A lo largo del siglo XX casi todas las fuerzas políticas tuvieron su oportunidad en Venezuela. Aunque agazapada en el pensamiento de nuestros dirigentes, a una tendencia ideológica se le había negado el acceso franco al poder: al marxismo.

Cuando una sociedad es tan absolutamente dependiente de un producto, como lo somos nosotros del petróleo, su destino se ve amarrado al de ese producto. Por problemas vinculados a los mercados petroleros, en 1997 los precios del petróleo se desmoronaron y cayó la cesta venezolana hasta 7 dólares el barril. El impacto en nuestra política fue formidable. 40 años de democracia quedaron en entredicho.

En medio de aquel terremoto, la historia optó por brindarle una oportunidad al marxismo. A finales de 1998 llega al poder, disfrazado de tercera vía, tocado con gorra militar y altamente populista. Surfea sobre una larga ola de bonanza petrolera sin precedentes. Aquel inesperado maná petrolero hace creer a los más ingenuos que por fin se estaba logrando una etapa de justicia social. Pero el gobernante no se interesó por establecer las condiciones de un desarrollo socioeconómico sustentable. Su interés se centraba en lograr para siempre el control político. El dogmatismo de quienes habían accedido al poder, armados con lo que creían un infalible evangelio marxista, les hizo imaginar que podrían instaurar una revolución que duraría indefinidamente.

Pero no, la revolución se transformó en uno de los experimentos políticos más fallidos que conoce la historia. Todo basaba en dádivas y en una etapa de ingresos petroleros extraordinarios, sin entender que por definición estos son tan volátiles como el favoritismo popular.

A pesar de que ellos creyeron que subiría para siempre, el petróleo se desplomó. Peor aún, la producción petrolera se vino a pique en medio de una estrepitosa destrucción de Pdvsa, una pavorosa caída del PIB y el estallido de una hiperinflación sin precedentes provocada por políticas públicas aberrantes. El sufrimiento de la gente es conmovedor.

Esto marca el ocaso de la revolución. Sin aquellos ingresos petroleros extraordinarios ni aquel líder mesiánico, sin legitimidad, ese fenómeno político ya no tiene bases de sustentación. La vía de la fuerza, embarrada en corrupción, no sería suficiente para sostenerla.

Esa revolución fue la última esperanza de quienes desde la desintegración de la URSS aguardaban la resurrección de su credo. Las ideas del socialismo del siglo XXI ya han sido descartadas por incompetentes. Tal como ocurre con la Teoría de la evolución de las especies de Darwin, la historia es implacable con las especies políticas que fracasan. El fantasma del comunismo al cual se refería Marx en su famoso Manifiesto ha venido a naufragar en las costas venezolanas. El ansiado “hombre nuevo” del marxismo terminó dependiendo de una bolsa CLAP.

Una forma de pensar está siendo triturada por la historia y entre sus seguidores no encuentran más explicación que las culpas que le achacan al imperio. Incapaces de asumir su fracaso ven o inventan espectros en todas partes: guerras económicas, confabulaciones internacionales, conspiraciones, etc.

La crisis económica, política y social del país es hechura de la revolución, de nadie más. Quienes piensan que la revolución ya se ha entronizado en el imaginario venezolano y que logrará imponerse, a como dé lugar, recurriendo para ello a lo que sea, ignoran quizá los vericuetos a los que la historia siempre recurre cuando llega la hora de enmendar sus errores.

Habrá que reconstruir a Venezuela. Tendremos que crear una nueva economía menos dependiente del petróleo o al menos más capaz de aprovechar con racionalidad la riqueza petrolera. Una economía más productiva, diversificada, con seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada, menos controles, subsidios a los más pobres, privatizaciones, flexibilidad laboral, equilibrio de los poderes, menos estatismo, abierta a las inversiones, justicia social, prioridad a los valores y énfasis en la educación.

La revolución tuvo su oportunidad. En dos décadas la destruyó. Solo falta por definir la forma que habrá de adoptar la transición. Ese es otro tema.

José Toro Hardy

@josetorohardy

A Pdvsa la destruyeron. De acuerdo con Petroleum Intelligence Weekly para 1996 era la segunda mayor empresa petrolera del mundo. Era la mayor empresa de cualquier tipo de la América Latina (hoy ocupa la posición número 59).

Contaba Pdvsa con 6 refinerías en Venezuela, dotadas con la más moderna tecnología y procesos de conversión profunda para transformar los crudos de mala calidad venezolanos en derivados de alto valor.

Para 1998 la empresa estaba produciendo 3.600.000 b/d. Éramos el primer abastecedor extranjero de petróleo a Estados Unidos donde enviábamos 1.800.000 b/d y contábamos con nuestra filial Citgo –100% perteneciente a Pdvsa– dueña total o parcial de 7 grandes refinerías.

Esas refinerías estaban diseñadas como un traje a la medida para procesar los crudos ácidos y pesados de Venezuela.

