Ante las elecciones presidenciales previstas para el año 2024, los partidos de la oposición democrática decidieron escoger un candidato único y común para enfrentar a los otros aspirantes, y, a tal efecto, designaron la Comisión Nacional de Primaria (CNP), que tendrá el encargo de organizar el proceso en el que se hará la escogencia. La inscripción de candidaturas se hará del 24 de mayo al 23 de junio de 2023. Los aspirantes a ser candidatos en las primarias tienen que haber demostrado “un compromiso inequívoco con la lucha por la libertad, el rescate de la democracia, el respeto de los derechos humanos, la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados”. A fin de evitar irregularidades en el manejo de los recursos financieros que se perciban, se “podrá exigir a los candidatos presentar, bajo juramento y por escrito, un reporte periódico” de esos recursos. Se fijó la fecha del 22 de octubre para la selección candidatural y ya la CNP publicó las disposiciones reglamentarias para las postulaciones, propaganda, actividades de los testigos, el voto en el exterior y la votación.

Una cuestión fundamental, que coloco como elemento central de este artículo, es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) consideró “inviable” la petición de la oposición de eliminar el sistema de captación de huellas del proceso, puesto que esto “generaría una vulnerabilidad, abriendo una brecha para que se viole el principio de un elector un voto”. A este respecto, y para contrariar la opinión del CNE, voy a hacer una larga cita de un artículo aparecido en El Nacional del pasado 9 de mayo, de Julio Castillo Sagarzazu, con quien, en la era democrática, compartí representación en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional y disfruté de sus sensatas intervenciones. Dice Castillo:

“¿Qué captan las cuestahuellas? Las captahuellas son la médula espinal de un sistema electoral vendido como el mejor del mundo por la propaganda oficial, pero que es en la realidad muy poco transparente y que está diseñado para consagrar el ventajsmo y la coacción de los electores. Esta es una verdad en las elecciones generales y podrían, por la manera como se ha planteado su uso, constituir también un dolor de cabeza en el proceso de primarias de la oposición.

En realidad, esta nota no tiene como objeto denostar de nuestro desvencijado sistema electoral, para llevar agua al molino del abstencionismo. Quien esto escribe es, de hecho, partidario  de ir a votar, aun en medio de estas condiciones adversas.

El objeto de esta nota es, no obstante, tratar de explicar por qué las captahuellas son un elemento disruptivo y polémico en el proceso de las primarias y la razón es de Perogullo: estaríamos entregando al gobierno la lista de quienes votaron en él. Es obvio que ello inhibiría de participar a cientos de miles de compatriotas que son susceptibles de ser presionados bien porque son empleados públicos, bien porque son beneficiarios de algún programa”. Y seguidamente Castillo Sagarzazu agrega: “En unas elecciones primarias este tema de la participación es clave. Se trata de un proceso que tiene como objetivo, entre otros, la legitimación de una candidatura para competir luego en las presidenciales. Si por causa del temor a integrar una nueva lista Tascón, le damos razones a una importante cantidad de nuestros compatriotas para no participar, estaríamos conspirando contra una importante misión de estas primarias. Se trata entonces de un problema político y no técnico, al cual hay que dar una salida política”. Y recomienda “no utilizarlas”.

 Carlos Canache Mata

A Virginia Betancourt

Varios dirigentes políticos me han solicitado la reproducción de este artículo, publicado en febrero de 2022, ocasión que aprovecho para introducirle una ampliación.

Cuando un político es un verdadero estadista, si en horas cruciales peligran la democracia y el Estado de Derecho, no vacila en tomar  –para salvarlos– la decisión política menos costosa para estos.  Los principios no pueden ser obstáculos para su propia defensa, si son acechados por sus enemigos. Ante  el dilema existencial de salvar o perder la democracia y la libertad, la Historia (con mayúscula) privilegia los procedimientos que, pareciendo contrariarlas, hacen posible su epifanía  o  evitan su destrucción. El destacado  historiador venezolano Germán Carrera Damas ha dicho que “la concepción ética de la política es ineludiblemente presa de la dialéctica entre el celo principista y la derogación, al menos circunstancial, de los principios”.

Esa tensión o conflicto entre los principios y las exigencias de su salvación, se puede plantear desde las afueras del poder o durante el ejercicio del poder. En una tertulia, celebrada el 16 de abril de 2007, en  la que participaron historiadores y analistas políticos, Carrera Damas se refirió a tres casos en los que entró en escena la tensión entre los valores y las exigencias del momento  histórico.  Veamos.

Primero. Lo que ocurrió el 18 de octubre de 1945 es un ejemplo de cómo desde las afueras del poder se puede acceder a la verdadera y plena democracia (sufragio universal, directo y secreto para la formación del Poder Público), recurriendo a un método no democrático, como lo es la conspiración militar, la cual se legitimó al cerrarse los caminos pacíficos para alcanzarla. Como lo señaló otro gran historiador, Ramón J. Velásquez, “durante varios meses, trató el jefe político (Rómulo Betancourt; nota de CCM) de frenar el estallido del movimiento militar utilizando el expediente de la candidatura de Diógenes Escalante”, que, al frustrarse por su inesperada dolencia mental, se sustituyó con la propuesta de un candidato  extrapartidos que presidiera, mediante una previa disposición transitoria en una reforma de la Constitución, la elección popular del presidente de la República. Al rechazarse también esa fórmula, se creó así un conflicto entre el celo principista  y  la conveniencia de su derogación, llegándose, como se llegó, a la democracia por una vía no democrática.

