión democrática desde la periferia hacia el centro del poder desde aquellas zonas apartadas y recóndita de la geografía nacional, donde ni siquiera, en muchos casos, llega o se siente la acción efectiva del gobierno nacional.

La municipalización como expresión de la presencia organizada de los partidos y demás sociedades parciales, con líderes formados en las competencias locales, en la gestión de los asuntos municipales y con el respaldo de la institución a la que pertenece, es la mejor forma de conducir la lucha por la preservación de la democracia, de recatar las entidades locales presas de la tenazas de las que se vale el centralismo para asfixiarlas y demoler el Estado de Derecho plural.

De lo que se trata muchísimo más allá del “plebiscito del 8D” es, como lo alguien indicara, poner coto y fecha cierta de vencimiento a “la improvisación centralizante”, agregando nosotros, y derrotar la antidemocrática concepción del Estado Comunal.

No hay duda pues de la respuesta afirmativa al título de nuestro artículo, tomado de la obra de igual nombre de Jean de Savigny. Los partidos y la MUD sabrán a su manera responderla. Ojala que la afirmación este acompañada de una pronta acción con cara al 8D y allende a tal proceso comicial.

@NegroPalacios

Por Leonardo Palacios

La Asamblea Nacional procederá a aprobar la Ley Orgánica de la Cultura que tendrá por objeto “desarrollar los principios rectores, deberes, garantías y derechos culturales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia; fomentar y garantizar el ejercicio de la creación cultural, la preeminencia de los valores de la cultura como derecho humano fundamental, bien irrenunciable y legado universal, reconociendo la identidad nacional en su diversidad cultural y étnica, y respetando la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas”.

Se supone, que este proyecto fue suficiente analizado, compartido, debatido y producto de una reflexión común entre el parlamento y los destinatarios naturales de la ley: “la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, a las organizaciones del Poder Popular, así como a todas las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que se dediquen a realizar cualquier actividad relacionada con la práctica, promoción, organización, fomento, formación, administración y disfrute, vinculado con la cultura”.

Sin embargo, no fue del todo así. La discusión de un proyecto de ley, no es una concesión graciosa de la AN. No es una mera formalidad que se cumpla con desgana, desprovisto del verdadero afán por conocer y empaparse de la realidad sobre la cual se va a legislar, regular, establecer condiciones o limitaciones y el financiamiento de un derecho fundamental, como es la cultura.

Mucho menos, la consulta obligatoria puede ser una amañada convocatoria de ciertos sectores eventualmente afectados o alcanzados por la normatividad que se quiere imponer o hacer valer, para pretender una legitimidad que se va afectada en el origen, que menosprecia la verdadera esencia del protagonismo democrático y de la participación política como estadios más avanzados de la democracia representativa.

La consulta no solo es la realización de un evento con formato de show de lanzamiento y promoción de un diputado, la plataforma publicitaria de una propuesta política o un paredón de fusilamiento moral a los destinatarios de la norma. Es un acto esencial, de básica eficacia, legitimación de origen y el bautizo elemental de su carácter democrático, máxime cuando se trata un derecho complejo, concebido más como cometido y obligación del Estado que como un derecho a actuar que dependa fundamentalmente del ciudadano para su realización.

El reconocimiento y formulación del derecho humano a la cultura por parte de la AN, es complementario pues el mismo existe, resulta inevitable por la misma existencia del ser humano que hace que se imponga su observancia al Estado y a sus órganos sin fronteras algunas, que su violación sea un hecho globalmente perseguido y susceptible de ser sancionado, en cualquier lugar y sin prescripción de ningún tipo.

El desarrollo del derecho a la cultura es complejo, demandante en su formulación de un consenso social permanente, de una revisión recurrente de las bases normativas, organizativas y de financiamiento del Estado en la actividad prestacional que haga de la cultura un hecho de acceso cierto y no una herramienta de exclusión, discriminación o persecución. Una mera y propagandística expectativa.

El derecho a la cultura, como expresión de múltiples contenidos, requiere de un Estado que incentive y no castre, que propicie la actuación comprometida de todos los sectores y no la construcción de guetos institucionales, actores ideológicos de un proyecto particular que desdibuje el carácter universal y progresivo de ese derecho fundamental.

El derecho a la cultura, involucra el derecho a la cultura propia tanto como derecho a su preservación y derecho a la realización de los hábitos y tradiciones que la caracterizan y el derecho al conocimiento cultural.

También involucra el derecho al conocimiento cultural, entendido como derecho al conocimiento de la cultura del pueblo al que pertenecemos, a nuestra civilización que es el escenario de nuestra existencia y desarrollo de la libertad y dignidad ciudadana, y el derecho a acceder a la información atinente a otras culturas, lo que evidencia su intima e indisoluble vinculación a esos derechos fundamentales.

Es por eso que la Constitución de 1999 establece que “la creación cultural es libre” (artículo 98), “los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano” y “un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará” (artículo 99).

La AN que debería ser el anfiteatro principal de la democracia, se le impone por la fuerza de la razón que deriva de la naturaleza humana del derecho a la cultura misma lograr que el Estado incentive y estimule la cultura “procurando las condiciones, instrumentos legales” y sobre todo el “establecimiento de incentivos y estímulos para que las personas, instituciones y comunidadesque promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y actividades culturales”

(artículo 100).

NO obstante, en aras de una pretendida definición del financiamiento a la cultura, se procede a aplicar el tortol a la empresa privada a través de la creación de una nueva contribución sin estudio socio económico que demostrara cuáles son las necesidades financieras del sector para poder determinar en qué medida debía establecerse este nuevo tributo; y que además, justificara que la imposición de este impuesto oculto no afecte a las empresas gravadas ni altere indicadores macroeconómicos de importancia.

Esta nueva contribución especial se suma a otras contribuciones, entre las cuales se encuentranla Ley de Drogas, Ley del Deporte, Ley de Ciencia y Tecnología. La obligación de realizar este aporte, administrada por un fondo especial sin control ni visión de finanzas publicas y sin exigencia de eficiencia y eficacia, pone en riesgo el monto que hoy en día destinan las empresas privadas para la promoción y el fomento de la cultura venezolanay la identidad cultural venezolana, lo cual elimina la iniciativas privada que busca promover el desarrollo de actividades como festividades locales y regionales, talleres y programas de formación cultural, ferias cinematográficas y de lectura, entre muchísimas otras actividades que alienta el constituyente.

La administración de los tributos por parte del Fondo Nacional de la Cultura generará incertidumbre en cuanto a la asignación de recursos a las diversas actividades culturales. No están especificadas las cantidades que se asignarán ni los criterios que se utilizarán para la entrega de recursos.