Teníamos oleoductos que atravesaban Estados Unidos de sur a norte, 66 terminales y 15.270 estaciones de servicio abanderadas con la marco Citgo. Controlábamos a través de Citgo 10% del mercado de gasolina más grande del mundo, el de Estados Unidos.

Habíamos logrado una integración vertical perfecta. Éramos capaces de extraer el crudo de nuestro subsuelo y despacharlo en los tanques de gasolina de los automovilistas americanos, después de transportarlos y procesarlos en instalaciones únicamente venezolanas: pozos, oleoductos, refinerías, puertos, terminales, supertanqueros, etc.

Durante un tiempo tuvimos limitaciones para repatriar dividendos de Citgo a Venezuela hasta cancelar los financiamientos obtenidos (sin aval del Estado) para comprar y reformar aquella red de refinerías pero, para 1997, Pdvsa ya había pagado todas las deudas y podíamos ya repatriar dividendos sin limitaciones a la casa matriz.

También contábamos con 4 refinerías en Alemania, 2 en Suecia, 2 en Inglaterra, 1 en Bélgica, 1 en Saint Croix y 1 en Curazao. En total disponíamos de 20 refinerías con capacidad total para refinar 3 millones de b/d.

En Venezuela se adelantaba el proceso de apertura petrolera. La Corte Suprema de Justicia había definido los mecanismos que, ajustados al artículo 5° de la ley de reversión, permitían la incorporación de capitales privados a la industria petrolera venezolana.

Definidos tales mecanismos (que siempre dejaban en manos de Pdvsa el control y la decisión final en todas las operaciones), se procedió a pedirle al Congreso Nacional fijar las bases mínimas de negociación.

Se procedió a la licitación internacional y transparente de cada uno de los contratos y, después de suscritos, se enviaron al Congreso Nacional para su ratificación.

Aquel proceso de apertura petrolera implicaba una inversión conjunta de más de 65.000 millones de dólares, gracias a las cuales nuestra producción petrolera ha debido superar los 5 millones de barriles diarios… Pero…

Hoy Pdvsa está semidestruida, endeudada, en default selectivo. Solo producimos 1,8 millones de b/d. Hemos perdido o vendido numerosas refinerías, incluso la de Cienfuegos en Cuba, donde se había realizado una cuantiosa inversión.

Solo en los 2 últimos meses nuestra producción cayó en 250.000 b/d y apenas operan 40 taladros, contra 120 en 1998. Contando con más de 20% de las reservas probadas mundiales de petróleo aportamos solo 2% de la producción. Uno tras otro se vienen perdiendo arbitrajes internacionales.

De 40.000 trabajadores Pdvsa pasó a tener 160.000. De un sistema de meritocracia pasó a uno de “corruptocracia”. La empresa se encuentra sumida en un carnaval de abyectas y asombrosas acusaciones de corrupción.

De ser la empresa que más riqueza creaba en el país, es ahora la que más pobreza genera, ya que el financiamiento del déficit de su flujo de caja mediante dinero inorgánico creado por el BCV es la mayor causa de la hiperinflación en que se ha hundido Venezuela. Nada empobrece más a la gente que la inflación. A la vez los excedentes monetarios provenientes de los auxilios financieros a Pdvsa, al no encontrar qué comprar en el país, se desvían a la compra de dólares en el mercado paralelo, siendo por tanto responsables de la acelerada devaluación del bolívar en ese mercado.

José Toro Hardy

@josetorohardy

Leopoldo López y Gustavo Baquero acaban de presentar un extraordinario libro: Venezuela energética. Es quizá la propuesta petrolera más completa que se ha presentado en años. Llega, además, en el momento más oportuno, pues aparece justo cuando las políticas petroleras del actual régimen han hundido en la más profunda crisis no solo al país, sino también al sector de los hidrocarburos y han llevado a Pdvsa al borde de su destrucción.

Las ideas no pueden ser encarceladas. Leopoldo lleva más de tres años encerrado como prisionero de conciencia, como lo ha declarado Amnistía Internacional. También lo ha declarado la propia jueza que lo condenó, con el argumento de que, de no haberlo hecho, la presa sería ella.

Desde la soledad de su celda, las ideas seguían bullendo. Las plasmaba en papeles que después le requisaban. Las escribía en las paredes, que los guardias pintaban. Aprovechó las audiencias (más de 80) en los tribunales para sacar subrepticiamente sus escritos. También las escribía en la piel de Lilian y de Antonieta para que pudieran sacarlas de Ramo Verde, pero los guardias las borraban con algodón y alcohol.

De una u otra forma la esposa y la madre del prisionero lograban extraerlas y entregárselas a Gustavo Baquero. Brillante ingeniero industrial egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de la UCAB y el IESA, con Maestría en el Instituto a Empresa de Madrid y en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

La propuesta que nos hacen viene a romper los paradigmas petroleros que han conducido a nuestro sector petrolero al desastre. Después de una revisión en la que se analizan los hechos, las ideas y los personajes de nuestra historia petrolera, pasan a analizar la realidad actual y a formular su propuesta.