Segundo. Ya no  desde afuera, sino  durante  el ejercicio  del  poder, el celo principista se enfrentó a situaciones riesgosas, dramáticas, en las que, para preservar la democracia, se impuso la necesidad de “la difícil conciliación entre los propósitos genuinamente democratizadores y la transgresión de los mismos”. Esa fue la situación que se le presentó a Rómulo Betancourt cuando -siendo presidente constitucional de la República y estando acosado desde la extrema izquierda con la guerra de guerrillas y desde la derecha con el tradicional golpe militar clásico, que se habían juntado en extraño matrimonio morganático en 1962 en los alzamientos conocidos como “el Carupanazo” y “el Porteñazo”- cuando, digo, ocurre el 29 de septiembre de 1963 el asalto al tren de El Encanto por un grupo armado extremista que asesina, prácticamente a mansalva, a 4 guardias nacionales, 3 quedaron gravemente heridos, y 2 mujeres y 2 niños también resultaron heridos. El presidente Betancourt  se encontraba en Puerto de Hierro, Guayana, y desde allí ordenó la detención de los parlamentarios del Partido Comunista y del MIR; después expuso ante el Congreso Nacional: “…Conocida es la decisión que adopté, solo conmigo mismo y con mis responsabilidades de gobernante, ante Venezuela y ante la historia. Los parlamentarios  de  los partidos  Comunista  y  Movimiento de Izquierda Revolucionaria, comando coaligado de la subversión antidemocrática en Venezuela y sumiso Estado Mayor ejecutor de las instrucciones emanadas de sus jefes cubanos,  fueron detenidos y entregados a la jurisdicción de los tribunales militares, por la índole de sus delitos, tipificados en el Código de Justicia Militar. La Corte Suprema de Justicia convalidó, con irrebatibles argumentos jurídicos, la anterior decisión del Poder Ejecutivo inhabilitando a esos partidos, clausurando sus locales e impidiendo la circulación de sus periódicos. El proceso judicial ante los tribunales militares y por delito de rebelión, se continúa contra quienes son los máximos responsables de los brotes de sedición armada de Carúpano y Puerto Cabello…”.

Se produjo un gran debate  en el Congreso y en la opinión pública  sobre si  el delito  militar  estaba o no incluido en la protección de la inmunidad parlamentaria de acuerdo con el texto del artículo 143 de la Constitución de 1961, que, de todos modos, en caso de delito flagrante cometido  por  un senador o diputado estipulaba el arresto domiciliario hasta por 96  horas (4 días), término para que la Cámara respectiva autorizara su cesación o continuación.  En el debate, la opinión del jurista y dirigente socialcristiano Arístides Calvani fue la siguiente: “Sería una contradicción en los propios términos del sistema, contradictio in terminis, si éste garantizara la inmunidad parlamentaria para que a través de esa misma inmunidad se conspirara para destruír el régimen que le dio vida. Es una contradicción lógica, total y absoluta. Si la inmunidad parlamentaria es sagrada, lo es porque la democracia es antecedente a ella y porque debe a la democracia el carácter de sagrada; porque ella no puede tener razón de ser, sino, repito, dentro de la estructura del sistema democrárico”.

El expresidente Rafael Caldera, que en otras ocasiones había mostrado discrepancias con algunos procedimientos del gobierno, esta vez, ante la enorme gravedad del asalto al tren de El Encanto, aceptó  la  decisión  de  detener  a  los  parlamentarios  del  PCV y del MIR que Betancourt adoptó  –“solo conmigo mismo”– sin consultar desde Guayana ni a AD ni a Copei. Si Betancourt –en la dilemática tensión entre el celo principista y la discutible imputación de la transgresión principista- hubiera vacilado y no se atreve a adoptar la decisión sobre los parlamentarios que le reclamaba el momento  histórico, lo  más probable es que habría acontecido el naufragio de la democracia. Afortunadamente, Betancourt era un estadista y actuó como tal, apartando a un lado el costo político. En el discurso inaugural de la cátedra Rómulo Betancourt en la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo, el 19 de mayo de 1988, Rafael Caldera caracterizó su relación personal con el presidente Betancourt así: “Esta relación no siempre fue fácil y sencilla. Es lógico comprender que en muchas ocasiones hubiera opiniones diversas. Debo admitir y  proclamar  que la actitud que el presidente Betancourt adoptó en esas ocasiones fue siempre  de una gran altura y ellas me sirvieron para corroborarme en la idea de que no se trataba de un agitador político sino de  un  verdadero  estadista”.

En mi libro Rómulo Betancourt, líder  y estadista (primera edición, diciembre 2021), ratifico la tesis de que el delito militar estaba excluido de la protección constitucional de la inmunidad parlamentaria, que, posteriormente, se aplicó también en el primer gobierno de Rafael Caldera (1969-1974). Allí señalo que “se inició un juicio contra el senador Miguel Angel Capriles porque el 1° de octubre de 1971 el vespertino El Mundo, de la cadena periodística del senador, había publicado un documento en el que se incurría en el presunto delito de “revelación de órdenes, consignas, documentos o noticias privadas o secretas de las Fuerzas Armadas”. El Tribunal Primero de la Justicia Militar dictó auto de detención contra el senador Capriles basado en el artículo 550 del Código de Justicia Militar. Ramón J. Velásquez nos cuenta: “…El debate en defensa de la inmunidad parlamentaria se planteó en el Senado y en la Cámara de Diputados. En su intervención del 2 de noviembre, el diputado Carlos Andrés Pérez, jefe de la fracción parlamentaria de AD, afirmó que su partido sería consecuente con la tesis mantenida en 1963 de que en caso de delitos militares no procede el allanamiento. Los parlamentarios de Acción Democrática y de Copei afirmaron que todo delito que no sea político o común está fuera de lo acordado por la Constitución sobre inmunidad parlamentaria y se refirieron en el curso del debate a lo afirmado por el presidente Caldera de que “el Juez Militar en este caso no ha hecho sino aplicar una jurisprudencia ya establecida con anterioridad”. Se refería el presidente Caldera al precedente de 1963, en que los parlamentarios de izquierda fueron detenidos sin la intervención de la Corte Suprema y sin que precediera el allanamiento del indiciado por la Cámara respectiva (6).