Tal afirmación no es un retruécano oposicionista, es el producto de la observación de la lacerante experiencia que resulta de 24 contribuciones parafiscales existentes, que se convierte en saqueo a los bolsillos de las empresas, que afectan proyectos, iniciativas y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales del ciudadano dizque beneficiados por su vigencia; que inciden en su capacidad de consumo debido a que en la formación de los precios de bienes y servicios concurre todo tributo, por más prohibición quimérica de traslado o repercusión al consumidor final.

El dinero que la empresa privada debe depositar en el FNC (1% de las ganancias netas), no se utilizará para el desarrollo y la promoción de la cultura, ni llegará a manos de los cultores, artesanos, artistas o trabajadores culturales. La Ley Orgánica de Cultura viola nuevamente la consulta como forma de participar e intervenir en la democracia, lo cual impone, que en defensa de la universalidad, imprescriptibilidad, progresividad, interdependencia e indivisibilidad del derecho a la cultura y de una regulación sin exclusiones y verdaderamente participativa, todos estemos atentos; no solo las instituciones e intelectuales, cultores, artesanos, artistas o trabajadores culturales. Como demócratas esta arremetida es para no descansar, para no parar quieto, para estar siempre atento y vigilante, dispuestos a actuar, exigencias propias que formula Savater a los demócratas.

La legislación sobre la cultura ni estimula ni promueve, ni respeta su valor esencial. Sera el inicio del decaimiento de la iniciativa privada con el Estado en este importante sector. Será la sumatoria de otro tributo sin razón y sin destino eficiente. @NegroPalacios

Por Leonardo Palacios

La posición que asume el gobierno en materia de salud contraría y rehúye el rol fundamental que, en razón de su esencia como derecho social fundamental, le atribuye la Constitución.

La reduce a una mera retorica política, sesgada, de corte ideologizante que vacía su contenido, borra su naturaleza prestacional y centra en un actor, que forma parte del todo el sistema, su fracaso e irresponsabilidad de todos estos años.

La Constitución consagra a la salud como una “obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida” (artículo 82). Tal consagratoria, impone que el Estado promueva y desarrolle políticas orientadas a elevar la calidad de vida, bienestar colectivo y el acceso a los servicios, mediante un sistema de rectoría descentralizado y participativo (artículo 83).

Lo expresado tiene varias implicaciones:

El derecho a la protección de la salud es una garantía del derecho a la vida, que impone alargarla con un mínimo de calidad. Es un derecho prestacional que implica medidas positivas, sin olvidar la obligación negativa o de abstención del Estado de no dañar a la salud, por acción u omisión.

Ello implica que todos los órganos del Poder Público (nacional, estadal y municipal) están obligados a garantizar la salud de la población mediante la legislación, la dotación física y de equipos, asignación de recursos, otorgamiento de incentivos de todo tipo y la tutela efectiva del goce y acceso a la salud.

La solución no debe buscarse en la centralización ni en la negación del derecho u obstaculización de la obligación de los estados y municipios a actuar y colaborar, propio de un sistema y coordinación indispensable en la actividad prestacional.

La salud no es únicamente incumbencia del Estado, su garantía y efectividad como derecho fundamental corresponde a todos los ciudadanos, a la comunidad y a la institucionalidad propia a la interacción social, tales como universidades, los centros de investigación y las formas empresariales prestacionales (las clínicas y centro de salud que combinan organización, capital y trabajo).

Corresponde al Estado la rectoría, lo cual si nos atenemos al origen de la palabra significa la orientación y supervisión de la actividad en obligado respeto y ponderación de los derechos de todos aquellos ciudadanos e instituciones vinculados con el sector salud, estando constreñidos a lograr su “participación” en aras de la seguridad y cumplimiento de los objetivos en beneficio de la vida y salud de la población.

La definición de la acción mancomunada del sector salud debe ser desprejuiciada, despolitizada, es decir, excluida de la agenda de la controversia política diaria. Debe ser el producto de un consenso, de formas concertadas de definición de la línea de acción y de la delimitación de las responsabilidades de cada actor.

El gobierno ha convertido la rectoría en una centralizada y errática forma de intervención, mediante una agónica e irreal regulación de precios, en una arremetida contra las clínicas como si éstas fueran responsables de la devaluación o la causa eficiente de los factores alcistas de los bienes y servicios requeridos para la prestación del servicio de salud, incluyendo prevención y tratamiento de las enfermedades.

El gobierno oculta el deterioro de la salud pública, de la seguridad social y de las políticas erráticas cuyos resultados sobre ellos se cierne, buscando aliados en la colectividad, creando artificiosamente un indeseable e inconveniente enfrentamiento entre el ciudadano, las clínicas, los médicos y demás profesionales de la salud, en el cual el único perdedor es el usuario.

La inflación, impuesto no legislado que pagamos todos y que se convierte en una forma no establecida explícitamente de expropiación, afecta de manera drástica la adquisición y mantenimiento de equipos e insumos en el mercado interno.

La adquisición de tecnología de punta se hace cada día más difícil y costoso, todo motivado a las restricciones propias de la rigidez del control cambiario, a la ausencia de atención prioritaria en el suministro oportuno de las divisas necesarias para su adquisición en una especializada y reducida oferta en el mercado internacional.

El gobierno concede incentivos fiscales y beneficios cambiarios irracionales y sin previsión efectiva de resultados, como por ejemplo, a las organizaciones socioproductivas del Poder Comunal, también a otros considerados como estratégicos como el turismo, pero el Estado se abstiene de incentivar la construcción o expansión de clínicas, hospitales o servicios, y la importación de equipos y demás insumos.

La salud resulta más importante, un pueblo enfermo, disminuido en sus facultades físicas y psíquicas no es apto para el turismo.

El gobierno obliga a las instituciones financieras para el otorgamiento de préstamos a tasas preferenciales para ciertas actividades, y no así para el sector salud.

Se busca desesperadamente llevar al cadalso a las clínicas privadas como responsables de la crisis, que no han generado.

El gobierno pretende ocultar el efecto lapidario en los costos y, por ende, en los precios del nuevo régimen laboral, de la escasez que conlleva a nuevas erogaciones imprevistas de gestión y procura, la carga irracional de las contribuciones parafiscales que implican mayores costos de cumplimiento, la voracidad de la imposición local, la deficiencia de servicios públicos como la electricidad que obligan a efectuar egresos no convencionales para paliar la insuficiencia o aquellos representados para hacer frente a la agobiante inseguridad.

Se deja a un lado el hecho que las clínicas son un eslabón de una larga cadena, en la cual el propio gobierno juega un rol importante; cadena en que los actores trasladan las distorsiones, afecciones cambiarias, financieras y presupuestarias que redimensionan sus costos.

