Charles Lane, editorialista del diario norteamericano, escribió su habitual columna semanal y se refirió a la crisis por el coronavirus COVID-19
21 de abril de 2020

Xi Jinping en febrero último, cuando el mundo apenas vislumbraba una pandemia como la que padece hoy como consecuencia del ocultamiento del régimen chino (AP)

The Washington Post, el diario de la capital de los Estados Unidos referencia obligada de políticos y hombres de negocios, fue lapidario en relación a las causas de la actual crisis sanitaria, económica, social y humanitaria que enfrenta el planeta como consecuencia de la pandemia del coronavirus Sars-CoV-2. “Esta crisis nos ha enseñado el verdadero costo de hacer negocios con China”, es el título de la columna publicada hoy en el medio norteamericano que lleva la firma de Charles Lane, quien se unió al afamado periódico en 2000 y tiene estudios en Harvard y Yale, entre otras universidades de renombre internacional.

Lane es contundente y no aplica metáforas al momento de dar su diagnóstico sobre lo sucedido a partir del brote nacido en Wuhan en noviembre último. “A través de la crisis del coronavirus, todo el mundo está aprendiendo, por las malas, el verdadero costo de hacer negocios con China», subrayó. «Reflexivamente reservado, los gobernantes comunistas de ese país retuvieron o minimizaron la información crítica sobre el virus hasta que fue demasiado tarde para evitar que el patógeno se propague desde Wuhan a través de los sistemas de transporte y las cadenas de suministro industriales que unen la República Popular a cualquier otro lugar”.
“La salud pública no es el único área en la que la insistencia de China en jugar según sus propias reglas no transparentes puede amenazar la estabilidad internacional. Las finanzas globales, especialmente las de los países más pobres del mundo, también enfrentan lo que podría llamarse riesgo de secreto chino”, explicó el abogado experto en leyes y en Corte Suprema de los Estados Unidos.

En esa línea, el editorialista de The Washington Post advierte que Beijing utilizó su dinero para cooptar voluntades en las naciones menos desarrolladas por un total de “cientos de miles de millones de dólares en préstamos que China otorgó en las últimas dos décadas, posiblemente más que el Banco Mundial y otros bancos multilaterales de desarrollo combinados, con poca o ninguna exposición al tipo de escrutinio público que los gobiernos occidentales , las instituciones multilaterales y los bancos privados generalmente aceptan al hacer préstamos».

El autor del libro The Day Freedom Died pronosticó también el futuro próximo al que se enfrentarán esos países deudores: “Con sus exportaciones de productos básicos cayendo en picado en medio de la crisis económica mundial, los deudores a China en África y Asia pronto se enfrentarán a una horrible opción: empobrecer a su gente para pagar el servicio de la deuda a China o incumplir y perder activos nacionales clave, que publicaron como garantía para Beijing”. El caso de Venezuela y de tantos otros países de América Latina sirven como muestra. En Infobae ya se había advertido sobre esta realidad en noviembre pasado.

Xi Jinping saluda al dictador Nicolás Maduro durante una cumbre que tuvieron en septiembre de 2018 en Beijing. El caso venezolano es un claro ejemplo de cómo el régimen chino aprovechó la debilidad institucional del país para hacer negocios (AFP)

“Los orígenes de la ola de préstamos en el extranjero de China radican en su necesidad de encontrar usos rentables para sus vastas reservas de ingresos de exportación en dólares, al tiempo que busca ganar influencia política en regiones estratégicas y ricas en recursos del mundo”, enciende las luces de alerta Lane. “En cierto sentido, la conducta de China se asemeja a los esfuerzos anteriores de financiación del desarrollo occidental liderados por Estados Unidos, con una excepción crucial.