En el discurso inaugural de la cátedra Rómulo Betancourt en la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo, el 19 de mayo de 1988, Rafael Caldera caracterizó su relación personal con el Presidente Betancourt, así: “Esta relación no siempre fue fácil y sencilla. Es lógico comprender que en muchas ocasiones hubiera opiniones diversas. Debo admitir y proclamar que la actitud que el presidente Betancourt adoptó en esas ocasiones fue siempre de una gran altura y ellas me sirvieron para corroborarme en la idea de que no se trataba de un agitador político sino de un verdadero estadista”.

Tercero. Carrera Damas se refiere a “un tercer punto que le preocupó mucho a Betancourt, fue la conciliación, no solo política, sino personal también, con el sedimento antiimperialista dejado por la militancia comunista y el adoctrinamiento marxista en lo concerniente a las relaciones políticas y económicas con el imperialismo”. En mi opinión, en este tema no hay diferencias entre las posiciones de los socialdemócratas y los comunistas, en cuanto al planteamiento común de que la economía se libere de la penetración imperialista, que en el caso específico venezolano se logró en lo fundamental, cuando en 1975-1976, el gobierno de Acción Democrática, con el respaldo de todo el país, nacionalizó la industria petrolera.

En conclusión, los políticos, si tienen la estatura del estadista, interpretan su tiempo y, a la luz de sus principios, toman las decisiones llevados de la mano de lo alcanzable.

 Carlos Canache Mata

Notas

1-Ramón J. Velásquez. Venezuela Moderna. Medio Siglo de Historia 1926-1976. Fundación Eugenio Mendoza. Caracas 1976. Pág. 243.

2- Historia Gráfica de Venezuela. José Rivas Rivas. El Gobierno de Rómulo Betancourt (tercera parte). 1962-1963. Edificios Toran C.A. Caracas. Venezuela 1997. Págs. 124-125.

3-Ramón J. Velásquez. Obra citada. Pág. 244.

4-Rómulo Betancourt. “La Revolución Democrática en Venezuela” 1959-1964. Tomo IV. Caracas/1968. Págs 186,187 y 188-189.

5-Ramón Guillermo Aveledo. “La 4ta República, la virtud y el pecado”. Editorial LibrosXmarcados. Primera edición. Octubre 2007. Pág. 92.

6-Ramón J. Velásquez. Obra citada. P´g. 333.

Lo dije en sesión solemne del Congreso Nacional. Caracas amaneció de pie el 19 de abril de 1810. Son las ocho de la mañana y está reunido el Cabildo extraordinario en la Casa Consistorial. El Cuerpo Municipal sólo debía sesionar si era convocado previamente por el Capitán General. Allí estaba reunido. Sin permiso. Era el primer paso de una revolución que se iniciaba, y la revolución no pide permiso.

Que venga Don Vicente Emparam a atender el llamado a sesión que le hacían los cabildantes. No. No respondais así, señor Capitán General, al reclamo del Alcalde José de las Lamozas y de Martín Tovar Ponte, de un gobierno representativo del pueblo venezolano porque casi toda España había caído en poder de los franceses. No digáis que en la península sí hay Gobierno legítimo y que éste está representado por el Consejo de Regencia. No, señor Capitán General, no prometáis, so pretexto de asistir a las ceremonias religiosas de Jueves Santo, tratar para más tarde lo que constituye un apremio nacional.

No vais a volver, sino que serás traído, señor Capitán General. Ese Francisco Antonio Salias que ahora a las puertas de la Catedral os llama  a Cabildo no es un joven revolucionario que habla para molestaros. Su voz es la voz de los que minutos después van a definir solemnemente destino propio en el mundo. Y los diputados del pueblo, Juan Germán Roscio y José Félix Sosa, que os acompañan en el regreso, ¡no os asustéis!, solo vienen a vuestro lado para  conduciros a la continuación del diálogo interrumpido.

¿Qué se forme una Junta de Gobierno presidida por Vos, señor Capitán General, y que la Real Audiencia y los demas tribunales continúen al frente de sus cargos? No, Excelencia. La Real Audiencia ordenó inútilmente tocar a generala y trató de apelar a la fuerza armada para resistir las decisiones del Ayuntamiento y ¡ved cómo  ahora un piquete de granaderos de bayoneta calada en mano la conduce a la Sala Capitular!

Vuestra causa está perdida, señor Capitán General.

Escuchad al canónigo José Cortés de Madariaga, Diputado del Clero, que está pidiendo al Cabildo vuestra deposición como Capitán General y la creación de un Gobierno independiente.

No hay inconveniente. Podéis apelar a la voluntad del pueblo reunido en la plaza. Escuchad, ya hasta vuestro balcón sube como un trueno la exlamación de la ciudad.

“¡No! ¡No lo  queremos!”.

“No lo queremos”, señor Capitán General, porque ahora el Cabildo va a asumir la autoridad suprema.

“No lo queremos”, señor Capitán General, porque ahora vamos a formar un nuevo Gobierno, la Junta Suprema de Caracas, ya que así lo manda la voluntad popular que encarnamos.

“No lo queremos”, señor Capitán General, porque ahora vamos a decidir sobre libertad de comercio, pagos de tributos, impuestos de alcabalas y derechos de exportación, que antes eran materia de la competencia de la Corona.

“No lo queremos”, señor Capitán General, porque vamos de inmediato a convocar al pueblo a elecciones para que elija al primer Congreso Constituyente de Venezuela.

Después del 19 de abril de 1810, Simón Bolívar pronunció el 3 de julio de 1811 su famoso discurso en la Sociedad Patriótica en el que pidió que “pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana: vacilar es perdernos”. Dos días después, el primer Congreso Constituyente de Venezuela declaró formalmente la independencia absoluta el 5 de julio de 1811, que se rubricó luego victoriosamente en el campo de la guerra.