La regulación encallejona y condena a un gueto al sector pues se pierde la calidad y regularidad del servicio, se hace cada día más cuesta arriba el acceso a las nuevas tecnologías, o peor aún, sufragar los gastos de mantenimiento y preservación de las existentes.

Es inocultable los resultados negativos de la ausencia de una política pública integral en la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la adopción de medidas en el control de riesgos (control de aguas servidas, suministro de agua potable, fumigación, vacunación, etc.) que reducen los gastos presupuestarios para hacer frente a las externalidades negativas de una sociedad cada día más enferma y expuesta.

El gobierno y sus organismos administrativos (Ministerios), sus entes descentralizados (Institutos Autónomos, PDVSA, CANTV), algunas gobernaciones y alcaldías deben ingentes cantidades de dinero por la atención a sus funcionarios, empleados y familiares, haciendo que las clínicas se «chupen» la devaluación, la inflación y acudan a un financiamiento de terceros muy oneroso.

El Estado no asume el tratamiento oportuno, la cura y rehabilitación de sus funcionarios pues no puede ni tiene como hacerlo, recuesta su insuficiencia en el sector privado, no define políticas concretas ni es capaz dejar las posiciones panfletarias para llegar a un gran acuerdo entre todos los actores involucrados.

La ruta está, como lo expresa el especialista en políticas públicas en el sector salud Dr. Pedro del Médico, construida y con indicaciones expresas para no perderse, la ruta la señala la propia Constitución.

Definitivamente, el gobierno en materia de salud ni lava ni presta la batea.

@NegroPalacios

Por Leonardo Palacios

El lector se preguntará la razón de esta artículo si el Impuesto a las Transferencias Financieras (ITF), está derogado. Es un mal recuerdo del venezolano, una amenaza que genera fundado temor, cada vez que el Ministro de Finanzas o algún diputado hablan de la baja presión tributaria y de la necesidad de aumentar la base de imposición.

La respuesta se encuentra en la sentencia dictada por el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 21 de junio de 2013.

El referido órgano jurisdiccional sostiene que el Decreto ley creador del ITF al disponer en su artículo 19 que el impuesto “no será deducible del Impuesto sobre la Renta, la mencionada norma indicaba que tal concepto no estaba dirigido a que se realizase la deducción del impuesto causado o determinado, por lo que la deducción del ITF efectuada por la recurrente, al considerarlo un gasto deducible del enriquecimiento neto, es totalmente improcedente”.

La sentencia avala un dispositivo que de manera obvia representa una violación de la exigencia constitucional de consultar la capacidad económica y procurar la progresividad del ISLR.

Olvida la esencia progresiva y el carácter que reviste el ISLR como columna vertebral del sistema tributario, y la trasgresión del legislador a su obligación de armonizar y coordinador la coexistencia de tributos de diversa fuente y naturaleza.

La falta de técnica legislativa de la Ley del ITF, el precario manejo de la estructura y principios de la imposición a la renta y su necesaria correspondencia con los principios, exigía un análisis sistémico del ordenamiento, principios y técnica impositiva para privilegiar la exigencia constitucional de consultar la capacidad económica y procurar la progresividad del ISLR.

No basta con expresar que “para el establecimiento de la capacidad contributiva de un contribuyente, son necesarios múltiples elementos que no sólo estarían restringidos a los que conforman su carga impositiva con relación al impuesto sobre la renta, sino que sería necesario una revisión minuciosa e integral de toda la relación jurídico impositiva que el administrado mantiene con el Fisco Nacional, pues sólo así podría establecerse con certeza la medida de su capacidad para soportar cargas fiscales. Asimismo, sería necesario conocer la totalidad de los balances, declaraciones y otros elementos capaces de reflejar la actividad financiera e impositiva del contribuyente en los diferentes períodos fiscalizados.”

Resulta aislado motivar “que el Principio de la Capacidad Contributiva, se refiere a las cargas que deben soportar los contribuyentes en razón del pago de los tributos, por lo que ciertamente, a mayor capacidad contributiva, mayor tributo; no obstante, la actividad transgresora de los administrados no puede estar amparada por tal principio”.

La razón era y es muy simple: todo impuesto, tasa y contribución parafiscal que soportan los contribuyentes, salvo el ISLR, debe permitirse deducir para la determinación del enriquecimiento neto global de los contribuyentes; lo contrario es inconstitucional. Esta afirmación no es nueva ni es la primera oportunidad que la efectuamos.

La hemos formulado reiteradamente: en nuestra actuación como Coordinador de la Reforma Tributaria en 1993, cuando se pretendió incorporar en la Ley Habilitante que le fue otorgada al Presidente Ramón J. Velázquez la facultad para la creación del Impuesto al Débito Bancario (IDB); posteriormente en el seno del equipo asesor del Ministro de Hacienda Julio Sosa Rodríguez en la ejecución del denominado “Plan Sosa” que dio origen a la primera Ley Habilitante concedida al Presidente Caldera que permitió no sólo la creación del SENIAT sino la incorporación, por primera vez, del IDB con carácter extraordinario; y desde el ámbito académico y parlamentario durante las reediciones de esta perversa, poco técnica, inflacionaria y regresiva exacción y su conversión, aún más distorsiva, en el ITF.

Es el criterio mayoritario de los especialistas, nacionales e iberoamericanos, tal como concluyó las Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario de 2008.

En el Libro Homenaje al Dr. Tomas Carrillo Batalla, editado por la Universidad Central de Venezuela, expusimos las razones de variada índole que evidencia la antijuridicidad de sostener la improcedencia de deducir el ITF soportado y pagado por los contribuyentes.

Igualmente, en el informe de Relatoría de las X Jornadas Venezolana de Derecho Tributario de 2011 organizadas por la Asociación Venezolana de Derecho Tributario expusimos:

I. La imposición a la renta es la expresión máxima de la tributación directa y progresiva en Venezuela, sobre la cual descansa la progresividad del sistema tributario y se garantiza la consulta a la capacidad económica de los contribuyentes.

II. La progresividad del ISLR se logra no sólo con el establecimiento de tipos impositivos que aumentan en la medida que la base imponible se incrementa, sino que también, es imprescindible que la base imponible sea el producto del reconocimiento de los gastos ocasionados por el contribuyente para la preservación del enriquecimiento gravable.

III. Los tributos constituyen egresos ineludibles para la producción del enriquecimiento, que deben ser reconocidos para lograr la reiteración de la verificación del incremento patrimonial y garantizar la racionalidad de la imposición y la consulta a la capacidad contributiva

IV. El artículo 27 numeral 3 de la LISLR establece como gastos deducibles los impuestos pagados por los contribuyentes por razón de actividades económicas o de bienes productores de renta. Tiene la naturaleza de armonización y coordinación que procura una tributación racional, no confiscatoria.

