Después de tres años, la élite mundial, empresarial y política se vuelve a reunir en la ciudad turística de Davos, Suiza, con la consigna “Cooperación en un mundo fragmentado”.

Dos de cada tres economistas jefes de los sectores público y privado encuestados por el Foro Económico Mundial prevén una recesión global en 2023, dijo este lunes el organizador de Davos.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, predijo a principios de este año que un tercio del mundo entrará en recesión. Y advirtió que este será un año más difícil que los 12 meses anteriores, pues los principales motores del crecimiento se enfrentan a un debilitamiento de la actividad. “Las tres grandes economías, Estados Unidos, la Unión Europea y China, se están desacelerando simultáneamente”.

La mitad de los países de la UE entrarán en recesión en 2023 y por primera vez en 40 años el crecimiento de China ―la segunda economía mundial― no superará probablemente el crecimiento mundial. En medio de la pandemia, Xi Jinping pone fin a su política de cero covid. Incluso, muchas naciones que no están en recesión este año la sentirán como si lo estuvieran. Y los mercados emergentes y las economías en vías de desarrollo podrían verse devastados por el aumento de las tasas de interés en el mundo.

Este lunes, en Davos, la firma internacional PricewaterhouseCoopers divulgó los resultados de la encuesta hecha entre 4.410 líderes empresariales en octubre y noviembre del año pasado: 73% predijo que el crecimiento mundial disminuiría en los próximos 12 meses. El resultado fue el peor desde que la consultora comenzó a realizar estos estudios en 2011. Dos de cada cinco expresaron incluso su preocupación por que sus empresas no duren una década.

Estas proyecciones limitan la capacidad del régimen de Nicolás Maduro de hacer los ajustes necesarios para que la economía venezolana vuelva a buscar el llamado círculo virtuoso.

La estrategia de desmonetizar la economía, desplazando al bolívar de su condición de moneda para las transacciones de bienes y servicios por el dólar, lo tiene entrampado. Porque esta política depende de la capacidad de la economía de seguir generando divisas, lo cual en el caso venezolano es precaria dada su alta dependencia de las exportaciones petroleras y poco acceso a la banca internacional para recibir préstamos, así como la emisión de deuda. Según el Emerging Markets Bonds Index del banco JP Morgan, Venezuela cuenta con un riesgo país de 43.309 unidades, el peor de todos.

Desde agosto la intervención del Banco Central para estabilizar el bolívar no le ha dado resultado. Cree que puede manejar el mercado con las divisas generadas por las actividades ilícitas, que representaron 20% del PIB del país en 2021, calculado en 43.440 millones de dólares, más las remesas.

Por ello, Maduro insiste en el desbloqueo de los activos congelados en el extranjero, para paliar la situación de divisas internamente, llegando al punto de amenazar la continuidad del diálogo en México.

Además, el negocio con Chevron tomará tiempo para ver el impacto en la economía porque restablecer la máxima producción de los campos que opera a través de Petroboscán y Petroindependiente en el estado Zulia, y Petropiar y Petroindependencia en la faja petrolífera del Orinoco, requieren de inversiones por el orden de los 10.000 a 12.000 millones de dólares.

Las primeras dos semanas de exportaciones de petróleo se observa que fueron enviadas a China (381.000 barriles diarios), Estados Unidos (49 mbd) y Cuba (46 mbd), según la agencia TankerTrackers.com. Cuba también recibió un cargamento de Rusia de 48 mbd, lo que permite especular que la isla está comercializando el crudo venezolano con jugosas utilidades para los involucrados, pues los 94 mbd que se le envían superan la demanda de la refinería de Cienfuegos.

Las protestas de los empleados públicos en agosto del año pasado, reclamando los salarios de hambre, así como el instructivo que violaba las paritarias quitándoles beneficios, obligó al régimen a ceder en las solicitudes del sector público e imprimir bolívares. A partir de ese momento, la tasa de cambio del dólar ha venido subiendo constantemente.

En este momento tenemos una situación similar. Los salarios en bolívares no alcanzan para cubrir las primeras necesidades de la población. El magisterio salió a protestar a pesar de las amenazas de los grupos paramilitares adeptos al madurismo, conocidos como colectivos. Un indicativo de que están sintiendo la presión del pueblo. Saben que no tienen soluciones a la mano ni en el corto plazo.

Haber acabado con el interinato dejó a la oposición sin rostro. Los dirigentes de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia no han acompañado las protestas abiertamente por el temor a ser acusados de golpistas.

El 2023 coloca a Maduro en la disyuntiva de tener que definir su narrativa. Las causas de la crisis en Venezuela ya no pueden achacárselas a Estados Unidos. Esto podría debilitarlo políticamente luego del excelente año 2022 ―dominó la negociación a su antojo―, por lo que recurrirá a la guerra psicológica de intimidación y miedo. En esta ocasión con el argumento de traidores, entre otros.

La inflación, la volatilidad macroeconómica y los conflictos geopolíticos, señalados en Davos como los grandes riesgos del período que apenas comienza, agravarán las protestas por las reivindicaciones sociales del pueblo venezolano, que cada vez le tiene menos miedo al aparato represor. Un enfrentamiento que se puede tornar muy peligroso, tomando en consideración que Maduro ahora se siente guapo y apoyado por los gobiernos de Colombia y Brasil.

Antonio de la Cruz

La diplomacia del gobierno de Joe Biden hacia Venezuela se basa en los intereses de Estados Unidos. Esto condujo a que la política de máxima presión que aplicó la administración Trump al régimen de Nicolás Maduro durante los años 2019-2020 haya quedado sin efecto el pasado jueves 5 de enero, una vez que el G3 decidió que era momento de darle punto final a la presidencia encargada de Venezuela (2019-2023).