En general, Occidente mantuvo una distinción entre los préstamos oficiales ‘blandos’, realizados bajo condiciones concesionarias, y los préstamos de bancos privados, que incluían tasas de interés de mercado y garantías. Sin embargo, China utiliza los bancos estatales para prestar a los gobiernos, o, a menudo, a las corporaciones gubernamentales, a tasas de mercado. Hambrientos de efectivo y, hasta ahora, seguros de que podrían pagar a China a través del crecimiento futuro, las naciones africanas y asiáticas aceptaron el acuerdo. Los funcionarios corruptos pueden haber considerado las formas secretas de China, incluidas las cláusulas de confidencialidad en los acuerdos de préstamo, como una atracción adicional.

El fraude y el desperdicio plagan muchos proyectos respaldados por China”.

Lane vuelve a poner el foco en algo esencial, la falta de transparencia y las poco claras intenciones del régimen: “Los préstamos de bancos estatales chinos quedan fuera del alcance de dos monitores internacionales clave: el Club de París para créditos de gobierno a gobierno y el Instituto de Finanzas Internacionales para financiamiento de banco privado a gobierno”.

“La economista de Harvard Carmen Reinhart y dos colegas, Sebastian Horn y Christoph Trebesch, del Instituto Kiel de Alemania para la Economía Mundial pasaron dos años limpiando fuentes de datos previamente sin explotar y descubrieron que China había prestado 400 mil millones de dólares a 106 países en desarrollo y de mercados emergentes hasta 2017, la mitad de los cuales no aparece en los datos sobre la carga de la deuda de organizaciones multilaterales y agencias de calificación crediticia. Según el estudio, cincuenta países en desarrollo deben al menos el 15 por ciento de sus respectivos PIB a los bancos estatales chinos; 12 de ellos debían más del 20 por ciento”, expresó el editorialista del diario norteamericano.

“Los gobiernos occidentales y los periodistas financieros han estado llamando la atención sobre esta bomba de tiempo durante años, instando a China a unirse al Club de París y asumir las obligaciones de transparencia que conlleva. En cambio, China ha insistido en tratar con sus deudores uno a uno. China modificó esa situación ligeramente en medio de la crisis del coronavirus al aceptar la moratoria muy limitada del G20 sobre el servicio de la deuda para los 76 países más pobres del mundo hasta fines de 2020”, agregó Lane.

Por último, Lane concluyó: “Con tanta oscuridad en torno a lo que las naciones realmente le deben a China, existe un riesgo real para los acreedores de los Estados Unidos y Occidente, públicos y privados, de que el alivio de la deuda en efectivo que proporcionan a los países pobres terminará canalizado a los bancos de Beijing. Y una reestructuración más amplia aún requeriría cambios importantes en las políticas de Beijing. No puede haber una respuesta internacional efectiva y coordinada a la crisis financiera que enfrenta el mundo entero, especialmente sus naciones más pobres a menos y hasta que China acepte aclarar completamente sus préstamos al exterior. Al no cumplir con sus responsabilidades globales de salud pública, a Beijing no se le debe permitir escapar con la no divulgación y el egocentrismo en las finanzas globales”.

Editorial de Washington post

Charles Lane

Cuando se les pide que expliquen por qué sus esfuerzos para derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, se han quedado cortos, los funcionarios de la administración de Trump suelen citar la influencia siniestra de Cuba y Rusia, que dicen ha endurecido la resistencia del régimen. De lo que no hablan tanto es un factor posiblemente más importante: el Cartel de los Soles

Por Jackson Diehl Editor adjunto de la página editorial del Washington Post | traducción libre del inglés por lapatilla.com

Ese colorido término se refiere a la red de tráfico de drogas que cada año transporta cientos de toneladas de cocaína colombiana desde los aeródromos venezolanos a América Central y el Caribe para su distribución final a los Estados Unidos y Europa, y eso incluye a algunos de los funcionarios de mayor rango del régimen de Maduro. Estos hombres se aferran al poder no porque sean verdaderos creyentes del socialismo, o por su lealtad a Vladimir Putin y Raúl Castro. Se aferran porque, a pesar de la implosión económica de Venezuela, todavía están cosechando millones, y probablemente estarían encarcelados en Venezuela o en los Estados Unidos si salen del poder.