V. El ITF es una exacción que afecta las distintas partidas del balance del contribuyente, siendo lo jurídicamente apropiado a la definición progresiva del ISLR y a la consulta a la capacidad económica su deducción o tratamiento como gasto normal y necesario para la producción de la renta.

VI. El carácter acusado de la norma contenida en el artículo 27 numeral 3 de la LISLR exige que su reforma o supresión se efectué mediante Ley de reforma parcial a la LISLR y no por vía de otra ley, tal como se desprende de su artículo 4.

La decisión de este caso implicó la pérdida por un criterio funcionalista e interpretación gramatical que prescinde de una visión integral del ordenamiento, una oportunidad para establecer con claridad, que el ISLR es la sumatoria de la incidencia de la totalidad de tributos que gravitan sobre el contribuyente, debiéndose arbitrar formas armonizadas de imposición, que en última instancia interesa al Ejecutivo, para que el tributo sea justo y cumpla con la finalidad que les propia.

La sentencia sienta las bases que refuerzan la real existencia de una tributación irracional y distorsiva, contraria a la Constitución Bolivariana y la esencia regresiva y poco técnica de exacciones como el ITF y de contribuciones como la prevista en la Ley Orgánica del Deporte, Actividad física y educación física que copia este modelo de deformada visión del principio de la capacidad contributiva.

Esperamos que este criterio sea objeto de revisión, que la propia jurisdicción contenciosa tributaria, como lo ha hecho en otros casos, asiente las bases para la armonización y coordinación, haciendo viable una eventual reforma impositiva.

(Por Leonardo Palacios Márquez).

(@NegroPalacios).

Por Leonardo Palacios

El tema de los “paraísos fiscales” siempre ha sido objeto de discusión a nivel de la Administración tributaria de todos los paises, de los especialistas y de instituciones internacionales involucradas en las políticas tributarias (creación o modificación de los impuestos y su inserción en la actividad financiero del Estado) y de administración tributaria (mejoramiento de la recaudación, es decir, articulación de políticas de reducción de los márgenes de evasión fiscal).

La crisis internacional que ha afectado a los Estado Unidos y a Europa, con obvias implicaciones en el resto de la comunidad internacional, ha puesto con cierta intensidad la discusión sobre los efectos e implicaciones de la denominada planificación fiscal internacional de las empresas.

La notoriedad del tema perdió el cariz de ser exclusivo o de estar circunscrito al ámbito de la discusión política parlamentaria producto del control de igual naturaleza que se efectúa sobre el Poder Ejecutivo, por ejemplo, cuando éste enfrenta discusión de aprobación de los presupuestos o su diseño y ejecución (recortes del gasto de determinados sectores o incrementos de los impuestos).

Para sorpresa de algunos, a comienzos de este año en la emisora de la Asamblea Nacional, tuvimos la oportunidad de escuchar a su director, ponderando sobre la malignidad de las empresas multinacionales, suerte de Caballos de Troya del imperialismo rapaz, “evadiendo” impuestos y afectando los pobres del mundo; todo por supuesto, con criterios de palangre radial revolucionaria.

Recientemente, algunos informes, entre los cuales; se encuentra el informe de Tax Justice Network del cual daba cuenta el Diputado director sin argumentación y análisis técnico alguno, tuvo eco en la prensa europea y sus centros de poder, especialmente, en España ante la erosión de su bases de imposición.

Los “centros offshore”, como ahora llaman a los “paraísos fiscales” retoman la palestra, alcanza los niveles de la entrega del Oscar, la elección de Miss Universo o un matrimonio de alguna celebridad. Es ahora un típico tópico de cualquier prestigiosa revista de farándula o de sociales. Los responsables de tanta notoriedad son Lionel Messi y las primas del Rey Juan Carlos de España.

La formas erosivas de la imposición de estructuración de negocios, que algunos erradamente quieren encerrar en el vocablo “elusión fiscal” sin hacer distinción con la evasión, está en la agenda de la Unión Europea, del G8 y de toda cumbre internacional que importancia.

El reto de los países en un mundo global es la adopción no solo de medidas internas de legislación y planes efectivos de reducción de la evasión fiscal sino la búsqueda de aquellas convencionales para evitar la doble imposición y mecanismos de intercambio de información entre los países miembros pues como expresaba Josep Borrel Presidente del Parlamento Europeo en 2006, “ahora el problema es si somos capaces de construir una respuesta común a los problemas de un mundo global (…). Los problemas demográficos y, consecuencia, los de la emigración; los problemas energéticos; los problemas de competitividad y los sociales, no los podrá resolver un país solo”.

Y uno de esos problemas comunes es, sin duda, es de la imposición y la maximización de la recaudación sin afectar la movilización de capitales, el desarrollo de nuevas tecnologías, los derechos económicos representados en la libertad de establecimiento, de prestación de servicios y la circulación de personas.

La reacción de las autoridades fiscales deben ser equilibradas y racionales tanto en la propuestas de legislación para su aprobación como en su ejecución, una vez sancionada y promulgada.

A tal fin se debe partir de la premisa de una equiparación e igualdad de la relación jurídica impositiva entre el Estado y los particulares, es decir, que si bien aquél tiene amplias potestades de inspección y fiscalización y la libertad condicionada de crear tributos, también los segundos tienen derechos, definidos a partir de la noción de libertad, reconocida y protegida por la los tratados en materia de derechos fundamentales y en los textos constitucionales.

Lo que se pretende es buscar un equilibrio entre derechos: el del colectivo representado por el Estado de percibir lo que legalmente corresponde para financiar el gasto público para la satisfacción de sus necesidades y el de los agentes económicos privados, nacionales e internacionales, de articular su actividad económica empresarial a los fines de redituar sus activos e inversiones y desarrollar su libertad, sin más limitaciones que la establecidas en la ley.

Nadie discute los efectos nocivos y las distorsiones que generan la evasión fiscal y, dentro de estos, el uso abusivo sin justificación económica y financiera de ciertas operaciones internacionales y su estructuración.

Ello hace preciso desde la más elemental forma de búsqueda de la transparencia fiscal para determinar el punto primo de la generación de riqueza hasta la adopción de medidas y normas antiabuso.

La acusada internalización de la economía implica mayores retos de la Administración tributaria en la medida que proporcionalmente se suceden e incrementan las formas abusivas de organizarse y planificarse las empresas.

Así por ejemplo, la Ocde ha venido trabajando afanosamente en las la búsqueda de desincentivos a los comportamientos empresariales susceptibles de disminuir o erosionar la capacidad de los Estados de generar ingresos de fuente tributaria,

Un tema sin duda de interés, de largo trajinar que conlleva a grandes retos para definir la “Competencia fiscal Perniciosas” sin afectar la creación de barreras a la neutralidad y atracción de inversiones.