Los argumentos legales expuestos por organizaciones académicas y expertos sobre el disparate jurídico que cometió la Asamblea Nacional de 2015 ―único órgano con legitimidad de origen en Venezuela― al acabar con el interinato para crear una especie de gobierno parlamentario que no existe en la Constitución Nacional fueron letra muerta para el presidente Biden y su equipo de gobierno. Decidieron ignorar que la AN de 2015 “no tiene facultades para derogar lo que no ha sido creado por ella. La figura del presidente interino la antecede”, como explicó el reconocido jurista venezolano Allan Brewer-Carías.

Los hechos posteriores prueban que el G3 no actuó por iniciativa propia. La Licencia General N° 31B otorgada este mismo lunes por el Departamento del Tesoro al parlamento de 2015 y sus correspondientes comisiones para regular activos estratégicos como el refinador Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos, demuestra la intención de la administración Biden de apoyar el fin de la presidencia encargada de Guaidó. Una autorización que, recordemos, también viola la Constitución de Venezuela porque la actividad petrolera está reservada al Estado.

Por lo tanto, la decisión final de acabar con el interinato fue del gobierno estadounidense para alinearse con la nueva realidad política en Suramérica: Petro, Lula, Fernández, Boric.

Por otro lado, Juan González, asistente especial del presidente Biden y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, siempre ha considerado que «la falta de estrategia coherente de Trump ―política de Guerra Fría― hizo a Maduro más fuerte».

En consecuencia, la Casa Blanca ha optado por la flexibilización de las sanciones económicas al régimen venezolano (licencia a Chevron, también, violadora de la Constitución por autorizar a la gigante petrolera estadounidense a producir y exportar petróleo venezolano) y el otorgamiento de beneficios a los sobrinos de Maduro para motivar al régimen a tomar medidas que demuestran su compromiso con una salida electoral libre, justa, competitiva y verificable. Algo que aún no ha sucedido… y en este momento dudamos por la falta de garantías que suceda.

En las negociaciones de México, Maduro no ha cedido en nada que favorezca la restitución de la democracia en Venezuela. Siguen los presos políticos, el secuestro de los partidos, suprimida la libertad de expresión y la violación de los derechos humanos.

Seguirle dando incentivos a un régimen que busca perpetuarse en el poder a toda costa continuará fortaleciéndolo sin comprometer su razón de ser, el secuestro de un país.

En esta nueva fase entre la Casa Blanca y Miraflores ―sin interinato―, la Plataforma Unitaria sirve de portavoz del régimen de facto para alcanzar sus objetivos.

Así sucedió con el canje de los sobrinos por los estadounidenses secuestrados. El mensaje del coordinador de la Plataforma era que no se le había cumplido [Estados Unidos] a Maduro con la promesa de liberar a sus sobrinos.

Ahora pide la suspensión de las sanciones contra la línea aérea Conviasa y Pdvsa. Claves para el régimen en la ejecución de actividades vinculadas con los ayatolás, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Miguel Díaz-Canel, Tamim bin Hamad Al Thani, entre otros, la primera, y para el suministro de crudo y tráfico de estupefacientes a los países de Petrocaribe, la segunda.

También solicita a la administración Biden el cumplimiento de la entrega de los 3.000 millones de dólares de los activos venezolanos bloqueados en el exterior al fondo que sería administrado por las Naciones Unidas. Recursos supuestamente necesarios para aliviar la responsabilidad del Estado en cuanto al suministro de servicios públicos, que contribuirán a mantener al madurismo en el poder.

La administración Biden, no obstante, ha asegurado que está en la disposición de normalizar la relación con Maduro en cuanto se establezca un compromiso para la realización de una elección presidencial “libre, justa, competitiva y transparente” en el momento que disponga el régimen, este año o el próximo. Lo determina quien controla el poder y no los principios jurídicos. Por ello, las licencias otorgadas a Chevron y a la Asamblea Nacional de 2015 no están enmarcadas dentro de la Constitución de Venezuela.

Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, dijo a VOA que “no descarta reanudar relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro”.

Pero, aunque lo considere una victoria, Maduro debe entender que el respaldo de Biden al fin del interinato no es su reconocimiento de facto. No. Es la alineación de la diplomacia estadounidense con la región que giró hacia gobiernos vinculados con el Grupo de Puebla.

Nichols lo dejó claro cuando el régimen de facto arremetió contra la nueva directiva de la AN 2015. “Estados Unidos apoya a quienes defienden valientemente la democracia venezolana. Nuevos ataques contra la oposición, incluso contra miembros de la AN 2015, impiden soluciones democráticas para Venezuela. Los esfuerzos deben centrarse en un camino a elecciones libres y justas en 2024”.

El fin del interinato forma parte de la alineación de la Casa Blanca con la región.

 Antonio de la Cruz

En 2022, la Venezuela que se arregló de Nicolás Maduro tuvo un crecimiento del producto interno bruto de tan solo 6%, según el último informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial (octubre 2022) del Fondo Monetario Internacional. Muy por debajo del 20% anunciado por la banca de inversión Credit Suisse Group AG en abril y propagado por el régimen madurista.

Asimismo, la producción petrolera registró un aumento de 24% con respecto a 2021, lo que significa que llegó apenas a 700.000 barriles diarios. Muy lejos de la meta de los 2.000.000 de barriles diarios que Maduro dijo que se alcanzaría, “llueva, truene o relampaguee”. Cabe recordar que este volumen fue la principal premisa del banco suizo para pronosticar que Venezuela tendría “uno de los crecimientos más fuertes de todo el mundo en los últimos años”.

Aparte de que la producción promedio estuvo 65% por debajo del objetivo anunciado por Miraflores, de acuerdo con las fuentes secundarias de la OPEP, la exportación de crudo solo aumentó 10.000 barriles diarios con respecto a 2021 (477.000 barriles diarios), según la agencia TankerTrackers.com.

Este 2022 también marca el fin de las sanciones económicas estadounidenses sobre el régimen de Maduro, lo que ha llevado a una privatización disfrazada de la estatal Pdvsa al permitir que la gigante petrolera estadounidense Chevron Corp exporte el crudo venezolano (Licencia N° 41 de la OFAC).

