El 22 de enero, en el inicio de las actividades judiciales de 2021, el autócrata Maduro dijo otra mentira sin ningún pudor: “Venezuela tiene un poderoso sistema judicial, de prestigio ganado y bien gobernado y dirigido. Jamás el país ha tenido un Poder Judicial tan exigente y tan bien articulado y organizado”.

Cinco meses después, este 22 de junio, afirma todo lo contrario y anuncia, una vez más con bombos y platillos, una reforma judicial a la que califica de “revolución” de la justicia. Nombra una comisión con su esposa Cilia Flores y Diosdado Cabello, jefe del Psuv, para que de manera acelerada en sesenta días presenten una propuesta. Esta es la quinta vez en la que el régimen viola la autonomía del Poder Judicial haciendo anuncios similares.

Desde la Constituyente de 1999 – de la cual formé parte – estuvimos impulsando junto a sectores de la sociedad civil, una urgente reforma cuyo objetivo era lograr un Poder Judicial autónomo, independiente, idóneo, con una carrera judicial estable, con jueces seleccionados por méritos y por tanto, con una hoja de vida ejemplar.

Lamentablemente, a medida que el autoritarismo de Hugo Chávez se iba cerrando, todas estas intenciones de cambio fueron distorsionadas. Sin embargo, a pesar de ello, muchas de estas aspiraciones de mejoras en el sistema de justicia fueron recogidas en la Constitución vigente, siendo el capítulo referido al Poder Judicial, el único aprobado por unanimidad de los constituyentes.

En todo este proceso de destrucción de las instituciones democráticas y de sustitución de la legalidad y el Estado de Derecho por un Estado delincuente, el Poder Judicial, hoy más que nunca, está convertido en una maquinaria de injusticia, ineficiencia y corrupción, al servicio del autócrata Maduro, violando sistemáticamente los derechos humanos.

En el Informe Bachelet de la ONU también se hacen gravísimos señalamientos por la falta de independencia del Poder Judicial.  Así mismo, la Corte Penal Internacional ha iniciado una tramitación de examen preliminar contra el Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad que sentaría en el banquillo de los acusados a Maduro y a los principales jerarcas del régimen.

Otras acusaciones, vinculadas a actos de naturaleza terrorista, tráfico de drogas y corrupción se ventilan en distintas jurisdicciones. Una de las que más preocupa a Maduro es la del seudo empresario, súbitamente devenido en diplomático, preso en Cabo Verde y próximo a ser extraditado a EEUU, Alex Saab.

Todo indica que el anuncio sobre la supuesta reforma judicial; la eliminación de las Faes; el reconocimiento el pasado 1 de mayo, por parte de Tarek William Saab, de los asesinatos del dirigente político Fernando Albán y del estudiante Juan Pablo Pernalete y la liberación de algunos presos políticos forman parte de un intento más de lavado de imagen, sin descartar que también pueda ser una nueva evidencia del “juego de tronos” entre Maduro y Cabello.

En momentos en que está en marcha una negociación para acordar garantías democráticas para un cronograma de elecciones libres, justas y verificables, en la agenda de los acuerdos debería incluirse sin duda el tema de la independencia del Poder Judicial.

El trabajo periodístico publicado el pasado domingo en nuestro portal CuentasClarasDigital.org – una vez más bloqueado en el país por la censura – sobre la justicia en Venezuela, confirma la calamitosa situación del Poder Judicial, como evidencian los siguientes datos:

“De 5.928 jueces activos y retirados, 461 habrían celebrado contratos con el Estado y, de este grupo, al menos el 52,5% estaría inscrito al Partido Socialista Unido de Venezuela”, denunció la CIDH en su informe de 2020.A esto se suma que más del 90% del Poder Judicial está conformado por jueces provisorios, quienes son destituidos sin fórmulas de juicio y con solo un oficio de remisión, indica una fuente del TSJ.

Para el momento de la investigación de cuentasclarasdigital.org, el salario mensual de un juez oscilaba entre los 30 y 35 dólares, lo cual incrementa el riesgo de corrupción en todos los ámbitos de la administración de justicia, en la que ya las decisiones en las diferentes instancias tienen un precio y, además, en dólares americanos. Se trata de una especie de “bolsa judicial” en la que se subastan las sentencias al mejor postor.