Por Leonardo Palacios Márquez

(@NegroPalacios)

Por Leonardo Palacios

Sin duda Colombia debe ser para nosotros, complicados vecinos, una referencia para lo bueno y lo malo.

Una vitrina contemporánea entre otros, de los males modernos que lo han aquejado en varias etapas de estos últimos decenios, de las distorsiones económicas, de los errores políticos, del desvanecimiento institucional, de la descomposición social, la violencia en sus distintas formas y su impacto en la sociedad por distintas y variadas formas, derivaciones de las acciones y omisiones, que han hecho de nuestra hermana nación todo un laboratorio social.

Sin embargo, Colombia no deja de sorprendernos; se ha convertido en un patrón de cómo surgir a pesar de la violencia, de cómo emerger con empuje en circunstancias de amenazas extremas en su seguridad interna, como preservar la institucionalidad por encima de los hombres que la conforman, cómo lograr que el mundo desarrollado voltee hacia latinoamericana y pose sus ojos en su heterogénea y rica geografía, en sus costumbres, en su nivel cultural y educativo, en el empuje una sociedad que se engalana en el resultado del esfuerzo colectivo.

Ya Colombia no solo es violencia y narcotráfico; ya es una referencia de empuje y desarrollo, un polo competitivo y de competitividad que la hace destino dilecto de los inversionistas.

Más allá de las controversia normal y la dialéctica erosiva de la actividad política, las cual se hace eco en las instituciones, hay una Colombia renuente a perder lo logrado, ha renunciar los avances realizados y el reconocimiento obtenido en la colectividad internacional.

Por eso no sorprende, que Colombia haya sido invitada el pasado 29 de mayo de 2013 por el Consejo Rector, reunidos en el Foro de Paris, a engrosar el selecto grupo 34 de países que integran la cincuentenaria Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE.

La OCDE tiene como objetivos generales, de ahí la rigurosa selectividad que aplica de los países invitados y su definitiva incorporación, lo siguientes:

· Contribuir a una sana expansión económica en los países miembros, así como no miembros, en vías de desarrollo económico.

· Favorecer la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales.

Realizar la mayor expansión posible de la economía y el empleo y un progreso en el nivel de vida dentro de los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo así al desarrollo de la economía mundial.

Hace algunos años era impensable ver a Colombia enrumbada a ingresar en el prestigioso club de los “países ricos”, de los “países desarrollados”.

Mientras lidia con un vecino complicado y díscolo, que cocoquetea con sus enemigos internos y le hace cada trastada, sin inmutarse quizás por pragmatismo audaz de Santos que ya no sorprendente ni a propios ni extraños, Colombia articula políticas macroeconómicas de estabilidad que le permite sanear su economía, reglas de disciplina fiscal, una reciente, aun cuando my controvertida, reforma tributaria –que por cierto Venezuela ha sido renuente e irresponsable en emprender, la definición de una política minera (minería, gas y petróleo) que han arrojado índices muy positivos de su evaluación.

Haber sido convidada para ingresar a la OCDE, reviste para Colombia una importancia capital, la cual sintetiza Mauricio Cárdenas Ministro de Hacienda, al expresar que “es un sello de calidad incuestionable que el país va aprovechar para seguir trayendo inversión y generar más oportunidades para todos los colombianos” (Portafolio 31 de mayo de 2013).

La invitación extendida es el resultado de una intensa evaluación iniciada, a raíz de la solicitud formalizada en enero del 2011, durante una visita a París del presidente, Juan Manuel Santos, cuando justificó esa intención porque la OCDE “es el club de las buenas prácticas gubernamentales” y “un paso importantísimo para el país, para transformarlo positivamente y que estemos a la vanguardia”.

La invitación, formulada en tiempo record, no significa un ingreso inmediato. Comienza una etapa de formalidades y cumplimiento de trámites.

En las próximas semanas una delegación de OCDE visitará a Colombia con el objetivo de hacer entrega de una “hoja de ruta critica”, uno de los trámites que le permitirá adecuarse a “las mejores prácticas de los países miembros”.

Es una etapa que llevará meses y exigirá al gabinete del Presidente Santos un trabajo de filigrana.

Mucho de ese trabajo de adecuación ya está en avance, como es el caso de la adhesión de a la “Convención Multilateral de Intercambio de Información de la Asistencia Mutua Fiscal”, cuya ley de aprobación se discute en el Congreso de la Republica.

Mientras tanto Colombia define las bases institucionales que sustentan la acción gubernamental (varias y coherentes políticas públicas), teniendo como modelos y parámetros de comparación y norte la de los países más desarrollados miembros de la OCDE, recibiendo su apoyo para el logro de los objetivos que justifican la existencia de organización de cooperación internacional.

Dentro de poco, tendremos una Colombia fuerte, más atractiva a la inversión productiva y generadora de condiciones de desarrollo, con una económica diversificada y fuerte, erigida orgullosa y firme para ponerse de “tu a tu” con los empresas transnacionales en la definición del ordenamiento regulatorio que sirve de marco de su actuación y garantizando una participación justa y razonables del Estado del producido de la actividad económica privada y de las inversiones, con índices de resultados económicos a la par o semejantes a las de los “compañeros” del desarrollo económico e institucional.

A la vuelta, ahí mismito, tendremos una Venezuela empobrecida, con índices alarmantes, socialmente fracturada y económicamente depauperada, orgullosa líder de un quiste institucional como el ALBA y en máximo desempeño de una arqueología política como es pretender enseñar al mundo las “bondades” del fracaso del modelo cubano.

Estaremos como aquel zagaletón de familia acomodada que en el transcurso del tiempo ve con pena y tristeza el surgimiento y los avances de aquellos pobres muchachos de quienes se burlaba o “caribeaba” en uso abusivo de su condición privilegiada.

Por Leonardo Palacios Márquez

Es importante aclarar, como punto previo, que el titulo en nada se corresponde con la reseña de alguna obra, centrada en Colombia, equiparable en importancia y trascendencia a la escrita por Rómulo Betancourt el «Padre de la democracia moderna en Venezuela» (Carrera Damas dixit).

No pretendemos un análisis referencial y propio, a un espacio como éste, del condicionamiento del petróleo en la estructura económica y social de la hermana nación, como lo fuera “Venezuela, Política y Petróleo”, obra cumbre del ex Presidente venezolano.

Nuestra intención es reseñar cómo el vecino país asume con responsabilidad de futuro y compromiso de nación, sin renunciar a la búsqueda frenética de la paz, la definición de una política legislativa que apuntale con mayor ahínco el extraordinario crecimiento económico y fortalecimiento institucional de los últimos tiempos.

El pasado 30 de mayo asistimos como conferencista al “Simposio de tributación de los sectores de minería, gas y petróleo Colombia y derecho comparado” organizado por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT) en el marco de la celebración del quincuagésimo aniversario de su fundación.