La desmonetización del bolívar ha continuado este año. La inyección de dólares por parte de Banco Central de Venezuela a la banca nacional no ha frenado el incremento del tipo de cambio. La devaluación se ubica en 210%, según el mismo BCV.

Es un año con una fuerte caída de los ingresos en divisas de las exportaciones petroleras. Sobre este tema, Maduro afirmó hace 3 semanas: «Este año [2022] por ingreso petrolero apenas estamos obteniendo 3.500 millones de dólares neto aproximadamente, no llega al 10% de lo que era el ingreso petrolero normal del país, durante 100 años tuvimos un ingreso creciente».

El precio del barril del crudo marcador venezolano Merey ha tenido un incremento de 54% con respecto a 2021 (51,12 dólares), según el Informe mensual sobre el mercado del petróleo de diciembre de 2022 de la OPEP. Esto permite concluir que 67% de las exportaciones de petróleo no generan ingresos a Pdvsa. Se utilizan para pagar las deudas con China (Fondo Chino), la compañía petrolera española Repsol y la italiana Eni; el canje con Irán por la importación de diluyentes, naftas, condensados, crudos livianos; y las entregas a Cuba.

Todo ha ocurrido en medio de la invasión de Rusia a Ucrania que disparó el precio del barril de petróleo, llegando a ubicarse el marcador estadounidense WTI en 96,15 dólares promedio año, de acuerdo con la OPEP.

En 2023, la economía mundial se dirige hacia una confluencia sin precedentes de crisis económicas, financieras y de deuda, tras la explosión del déficit, el endeudamiento y el apalancamiento en las últimas décadas.

“A escala mundial, la deuda total de los sectores público y privado en porcentaje del PIB pasó de 200% en 1999 a 350% en 2021. La proporción es ahora de 420% en las economías avanzadas y de 330% en China. En Estados Unidos es de 420%, una cifra superior a la registrada durante la Gran Depresión y después de la Segunda Guerra Mundial”, según el profesor de la Universidad de Nueva York Nouriel Roubini.

La economía mundial está siendo golpeada por persistentes perturbaciones negativas de la oferta a corto y mediano plazo, que están reduciendo el crecimiento económico y aumentando los precios y los costes de producción que crearán presiones estanflacionarias (mano de obra y bienes causado por la pandemia; las materias primas por la guerra de Rusia en Ucrania; cambio climático producto del Green New Deal de Biden; y los acontecimientos geopolíticos, entre otros).

En cuanto al eje político, el próximo año puede resultar un período más estable en la política mundial de lo que nos hemos acostumbrado en los últimos años. Salvo elecciones anticipadas en Europa, 2023 será el primer año del siglo XXI sin elecciones generales o presidenciales en ningún país del G7. Teniendo esto en cuenta, es probable que se produzca una pausa (temporal) en las campañas electorales y en las transiciones de liderazgo. El resultado: los líderes de las principales economías podrán dedicar (comparativamente) más tiempo a abordar los retos actuales.

A pesar del reconocimiento de que el orden internacional construido por Estados Unidos y Europa corre peligro de desmoronarse, porque países como Rusia y China (y otros) violan las normas establecidas, presionan para obtener su propia ventaja unilateral y precipitan el regreso a un mundo en el que la fuerza da la razón.

Para Venezuela, 2023 será decisivo en lo económico y político. El regreso de las grandes compañías petroleras al país para manejar la producción y exportación creará tensión interna en el PSUV entre los que apuestan por la privatización de Pdvsa y los que defienden la soberanía de Hugo Chávez.

Necesitan urgentemente incrementar los ingresos por las exportaciones petroleras porque, de lo contrario, no habrá definitivamente cabida para decir que “Venezuela se arregló”.

En un escenario de recesión, los incentivos para incrementar la producción de petróleo de Venezuela serán bajos. El precio del barril de petróleo será uno de los factores determinantes.

Sin embargo, el unilateralismo de Estados Unidos podría contribuir a la consolidación de Maduro en el poder al abandonar la lucha por la restitución de la democracia en Venezuela debido a sus intereses. El interinato cesaría sus funciones, lo que sería favorable al régimen de facto del sucesor de Chávez.

La búsqueda de la estabilidad política en el país por parte de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos podría generar una crisis en el futuro porque conduciría al madurismo, que se siente seguro, a una mayor toma de riesgos.

El 2023, con una crisis económica mundial y estabilidad política en el G7, será decisivo para el devenir político-económico de Venezuela.

Antonio de la Cruz

Tras la ampliación de la licencia operativa a la petrolera estadounidense Chevron por parte de la administración de Joe Biden, Nicolás Maduro pone como condición el retiro de todas las sanciones sobre su régimen, que suman 763 según su cuenta, para que se den unas elecciones presidenciales libres, justas y competitivas el próximo año o en 2024. “Que las quiten todas, que se las lleven todas para ir a unas elecciones frescas, bonitas”, afirmó hace una semana.

Además, pidió la devolución a su régimen del control de Citgo, filial de Pdvsa que opera en Estados Unidos y que actualmente está bajo la administración del gobierno interino encabezado por Juan Guaidó. Afirmó Maduro que para seguir avanzando en las negociaciones “tienen que devolver Citgo a Venezuela completamente, libre de polvo y de paja”. Asimismo, anunció que su régimen espera recuperar más de 24.000 millones de dólares (29% del PIB 2022 a precios corrientes, según el FMI) bloqueados en el extranjero.

Dos días después, en la firma de los contratos secretos entre Petróleos de Venezuela y Chevron, Tareck el Aissami, vicepresidente sectorial de Economía y ministro de Petróleo del gobierno de facto de Maduro, también exigió el cese y levantamiento inmediato de todas las medidas coercitivas, unilaterales, “que han atentado contra la poderosa Pdvsa”.

El régimen de Maduro cree que en este momento puede lograr restablecer el status quo imperante antes de 2019, cuando Estados Unidos impuso sanciones económicas a Pdvsa y Minerven, y, en 2020, precio a su cabeza y la de otros jerarcas del chavismo que han convertido a “Venezuela en un narcoestado que auspicia el terrorismo y que se unió a las FARC para exportar toneladas de cocaína a Estados Unidos», según el Departamento de Justicia.