Los reos comunes también son víctimas de las violaciones de un sistema penitenciario totalmente corrompido y bajo el control de los “pranes”. De los más de 110.000 presos por delitos ordinarios, unos 65.000 permanecen en centros de detención preventiva —donde no deberían pasar más de 48 horas, de acuerdo con el COPP— y los 45.000 restantes están en cárceles comunes, buena parte de éstos esperando por sentencia definitiva.

Existen varias propuestas valiosas para re-institucionalizar y reformar el Poder Judicial. Entre ellas, destaca la del Bloque Constitucional denominada “La Justicia como Eje de la Transición a la Democracia: Justicia, sin impunidad ni venganza”, un documento con propuestas interesantes que debe formar parte de la agenda de debate de los partidos políticos y la sociedad civil para darle plena vigencia a la Constitución, a las Leyes y rescatar el Estado de Derecho.

Carlos Tablante

@TablanteOficial

Hubo cierta sorpresa, y una ligera fantasía de cambio, cuando la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, anunció recientemente la inclusión de Rafael Isea en el Código Rojo de la Policía Internacional (Interpol). Obviamente, se pensó que finalmente sobre el ex ministro de finanzas y ex gobernador de Aragua, entre otros cargos, se acumularon suficientes evidencias con relación a sus cuestionados desempeños en los altos cargos públicos que ejerció.

Pero muy pronto, la misma jefe del Ministerio Público se encargó de colocar las cartas sobre la mesa. Los escandalosos hechos de corrupción con las Notas estructuradas pareciera que seguirán bien escondidos en el profundo silencio de los altos personeros oficialistas.

Aunque la mayor erupción de la corrupción con las Notas estructuradas ocurrió durante la gestión del militar retirado Rafael Isea, no menos cierto es que en este juego perverso varios fueron los involucrados, aunque nunca han sido investigados. Sin duda, el caso de las Notas estructuradas es uno de los más largos, oscuros y corruptos episodios de la revolución boli-burguesa.

La estrategia de emitir bonos denominados en dólares, pero pagaderos en bolívares, mecanismo usado para repartir divisas a pseudo-empresas y personas en el mercado paralelo del dólar, surge cuando Tobías Nóbrega se desempeñaba como ministro de Finanzas y recién se iniciaba el control de cambio más largo de la historia de Venezuela. Era el año 2003, se vendían las divisas a una tasa superior al dólar oficial. Así, resultaron beneficiados pseudo-empresas, corredores y también personeros del gobierno.

La idea de los bonos se le atribuye a Francisco Illaramendi, cuando fue asesor del ministro Nóbrega. Es el mismo que estafó al Fondo de Pensiones de los Trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Si, el mismo que no fue investigado por la Fiscalía General y fue sobreseído por un tribunal venezolano, mientras en Estados Unidos aún se espera una decisión condenatoria. Es la historia de la “ceguera voluntaria” de quienes, desde las instancias del poder, no miran a los corruptos, sobre todo cuando no les conviene. Para este personaje fraudulento, la idea de los bonos fue “un jonrón con las bases llenas”, como lo dijo en una conversación con su cómplice Moris Beracha, la cual fue de conocimiento público durante el proceso que se sigue en Connecticut al caso Illaramendi.

Con Tobías Nóbrega se inicia el “el gran negocio de los bonos” en Venezuela, pero los ministros posteriores siguieron el juego de realizar operaciones financieras con bancos escogidos “a dedo” y sin ninguna transparencia, de títulos de la deuda. Se trataba de prerrogativas dirigidas a los funcionarios boli-burgueses.

Pero el gran negocio surgió con las notas estructuradas (NE), instrumentos financieros que se emitieron con respaldo de las deudas públicas de Argentina, Ecuador y Venezuela.

De acuerdo a estimaciones de expertos economistas, entre 2004 y 2008 se colocaron más de 10 mil millones de dólares en Notas estructuradas, en operaciones opacas sin ningún tipo de supervisión.