 
 Carlos Canache Mata

Con una concentración realizada frente el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro celebró su ascenso al poder el 14 de abril de 2013, cuando le obsequió el CNE, sumiso al régimen, un triunfo que no había obtenido en las urnas electorales frente a su contendor Henrique Capriles, a quien se le negó la auditoría electoral que había solicitado. Nació ese régimen con el inri del fraude en la frente.

Al pecado original del fraude se unió la corrupción que agobia y asfixia a la dictadura. El editorial de El Nacional del día 16 de abril próximo pasado lo testimonia de modo contundente, al decir: “…El escándalo de corrupción sin precedentes ventilado desde las altas esferas del poder abarca todos los poderes de la República y las empresas que fueron emblema de su progreso: Petróleos de Venezuela, que estuvo posicionada como la tercera compañía de hidrocarburos del mundo y hoy produce la quinta parte de barriles de crudo de lo que hacía a fines del siglo pasado y las empresas básicas del hierro, acero y aluminio asentadas en Ciudad Guayana, una urbe creada con el surgimiento de la democracia en los años sesenta”.

La historia, desde la antigüedad hasta nuestros días, está cruzada por la sombra de los gobernantes ilegítimos. América Latina ha sido fecunda en la procreación de tales especímenes. Unos han ejercido el poder sustentándose únicamente en la fuerza. Otros, se decoran cínicamente con precarias fachadas democráticas. En Venezuela, Hugo Chávez, que había ganado la presidencia de la República en pulcras elecciones, tenía lo que en doctrina constitucional se conoce como legitimidad de origen, pero, por las violaciones de la Constitución y la comisión de delitos de lesa humanidad, no tenía legitimidad de desempeño o ejercicio. Se podría decir que el régimen de Chávez caminó en un solo pie y vivió y sobrevivió en un conflicto entre su legitimidad de origen y su ilegitimidad de ejercicio; algo así como una bigamia de legitimidad presidencial.

El régimen de Nicolás Maduro nació, como se dijo al comienzo de este artículo, gracias a un fraude electoral, razón por la cual no tiene legitimidad de origen. Y es sabido que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en documento público del pasado 30 de marzo, en el que responde a las observaciones presentadas por Venezuela para la reanudación de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, aseguró que “el país no presenta pruebas o información concreta”, y actualmente el proceso judicial está en desarrollo. La Corte está analizando los testimonios que ha recibido, tanto del Estado venezolano como de posibles víctimas, según figura en la web del organismo internacional. O sea, que en el régimen de Nicolás Maduro está cuestionada también la legitimidad de desempeño o ejercicio.

Nos oprime un régimen bifronte, doblemente ilegítimo, que ensombrece al país.

 Carlos Canache Mata

Todo el mundo sabe que el régimen que oprime a Venezuela está sometido por la Corte Penal Internacional (CPI) a investigación por la comisión de crímenes de lesa humanidad. En un Informe de 22 páginas, fechado el 30 de marzo pasado, que el fiscal de la CPI, Karim Khan, presentó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte, se acusa a la dictadura de Nicolás Maduro de perseguir, torturar, violar y encarcelar a civiles y que “a las víctimas las sometieron a actos de violencia que incluyen palizas, asfixia, casi ahogamiento y descargas eléctricas”, con “más de 100 (que) sufrieron diferentes formas de violencia sexual incluida la violación”, que han derivado en “graves daños a su bienestar mental y físico”. Son “miles de opositores percibidos o reales del gobierno de Venezuela”, perseguidos por motivos políticos y sin ninguna base legal.  Todo el plan de agresiones fue “alentado o aprobado por el gobierno y llevado a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado”, señalándose además que “tales actos fueron con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales”.

Se está en presencia del  ataque de “una política de Estado sistemático” contra la población civil que amplía la política que implementó su predecesor el fallecido Hugo Chávez Frías, quien, desde su tumba en el Cuartel de la Montaña, seguramente “a través de un pajarito” –como lo confesó tiempo atrás el propio Maduro- le transmite ciertas órdenes. No hay día en que los medios de comunicación no registren los atropellos y violaciones de los derechos humanos, al igual que los inimaginables hechos de corrupción, protagonizados por los personeros gubernamentales –de alto y bajo calado- que están hundiendo al país. Se fusila con veleidosa complacencia la libertad de expresión y se desfalca a Pdvsa con la participación directa –que no podía ser ignorada por los encumbrados jerarcas del régimen- del propio ministro del Petróleo, Tareck el Aissami, que renunció al cargo, pero no se conoce, a la fecha de escribir estas líneas, ninguna  medida o sanción contra él, ni tampoco si se fue o no del país.

En su informe, el fiscal Khan refutó uno a uno los argumentos esgrimidos por el régimen dictatorial de Maduro, que está tratando de evitar la continuación de la investigación. La persecución, por motivos políticos, se ha acentuado al menos desde abril de 2017 en adelante. Por esa razón, el fiscal concluyó que, “a la luz de consideraciones cuantitativas y cualitativas, entre ellas la escala, la naturaleza, la forma de comisión y las repercusiones de los crímenes”, tienen tal gravedad como para que la Corte adopte nuevas medidas.

Quedamos en espera de las providencias adicionales a dictar por la CPI.