Se ve en el espejo de la directora financiera y heredera de la multinacional china Huawei Meng Wanzhou, quien fue detenida en Canadá en 2018 a causa de una orden de arresto estadounidense por acusaciones de supuesto «fraude bancario» al haber mentido para eludir las sanciones estadounidenses contra Irán, un delito punible con más de 30 años de prisión en Estados Unidos. El pasado viernes, el Departamento de Justicia estadounidense “retiro por completo los cargos y no podrán ser revisados”.

Es importante recordar que durante la administración de Donald Trump (2016 -2020), el gigante electrónico chino Huawei fue considerado una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos por sus supuestos lazos con el gobierno chino, que establece que las empresas de ese país deben “apoyar, cooperar y colaborar con el trabajo de inteligencia nacional» -en el caso de Huawei, el uso de la tecnología 5G le da la capacidad de espiar o de interferir comunicaciones.

La supuesta elección libre, justa y competitiva que quiere Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea que suceda en Venezuela en los próximos comicios presidenciales ha permitido a Maduro ir por todo, legitimidad e impunidad, sin ceder en nada importante para la restitución de la democracia en Venezuela.

En el Índice de la Democracia 2021, The Economist coloca a Venezuela de último en América Latina y el Caribe, 11 puestos por debajo de Nicaragua y 9 de Cuba.Desde que manejo la elección en 2018 y usurpó la presidencia en 2019, el régimen de Maduro ha venido profundizando la tiranía. A tal punto »que el Estado venezolano se apoya en los servicios de inteligencia y en sus agentes para reprimir la disidencia en el país, (…) cometiendo graves crímenes y violaciones de derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, de acuerdo con la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU en su informe del 24 de octubre de 2022.

Desaprender esta conducta criminal, cometer crímenes de lesa humanidad, es difícil porque el represor se ha acostumbrado a violar los derechos humanos de manera sistémica para mantenerse en el poder.

El Índice lo demuestra. Cuando llegó a Miraflores era un régimen autoritario competitivo con una puntuación de 5,07. Hoy es una tiranía con una valoración de 2,11, que además maneja los negocios ilícitos que representan “un quinto del PIB 2021”, según Transparencia Venezuela. Una caída de 58% en 8 años. Solo comparable en la región con Nicaragua, que se desplomó 50% en el mismo período.

Pensar que Maduro va a ceder su zona de confort con la política de normalización de la administración Biden, Canadá, la Unión Europea y la Plataforma Unitaria conducirá a consolidarlo en Venezuela.

El riesgo de la normalización está en si Maduro mantiene la zona de confort con un régimen autoritario competitivo, para lo cual tendrá que buscar uno o varios culpables de los crímenes de lesa humanidad cometidos por su régimen; o, de lo contrario, avanzará de la tiranía hacia un régimen despótico. En este dilema, su salida podría ser la mejor opción para los que puedan ser culpables de la violación de los derechos humanos investigados por la Corte Penal Internacional.

En consecuencia, Maduro va por todo para seguir en el poder.

Por Antonio de la Cruz

Desde hace varias semanas, todo estaba listo para que la administración de Joe Biden entregara la licencia a Chevron que le permite la producción y extracción de petróleo y sus derivados en Venezuela; la venta exclusiva y exportación de crudos y productos resultantes a las refinerías en Estados Unidos; y la compra e importación de productos necesarios para la explotación de los yacimientos de Petropiar y Petroboscán.

La expiración el 1° de diciembre de la licencia 8J que autorizaba la continuidad de Chevron en Venezuela –solo para mantener la seguridad de los activos de las empresas mixtas Petroboscán y Petropiar– generaba al gobierno de Biden una situación difícil en la “calibración de las sanciones secundarias” sobre Pdvsa. Porque la segunda gran empresa petrolera estadounidense no estaba dispuesta a seguir en el país si no podía producir y exportar el petróleo pesado de Boscán y extrapesado de la faja del Orinoco.

En consecuencia, la condición de la Casa Blanca para la liberación de la licencia general N° 41 era la reactivación de la mesa de negociación de México, de la que, en octubre de 2021, la delegación de Nicolás Maduro se levantó en rechazo a la extradición de su supuesto testaferro Alex Saab de Cabo Verde a Florida, Estados Unidos. La publicación de la licencia sin ninguna condición a cambio hubiera fortalecido la posición del oficialismo, pues habría obtenido la ansiada flexibilización de las sanciones económicas sobre Pdvsa, sin ceder en algunos de los aspectos medulares que forman parte de la agenda del diálogo.

Las negociaciones anteriores entre la Casa Blanca y Miraflores este año, que tuvieron como resultado el intercambio de los sobrinos de la pareja Maduro-Flores por rehenes estadounidenses, han permitido al “ungido” por Hugo Chávez “calibrar” sus demandas y asumir una posición maximalista. Ahora busca la impunidad. Quiere que la Fiscalía de Estados Unidos retire la recompensa de 15 millones de dólares que estableció a cambio de “información que conduzca a su detención”.

Una aspiración que en cierta forma es apoyada por Gustavo Petro, que requiere de la normalización política en Venezuela para el mejor desarrollo de su gestión presidencial. Por ello, desde que llegó al Palacio de Nariño ha buscado que el régimen de Maduro sea aceptado por parte de los gobiernos democráticos que lo consideran un mandatario ilegítimo y usurpador desde la elección de 2018. En consecuencia, le ha propuesto a Maduro que regrese a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ―órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos―. Asimismo, fueron a la COP27 para la presentación de un ambicioso pacto amazónico, a sabiendas de que los grupos irregulares protegidos por el gobierno de facto venezolano están destruyendo la Amazonia por la extracción de minerales.

Por otro lado, Petro sabe que tiene que trabajar también con la administración Biden para alcanzar su mayor objetivo político, la Paz Total, una negociación de la que Maduro es garante.