A Tobías Nóbrega lo sustituye Nelson Merentes , a quien se le atribuye la utilización de recursos del Fondo para el Desarrollo Nacional (FONDEN) para la adquisición de Notas estructuradas, algunas calificadas de chatarras, que se vendieron a bancos y casas de bolsa, las cuales fueron seleccionadas sin que mediara ninguna subasta y sin conocerse las condiciones de precios y tasas de cambio de esas operaciones, así como tampoco la lista de las instituciones financieras involucradas. La mayoría de ellas fueron luego intervenidas.

Carmen Meléndez, la actual ministra de la Defensa, cuando se desempeñó como Tesorera Nacional, con la asesoría de su gran amigo Danilo Díaz Granados, junto a Merentes en el ministerio de Finanzas, participó en la negociación en el año 2006, de más de 9.000 millones en bonos y notas estructuradas, a tasa oficial.

Para la banca, las casas de bolsas y otros operadores financieros, las notas estructuradas lucían provechosas, porque podían adquirirlas mediante pago en bolívares para venderlas luego en dólares en los mercados internacionales y obtener ganancias que provenían del diferencial cambiario.

En 2007 Rodrigo Cabezas abandona el rol de legislador y asume la conducción del ministerio de Finanzas, mientras en la Tesorería Nacional estaba el teniente Alejandro Andrade, un militar del círculo de confianza del presidente Hugo Chávez – al igual que Rafael Isea- quien también participó en la estrategia de las notas estructuradas. Mediante estas operaciones, Andrade afianzó sus contactos con los banqueros de la boli-burguesía.

Aunque Rodrigo Cabezas manifestó que durante su ejercicio como ministro de Finanzas no hizo ninguna compra de Notas estructuradas, admitió que en 2007, con pleno respaldo del presidente de la República, Hugo Chávez, las NE adquiridas a lo largo de 2006 fueron colocadas en el mercado, dado su carácter riesgoso. Es decir, Cabezas tendría mucho que aportar en una supuesta investigación que sobre el tema deberían hacer el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.

De esta manera, el ministerio de Finanzas se convirtió en un inmenso escenario del capitalismo de casino, donde unos pocos apostadores jugaron a favor del detrimento del patrimonio público y con las necesidades de los venezolanos.

A Rafael Isea sólo le bastaron cuatro meses en el ministerio de Finanzas para protagonizar uno de los casos de corrupción y tráfico de influencias más grandes de la historia de Venezuela, como fue la negociación con las notas estructuradas.

Cuando Isea deja el ministerio de Finanzas, en la página web de Analítica, el 21 de mayo de 2008, es publicado el artículo «Se va Isea, ¿Quién vendrá?», del cual reproducimos el siguiente párrafo:

“… algún día, deberá comparecer Rafael Isea ante los tribunales de justicia para que explique el manejo de los recursos del Bandes. Está institución, según sus balances auditados correspondientes a 2006 y el primer semestre de 2007, revelan la concesión de créditos inclusive a entidades gremiales de Venezuela como es el caso de Empresarios por Venezuela (Empreven, básicamente una asociación a la búsqueda de contratos y créditos con el gobierno), el financiamiento a empresas extranjeras como fue el caso de la cooperativa láctea Sancor de Argentina, el otorgamiento de créditos a Cuba sin garantías y la condonación de la deuda con Nicaragua.

Además debe contabilizarse en la pasantía de Isea por Bandes una gestión caracterizada por pérdidas cuantiosas, entre las que destaca las de la sucursal de Uruguay, siendo ese banco conjuntamente con el Banco Industrial de Venezuela, las instituciones financieras que operaron con pérdidas en ese lapso”.

Las notas estructuradas no sólo favorecieron a Rafael Isea, sino también a Alejandro Andrade, en su condición de Tesorero Nacional y a Moris Beracha, como asesor, quienes no sólo habrían recibido abultadas comisiones por las asignaciones de las mismas, sino que además se asociaron con pseudo-banqueros y corredores de Bolsa para seguir aprovechando las colocaciones de fondos públicos, situación que fue evidente durante la mal llamada mini-crisis financiera 2009-2011.

Es evidente, que la inclusión de Rafael Isea en el Código Rojo de Interpol por parte del Ministerio Público, más allá de buscar castigar a los responsables y recuperar los dineros robados a la nación, es una advertencia para demostrar quién es quién en las pugnas internas del partido oficialista. Por nuestra parte, frente a tanta corrupción e impunidad, seguimos exigiendo justicia.

Carlos Tablante