El tráfico de cocaína es solo una de las muchas actividades delictivas en las que está inmersa la élite de la “revolución bolivariana” de Hugo Chávez. También en la minería ilícita de oro y hierro; ventas fraudulentas de petróleo; en los beneficios de las importaciones de alimentos y medicinas; y en el comercio corrupto de divisas. Maduro y todos los que están cerca de él, incluyendo a su esposa, su No. 2 y los ministros del interior y de la industria, están en esas andanzas.

Aunque tanto el gobierno de Trump como los defensores extranjeros de la extrema izquierda de Maduro prefieren describir la crisis venezolana en términos políticos, la realidad es que el régimen es menos un gobierno, mucho menos socialista, que una pandilla criminal. Eso tiene dos consecuencias que complican su eliminación. Primero, el dinero que está obteniendo de la actividad criminal está sirviendo como un apoyo que le permite sobrevivir a las sanciones de los EE. UU.

Quizás lo más importante es que la contaminación tóxica en casi todos los altos funcionarios hace que sea mucho más difícil seguir las fórmulas habituales para una transición pacífica, incluida la creación de un gobierno de transición y la amnistía para aquellos que renuncian.

El colapso de la economía formal de Venezuela ha creado una grave escasez de alimentos, agua, medicinas y energía, y ha provocado que más del 10 por ciento de sus 30 millones de personas hayan huído del país. Sin embargo, los ingresos ilícitos que se están derramando para la camarilla de Maduro parecen estar aumentando. Un reciente informe de CNN dijo que los vuelos de drogas desde Venezuela habían aumentado de aproximadamente dos por semana en 2017 a casi todos los días en 2018; citando a un funcionario de EE. UU. que afirmó que este año se habían realizado hasta cinco vuelos por noche. En el 2018, se calcula que se traficaron a través de Venezuela 265 toneladas de cocaína colombiana, con un valor de venta de $ 39 mil millones, según el informe.

Un nuevo estudio preparado para la Universidad de Defensa Nacional por Douglas Farah y Caitlyn Yates encontró que incluso mientras el régimen de Maduro vendió 73 toneladas de oro en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos el año pasado para recaudar efectivo, sus reservas crecieron en 11 toneladas, como resultado probable de la minería ilegal de oro, donde participan incluso grupos rebeldes colombianos con sede en Venezuela y aliados con el régimen. Esas ventas podrían haber recaudado cerca de $ 3 mil millones, más que suficiente para financiar las fuerzas de represión y los grupos paramilitares aún leales a Maduro.

Farah y Yates describen el régimen venezolano como parte de una red regional a la que denominan Empresa Criminal Conjunta Bolivariana, un “consorcio de estados criminalizados y actores no estatales”. Identificaron 181 individuos y 176 empresas en 26 países vinculados a la actividad criminal venezolana. Gracias a esta empresa, dicen, “el régimen de Maduro no se ha derrumbado y puede que no durante un período de tiempo significativo (…) La capacidad de la red para adaptarse y diversificar su cartera criminal significa que el dinero continúa fluyendo hacia las arcas del régimen”.

En teoría, la oposición venezolana, el gobierno de Trump y otros que buscan desalojar a Maduro podrían resolver perdonar todo esto. La oposición ha hablado sobre la amnistía para los líderes militares que adversen al régimen, y la semana pasada, el Departamento del Tesoro levantó las sanciones al jefe de inteligencia de Venezuela luego de que desertara.

Sin embargo, como cuestión práctica, es difícil imaginar a la mayoría de la mafia de Maduro simplemente abandonando esas actividades. Al menos dos de sus capos han sido acusados por grandes jurados federales de los Estados Unidos. Otro, el ex general Hugo Carvajal, desertó a España el mes pasado, y fue encarcelado rápidamente por una solicitud de extradición de Estados Unidos . Se enfrenta a cargos federales de contrabando de cocaína.