Fue un evento extraordinario, de intenso análisis y revisión de los sistemas tributarios de los varios países participantes a través de la experticia profesional de representantes de Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú y Venezuela.

El evento demostró una vez más la eficiencia organizativa del ICDT y su neutralidad como punto de encuentro de los académicos y profesionales del área tributaria, tanto en el libre ejercicio, de la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales (DIAN), empresas de servicios de asesoría y aquellas que realizan actividades propias de gas, minería e hidrocarburos (éstas últimas de gran variedad que integran la denominación práctica de industria petrolera).

La jornada se centro, a partir de la experiencia de los países participantes, en obtener una base a partir de la cual Colombia pueda buscar un marco normativo y regulatorio del sector ecuánime y desprejuiciado y que garantice una participación debida y racional del Estado mediante tributos y regalías (Government take).

Los colombianos con la inteligencia institucional y social que los caracteriza, (nos referimos con esta expresión a la paciencia en buscar soluciones concertadas, definidas y abiertamente consensuadas cuando de privilegiar al país se trata, haciendo funcionar la institucionalidad constitucionalmente diseñada y los factores forjadores de opinión) centrando sus esfuerzos en lograr una estructura normativa tributaria adecuada y eficiente.

Adecuada, en el sentido delineado por el destacado jurista colombiano Juan Pablo Godoy en su exposición incial, en cuanto a que la estructura normativa debe estar desprovista de los prejuicios y generalizaciones contra las empresas del sector, las cuales Venezuela intensifico en perjuicios notables y negando los avances logrados en tiempos de la denominada “apertura petrolera” al capital privado.

La adecuación parte de la premisa dibujada por el Dr. Godoy, de tener muy en cuenta “la complejidad del sector, intensivo en capital y riesgo; y regido por dinámicas internacionales de financiación y diversificación del portafolio de riesgo”.

No dejan a un lado los colombianos, con visión de estado a las cuales estamos obligados el jurista en la precisión de los postulados que sirven de base a la política legislativa, el hecho de una mayor valor agregado en el PIB de la minería (en Colombia el sector presupuestariamente incluye minería, petróleo y gas) y mayor generación de ingresos de fuente tributaria minera razonable en términos de las alícuotas o tipos impositivos, reconocimiento a la inversión en activos (tangible e intangibles), recuperación de las mismas, mecanismo de armonización interna de la estructura impositiva que recae sobre las actividades mineras y las formas de control por parte de la Administración tributaria, ajustada plenamente al Estado de Derecho.

Colombia sabe, que por ahora, es un país con petróleo pero no petrolero, pero que no está lejos lograr la conversión. Los colombianos están muy conscientes que los inversionistas, como lo asentaba en su exposición el Dr. Ricardo Ruiz al presentar un Estudio Comparativo de la Participación del Estado en la actividad minera, uno de los factores que más tiene en cuenta es el cálculo de la tasa sobre su inversión y, de tal determinación depende las decisiones de inversión, expansión o desinversión en un proyecto minero o petrolero.

Y la competitividad deriva no solo de la institucionalidad, la infraestructura, la tecnología y, también de las percepciones que se tengan sobre el sector que condicionan las políticas públicas, sino del sistema tributario.

Colombia pulsa las tendencias mundiales en esta materia, están claros de sus ventajas frente a otras naciones vecinas, la experiencia de otros países tanto en sus aciertos como en sus falencias y distorsiones.

No en vano sacaron provecho a los expositores Susan Block, Stephen Allen, Nelson Rincón, César Gamba e Iván Tauil y sus connacionales en temas cruciales de imposición, y de otros como la siempre controversial, en términos de naturaleza concepción y tratamiento impositivo, de las regalías.

No tenemos duda, Colombia va enrumbada a convertirse en un modelo modernos y eficiente de esquema de tributación a la actividad minera y a un desarrollo económico acelerado. No en vano ya la OCDE la tiene proyectada en listar en su selecto grupo de países.

Por Leonardo Palacios Márquez

Otra semana más que pasa y otra que comienza en las cuales la agenda política se impone sobre otros temas cruciales, que afectan y condicionan directamente el rumbo social y el bienestar del venezolano.

La evidencia de lo expresado, la venta de Globovisión y la controversia generada en las redes sociales a raíz de las salidas de algunos de sus periodistas y anclas de gran influencia y popularidad, amén de activistas políticos venidos a conductores de programas de opinión.

La controversia se torna acre e intensa, se pasea desde la ribera de la racionalidad y de la justa protesta a la orilla del insulto.

Los primeros denuncian una violación a la libertad de expresión por la “votada” injustificada de comunicadores sociales, el silencio ensordecedor de algunos críticos del gobierno ahora en funciones corporativas, la veda impuesta a Henrique Capriles Randosky y el aparente cambio de la línea editorial del canal.

Los segundos, enmarcado en la misma denuncia, exigen inmolaciones e increpan de manera violenta a los apreciados amigos periodistas de la planta que enfrentan una gran incertidumbre sino de quienes se niegan dar “unfollow” o “bloquear” la cuenta del canal. Olvidan los sacrificios, la entrega, la pasión profesional y devoción libertaria, tanto de sus antiguos accionistas y directivos como de sus profesionales y empleados desde su fundación a la fecha.

Pareciera que las pinceladas de Ryszard Kapuscinski’ en su “autorretrato de un reportero” contenido en su libro “El mundo de hoy” se valida en el caso de la Venezuela actual, cuando afirma, por lo demás de manera controversial y no necesariamente compartida, que “los medios de comunicación (diríamos las redes sociales) han creado una imagen del mundo atrapado por la política, sumido en el caos y completamente desligado de la perdurabilidad, es decir, de todo aquello que atañe a los llamados agentes sociales, a actitudes, mentalidades y problemas cotidianos de las personas de a pie”.

Lo expresado se relieva con trazos gruesos en nuestra contemporaneidad en la que la intensidad de la lucha y el fragor de la contienda política nos arropa.

Ello es lógico, comprensible que sea así pues se trata, sin duda alguna, de la contienda entre dos modelos y sistemas económicos y sociales.

Por una lado, la pretensión de imponer un modelo político destartalado con principios y valores ajenos a la democracia, a partir del cual, dentro de la ortodoxia marxista, se crea todo un sistema económico comunal en el cual el Estado es dueño, por vía del apoderamiento propia de una violencia institucional inusitada, de los medios de producción y de las decisiones de distribución y consumo de los bienes y servicios privados.