El 23 de noviembre, Petro, en un rol protagónico, anunció la reanudación de la negociación entre el régimen madurista y la Plataforma Unitaria en México (firma del acuerdo social) con el gobierno de Noruega como país mediador.

Las cartas estaban echadas para la justificación de la publicación de la licencia a Chevron el pasado sábado: el reinicio del diálogo entre Maduro y la oposición.

La licencia N° 41 tiene varias lagunas con respecto a la Constitución (artículo 302) y la Ley Orgánica de Hidrocarburos de Venezuela (artículo 9). Por ejemplo: autoriza a Chevron a producir y exportar petróleo, actividades que están reservadas solo al Estado venezolano.

Por otro lado, en las empresas mixtas de las que Chevron es socia minoritaria es Pdvsa la que decide cómo realizar la actividad petrolera. El gobierno de Estados Unidos no tiene jurisdicción para autorizar a una filial de Pdvsa a producir y exportar petróleo en Venezuela. Además, en la licencia son definidas como “empresas mixtas de Chevron”, lo que constituye una falta jurídica porque son empresas mixtas de Pdvsa.

Algo similar sucede con la parte fiscal y la distribución de dividendos a los accionistas.

La licencia N° 41 no autoriza a Chevron el pago de cualquier impuesto y regalía al gobierno de Venezuela ni cualquier dividendo, incluyendo un dividendo en especie, a Pdvsa o a cualquier entidad en la que la corporación posea, directa o indirectamente, 50% o más de las acciones. Pero son las empresas mixtas las que pagan la regalía y los impuestos a la República al explotar los yacimientos correspondientes. Otra prohibición inconstitucional porque los tributos y regalías son indisponibles. Además, las que pagan los dividendos e impuestos son las empresas mixtas, no Chevron.

La segunda gran empresa petrolera estadounidense ha dicho siempre que quiere cobrar el monto adeudado por el préstamo de 2.000 millones de dólares a Petroboscán en 2013 y los dividendos debidos por su participación accionaria en Petropiar y Petroboscán. Al cierre fiscal de 2021, la deuda de Pdvsa ascendía a 3.014 millones de dólares: 560 millones de dólares del empréstito, 1.396 millones de dólares correspondientes a los dividendos de Petropiar y 1.112 millones de dólares a los de Petroboscán.

La estructura financiera que ha usado Chevron para asegurar el pago del préstamo a Petroboscán fue a través de un banco offshore en Panamá que recibe el wire transfers del offtaker ―compradores aceptables para Chevron y autorizados por Pdvsa― que recibe el cargamento de crudo. El pago llega a una cuenta bancaria no fiduciaria que luego se transfiere a la cuenta fiduciaria asociada al préstamo. El banco fiduciario en Panamá distribuye los fondos de la siguiente manera: primero paga capital e intereses del préstamo a la cuenta de Chevron y luego transfiere el monto restante a la cuenta de la empresa mixta (Petroboscán) en el Banco de Venezuela para cancelar los impuestos y regalías a la República.

Este mecanismo de pago seguirá siendo usado para terminar de cancelar el préstamo de Petroboscán. Es importante señalar que la producción de esta empresa mixta hasta 2020, cuando Pdvsa dejó de liquidar la deuda, era de 110.000 barriles diarios, de los cuales 58.000 barriles diarios se usaban para cancelar el préstamo a Chevron, que tenía un último pago en diciembre de 2025.

La licencia N° 41 permite continuar con esta facilidad de pago ya empleada por Pdvsa. Lo que ocurre es que para restablecer la producción de Petroboscán y Petropiar, Chevron tendrá que aportar el capital, lo que generará una nueva deuda, pues el régimen de Maduro no tiene cómo hacerlo y necesita las divisas por las exportaciones petroleras para seguir en el poder.

En conclusión, la licencia N° 41 es el inicio de la privatización disfrazada de Pdvsa por parte del régimen de Maduro.

La privatización es necesaria para que Venezuela vuelva a ser próspera, pero con un gobierno democrático en el que exista Estado de Derecho, separación de poderes y libertad. Muy lejos de la realidad actual.

Antonio de la Cruz 

Tarek el Aissami, ministro de Petróleo, y Javier La Rosa, presidente de Chevron de Venezuela

La asistencia de Nicolás Maduro a la 27° edición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), en la ciudad turística egipcia Sharm El Sheikh, marcó el inicio de su reinserción al circuito de los gobiernos democráticos que lo habían aislado por ser un usurpador de la presidencia. Fue la primera vez que acudió a un evento patrocinado por la ONU desde 2018 y después de haber sido señalado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos como cabecilla de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela e impulsador de políticas de extractivismo predatorio en la Amazonía.

El expresidente del gobierno español José María Aznar afirmó, en el VII Diálogo Presidencial del Grupo IDEA en Miami el pasado 25 de octubre, que las cosas van a cambiar. “Estados Unidos, que no tiene una política global para la región, va a tener una para Venezuela. Y es la consolidación de Maduro. Te guste o no, va a hacer eso y lo está haciendo”.

En los pasillos de la Conferencia en Egipto, Maduro y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tuvieron un encuentro, no casual. El mandatario europeo le dijo al gobernante de facto venezolano: “El continente se está recomponiendo, y hay un camino que tenemos que construir (…) me encantaría que pudiéramos hablar un poco más y pudiéramos empezar un trabajo bilateral que sea útil para el país y la región (…) presidente [Maduro], yo lo voy a llamar una vez que esto pase”.

Unos días después Macron trataría el caso de Venezuela en el “espacio de diálogo para prevenir conflictos» del Foro de París sobre la Paz, al cual asistieron el presidente de la Asamblea Nacional de Maduro y el jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en las negociaciones de México; además de los presidentes de Colombia y Argentina, y la representante del Reino de Noruega. El recién electo mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, envió un mensaje en video.

Gustavo Petro logró que Francia, la cuna de “la libertad, la igualdad y la fraternidad”, se convirtiera en el facilitador europeo del reingreso de Maduro al concierto de países democráticos, reconociéndolo como presidente de Venezuela en Sharm El Sheikh y tratando la crisis del país en París.