Comienzan por plantearse una interrogante: ¿por qué si Venezuela cuenta con 20% de las reservas mundiales de petróleo contribuye apenas con 2% de la producción mundial?

Analizan también las teorías de King Hubbert, autor de un modelo estadístico que vaticinaba que la producción petrolera de Estados Unidos llegaría a su pico en la década de 1970, pero que la demanda seguiría creciendo y los precios tendrían que aumentar. Ese mismo modelo, extrapolado a la industria petrolera mundial, sirvió de base a quienes propugnaban recortes de producción fundamentados en la “escasez de los recursos”, para así propiciar aumento de los precios.

Lo que no pudo predecir el modelo de Hubbert fue el impacto de una revolución tecnológica, el “fracking”, que permitiría el aprovechamiento de las reservas de crudo liviano y gas contenido en las lutitas petrolíferas, que se tradujo en un cambio estructural en los mercados petroleros. De ser por definición “escasos”, los hidrocarburos pasaron a ser en la realidad abundantes. Se plantea ahora un “peack demand” en lugar de un “peack oil”.

Para un país como Venezuela, con las mayores reservas petroleras del mundo, esta nueva realidad exige urgentemente un cambio en sus políticas petroleras. No puede nuestro país seguir perdiendo participación en los mercados petroleros. El horizonte de los hidrocarburos tiene un límite. Las preocupaciones ecológicas y nuevas tecnologías limitan su vida útil. Pero Venezuela tiene todavía un margen de varias décadas en las cuales tiene que maximizar su producción, para lo cual requiere de enormes inversiones que no están al alcance del Estado. Se hace por tanto imperativo abrir, cuanto antes, un gran debate nacional para discutir las vías más adecuadas para lograr ese objetivo. Pero no basta solamente con aumentar la producción. Es indispensable también replantearse la forma como la riqueza petrolera debe llegar a la sociedad. El petróleo pertenece al soberano. El soberano no es el Estado, es el pueblo. Por tanto, una parte del ingreso petrolero debe ir directamente a su propietario, al ciudadano, para que este pueda utilizarlo con fines específicos: primas de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM), saldo de crédito hipotecario, pensiones.

Las ideas expuestas están analizadas con profundidad. Su estudio amerita, como antes se dijo, un urgente debate nacional. Venezuela energética debe servir de catalizador para ese debate

José Toro Hardy

@josetorohardy

Qué es una criptomoneda?

Es una moneda virtual que se utiliza a través de un sistema de pagos electrónico encriptado sin necesidad de intermediarios. Es un dinero fiduciario que carece de respaldo. El valor del dinero fiduciario depende de que otros lo acepten como medio de pago.

Las criptomonedas no están controladas por ningún Estado ni por ningún banco central. Sus transacciones son anónimas.

Las criptomonedas no tienen país de origen ni son emitidas por gobiernos, y tampoco cuentan con un respaldo jurídico único. Son solamente plataformas electrónicas que permiten hacer negocios.

Aunque hay muchas criptomonedas, el ejemplo más exitoso es el bitcoin.

Un enorme entramado de agentes particulares (llamados “mineros”) verifican las operaciones mediante el uso de complejos alogaritmos que garantizan la seguridad de las operaciones, usando para ello miles de computadoras en todo el mundo que funcionan las 24 horas.

A cambio de una comisión, el trabajo de los mineros es confirmar las transacciones y escribirlas en la cadena de bloques (blockchain).

En resumen: todo queda en la web, todo es anónimo, todo queda encriptado, todo está descentralizado, no interviene ningún Estado.

Blockchain.

Las criptomonedas emplean un tecnología llamada “blockchain” (cadena de bloques en español) generada por alogaritmos criptográficos. Se trata de una especie de “libro contable digital descentralizado” en donde todas las transacciones son verificadas por una extensa red de computadoras sin necesidad de instituciones que compensen o liquiden los pagos entre las partes (clearing).

Aspectos negativos.

El principal atractivo para quienes usan las criptomonedas es el anonimato. Los usuarios se mantienen lejos de la órbita de los Estados y pueden realizar transacciones en total privacidad sin que se revele ninguna información ni queden rastros.

Ese mismo atributo es precisamente su mayor inconveniente. Por ser anónimas y por no estar controladas por ningún Estado, se prestan a la realización de todo tipo de transacciones ilícitas. Sus detractores las acusan de ser una plataforma que puede ser usada para negocios turbios, incluyendo corrupción, lavado de dinero e incluso narcotráfico. Por ejemplo, el pago de un soborno a un funcionario público a través de una criptomoneda no dejaría huellas.

Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía 2001, afirmó: “La verdadera razón por la cual la gente quiere una moneda alternativa es para participar en actividades viles: lavado de dinero, evasión fiscal”.

El “petro”

Es una criptomoneda propuesta por el presidente Maduro. No reúne, sin embargo, ninguna de las características que podrían hacer exitoso este tipo de dinero. Veamos:

Las criptomonedas no tienen país de origen y están al margen de la intervención de algún Estado. Sin embargo, quienes promueven el petro son un presidente y un Estado.