Carlos Canache Mata

Todo el mundo sabe que el régimen que oprime a Venezuela está sometido por la Corte Penal Internacional (CPI) a investigación por la comisión de crímenes de lesa humanidad. En un Informe de 22 páginas, fechado el 30 de marzo pasado, que el Fiscal de la CPI, Karim Khan, presentó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte, se acusa a la dictadura de Nicolás Maduro, de perseguir, torturar, violar  y encarcelar a civiles y que “a las víctimas las sometieron a actos de violencia que incluye palizas, asfixia, casi ahogamiento y descargas eléctricas”, con “más de 100 (que) sufrieron diferentes formas de violencia sexual incluida la violación”, que han derivado en “graves daños a su bienestar mental y físico”. Son “miles de opositores percibidos o reales del Gobierno de Venezuela”, perseguidos por motivos políticos y sin ninguna base legal.  Todo el plan de agresiones fue “alentado o aprobado por el gobierno y llevado a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado”, señalándose además que “tales actos fueron con la posible ayuda de grupos o individuos progubernamentales”.

Se está en presencia del  ataque de “una política de Estado sistemático” contra la población civil que amplía la política que implementó su predecesor el fallecido Hugo Chávez Frías, quien, desde su tumba en el Cuartel de la Montaña, seguramente “a través de un pajarito” –como lo confesó tiempo atrás el propio Maduro-  le trasmite ciertas órdenes. No hay día en que los medios de comunicación no registren los atropellos y violaciones a los derechos humanos, al igual que los inimaginables hechos de corrupción, protagonizados por los personeros gubernamentales –de alto y bajo calado- que están hundiendo al país. Se fusila con veleidosa complacencia la libertad de expresión y se desfalca a PDVSA con la participación directa –que no podía ser ignorada por los encumbrados jerarcas del régmen- del propio Ministro del Petróleo, Tareck El Aissimi, que renunció al cargo, pero no se conoce, a la fecha de escribir estas líneas, ninguna  medida o sanción contra él, ni tampoco si se fue o no del país.

En su Informe, el Fiscal Khan refutó uno a uno los argumentos esgrimidos por el régimen dictatorial de Maduro, que está tratando de evitar la continuación de la investigación. La persecución, por motivos políticos, se ha acentuado al menos desde abril de 2017 en adelante.   Por esa razón, el Fiscal concluyó que, “a la luz de consideraciones cuantitativas y cualitativas, entre ellas la escala, la naturaleza, la forma de comisión y las repercusiones de los crímenes”,  tienen tal gravedad como para que la Corte adopte nuevas medidas.

Quedamos en espera de las providencias adicionales a dictar por la CPI.

Carlos Canache Mata

Después  de  la muerte  de Juan Vicente Gómez en 1935, los gobiernos  de López Contreras  y de Medina Angarita -de 1935 a 1945- ralentizaron la democratización del poder, morigeraron la apertura y facilitaron el debate público –con altibajos- negado durante 35 años. El historiador Ramón J. Velásquez les reconoce vocación civilista y mentalidad democrática, “pero el régimen que sucesivamente presidieron continuaba siendo en lo político el mismo sistema oligárquico fundado en 1899 con el triunfo del general Cipriano Castro y que se caracterizó por la liquidación de toda forma de control de la opinión ciudadana sobre la acción del gobierno, así como por la eliminación del voto universal, directo y secreto para la elección de los Poderes Públicos” (1). Ni López ni Medina se percataron cabalmente de que se estaba cerrando una etapa histórica y se abría una distinta, que se había engendrado por lo que suele llamarse un cambio de época.

La historia tiene su propio dinamismo interno que se despliega, sin esperas ajenas, para ir ejecutando su partitura. Cuando al pueblo se le cierran las vías legales para abrir las puertas al cambio, se crean las condiciones para que sea el antiguo y siempre presente derecho a la rebelión el que lo auspicie. Por eso, triunfa la revolución cívico-militar del 18 de octubre de 1945 que instala en el poder a la Junta Revolucionaria de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt, la cual dicta el Estatuto Electoral de 1946 mediante el cual restituye al pueblo el ejercicio de la soberanía usurpada: el artículo 2° universaliza la condición de elector (“son electores todos los venezolanos mayores de dieciocho años, sin distinción de sexo  y sin más excepciones que los entredichos y los que cumplan condena penal, por sentencia firme que lleve consigo la inhabilitación política”); el artículo 3° universaliza la condición de elegido (“son elegibles para representantes a la Asamblea Nacional Constituyente los venezolanos mayores de veintiún años, sin distinción de sexo, que sepan leer y escribir y que no estén comprendidos en las sanciones establecidas en el artículo anterior”); el artículo 4° puso cese a la práctica del compatibilismo (“no son elegibles para la Asamblea Nacional Constituyente los funcionarios de la rama ejecutiva, nacional o regional, a menos que hayan renunciado a sus respectivos cargos antes de la postulación”).

El historiador Germán Carrera Damas  reflexiona: “La modernización de la vida política, entendida en adelante como expresión del ejercicio de la ciudadanía, valida esta de su arma por excelencia, el ejercicio de la soberanía popular, significaría la más radical transformación sociopolítica experimentada por la sociedad venezolana, desde la ruptura del nexo colonial (cursivas mías, de CCM): los todavía súbditos, si bien de una cuasi monarquía  constitucional que era de esto último solo apariencia, se verían llamados a ser, por primera vez, ciudadanos, en la plenitud del concepto” (2).

El otorgamiento del sufragio universal  marcó la ruptura con el ancien régime, como lo señala el historiador Manuel Caballero: “No es fácil cuestionar el carácter revolucionario de lo actuado a partir el 18 de octubre. Cuando sale del trienio, Venezuela es otra: los cambios han sido profundos y, como se demostrará a partir de 1958, en su mayoría irreversibles. Estos cambios tienen un común denominador y hasta se podría decir, que es un solo cambio que engloba a todo el resto. Se trata del ingreso de las masas a la actividad política, y por allí mismo el ingreso de Venezuela a la sociedad de masas” (3).

