Hace unos años, en 1983, a finales de su período constitucional, el presidente Luis Herrera Campins decretó que el Parque del Este llevaría el nombre de Rómulo Betancourt. Era una decisión que exaltaba la tolerancia y el respeto como valores democráticos, puesto que se trataba del líder fundador del gran adversario político del partido Copei. En aquellos años la política criolla no era la guerra por otros medios, como en el presente, sino un sistema fundado en las reglas universales de la democracia.

La escultora venezolana, Marisol Escobar, realizó para tal ocasión una obra de gran plasticidad. Una suerte de perfil de Betancourt y su pipa humeante, tan familiar a los venezolanos, se confundía con las letras del nuevo nombre del parque y formaba un conjunto armonioso que daba la bienvenida al visitante que entraba al parque por la avenida Francisco de Miranda. Una creación artística elevada que se correspondía con el gesto de vincular el nombre del fundador de la democracia a su obra más humana y más caraqueña.

El Parque del Este había sido inaugurado por el presidente Rómulo Betancourt el 6 de enero de 1962. Fue, como él mismo lo dijera al ponerle título a sus breves palabras de apertura, un regalo de Día de Reyes para los niños de Caracas. “Este es un día de verdadero júbilo para mí. Sentí una extraordinaria satisfacción cuando su eminencia el cardenal Quintero estaba bendiciendo este Parque del Este, en cuya construcción ha puesto su mayor desvelo el Gobierno que presido”.

Fue diseñado por “un brasileño, poeta, arquitecto y músico; un hombre interesado por la belleza del paisaje y por el cumplimiento de funciones sociales de las áreas verdes, el señor Roberto Burle Marx”. Hay que añadir a su nombre el de los venezolanos John Stoddart y Fernando Tábora, y el de Leandro Aristiguieta, botánico. Reconoció, además, Betancourt la participación de ciudadanos caraqueños que fueron fundamentales para que se concretara lo que era ya un viejo proyecto. “Quiero dar sus nombres porque merecen bien de los caraqueños y bien de los venezolanos. Son ellos: Gustavo Wallis, Carlos Guinand, Armando Planchart, Eduardo Mendoza Goiticoa, William H. Phelps, hijo, y el doctor Enrique Tejera”.

Casi veinte años después del bautizo, en 2002, en uno de los actos de mezquindad política mayores de la Venezuela moderna, el gobierno de Hugo Chávez Frías, quitó el nombre de Betancourt al Parque del Este y lo denominó Generalísimo Francisco de Miranda (más por el título que por el nombre, seguramente). En el fondo, aparte del reconcomio contra los adecos, contra la figura del fundador de la democracia venezolana y mostrar la intolerancia al adversario como forma de hacer política, la decisión comportaba esa vieja costumbre a denominar las obras públicas con los nombres de los héroes de la independencia. No tanto para honrar a aquellos próceres como para negarles reconocimiento a nuestros héroes civiles, en particular a los del siglo pasado.

Ojalá, con el renacer democrático que casi puede palparse en el aire, cambie esa tradición y nuestros héroes civiles sean honrados poniendo sus nombres a las obras públicas. Tendencia que debería comenzar, en mi opinión, rebautizando Rómulo Betancourt al Parque del Este y colocando de nuevo en su puerta la escultura que en su honor hiciera Marisol Escobar (esperemos –los milagros ocurren– que esté bien conservada en algún depósito gubernamental). Sería, además, un acto de elemental justicia.

Francisco Suniaga

La política es como la caja de bombones de la que hablaba Forrest Gump: nunca se sabe con qué te vas a encontrar en ella. Nada auguraba que febrero y marzo de este año iban a constituir el marco de una ola de protestas tan importante; gobierno y oposición fueron sorprendidos por su consistencia y magnitud. Tan solo el sábado pasado se realizó en Caracas una de las concentraciones más grandes de las realizadas por la oposición en todos los tiempos.