El criptodinero es un dinero fiduciario cuyo valor depende de que otros lo acepten como medio de pago. Si no es aceptado no tendría ningún valor.

Difícilmente el petro sería aceptado. No solo porque es propuesto por un régimen que controla un Estado hundido en la más profunda crisis, sino porque nace con el objetivo de evadir las sanciones que le han impuesto a ese régimen y su progresivo aislamiento internacional.

En lugar de un “blockchain” descentralizado que resulte de la acción de miles de computadoras accionadas por “mineros” particulares, lo que hasta ahora ha anunciado Maduro es que habrá un observatorio que contará inicialmente con un equipo de 50 especialistas en tecnología, finanzas y leyes y que además estará adscrito a un ministerio.

Para colmo, en momentos en que están saliendo a relucir las inmensas corruptelas que se han cometido en Pdvsa y otros organismos del Estado, lo primero que viene a la mente es que esta nueva criptomoneda caería como anillo al dedo para realizar negocios oscuros sin dejar rastros.

Por otra parte, el presidente Maduro ha ofrecido que el petro estará garantizado con las reservas de petróleo. Olvida que esas reservas son de la República y que la Constitución no permite darlas en garantía. El fulano petro no luce como una criptomoneda, sino más bien como una criptolocura.

José Toro Hardy

josetorohardy

“La mejor forma de destruir la civilización occidental, sin disparar un solo tiro, es desquiciar su moneda”, decía Lenin. La inflación es precisamente el mecanismo capaz de lograr el objetivo planteado por Lenin.

La inflación siempre resulta de un crecimiento anormal del gasto público. Al respecto decía Milton Friedman, premio Nobel de Economía 1976: “Los gastos gubernamentales pueden ser inflacionarios o no. Serán inflacionarios, fuera de toda duda, si se financian creando moneda, o sea imprimiendo billetes o creando depósitos bancarios”.

A pesar de que lo prohíbe expresamente el artículo 320 de la Constitución, eso es exactamente lo que está ocurriendo en Venezuela. El BCV está creando moneda para financiar los gastos gubernamentales. Tanto el déficit fiscal como el déficit en el flujo de caja de las empresas del Estado están siendo financiados por el Banco Central. Ello se constata al comprobar que la liquidez monetaria anualizada a noviembre de este año ha crecido en 763% y que el financiamiento del BCV a empresas públicas no financieras aumentó en lo que va del año en 1.330% (la mayor parte para cubrir necesidades de Pdvsa).

En mi libro Fundamentos de Teoría Económica (Panapo, 2005) explico: “La hiperinflación es el último estadio del mal inflacionario. Cuando se llega a ella, la condición patológica del mal ha adquirido características terminales y las economías que la padecen sufren procesos de desintegración, en tanto que la sociedad experimenta carencias de todo tipo que desembocan en una descomposición moral. Tanto el dinero como su velocidad de circulación crecen a un ritmo cada vez más elevado. El nivel general de los precios experimenta, por lo tanto, aumentos fenomenales y las tasas de inflación alcanzan cifras de cuatro y cinco dígitos. Los desequilibrios macroeconómicos van acompañados de una marcada inestabilidad política”.

Se considera que hay hiperinflación:

Según Philip Cagan (Dinámica monetaria de la hiperinflación) cuando la inflación mensual supera 50%.
Según Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff, en las economías modernas, cuando la inflación alcanza 500% al año.
Según la International Accounting Standards Board, cuando la inflación supera 100% durante más de 3 años.
Venezuela califica para las tres condiciones.

La hiperinflación es un ciclo inflacionario sin tendencia al equilibrio. Conduce a un círculo vicioso que en forma sucesiva va adquiriendo cada vez más velocidad y se agudiza con cada repetición del ciclo. La moneda pierde su valor real y la población experimenta carencias de todo tipo y una grave merma del valor de su salario y de sus ahorros monetarios.

Latinoamérica se ha visto afectada en el pasado por altos niveles de inflación, pero pocos incidentes de hiperinflación. En estas naciones la patología monetaria más frecuente fue la “estanflación”, en la cual las altas tasas de crecimiento de los precios coincidieron con el estancamiento de sus economías.

No es eso lo que está ocurriendo en Venezuela. En nuestro caso la hiperinflación no coexiste con un estancamiento, sino con una destrucción masiva del aparato productivo y una brutal contracción del PIB que en términos per cápita puede alcanzar a 40% en 4 años.

Vale la pena señalar que no hay gobernantes vivos que hayan podido sostenerse en el poder en un ambiente de hiperinflación. El único caso que se podía mencionar hasta ahora era el de Robert Mugabe en Zimbabue. Pero Mugabe ya cayó.

La hiperinflación conlleva intensas dosis de sufrimiento humano. Aunque el gobierno pretende mitigarlo aumentando los salarios, en realidad el beneficio que se deriva del aumento es superado por el perjuicio inflacionario que desencadena. Tampoco el control de precios funciona porque desestimula la oferta y profundiza la escasez, alentando el mercado negro donde los precios se dolarizan. El tejido social comienza a resquebrajarse. La hiperinflación conduce a una hiperdevaluación como la que vemos en el mercado paralelo y ambas patologías se retroalimentan. La inestabilidad política es una consecuencia inevitable de la hiperinflación.