Como dije en el discurso que pronuncié en Guatire el pasado 22 de febrero, en ocasión de la celebración natalicia de Rómulo Betancourt, también, por su parte, las transformaciones de la sociedad venezolana originadas por el 18 de octubre de 1945, fraguaron un cambio de época. A la muerte de Gómez, Mariano Picón Salas pedía que “era necesario darle cuerda al reloj detenido”. Hubo que esperar diez años para que la historia anunciase que el reloj nos hacía sonar las campanadas de ese aguardado cambio epocal, agenciado y motorizado por el sufragio popular para la alternancia en el ejercicio del poder, sin que intervenga la imposición sucesoral del que va a ser sustituído.

Carlos Canache Mata

Notas

1-Ramón J. Velásquez, en “Venezuela Moderna Medio Siglo de Historia 1926-1976”. Fundación       Eugenio Mendoza. Caracas. 1976. Pág. 63.

2-Germán Carrera Damas. “Rómulo histórico”. 1ª edición: marzo de 2013. Editorial Alfa, 2013. Págs. 151-152.

3-Manuel Caballero. “Rómulo Betancourt, político de nación”. 1ª edición: noviembre de 2004. Coedición de Alfadil Ediciones y Fondo de Cultura Económica. Pág. 261.

Tras siete años de recesión económica y cuatro de hiperinflación, el régimen dictatorial de Nicolás Maduro decidió poner a un lado o relajar políticas “dogmáticas”de Hugo Chávez, como los controles de precios y del sistema cambiario, y abrió paso a una dolarización de facto o informal. Hay corrupción y desinversión en la industria petrolera, con una producción de crudo que oscila alrededor de 700.000 barriles por día. Puso en venta acciones de empresas públicas, marcando distancias de políticas estatizantes, y redujo el subsidio a la gasolina. Son los llamados “pragmatismos” de Maduro  -en su intento de “resistir” las sanciones que confronta- que han sido objeto de críticas de sectores del chavismo.

Desde que asumió el poder en 2013, Maduro  ha causado en manifestaciones callejeras más de 200 muertos que lleva y pesan sobre sus hombros, y está sometido a una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad (“Nicolás, te esperan en La Haya”, le advirtió Adolfo P. Salgueiro, en artículo publicado en El Nacional del día 4 de este mes); y la ONG Foro Penal asegura que “la violación de los derechos humanos ha sido más frecuente que con Chávez”.

Pienso que el chavismo es una mixtura de pragmatismo con ausencia de una caracterización ideológica definida. ¿Es una autocracia que se viste con añoranzas épicas? ¿Una dictadura clásica con predominancia militar o es una neo-dictadura que efectúa elecciones, pero las pervierte? ¿Un despotismo que avanza hacia el totalitarismo y oficia un culto personalista cuasi religioso a su líder fallecido? ¿O, como dicen muchos, un remedo del castrocomunismo? No olvidemos que, al comienzo, el chavismo se definió a sí mismo como “un árbol de tres raíces”, que se nutría con las ideas de Simón Bolívar, Simón Rodríquez y Ezequiel Zamora, en un dislocado y extraño sincretismo en el que como menestrón con olor a oxímoron se mezclan ideas insamblables; posteriormente fue asesorado por el sociólogo neonazi Norberto Ceresole que postulaba, en sustitución de la democracia, una “posdemocracia” de poder concentrado en la troika “caudillo, ejército, pueblo”; de súbito se inclinó por “la tercera vía” entre el capitalismo y el comunismo ; luego se declaró “marxista” el 15 de enero de 2010 (a pesar de que su ductor, Chávez, antes había confesado  que “de forma superficial” había leído “elementos” del marxismo y, por tanto, no era marxista (véase “Habla el Comandante”, de Agustín Blanco Muñoz, página 398); y finalmente, el chavismo se proclamó como “socialismo del siglo XXI”, denominación en uso, siguiendo al teórico alemán Heinz Dieterich. Como se ve, todo un variadoo e indigesto menú ideológico.

Yo siempre he creído que Chávez y su movimiento, al igual que su sucesor, no han profesado realmente ninguna ideología. Postulan una falsa posición doctrinaria según las exigencias del momento. No pueden estar inspirados en las ideas de Bolívar porque han entregado la soberanía nacional a Cuba, tampoco representan la neo-dictadura porque ultrajan las apariencias de la formalidad electoral, y, antes que marxistas, son sólo la caricatura de un capitalismo de Estado a la usanza de la antigua Unión Soviética y de la Cuba actual. La falencia ideológica se complementa con el pragmatismo de no soltar el poder y amasar riquezas. A los chavomaduristas, que no tienen principios, para nada les importa el Estado de Derecho, se burlan a diario de la Constitución y escarnecen fraudulentamente la voluntad popular.

En su orfandad ideológica, el chavomadurismo se quedó en la orilla de la historia, preguntándose a sí mismo qué es. Y se quedó sin respuesta.

Carlos Canache Mata

Escribo este artículo el 5 de marzo, cuando se cumplen 10 años del anuncio oficial del fallecimiento de Hugo Chávez Frías. Pongo en cursivas la frase anuncio oficial porque, como dice el editorial de El Nacional de hoy 5 de marzo, “muchos le barruntaban extinto con bastante anterioridad al anuncio de su partida, a pesar de los optimistas informes del sucesor designado, cuyos contenidos contribuyeron a cimentar su fama de embustero… varias fuentes sostienen que habría pasado a mejor vida en Cuba, de un paro respiratorio, el 28 de diciembre de 2012, a las 4:00 de la madrugada, pero La Habana y Caracas lo ocultaron… según esas mismas voces, lo trasladaron muerto a Venezuela y, dos meses y medio más tarde, el 5 de marzo de 2013, anunciaron su deceso”.