Por el otro, la resistencia de una mayoría de recién construcción y efectiva existencia, que busca a partir de la experiencia de los últimos años y del periodo precedente, reconstruir el sistema de libertades como sustrato de la democracia política sin que ello signifique renunciar a estructuras económica eficiente generadora de bienestar colectivo y una social de inclusión, con férrea orientación a la eliminación de la pobreza mediante mayor productividad y desarrollo.

La pérdida absoluta o condena de la ventana a la libertad que representó Globovisión (visión pesimista a priori, no necesariamente infundada) o la “colocación” de papel ahumado (visión más realista y esperada), que dificulta tener una visión clara del deslave institucional y las perversiones del gobierno, no significa que todo se ha perdido.

Ahora más que nunca la lucha es de todos, no solo de los partidos y sus dirigentes, o de las instancias de coordinación como la MUD que es una plataforma unitaria.

Ya la lucha por la democracia, como lo expresó Orlando Viera (@ovierablanco) en la polémica tuitera que da inicio a este artículo,” “ya no será deber de Globovisión. Será responsabilidad de cada uno de nosotros”, culminando lapidariamente su tuit, “que la telepolitica descanse en paz”-

La democracia, decía Consalvi, quien tanta falta hace en estos días, “es muy costosa y su conquista terriblemente costosa. Cuesta mucho conquistar la democracia y la libertad, pero se pierden muy fácilmente”.

La actual coyuntura requiere de un liderazgo creativo, comprometido y especializado, con formación y estructura del mensaje, capaz de llegar y conquistar a la gran mayoría de venezolanos, sobre todo aquellos que aún mantienen un endeble lealtad al régimen.

Comienza, por lo menos en la Venezuela corriente, la debacle del liderazgo acartonado, del político o política con la sonrisa a flor de piel apenas ve la cercanía del micrófono y la acción casi imperceptible del camarógrafo y el luminito; de la pose circunstancial de gran ponderador y del mensaje pre elaborado, que a todo responde y en todo quiere opinar, sin meditar o insertarse en una agenda colectiva, con el único afán de imponer la suya por aquello de “que quien pega primero pega dos veces”.

Lo que importa es figurar y no aportar

La caída de la dictadura de Pérez Jiménez, escribíamos en la red, fue el resultado de la valentía, solidaridad y trabajo mancomunado de todos los sectores, con un riesgo inmediato mayor que el que se corre actualmente.

Eran tiempos de política de calle, asambleas, reuniones clandestinas con ciudadanos que se comprometían en la lucha, de pintas, panfletos y trabajo de hormiguitas. En fin de convencimiento y razonamiento, de propuestas y contraste con la mentira oficialista.

El político, como escribió Milagros Socorro (@MilagrosSocorro) en su controversial cuenta de twitter, “lo que necesita es conexión con las masas, calle y libros. Rómulo Betancourt (y agregamos nosotros todos los políticos combatientes de la época) no tuvo Globovisión y nada parecido”.

Se impone que los partidos se redimensionen dentro del patrón de lucha, resistencia y organización de los electores como en las épocas difíciles y de esplendor, que se sirvan de estimulo y orientación en la participación de todos.

En definitiva, de lo que se trata es de ser o no libres, de tener un ámbito económico y social dispuesto para el desarrollo de la dignidad humana, tengamos o no a Globovisión (y eso no significa dejar de protestar contra los atropellos a libertad de expresión o el desequilibrio informativo)

Por Leonardo Palacios

(@NegroPalacios)

En los últimos días ha sido objeto noticioso el viejo y noble papel toilette, el cual adopta diferentes denominaciones: rollo higiénico, papel de baño, papel sanitario pero siempre estas formas de identificación tienen como denominador común su uso y destino práctico, siempre de la mano e instrumento coadyuvante de las funciones fisiológicas humanas.

No pretendemos efectuar, en arrebato de osadía imperdonable, una “Oda al papel toilette” tal cual Neruda la hiciera de la cebolla, el tomate o el vino, alabando sus condiciones y desatancado poéticamente su influencia en el arte rutinario de vivir.

La crisis de abastecimiento que vive el país podría representarse gráficamente en un «rollo higiénico».

Por tanto, respondiendo siempre a la tendencia de etiquetar la crisis económicas, políticas o sociales, podríamos llamar esta crisis de desabastecimiento la «crisis del papel toilette».

La escasez es resultado inevitable y, por consiguiente, esperado y seguro de los regímenes de planificación centralizada, de extrema y deliberada intervención del Estado en la economía mediante distintos instrumentos.

Los «dirigistas» o «planeadores» quieren salvar la economía pero se convierten, en «celestinas del comunismo»

El celestinaje económico intervencionistas echa la mano a los impuestos, subsidios, intervención del trabajo y su remuneración, cupos, autorizaciones previas, licencias, otorgamientos de divisas, control de costos y de precios.

Estas formas de intervención son las formas más comunes que afectan la productividad de las empresas, y consecuencialmente, el consumo y bienestar de los ciudadanos.

La intervención o sistema injerencista convierte al funcionario que actúa y se impone como ejecutor de la autoritas irracional del Estado en una suerte de emperador que con el solo movimiento del pulgar otorga, perdona y quita vida a los empresarios y a la población consumidora en receptores beneficiarios de la bondad y las dádivas de ese funcionario.

Razón tenía Belloc cuando afirmaba que “el control de la producción de riqueza es el control de la vida misma”.

El poder del planificador sobre nuestras vidas privadas, expresaba Hayek, no sería menos completo si decidiera no ejercerlo por un control de nuestro consumo”. Este gobierno lo sabe y lo practica, por acción (calcar régimen cubano) u omisión verificada por el torpe manejo de la economía.

El consumo se maneja por vía de la productividad y los precios. Cuanto mayor sea la productividad y menor la intervención en los costos y lo precios mayor es la decisión de escogencia del consumidor y, mayor la libertad ciudadana.

En el fondo la planificación e intervención del Estado en la economía es una violación directamente proporcional a los derechos fundamentales recogidos en los tratados celebrados en la materia y recogidos muchos en la Constitución de 1999.

El «gobernar la economía» como lo pretende el Presidente Maduro es solo un decir que denota mucho autoritarismo y poco conocimiento de la materia.

La arremetida del gobierno contra Lorenzo Mendoza evidenció dramáticamente el desespero de un gobierno incapaz de moldear la crisis generada y el descontento creciente, atrapado en la fuerte madeja de control y la normatividad de un sistema económico comunal cuyo afán de apoderamiento de los medios de producción, distribución y consumo empeoran la situación y, muy especialmente, la ausencia de habilidad de concertar e incentivar a los agentes económicos para tratar de flexibilizar, circunstancialmente, las barreras creadas por el propio gobierno.