José Toro Hardy

@josetorohardy

Bombardeados por la propaganda del régimen que pretende atribuir la crisis a una supuesta “guerra económica”, no aciertan muchos venezolanos a entender la verdadera razón de los males que los agobian y empobrecen.

En un extremo de simplificación procuraré resumir las causas de tan devastadora situación:

No conforme con ingresos petroleros casi inimaginables derivados de una cesta petrolera que llegó a superar los 114 dólares por barril, el régimen además endeudó irracionalmente al país. Sin embargo, lo que enfrenta hoy es un déficit fiscal inmanejable.

Desde luego, ante tal déficit, la prudencia indicaría a cualquier gobierno que lo primero que debería hacer es racionalizar y reducir el gasto público. Pero una meta de esa naturaleza escapa de la conformación ideológica del régimen socialista que padecemos.

La siguiente alternativa sería la de intentar aumentar el ingreso fiscal; pero, la triste realidad es que a la economía venezolana podemos compararla hoy en día con una esponja seca. Por más que se la exprima, de ella ya no es posible extraer nada. Es el resultado de la destrucción a que ha sido sometido el aparato productivo.

En el caso específico de Venezuela habría que procurar un aumento del ingreso petrolero. Recordemos que el sector aporta cerca de 96% de los ingresos de divisas que recibimos y que, además, se nos dice que somos el país con las mayores reservas del mundo. Lamentablemente, la producción petrolera viene cayendo en términos vertiginosos. Después de anunciarnos durante varios años cifras de producción petrolera inverosímiles, finalmente el régimen reconoce ante la OPEP que solamente durante el mes de septiembre de este año la producción cayó en 130.000 barriles diarios, y que desde enero de 2016 hasta septiembre de 2017 (22 meses) la producción cayó en 699.000 barriles por día. Para colmo, el Ministerio Público arrestó a varios altos funcionarios de Pdvsa por falsear las cifras de producción, con lo cual ni siquiera podemos estar seguros de que la caída real no sea aún mayor.

Agotadas las alternativas anteriores, la siguiente opción serían el Fondo Monetario Internacional y los mercados financieros para tratar de obtener préstamos que ayuden a cubrir el déficit. En nuestro caso, lamentablemente, la primera opción la descartó el régimen. Adicionalmente, tanto la República como Pdvsa se encuentran en proceso de default. De hecho, las principales calificadoras de riesgo soberano, entre las cuales cabe mencionar a Fitch, Standard & Poors, Moody’s y otras, han rebajado nuestra calificación crediticia a niveles de vergüenza. Peor aún, Dagong Global Credit, la calificadora de riesgos de China, colocó en su lista de revisión negativa a Venezuela y señaló como sombrías las perspectivas de refinanciación de la deuda. Así mismo, la Asociación Internacional de Swaps y Derivados, ISDA, ya calificó el default.

China no parece interesada en aliviar la situación de la deuda venezolana y Rusia apenas refinanció unos 3.000 millones de dólares correspondientes a deudas viejas y vencidas por compras de armas. Nada de dinero fresco ni de alivio de la deuda con Rosneft.

Descartadas todas las opciones anteriores, al régimen solo le queda recurrir al BCV para que financie, mediante emisiones “inorgánicas” de dinero, el creciente déficit fiscal. Por supuesto, esa es la peor elección y está expresamente prohibida en el artículo 320 de la Constitución.

El financiamiento del gasto público a través del Banco Central es como arrojarle gasolina al fuego de la inflación. Hace crecer explosivamente la liquidez monetaria y ejerce una fuerte presión sobre los precios, siendo la causa principal de la hiperinflación que está estallando. De paso, al no encontrar bienes que comprar en el país, al final del día ese excedente de dinero se desvía a la compra de dólares en el mercado paralelo y provoca allí una violenta devaluación del bolívar que contribuye a retroalimentar el proceso.

No hay guerra económica. Estamos hablando de un devastador círculo vicioso de empobrecimiento provocado por el colapso de un modelo fallido.

José Toro Hardy

@josetorohardy

Quisiera hablar hoy acerca de una amenaza que nos afecta como nación… es una crisis de confianza que golpea nuestros corazones.

Creíamos ser una nación rica, dotada por la naturaleza de tierras fértiles, de agua en abundancia, de recursos naturales de todo tipo, en particular de inmensas reservas de petróleo.

A lo largo del siglo XX Venezuela pudo disfrutar de una etapa de paz enriquecedora. Tuvimos, sí, dictaduras. Sin embargo, aunque cueste reconocerlo, comparadas con otras de la región fueron relativamente benignas.

El maná abundante de petróleo que nos cayó del cielo definió el curso de la vida nacional. Podemos analizar la influencia de ese petróleo en tres etapas diferentes.