El nuevo mapa político regional suramericano demanda normalizar la situación en Venezuela para poder consolidar la empresa criminal conjunta que tuvo origen en la oleada roja de la primera década del siglo XXI.

Además, la Casa de Nariño necesita que el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia sean parte de la sociedad y no una organización criminal-terrorista. Para la Paz Total de Petro, los abrazos, no balazos de Andrés Manuel López Obrador, es inevitable que el régimen de Maduro deje de ser de forma un régimen criminal que tiene sanciones económicas por parte de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea.

La búsqueda de una solución política a la crisis venezolana por parte de Occidente está conduciendo a la imposición de la tesis de Vladimir Putin y Xi Jinping de que “no existe un único modelo que guíe a los países en el establecimiento de la democracia. Corresponde únicamente al pueblo del país decidir si su Estado es democrático”.

Además, afirman “que la defensa de la democracia y los derechos humanos no debe utilizarse para presionar a otros países. Se oponen [Putin y Xi] al abuso de los valores democráticos y a la injerencia en los asuntos internos de Estados soberanos con el pretexto de proteger la democracia y los derechos humanos”.

En el fondo es la misma tesis que están vendiendo en las Américas Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández, Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega, Gustavo Petro y Nayib Bukele.

En la entrevista con El País de España, Petro afirmó que “rechazar la democracia liberal lleva hacia dictaduras y autoritarismos como se vienen presentando en algunos países de América Latina”. En París propuso para Venezuela “el desbloqueo y la amnistía general y un pacto de convivencia para las elecciones y después de ellas”.

Los presidentes “progresistas” del Grupo de Puebla usan la democracia para cuidar solamente la forma, no el fondo de la experiencia. Porque la intención es llegar a la presidencia por la vía electoral, pero no respetar el principio de alternabilidad sino crear las condiciones para seguir de manera perpetua en el ejercicio del poder.

Hoy, Maduro es un pasivo para lograrlo porque es el ejemplo de lo que los pueblos no quieren vivir.

En consecuencia, es necesaria su reinserción en la comunidad de países democráticos para que el Grupo de Puebla continúe ad aeternum en el poder, sin importar la Carta Democrática Interamericana ni los derechos humanos porque serían la mayoría de los Estados en la OEA.

Antonio de la Cruz

El expresidente Barack Obama y el representante de la mayoría de la Cámara de Representantes, James E. Clyburn, quienes influyeron para que Joe Biden fuera el candidato presidencial del Partido Demócrata en 2020, salieron al paso de nuevo la semana pasada, buscando detener la marea roja ―el voto por los candidatos del Partido Republicano― prevista por la mayoría de las encuestadoras en las elecciones estadounidenses de medio período presidencial (2020-2024) que se celebraron ayer.

En febrero de 2020, la narrativa fue el miedo por el futuro del país. El congresista Clyburn afirmó,tres días antes de las primarias de Carolina del Sur: «Tengo miedo por mis hijas y su futuro y por sus hijos y el futuro de sus hijos».

Ahora el representante de la mayoría de la Cámara de Representantes dijo a Fox New Sunday que «la democracia se acabará» si los demócratas pierden las elecciones intermedias. Y agregó que ve similitudes entre la democracia estadounidense actual y la democracia alemana de los años treinta, antes de que Hitler llegara al poder.»He estudiado historia toda mi vida. He enseñado historia. Y les digo que lo que veo aquí es un paralelismo con lo que ocurría en los años treinta en Alemania».

El expresidente Barack Obama también advirtió el pasado miércoles que “si los negadores de las elecciones [republicanos] son el gobernador, el senador, el secretario de Estado y el fiscal general, la democracia tal como la conocemos puede no sobrevivir (…). Eso no es una exageración. Es un hecho».

Por su parte, el presidente Biden señaló en un discurso la semana pasada y este lunes que la democracia de Estados Unidos corría el riesgo de desmoronarse. Dijo: «En nuestros huesos, sabemos que la democracia está en peligro».

La derrota de los demócratas en estas elecciones tendrá un alto impacto en la agenda Biden-Harris de los próximos dos años, que apuntala el Estado como proveedor de la felicidad y la prosperidad del pueblo. Muy contrario al fin de la democracia.

El posible control de las dos Cámaras del Congreso por parte de los republicanos retará muchas de las políticas que han permitido la aparición de la inflación ―fenómeno monetario― y la creación de las condiciones para el surgimiento de una recesión.

Nos adentraremos en un período que se parecerá más a las 3 décadas entre 1914 y 1945, que a los 40 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Una época marcada por la Primera Guerra Mundial; la pandemia de la gripe española; el crack de Wall Street de 1929; la Gran Depresión; las guerras comerciales y monetarias masivas; la inflación, la hiperinflación y la deflación; las crisis financieras y de la deuda, que condujeron a colapsos masivos y a impagos; y el surgimiento de regímenes militaristas autoritarios en Italia, Alemania, Japón, España y otros lugares, que culminaron en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.

Estamos viviendo en un cambio de época en el cual la paz relativa, la prosperidad y el creciente bienestar global que hemos dado por sentado desaparecerán. Una nueva época que está siendo signada por la polarización, el populismo y la posverdad, como lo señaló Moisés Naím en su libro La revancha de los poderosos.

Por ejemplo, según una encuesta reciente de NBC News, 80% de los demócratas y 80% de los republicanos afirman que la agenda del otro partido «destruirá a Estados Unidos tal como lo conocemos».

Además, la satisfacción inmediata, resultante de la interacción con las redes sociales, reforzada por la tecnología informática de la realidad virtual, han facilitado cada vez más una relación emocional entre líder–seguidor, llegando al mesianismo político. La causa falsa del populismo.