Algunos líderes de la oposición y gobiernos extranjeros esperan negociar un gobierno de transición que incluya figuras del régimen. Pero, como dijo la veterana activista de la oposición María Corina Machado a The Washington Post , “no se puede incluir a los capos de la droga. . . no puede haber individuos que formen parte de la mafia en el tráfico de oro, el tráfico de petróleo y el tráfico de gas o las mafias de alimentos”. Eso, por desgracia, puede excluir a casi todos los que tienen el poder de lograr un cambio pacífico en Caracas.

Editorial Washington Post

El prestigioso e influyente diario estadounidense, The Washington Post, dedicó su editorial de ayer a la grave situación venezolana. Con el título de “How to derail Venezuela’s new dictatorship“, el equipo editorial del diario señala la urgencia que deben mostrar los países de la zona ante las tesitura claramente dictatorial del gobierno de Maduro. Leála a continuación en traducción libre del inglés por lapatilla.com

Mientras la crisis política y humanitaria de Venezuela empeora, el gobierno de Nicolás Maduro, dejó claro que estaba dispuesto a destrozar lo que quedaba del orden constitucional del país con tal de detener un movimiento opositor cada vez mayor. Despojó a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, de sus competencias, encarceló a varios prominentes líderes e intentó frenar una campaña para activar un referéndum revocatorio presidencial constitucionalmente contemplado. Pero el impulso de la oposición continuó, por lo que la semana pasada el régimen tomó medidas definitivas : Se suspendió formalmente el proceso de referéndum, pospuso las elecciones locales y de gobernadores y prohibió a ocho líderes de alto nivel de la oposición la salida del país.

El domingo, el Congreso emitió una declaración diciendo el Sr. Maduro ha roto el hilo constitucional. Una declaración precisa – que debería provocar una reacción consecuente de Estados Unidos y de los vecinos latinoamericanos de Venezuela.

Con el referéndum la oposición perseguía una salida democrática de lo que se ha convertido en una de las peores crisis políticas y humanitarias en la historia moderna de América Latina. Un país productor de petróleo con 30 millones de habitantes, que alguna vez fue el país más rico de América del Sur, Venezuela sufre ahora una grave escasez de alimentos y medicinas, una de las tasas de homicidios más altas del mundo y la escasez crónica de energía, como resultado de la desastrosa mala gestión económica del régimen populista. Un nuevo informe de Human Rights Watch que cita cifras oficiales, muestra un aumento del 79 por ciento en la mortalidad maternal (muertes de mujeres embarazadas)  de este año en comparación con el año 2009, y un aumento del 45 por ciento de la mortalidad infantil en comparación con 2013. La gran mayoría de las familias de bajos ingresos dicen que están teniendo problemas para obtener comida.

Sin embargo, en lugar de buscar la ayuda humanitaria, el régimen niega que haya crisis alguna y castiga a profesionales de la salud, a los defensores de derechos humanos y venezolanos comunes que hablan acerca de la escasez, dijo en su informe Human Rights Watch. El gobierno culpa a la oposición por lo que llama una “guerra económica” y bloquea el referéndum que podría dar a la gente irritada y hambrienta del país una salida pacífica. Las encuestas muestran que alrededor del 80 por ciento votaría revocar al Sr. Maduro si tuvieran la oportunidad.

El recurso de utilizar la represión puede provocar desórdenes: La oposición ha llamado a manifestaciones para el miércoles y ha hecho un llamamiento a los militares de no intervenir en contra de ellos. Sin embargo, el régimen puede estar calculando que puede aplastar las protestas callejeras, como lo ha hecho en el pasado. Lo que puede temer más [el régimen] es a la acción concertada de sus vecinos, como Brasil y Colombia, así como de los Estados Unidos – los cuales en virtud de un tratado regional llamado la Carta Interamericana Democrática deben tener no sólo la autoridad sino también el deber de aislar y castigar al régimen en caso de la vulneración del orden constitucional.