En una primera y prologada fase, el petróleo fue una bendición. Su efecto benéfico cambió la vida de los venezolanos. Logramos en un tiempo asombrosamente corto lo que otros tardaron siglos en alcanzar. De ser el país más pobre de Latinoamérica pasamos a ser el más rico. Acabamos con el paludismo, la tuberculosis, la difteria e infinidad de otras enfermedades endémicas y epidémicas que diezmaban a la población. Pasamos a tener tasas de mortalidad y expectativas de vida similares a la de las naciones desarrolladas. Levantamos un país moderno, lo electrificamos y construimos una de las represas más grandes del mundo. Erradicamos el analfabetismo. Sembramos escuelas, liceos y universidades por todas partes. Desarrollamos autopistas, carreteras, caminos vecinales, cloacas y acueductos. Construimos aeropuertos, puertos y servicios públicos que llegaron hasta los más apartados rincones.

Ya para 1947 Venezuela era el cuarto país del mundo con mayor renta media per cápita, solo superado por Estados Unidos, Inglaterra y Francia. El bolívar venezolano y el franco suizo eran las monedas más sólidas del mundo, más que el dólar norteamericano. Teníamos la menor tasa de inflación del planeta. De hecho, entre 1920 y 1980, Venezuela fue la economía del mundo que más creció. Estábamos sembrando el petróleo como pedía Uslar Pietri.

Durante esa etapa la característica más relevante del petróleo fue la estabilidad de sus precios. Podíamos planificar y no nos endeudábamos.

La segunda fase de nuestra historia petrolera se inicia en la década de los setenta. En esos años los precios del petróleo comenzaron a dar bandazos al ritmo de recurrentes conflictos en el Medio Oriente. Cuando los precios se disparaban, como ocurrió a raíz de la Guerra del Yom Kippur y el embargo petrolero árabe, los venezolanos nos indigestamos de tanto dinero. Creíamos tener a papá Dios agarrado por las chivas. Nacionalizamos el petróleo y fuimos capaces de manejarlo admirablemente bien. Pero no fuimos capaces de administrar bien los ingresos que nos proporcionaba ese petróleo.

A cada aumento brusco de los precios seguía una caída igualmente brusca. Nuestra economía se volvió una montaña rusa. Junto con la OPEP, pensamos que la solución era reducir la oferta para que los precios subiesen.

Pero la economía venezolana nunca más volvió a recuperar la vitalidad sostenida de los años anteriores. Nos consolábamos pensando que estábamos construyendo una sólida democracia.

Y llegamos así al siglo XXI donde se produjo un cambio trascendental en el impacto de los hidrocarburos sobre la sociedad. De ser una bendición, el petróleo se transformó en una maldición, en el excremento del diablo como lo predijo Pérez Alfonzo. Muchos de los males que creíamos erradicados para siempre están regresando.

En manos de una dirigencia populista, dogmática y corrupta, los ingresos petroleros más altos de la historia dejaron de ser un instrumento para un desarrollo económico y social sustentable y pasaron a ser una fuente para financiar una ideología e imponer un exhaustivo control político a la nación. Nos hundimos en la peor crisis económica que registra el hemisferio occidental.

Hoy, impotente y con el corazón compungido –como el de tantos padres–, veo a mi hija menor marcharse. Se va buscando en otras tierras lo que la suya le negó. La nuestra era una nación a la cual todos querían venir a cultivar sueños. Hoy es un país del cual todos se quieren ir huyendo de pesadillas.

José Toro Hardy

@josetorohardy

Maduro “decretó” una reestructuración y un refinanciamiento de la deuda. “Vamos a hacer un reformateo completo de los pagos externos para lograr el equilibrio. Vamos a romper los esquemas internacionales”, agregó.

Ciertamente, tal anuncio rompe los esquemas internacionales. Las reestructuraciones y refinanciamientos no se decretan, se negocian.

Por “reestructuración” se entiende un consenso entre las partes para modificar las condiciones de la deuda, ya sea alargando los plazos, estableciendo períodos de gracia e incluso una rebaja o “quita” de una parte de la deuda.

Es el resultado de una negociación compleja, porque por lo general involucra a varios acreedores que no siempre están de acuerdo y resulta prácticamente imposible negociar términos separados con cada uno de ellos. Se requiere consenso, por una parte, entre los acreedores mismos y, por otra parte, entre ellos y el gobierno deudor.

No resulta fácil que todos los acreedores se pongan de acuerdo. Ejemplo de ello lo vimos en el caso de la reestructuración de la deuda argentina durante el gobierno de Cristina Kirchner. Después de arduas negociaciones, un bloque de acreedores aceptó una reestructuración de la deuda de ese país, otorgando incluso una “quita” o rebaja sustancial. Sin embargo, no todos aceptaron y muchos de ellos insistieron en cobrar sus acreencias conforme a las condiciones originales.