La respuesta de altura, mesurada y propositiva del empresario Mendoza, comprometido con el país, desmontó la pretensión del gobierno de reforzar la intervención convirtiéndola en un instrumento de intimidación e inhibición y coartada para ocultar su afán de cubanización, el resultado nefasto de políticas erráticas y la omisión de importantes decisiones diferidas por privilegiar la agenda política inmediatista.

Mendoza desenmascaró a Maduro y puso en evidencia que la escasez de productos básicos o esenciales, y así la violación de los derechos fundamentales del venezolano, es responsabilidad absoluta del gobierno y no de los empresarios.

El ataque contra los empresarios, el acorralamiento de la iniciativa privada, el desconocimiento a la propiedad de los medios de producción social y la interdicción de la distribución, complementarias a los instrumentos, arriba indicados, origina la «crisis del papel toilette», es decir, la crisis de abastecimiento que vivimos y que nos convierte en agentes numerados de una gran cola para lograr migajas de la distribución del Estado.

El dominio sobre la subsistencia del hombre, escribía Alexander Hamilton, equivale al dominio sobre su voluntad, lo cual llevaría a expresar, de reafirmarse la intención de empotrar el régimen cubano en nuestro país, el dominar al venezolano hasta el punto de cómo y cuanto usar el papel toilette. Es decir, la crisis representada en el viejo y noble papel sanitario es la crisis de nuestra libertad.

Por Leonardo Palacios Márquez

(@NegroPalacios)

La violencia política no solo se verifica en actos como los ataques brutales perpetrados contra los parlamentarios Maria Corina Machado y Julio Borges.

Es toda manifestación distorsionada y excluyente, por ejemplo, de las potestades de policía administrativa conferidas por las leyes a los entes reguladores, el accionar de las atribuciones y competencias conferidas a los órganos del Poder Público para el desarrollo de una actividad prestacional cuyo objetivo terminal teórico es la protección y garantía de los derechos fundamentales del ciudadano, empleado como distribución e incentivo de militancia política e instrumentos negador en términos de acceso y satisfacción a la disidencia de los beneficios de la acción del Estado.

La violencia de Estado, fundamentada en una concepto tradicional marxista, como respuesta a la ejercida por la «burguesía» contra el pueblo, generadora de escasez, pobreza, discriminación o percusión, no tiene cabida en Venezuela, cuyos componentes sociales han sido el producto de la movilización social y de una acción estatal, anterior a los tres lustros de dominio chavista, reformista y de factor de crecimiento de una clase media emprendedora que llevo a un sistema de igualdad de oportunidades, aún cuando incompleto o insuficiente dada las perversiones de un populismo clientelar partidista y ésta a la corrupción, aún así con resultados palpables.

La violencia política, amparada en la manipulación de los conceptos patria, patriotismo, pueblo, el nacionalismo exacerbado, la adopción de posturas internas y externas que alientan la xenofobia, resultan altamente peligrosas, más allá de buscar acicate a la población afecta al gobierno, en virtud que los resultados de su puesta en práctica pueden generar en enfrentamientos insospechados e inéditos en el país, lanzándolo a la integración artificiosa y forzada de una «internacional proletaria» cuya problemática y ajenos intereses a los patrios pueden agravar la situación interna.

Hay quienes afirman que el tema del tamaño del Estado en Latinoamérica no es el problema, sino tener “un Estado ágil, eficaz, eficiente, capaz de prestar servicios a los ciudadanos en lo que son los elementos fundamentales del Estado” (Baltasar Garzón).

Tal afirmación tiene una tremenda vigencia en un país que emprende la configuración de un «Estado Comunal» paralelo al «Estado Constitucional», con principios y valores ajenos a nuestra idiosincrasia, sentimientos y valores que ponen en evidencia lacerante, al decir de Felipe Gonzalez, “la contradicción de un Estado clientelar que nos presta servicios eficientes, (en el cual) sobran aparatos estatales ineficientes mientras falta capacidad de respuesta”.

La evolución de la crisis política, agravada por el proceso electoral del 14 A, altamente cuestionable jurídica y políticamente, verifica a la par del deterioro acelerado del gobierno la “aparición de un populismo autocrático y dictatorial” (Henry Kissinger).

De esta forma, las políticas públicas, que eventualmente son diseñadas y ejecutadas, se transforman en inviables, ineficientes, ineficaces y sin la participación real y efectiva de la población.

Así la definición y ejecución de las políticas públicas, en el marco de un gobierno populista autocrático, no genera compromisos del funcionariado, expuesto a persecución o amenazada su estatuto y carrera administrativa por sospechar siquiera su militancia o simpatía de oposición; y si existe un compromiso, lo es partidista militante y ajeno a la vocación de servicio público.

La imposición de las políticas, sin una real y efectiva participación de todos lo sectores de la población más allá de las interesadas, manipuladas o inexistentes consultas, no generan un impacto favorable sobre la realidad que se quiere moldear o transformar, perdiéndose la inversión de recursos y una peligrosa sustracción a la normativa resultados de la ausencia de control y seguimiento, la puesta en prácticas de procedimientos que giran en torno a la corrupción generando una condición de evasión de los sujetos objeto de la regulación, de ser éste el caso, y frustración e insatisfacción en la población.

En un esquema de actuación de confrontación como expresión de una política de violencia de Estado (violencia política), no hay sistematización y universalidad de las políticas públicas en cuanto alcance y satisfacción de toda la población.

No existe una análisis apropiado y una debida evaluación del entorno o realidad sobre la que el Estado debe actuar, ni la determinación de los objetivos a cumplir, la afectación suficiente de recursos materiales (bienes, presupuestarios) y humanos, la adecuada traducción normativa que permita que la acción política se ajuste al ordenamiento jurídico y a una ponderación de los interés involucrados y eventualmente afectados, evitando que se traduzca en una lesión o perjuicio producto de la discrecionalidad abierta o abusiva.

Lo que existe es un estilo reactivo e impositivo de gerencia del Estado, palanqueado en la violencia normativa e institucional, que genera una preocupante deslegitimación de las instituciones, transformándose éstas ciegos instrumentos de sustentación del Ejecutivo y no de control administrativo y político.

Un sistema dislocado de insatisfacción y frustración de las amplias mayorías, la creación artificiosa de dos países, dos naciones, dos categorías de venezolanos, una inmensa baja de la iniciativa privada reflejados en los cierres de empresa; una comprometida situación laboral del sector público y privado; la ausencia de crecimiento y generación de fuentes de trabajo, resultantes de una asfixiante red de controles, trabas y barreras que impiden la satisfacción de las necesidades básicas de la población. La violencia política traducida como de Estado dificulta la definición de urgentes políticas públicas en beneficios de todos los venezolanos.

El Estado es instrumento de satisfacción y no de persecución; es la entelequia del servicio universal de todos, para y por todos y no una sierra de división política y social.

(@NegroPalacios)

Por Leonardo Palacios Márquez