Pero, aparte del juego con la muerte, más importante es recordar y desnudar de nuevo ante la opinión nacional e internacional los desafueros que Chávez cometió, el legado que dejó. Los resumió magistralmente Teodoro Petkoff en el prólogo que escribió al libro publicado en 2014 por Fermín Lares titulado El expediente del chavismo (cualquier referencia biográfica de Chávez se convierte en un prontuario): “…El chavismo en el poder violó derechos humanos fundamentales. El de elegir y ser elegido, el de informar, el de escoger si uno desea o no oír a un gobernante, el de ser respetado por los canales del Estado en año electoral, el de tener una intimidad inviolable, el de acceder a la información pública, el de acceder a la justicia como lo establece la ley. A la par de las reiteradas violaciones de los derechos de los venezolanos, del gasto gubernamental sin control ni rendición de cuentas, del cerco y asfixia a la empresa privada, del uso del petróleo para ayudar a países amigos y para alcanzar puestos fundamentales en organismos multilaterales estratégicos, del crecimiento de acuerdos internacionales que se firman sin transparencia, de la aparición de un cáncer llamado narcotráfico que comenzó a operar en Venezuela, se consolidó un aparato de seguridad -que atraviesa todos los poderes del Estado- que hace imposible disentir en libertad en Venezuela”.

En el año 2012, se publicó el libro La gran farsa, balance de gobierno de Hugo Chávez Frías 1998-2012, cuyo compilador, Alberto Quirós Corradi, lo presenta así: “Se incluyen en este libro veintidós trabajos que cubren los sectores más importantes de la vida nacional. Los autores son los más destacados  en las especializaciones imprescindibles para darle vida a un proyecto de este aliento. Sus caracterizaciones de “la farsa” son indispensables para la comprensión de la actual tragedia nacional. En sus análisis encontraremos un balance difícil, entre el rigor académico de la investigación y la soltura de un comentario no exento de humor. El hilo conductor que le da coherencia a los diferentes capítulos es la noción de farsa presente en las ofertas, las definiciones y hasta la ideología –que no es tal-, utilizada por Chávez para crear un país artificial de proyectos inconclusos. Una imaginería que actúa como el opio de los pueblos, que pretende hacer ver lo que no existe, disfrutar con lo que no se tiene y soñar con lo que no vendrá”.

Solamente comentaré, a vuelo de pájaro, algunos de los trabajos presentados.

Marco Tulio Bruni Celli admite que es muy completo el articulado de la Constitución de 1999 en materia de derechos humanos, pero que son “protección y garantía teóricos”, al observar: “Precisamente, allí está la gran farsa sencillamente porque son derechos que se proclaman pero que en realidad no se respetan. Tal como lo ha señalado en repetidas ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado venezolano se ha convertido en un violador sistemático de esos derechos”.

Eddie Ramírez y Alberto Quirós Corradi informan con relación al petróleo: “El régimen ha producido varios planes que no se han cumplido, en 2008 anunció que en 2011 se estarían produciendo 4,5 millones de b/d; ahora, a inicios de 2012, Chávez anunció que a fines de año Pdvsa produciría 3,5 millones de b/d y que llegará a 4 millones de b/d en 2014. La farsa petrolera es pues de magnitudes no cuantificables”.

Después de una semblanza de las empresas básicas de Guayana, Damián Prat, reconocido experto en este tema, concluye su trabajo titulado “Guayana, ninguna obra industrial nueva: mucha ruina” de esta manera: “¿Qué nuevas plantas y proyectos industriales transformadores del hierro, el acero o el aluminio construyó el rico gobierno de Chávez en 14 largos años? Ni uno solo. Así de sencillo. Y así de terrible: cero. El discurso de ‘independencia’ es sólo eso: discurso. Bla bla. Pura farsa. Lo que existe en Guayana es lo mismo que existía ya en 1998, solo que en estado de ruina y destrucción”.

El lider sindical Froilán Barrios, en su artículo “La farsa sindical de un gobierno autocalificado como defensor de los trabajadores”, dice: “Este texto no es más que la requisitoria contra un régimen violador de los derechos laborales y constitucionales consagrados en la CBRV y sus disposiciones transitorias, aprobadas por la mayoría del pueblo venezolano y desconocidas por una gestión, que ha convertido en letra muerta el texto constitucional, correspondiéndole a los trabajadores de este país ejercer sus derechos y lograr su efectiva aplicación”.

En cuanto a la economía de Hugo Chávez, José Guerra, después de un análiisis exhaustivo, concluye con esta afirmación: “Al cerrar el año 2011, Venezuela no solamente era una economía más dependiente y vulnerable del exterior y también menos diversificada que en 1998, sino inclusive que hace cincuenta años. A esto nos ha llevado el gobierno de Hugo Chávez”.

Adolfo Salgueiro y Fernando Gerbasi, al referirfse a La gran farsa internacional, comentan las alianzas con organizaciones terroristas, en estos términos: “No cabe duda de que el gobierno del presidente Hugo Chávez ha mantenido y mantiene relaciones, más o menos importantes según el caso, con organizaciones que son calificadas internacionalmente como terroristas y narcotraficantes… Hay que agregar los pronunciamientos públicos y ante la Asamblea Nacional en enero de 2008, en favor de las FARC y el ELN, por parte del presidente Hugo Chávez, quien solicitó el reconocimiento de estas organizaciones guerrilleras como actores beligerantes en el conflicto colombiano y las apoyó por ser bolivarianas. La propia Asamblea Nacional guardó un minuto de silencio con motivo de la muerte de alias Raúl Reyes y varios han sido los actos de reconocimiento a la figura de alias Manuel Marulanda”.