 
Hasta ahora, el gobierno de Obama ha ofrecido un soporte verbal (lip service) al referendo revocatorio, mientras que ha centrado su estrategia en la promoción de las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Pero la iniciativa de diálogo liderada por el izquierdista ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero no va a ninguna parte, a pesar del anuncio de este lunes de una nueva reunión la próxima semana. El Sr. Maduro lo está simplemente utilizando como una pantalla de su negación de la democracia. El régimen no cambiará su curso a menos que se sienta bajo una presión mucho mayor, sea de las calles o de las sanciones externas. Si desea para atajar una aún mayor agitación en Venezuela, Estados Unidos debe coordinar una contundente acción internacional.

Editorial The Washington Post: Cómo descarrilar la nueva dictadura de Venezuela

La página web del periódico venezolano El Nacional estaba llena hace pocos días con historias sobre la escasez que asota a un país económicamente golpeado. Una de las noticias se refería a la falta de medicinas para pacientes con diabetes. Otra reportaba las múltiples colas en las estaciones de gasolina de Caracas y otras ciudades. Una tercera hacía el recuento sobre la incapacidad del gobierno para pagar a las aerolíneas internacionales los 3,6 millardos de dólares que les debe, lo que ha causado una reducción de los vuelos a Venezuela.

Lo que no se mencionó ese día fue el caso de El Nacional: Debido a la negativa del gobierno de permitir que el periódico importe papel, una de las últimas fuentes independientes de noticias en el país podría pronto limitar su existencia al ciberespacio. “Para obtener papel periódico en Venezuela se necesita una autorización”, nos dijo el presidente editor del periódico, Miguel Henrique Otero, durante una reciente visita a Washington. “Durante año y medio no hemos obtenido papel. No podemos informar al público porque no tenemos papel”.

La discriminación contra el periódico de 71 años es parte de una campaña más amplia del gobierno de Nicolás Maduro para eliminar el último medio independiente del país. Desde 2013 otros 2 grandes periódicos y una cadena de televisión han sido vendidos por sus antiguos dueños a inversores relacionados con el régimen o a empresas fachada cuyos dueños son desconocidos. El resultado ha sido la clausura de la cobertura crítica al gobierno de Maduro, aun cuando gobierna sobre un colapso económico y sobre represión política, que incluye el arresto o persecución de los principales líderes de la oposición.

El señor Otero también nos confesó que han ofrecido comprar su periódico, pero se negó. La negativa de papel continuó. El Nacional se ha visto forzado a reducir sus impresiones, que en algún momento ascendieron a 220.000 periódicos los domingos, a menos de la mitad, y a cortar su edición diaria a 16 páginas, comparadas con las 60 o 70 páginas que tenía varios años atrás. Otros periódicos independientes del país se han visto afectados; una docena ha sido forzada a detener sus impresiones. Pero el caso de El Nacional es particularmente importante porque es el último gran periódico nacional que da una justa cobertura a la oposición política y reporta de forma agresiva problemas como la escasez.

El hecho de que el periódico continúe publicándose se debe a una extraordinaria campaña de solidaridad por parte de otros periódicos latinoamericanos, que han estado enviando su propio papel a Venezuela para abastecer a El Nacional. Entre los participantes en la campaña están editores de Colombia, Costa Rica, Chile, Perú, Brasil, Argentina y Puerto Rico. El apoyo es especialmente impresionante si se considera que los gobiernos de la región han abandonado cualquier esfuerzo para intervenir contra la represión del gobierno de Maduro, a pesar de un tratado de 2001 que los compromete a actuar cuando se ve comprometida la democracia.

El gobierno de Obama, también, se ha mantenido al margen de la crisis venezolana. El Congreso aprobó sanciones contra oficiales venezolanos involucrados en violaciones a los derechos humanos; luego de resistirse a las medidas durante la mayor parte del año, la Casa Blanca ahora dice que las respalda. Retirar las visas y congelar los bienes en Estados Unidos de los ejecutores de las órdenes de Maduro es un paso que vale la pena, pero no salvará Venezuela o a El Nacional. “¿Cuánto tiempo podremos aguantar? No lo sé”, dijo el señor Otero. “Cuánto tiempo podrá aguantar Maduro”.

Editorial The Washington Post