Entonces, la muerte de la democracia estadounidense anunciada por Biden, Obama y Clyburn es la misma que ven los 277 (46%) candidatos adosados por Donald Trump en las elecciones de medio período. Pero, en el caso republicano es el fin de los pilares de Estados Unidos (1787). Ronald Reagan lo recogió muy bien en su discurso de bienvenida a la primera ministra británica Margaret Thatcher en 1988: “No es más burocracia y redistribución de la riqueza, sino menos gobierno y más libertad para el empresario y para la creatividad del individuo”.

Los próximos años y décadas estarán marcados por una crisis de deuda estanflacionaria y las grandes amenazas relacionadas con ella ―guerra, pandemias, cambio climático, Inteligencia Artificial disruptiva y desglobalización―, todo lo cual será malo para el empleo, las economías, los mercados, la paz y la prosperidad.

La mayoría de los estadounidenses creen que el Partido Republicano está más preparado para hacer frente al escenario de 1930 y 1940, solo que ahora con esteroides porque las amenazas actuales están interconectadas.

La democracia no está amenazada en Estados Unidos. Estamos viviendo un cambio de era. Y el pueblo estadounidense lo refleja en la elección de medio período. Y en este cambio, la libertad y el ejercicio de la democracia son los valores que nos pueden salvardel apocalipsis que se avecina.

Antonio de la Cruz

Luiz Inácio Lula da Silva, de 77 años de edad, se convirtió este domingo en el primer político elegido tres veces presidente de Brasil. Aunque Jair Bolsonaro no quiso reconocer los resultados de inmediato y la situación en algunas regiones del país parecía un déjà vu de lo sucedido en Estados Unidos el 6 de enero de 2021, la victoria del candidato del Partido de los Trabajadores confirma la solidez de la democracia en el vecino país.

El triunfo del líder metalúrgico se debe, en parte, al recuerdo que tienen los sectores populares de los logros alcanzados durante su gobierno (2003-2010). El alto precio de los commodities durante la primera década del siglo XXI redundó en una mejora significativa de los indicadores económicos y sociales de Brasil. Esa es la razón por la cual en el nordeste de esa nación suramericana, por ejemplo, una región de mucha población y también mucha pobreza, Lula obtuvo 69% de los sufragios.

El nuevo presidente obrero, que ganó con el menor margen de votos desde el regreso de Brasil a la democracia, es rechazado por una parte importante e influyente en la economía brasileña debido a los escándalos de corrupción ―Operación Lava Jato (Petrobras, Odebrecht)― que enfrentó durante su gobierno, la ruina económica producida por su sucesora Dilma Rousseff y al sectarismo ideológico de la agenda de su organización política, PT. Es importante mencionar que Bolsonaro se impuso en los estados que generan 95% del PIB.

Su triunfo, sin embargo, tuvo resonancia mundial. Los miembros del Grupo de Puebla festejaron su victoria. Los mandatarios escribieron en sus cuentas de Twitter: «Un tiempo de esperanza y de futuro en América Latina”. “A favor de la unidad, la paz y la integración latinoamericana y caribeña”. “Habrá igualdad y humanismo”. Será el gobierno de los “más pobres”. “Viva Lula”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo felicitó también esa misma noche pero por otra causa.»Será el próximo presidente de Brasil de unas elecciones libres, justas y fiables”. Y este lunes ratificó en una conversación telefónica la sólida relación entre su país y Brasil frente a desafíos comunes, como “la lucha contra el cambio climático, la salvaguardia de la seguridad alimentaria, la promoción de la inclusión y la democracia, y la gestión de la migración regional”.

El Grupo de Puebla piensa que el triunfo de líder sindical apuntalará los 33 objetivos de su Manifiesto (febrero, 2021) en América Latina y el Caribe.

No obstante, el camino no se vislumbra lleno de rosas para Lula en su tercer período presidencial. En esta ocasión tendrá que enfrentarse a un Congreso con fuerzas de derecha que han ganado posiciones importantes en la legislatura y en los estados. Una oposición más amplia y radical que la de hace 20 años cuando llegó al poder por primera vez.

Además, las amenazas de Rusia y China ―dos miembros del grupo BRICS― a la seguridad nacional de Occidente, que según la nueva estrategia de defensa nacional de Estados Unidos afectarán la agenda internacional de Lula.

La invasión rusa a Ucrania ha conducido al aumento de la inflación y los tipos de interés en todo el mundo, contribuyendo a acrecentar los riesgos de una recesión mundial en su primer año de gestión. Y, en lo nacional, las finanzas del gobierno requieren un ajuste creíble y riguroso.

Por lo tanto, para alcanzar su objetivo de que “la iniciativa privada sea solidaria con el Estado respecto del logro de sus metas en materia de inclusión social, generación de trabajos dignos y mayor participación democrática”, Lula tendrá que ser pragmático y moverse al centro, tanto política como económicamente. Tendrá que rodearse de personas competentes, más allá del estrecho radio del partido y sus aliados de la izquierda.

Lo contrario, la imposición de la agenda del Foro de Sao Paulo o del Grupo de Puebla, no le generará los recursos necesarios para satisfacer las apremiantes demandas en educación, sanidad y asistencia social de los brasileños. Y si, además, no permite una economía libre y competitiva, Brasil no alcanzará el crecimiento sostenido esencial para reducir la pobreza.

En conclusión, en esta tercera presidencia, uno de los retos de Lula será la lucha entre la restauración de la política corrupta y corporativista enfrentada por Bolsonaro y un Estado moderno con una economía libre y competitiva. El otro será definir si sigue alineado con los intereses de Rusia y China o con los de Occidente, sobre todo con los de la administración Biden.

Los 77 años que tiene y su último mandato indican que será muy pragmático a la hora de tomar las decisiones que marcarán su legado, en especial después de haber estado 580 días en la cárcel por recibir sobornos de la contratista Odebrecht.

 Antonio de la Cruz

La reciente decisión de la administración de Joe Biden de cerrar la frontera sur a la migración irregular de venezolanos el pasado miércoles tiene una intención política, ante las venideras elecciones de mitad de mandato presidencial que serán disputadas el próximo 8 de noviembre. Busca cambiar la narrativa de los republicanos en cuanto a los riesgos de tener una “frontera abierta” y una mala gestión del sistema de asilo, que alimenta la violencia y el caos en la frontera.