A quienes así actuaron Cristina Kirchner los tildó de “fondos buitres”. Pero, independientemente de tal calificativo, tenían derechos reconocidos por la legislación internacional. Incluso procedieron al embargo de la fragata Libertad, buque escuela de la Armada argentina en el puerto de Tema, al este de Acra, ordenado por un tribunal de Ghana a solicitud de uno de aquellos acreedores con sede en las Islas Caimán.

Vemos, pues, los inmensos riesgos que para un país petrolero como Venezuela implica la pretensión de “decretar” una reestructuración. Nuestro país cuenta con importantes activos petroleros en el exterior, incluyendo refinerías y tanqueros que navegan en varios océanos y que atracan en muchos puertos, los cuales podrían estar sujetos a acciones de embargo si no cumplimos con nuestras obligaciones. Todo ello vendría a sumarse a las resultas de numerosos arbitrajes internacionales por incumplimiento de contratos del gobierno venezolano. Se trata de una suerte de colapso general de la credibilidad del país, sumado al de su economía.

Ahora bien, hasta el momento nos venimos refiriendo al caso de una “reestructuración” de la deuda. Distinto es si se trata de un “refinanciamiento” de la misma, que implica la emisión de nueva deuda para cambiarla por la vieja. Típicamente es el “swap” (intercambio) de bonos viejos por bonos nuevos.

En ambos casos, ya sea reestructuración o refinanciamiento, conforme al artículo 100 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, no se requeriría autorización de la Asamblea Nacional, siempre y cuando la República se beneficie, ya sea por reducción del capital (“quita”) o de intereses. En otras palabras, que la negociación redunde en “beneficio de la República, con respecto a la deuda que se está refinanciando o reestructurando”. Sin embargo, tal excepción está condicionada a que el monto renegociado no exceda el límite máximo del endeudamiento originalmente aprobado. De lo contrario, tendría que ser aprobado por la AN.

En los mercados financieros se ha interpretado que lo que Maduro ha decretado es un default. Esa es la conclusión a la que se llega al constatar el aumento en el costo de los CDS (Credit Default Swaps), suerte de seguro para cubrir el riesgo de incumplimiento en el pago. El costo de los CDS para la deuda venezolana se corresponde al de 75% de posibilidad de default en los próximos 12 meses y 99% en 5 años. Por lo demás, el “decreto” de Maduro provocó un caída de entre 25% y 40% en bonos de Pdvsa y de la República.

Según The Economist, el temido default de la deuda soberana venezolana sería el segundo mayor de la historia después del caso de Grecia.

José Toro Hardy

@josetorohardy

Los venezolanos estamos sumidos en un nivel de angustia difícil de describir. Estamos viendo cómo a nuestro país, considerado en el pasado una de las democracias más sólidas de América Latina, se lo está llevando un vertiginoso sumidero comunista.

El daño provocado no tiene precedentes. Ricardo Hausmann lo define cuando afirma que en términos per cápita el PIB ha descendido 40% desde 2013, una caída “significativamente más aguda que la de la Gran Depresión de 1929-1933 en Estados Unidos, cuando se calcula que su PIB per cápita cayó 28%”.

Tales cifras quedan confirmadas por la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela, realizada por las universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Simón Bolívar, en la cual se concluye que 82% de los hogares viven por debajo de la línea de la pobreza y 52% en pobreza extrema. Es decir, solo 18% de los hogares venezolanos no son pobres. Para colmo padecemos la inflación más alta del mundo (el FMI calcula que llegará a 2.300% en 2018). El nivel de vida ha caído en términos dramáticos.

Y ni hablar de la gravísima escasez de alimentos, de medicinas y el alarmante resurgimiento de enfermedades que estaban erradicadas y que cada día cobran un número mayor de vidas. Y, a ello, hay que agregar la tragedia de la inseguridad con su secuela de muertes.

La vida en Venezuela se ha vuelto un infierno y por eso tantos y tantos compatriotas están emigrando. Es un doloroso fenómeno que nunca antes habíamos conocido. Venezuela era un país donde la gente venía a construir sueños. Hoy la gente se va huyendo de pesadillas.

Por eso, las encuestas del país evidenciaban un fuerte rechazo tanto al presidente como al gobierno, lo que auguraba una rotunda derrota de sus candidatos en las regionales. Sin embargo, llegado el día de las elecciones, sin pudor alguno el CNE le asigna al gobierno 18 gobernaciones. Yen las que reconoce la derrota obliga a los gobernadores de la oposición a juramentarse ante una constituyente a todas luces ilegítima.

A medida que emergen las cifras del fraude se pone en evidencia que este va mucho más allá que el tema de la abstención. Una abstención que fue provocada por el propio régimen mediante acciones ilícitas. A ello hay que sumar más de 1 millón de huellas irregulares, además de testigos expulsados de las mesas y demoras causadas en forma expresa o negligente por fallas en las máquinas y, para colmo, un número impresionante de votos múltiples y votantes fantasmas.

Defendí vigorosamente la conveniencia de participar en las elecciones de gobernadores del 15-O. Siempre supe que habría un fraude y así lo señalé en múltiples ocasiones. También expresé que sería la puntilla para la legitimidad del régimen. Lo que nunca imaginé es que nuestros candidatos ganadores bajarían la cerviz plegándose a una asamblea constituyente írrita.