En otra época, esta protesta habría llamado al gobierno de turno a dar una respuesta política y satisfactoria a las demandas de la gente. Mucho más si las razones que motivaran las sacudidas estuvieren ligadas a la política de la propia administración gubernamental. Pero Venezuela no goza de ese privilegio en los tiempos que corren, los chavistas adoran que la lucha siga, pero la de ellos, la de los demás es por lo menos traición a la patria.

En Venezuela esto no siempre fue así. El sacudón callejero del 27 de febrero de 1989 en protesta por el programa económico de Carlos Andrés Pérez, produjo respuestas no solo de su propio gobierno sino además del partido Acción Democrática. Aun cuando el Gobierno comenzó de inmediato a reconsiderar el programa económico y buscar atenuantes a sus rigores, fue el partido, a través de su sector sindical, el que canalizó la protesta por cauces institucionales. Juan José Delpino, líder sindical de AD y de la CTV, incluso convocó un paro general de trabajadores el 18 de mayo de 1989.

No se movió ni una hoja, como adelantó Delpino que iba a pasar y el gobierno de CAP, demócrata donde los haya habido, no pretendió ejercer represión alguna sobre el paro ni sus promotores. El juego fluido de la época y los balances del sistema político permitieron adoptar entonces un plan económico con mayores protecciones para los sectores sociales más golpeados por el ajuste. Para 1992, es cuestión de ponerse a ver las cuentas del Banco Central, el país comenzaba a transitar con paso firme hacia la recuperación económica. Así funcionan las cosas en una democracia y aquella lo era.

En el presente, es obvio que el cuadro que originó las protestas sigue estando allí, incólume, transcurrido mes y medio de su inicio. La inflación, el desabastecimiento, el desempleo y la devaluación monetaria, por el lado económico; junto a la inseguridad, el desconocimiento de la oposición, la coerción de las libertades políticas, las violaciones flagrantes a la Constitución, por el político, constituyen razones más que suficientes para salir a protestar. ¿Cómo no va a protestar la gente ante semejante cuadro? ¿Cómo llamar la atención de un gobierno autista como este?

Cierto que, como les dijera el presidente Maduro a los cancilleres de Unasur, en todos los países hay ciclos de protestas cuando hay dificultades. Absolutamente, pero en los países democráticos no matan a decenas de ciudadanos, ni maltratan o encierran a centenares para aplastar las manifestaciones.

El brutal tratamiento dado a la protesta ha sido muy costoso para el oficialismo y no lo ha sido menos para la oposición. Es tiempo de la política, claman los moderados de ambos bandos. Lo será, pero hasta ahora el Gobierno no ha hecho sino darle vuelta a la tuerca y los venezolanos de buena fe se preguntan cuáles son sus propósitos, a dónde quieren llegar. Mala cosa esta cuando los gobernantes, los primeros responsables de lo que ocurra en un país, pierden la cabeza. Son esos los momentos cuando una chispa incendia la pradera.

Es en el plano comunicacional, usando su hegemonía de medios, donde más se nota la pérdida de la sensatez gubernamental. Como buen gobierno comunista (digan lo que digan para disfrazarlo, el modelo, después de casi cien años sigue siendo el “padrecito” Stalin), suelen recurrir a la propaganda para tratar de destruir moral y políticamente a sus adversarios, pero hasta en eso hay que tener alguna sindéresis. No se puede pretender responsabilizar a María Corina Machado, en ese momento en Perú, del asesinato, por parte de un paramilitar armado, de una ciudadana en Los Teques. O acusar a los opositores de ser responsables de incendiar el Ávila (hecho recurrente en el verano) y causar un apagón en Caracas.

Esos cuentos son viejos, malos y se convierten en auténticos bumeranes en cuestiones más importantes. Después de afirmaciones como esa no se puede salir a anunciar el lanzamiento del Sicad II, a convocar un diálogo político, a designar una comisión “de la verdad” ni a afirmar que hay en curso un golpe de estado y esperar que se les crea. Por lo menos, sean serios.

Francisco Suniaga