Salgueiro y Gerbasi también hacen consideraciones sobre la actitud de Chávez ante la cuestión de la soberanía territorial y el reclamo venezolano del Esequibo: “El gobierno ‘bolivariano’ se proclama nacionalista y celoso defensor de la integridad territorial de la República. Los hechos demuestran que ello es una farsa. Desde la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966 Venezuela siempre estuvo atenta y presentó objeciones y oposición activa ante las concesiones que esporádicamente otorgó sobre ese territorio el gobierno guyanés. Sin embargo, en el año 2006 el presidente Chávez en visita oficial a Guyana anuncia –sin consulta previa al colectivo nacional– que Venezuela dejará de objetar concesiones y proyectos que Guyana otorgue en la Zona en Reclamación, lo cual se tradujo ya en numerosos proyectos mineros y madereros amparados por concesiones dadas por Guyana sin que el gobierno de Venezuela haya hecho objeción alguna”.

Esta es la síntesis del tenebroso legado de Hugo Chávez, a su paso por el poder. Oscuridad y muertes. Sombras y cruces.

 Carlos Canache Mata

El gran poeta peruano César Vallejo publicó en 1937 –en pleno desarrollo de la guerra civil española (1936-1939)- su poemario “España, aparta de mí este cáliz”, que contiene 15 poemas, el último de los cuales le da el nombre al poemario. Sustituyendo a España por Ucrania –en el primer país, se luchaba contra el después dictador Francisco Franco; en el segundo, se está luchando contra la invasión rusa de Vladimir Putin- se podría citar a Vallejo:

Niños del mundo,

si cae Ucrania –digo, es un decir–

Si Ucrania cae –digo, es un decir-

salid, niños del mundo, ¡id a buscarla!…

Y es que a todos nos duele lo que pasa en Ucrania, porque lo que ocurre en cualquier parte del planeta nos concierne, y la muerte de los seres humanos nos incumbe, como lo dijera en lenguaje metafísico el poeta-sacerdote inglés John Donne: “Nadie es una isla, completo en sí mismo; cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la masa. Si el mar se lleva un terrón, toda Europa queda disminuida, tanto como si fuera un promontorio, o la casa señorial de uno de tus amigos, o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad; y por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas: doblan por ti”.

Por eso, porque “nada de lo humano nos es ajeno”, es que en muchas ciudades del mundo se realizan manifestaciones detrás de pancartas, como ocurrió en París el pasado 5 de marzo, en las que se puede leer “apoyamos la resistencia ucraniana”,  y se condena al genocida Vladimir Putin, en tanto que se reconoce y se exalta la digna valentía del presidente Volodímir Zelenski. Porque lo que acaece en cualquier lugar del globo también nos toca y atañe, es que, en reciente artículo, el historiador Fernando Mires apuntó que “en el fondo de nuestros corazones, muchos somos hoy ucranianos”.

La ciudad portuaria de Mariúpol, al sureste de Ucrania, está sitiada desde fines de febrero y ha sido la más castigada por los ataques de las tropas rusas. Las agencias informativas estiman que murieron al menos 300 personas que estaban en el refugio antiaéreo construido bajo el teatro de la ciudad, a causa del bombardeo ruso del pasado 16 de marzo. Las imágenes de satélite exhiben una gran devastación, con destrucción e incendio de edificios y casas. Mariúpol se ha convertido en una ciudad mártir. Se ha dicho que el pintor Pablo Picasso “plasmó el horror de la guerra civil española en el Guernica” y que “Mariúpol, por desgracia, se ha convertido en el Guernica de la guerra de Ucrania”.

Escribo este artículo la noche del lunes 28 de marzo, cuando una nueva ronda de conversaciones está por realizarse en Estambul (Turquía) entre las delegaciones negociadoras de Rusia y Ucrania. En los anteriores contactos, no se lograron “avances significativos”. Kyrylo Budanov, jefe de la inteligencia militar de Ucrania, expuso hace unos días (el 27 de marzo) que Vladimir Putin posiblemente se propone dividir a Ucrania en dos, como Corea del Norte y Corea del Sur, imponiendo una línea divisoria entre las regiones ucranianas ocupadas y las que no lo están. Eso sería inaceptable.  En todo caso, el presidente Zelinski ha advertido que “la soberanía de Ucrania y su integridad territorial no están en duda” y que “garantías efectivas de seguridad para nuestro Estado son obligatorias”.

La Rusia de Putin tuvo la equivocada ilusión de que en una especie de guerra relámpago hitleriana aseguraría una rápida victoria sobre Ucrania, pero la realidad ha sido otra. La resistencia heroica de las Fuerzas Armadas y del pueblo ucranianos, apoyados por armamento occidental, han hecho pedazos el cálculo del actual jefe del Kremlin, y las fuerzas rusas han alcanzado pocos avances en capturar ciudades clave. En un reporte del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania se informa que han muerto 16.600 soldados rusos y que las tropas rusas han perdido 582 tanques, 1.664 vehículos blindados de combate, 294 piezas de artillería, 93 lanzacohetes múltiples, 52 sistemas de defensa aérea, 121 aviones, 127 helicópteros, 7 barcos y 56 drones. Tal vez, tales resultados han dado pie para que el diario The Times, citando una fuente anónima, asegurara que “el caos y el descontento se han apoderado de los servicios de seguridad”, tras la invasión de Ucrania, y que existe el riesgo de un golpe de Estado contra Putin. El pasado 26 de marzo, encontrándose en Varsovia durante su reciente gira europea, el presidente estadounidense, Joe Biden, pronunció, ante cerca de mil personas, en el Palacio Real de aquella ciudad, un discurso en el que dijo que su homólogo ruso, Vladimir Putin, “no puede permanecer en el poder, por el amor de Dios”. Lo dicho, dicho queda, aunque después, la Casa Blanca y él mismo trataron de matizar sus palabras.

La expectativa del mundo se centra en la nueva ronda de negociaciones que comienza mañana martes 29 de marzo. Ojalá que Putin y sus tropas escuchen la exhortación que desde el Vaticano hizo el papa Francisco en su último oficio dominical: “Basta, paren, acallen las armas, tomen en serio la paz”.

Amén.

Carlos Canache Mata