El TSJ legítimo en el exilio emitió sentencia declarando la nulidad y disolviendo la “asamblea nacional constituyente de facto, que ha pretendido funcionar sin la decisión expresa del pueblo de convocarla como lo exige el artículo 347 de la Constitución”. Los magistrados hicieron un llamado a que se declare la inmediata activación de la resistencia pacífica de la población para restablecer la vigencia de la carta magna:

“Los ciudadanos civiles y militares tienen el legítimo deber de desconocer, resistir y desobedecer toda actuación de la fraudulenta asamblea nacional constituyente, conforme a lo previsto en el artículo 350 constitucional”.

En cuanto a la convocatoria exprés para comicios de alcalde cabe preguntarse: ¿han cambiado las condiciones? ¿Ha cambiado el CNE? ¿Habrá observación internacional? ¿Cómo se impedirá esta vez el fraude? ¿Qué evitará que una vez resulten electos, el régimen no se burlará una vez más del pueblo destituyendo a los alcaldes que se nieguen a arrodillarse ante la constituyente “de facto”?

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, sostiene: “No tiene sentido ir a un proceso electoral sin garantías”.

La única realidad es que de no cambiarse las condiciones, la voluntad del soberano será frustrada bajo cualquier alternativa, salga sapo o salga rana.

José Toro Hardy

@josetorohardy

La democracia, por definición, es el imperio de las leyes en contraste con la imposición de los hombres. Para que haya democracia tiene que existir un gobierno legítimo elegido por el pueblo, tiene que haber separación y equilibrio entre los poderes y tiene que haber respeto de los derechos humanos.

Con las elecciones del 15-O terminaron de caer las máscaras y desapareció cualquier vestigio de legitimidad. Tales elecciones no pueden ser consideradas una expresión de soberanía. Fueron el resultado de un fraude sistemático y continuado en el cual uno de los gobiernos más corruptos, ineficientes e impopulares de nuestra historia se alzó con casi todas las gobernaciones. Como bien decía Stalin: “Qué importa quién vote. Lo que importa es quién cuenta los votos”.

Para colmo, en aquellos casos en que a pesar de todas las trampas no pudo ganar, el régimen pretende imponer una nueva aberración exigiéndoles a los gobernadores electos de la oposición subordinarse a una constituyente que también fue producto de otro fraude.

La legitimidad de un gobierno debe ser de dos tipos: de origen y de desempeño. Es evidente que la legitimidad de origen, que debe ser el resultado de sufragios transparentes, ha rodado por el fango. Solo el Poder Legislativo dispone de legitimidad de origen, pero el régimen le ha arrebatado sus facultades.

En cuanto a la legitimidad de desempeño, la situación es aún peor. El irrespeto constante a la Constitución es la prueba. La separación y el equilibrio de los poderes, condición indispensable de esta forma de legitimidad ya no existe.

“Dictadura” –según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española– es un “régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”.

Wikipedia complementa la definición al agregarle que la dictadura “se caracteriza por la ausencia de división de poderes…”.

“Le pouvoir arrête le pouvoir”, sostenía Montesquieu (1689-1775). “El poder frena el poder”. Vale aquí preguntarse, ¿están el Poder Judicial, el Poder Electoral o el Ciudadano frenando al Poder Ejecutivo o simplemente actúan en connivencia para mantener un régimen a todas luces ilegítimo?

En igual sentido se pronunciaba John Locke (1632-1704), filósofo inglés del Siglo de las Luces, que sostenía que los poderes no debían ser dirigidos por las mismas personas, pues se requería un equilibrio que favoreciese el bien común. Si los gobernantes incumplían el pacto con los ciudadanos, estos tenían el derecho de echarlos.

Coincidía con James Madison (1751-1836), padre de la Constitución de Estados Unidos, quien al igual que los más ilustres defensores de la libertad, advertía: “La acumulación de todos los poderes, en las mismas manos… puede considerarse con toda exactitud, como la definición misma de la tiranía”. Los padres fundadores de Estados Unidos, conscientes de los riesgos planteados, diseñaron en su Constitución un mecanismo de “checks and balances” para evitar que una rama de los poderes dominase las demás.

Los anteriores son los fundamentos en los que se basa la democracia. Fueron recogidos en la Carta Democrática Interamericana, cuyo artículo 3 dice:

“Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo… y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Mal podría hablarse en Venezuela de “derechos humanos y libertades fundamentales”, cuando el mundo entero reclama la libertad de unos 560 presos políticos y cuando las torturas y otras barbaridades han sido abundantemente documentadas ante la OEA.

Los pueblos que viven bajo el imperio de las leyes son pueblos libres. Pero cuando las leyes no se utilizan para garantizar las libertades ciudadanas sino para coartar sus derechos, la libertad muere y los hombres quedan sometidos a la voluntad de un dictador.

José Toro Hardy

@josetorohardy