Los últimos sondeos de opinión pública se inclinan más por los republicanos (GOP, Gran Partido Viejo) para ser mayoría en el Congreso de Estados Unidos. De agosto a septiembre, los demócratas perdieron 6 puntos en la preferencia para controlar el Poder Legislativo, según la encuesta de Monmouth University de septiembre 21-25.

Los distritos competitivos darían una mayoría al GOP en la Cámara de Representantes.

Por ejemplo, en la frontera con México, en Texas, los republicanos van detrás del voto hispano donde por años se dio por descontada una victoria demócrata. Confían en su estrategia de presentar a la frontera como una extensión de 1.900 kilómetros donde abundan los peligros y el caos como consecuencia del ingreso ilegal de cantidades sin precedentes de inmigrantes provenientes de México.

De los 12 problemas principales que afectan al estadounidense, los dos más importantes para los votantes son la inflación (89%) y la delincuencia (79%).

La encuesta de Gallup indica que el Partido Republicano aparece como el más preparado para resolverlos, con una diferencia de 11 puntos frente al Partido Demócrata. Una diferencia no vista desde la época de Ronald Reagan en 1981.

Por otro lado, FOX News revela en su encuesta de octubre 9-12 lo mismo. Lo que indica que, a 20 días de las elecciones, es una tendencia del electorado estadounidense la preferencia por los republicanos para liderar el Congreso.

Dado que el mapa del Congreso favorece al GOP, los demócratas tienen que hacer algo más que «mantenerse cerca» para conservar su mayoría en la Cámara de Representantes. Un obstáculo es que los grandes problemas favorecen a los republicanos en cuanto a su gestión.

De acuerdo con la encuesta de FOX News de la semana pasada, los republicanos les sacan a los demócratas en el manejo de la seguridad fronteriza 21 puntos, de la delincuencia 15 y de la inflación 13.

Un total de 33.000 venezolanos llegaron a la frontera sur de Estados Unidos solo en septiembre. El año fiscal de 2022 (1 octubre de 2021 – 30 septiembre de 2022) vio un incremento en la llegada de migrantes de esta nacionalidad de 293% respecto al período anterior.

Ante este escenario, la administración Biden decidió contrarrestar la mano dura con la que han manejado el tema los gobernadores republicanos de Texas, Greg Abbot; de Arizona, Doug Ducey; y de Florida, Ron DeSantis.

Abbot, Ducey y DeSantis lograron visibilizar el problema con el envío de cientos y hasta miles de migrantes -la gran mayoría venezolanos- a las ciudades de Washington DC, la Gran Manzana y la exclusiva isla Martha’s Vineyard, entre otras.

Un estudio del Wall Street Journal sobre los votantes latinos que antes eran un bloque sólidamente demócrata, revela cómo se están convirtiendo en un grupo pendular a disposición de ambos partidos, y sus preferencias de voto se dividen en función de la economía y la clase social.

En cuanto a la situación en la frontera hay una diversidad de opiniones dentro del electorado latino, muchos están preocupados por los cruces ilegales, pero no quieren una frontera abierta.

Si Biden aspira a la reelección presidencial en 2024 sabe que no puede perder los comicios del 8 de noviembre.

Por ejemplo, para evitar el incremento del precio de la gasolina que venía en descenso desde junio, le solicitó a Arabia Saudita que el grupo OPEP+ recortara la producción de petróleo en 2 millones de barriles después de las elecciones de medio período, según un comunicado del gobierno saudita.

La decisión de la OPEP+ deja la variable del aumento de la gasolina fuera del control de la administración estadounidense, a pesar de colocar adicionalmente 10 millones de barriles de las reservas estratégicas y en el nivel más bajo desde 1984 (400 millones de barriles). Sabe que el impacto del precio de la gasolina en el bolsillo de los americanos le quitará votos en todos los sectores de la población.

Para retener el voto latino, en un intento de mitigar la crisis migratoria en su frontera sur, el presidente aplicó el Título 42, una medida empleada por Trump para expulsar en caliente a los inmigrantes por razones sanitarias y que en su momento fue muy criticada por el mismo Biden y el ala progresista del Partido Demócrata en la campaña presidencial de 2020.

El hecho es que siguen entrando cubanos, centroamericanos, mexicanos por la frontera sur. Cifras altas. Sin embargo, ellos no son retornados a México. Si los devuelven tendría un efecto directo en el voto latino, descendientes de mexicanos y cubanos.

La diáspora venezolana es desechable para ambos partidos. Son utilizados para capitalizar votos.

Los motivos que han llevado a una población a migrar con un régimen señalado por crímenes de lesa humanidad y sumergido en la miseria no tienen el mismo valor que el de los otros migrantes que cruzan el río Grande.

Biden los pone en el limbo.

Antonio de la Cruz

La reciente decisión de la administración de Joe Biden de cerrar la frontera sur a la migración irregular de venezolanos el pasado miércoles tiene una intención política, ante las venideras elecciones de mitad de mandato presidencial que serán disputadas el próximo 8 de noviembre. Busca cambiar la narrativa de los republicanos en cuanto a los riesgos de tener una “frontera abierta” y una mala gestión del sistema de asilo, que alimenta la violencia y el caos en la frontera.

Los últimos sondeos de opinión pública se inclinan más por los republicanos (GOP, Gran Partido Viejo) para ser mayoría en el Congreso de Estados Unidos. De agosto a septiembre, los demócratas perdieron 6 puntos en la preferencia para controlar el Poder Legislativo, según la encuesta de Monmouth University de septiembre 21-25.

Los distritos competitivos darían una mayoría al GOP en la Cámara de Representantes.

Por ejemplo, en la frontera con México, en Texas, los republicanos van detrás del voto hispano donde por años se dio por descontada una victoria demócrata. Confían en su estrategia de presentar a la frontera como una extensión de 1.900 kilómetros donde abundan los peligros y el caos como consecuencia del ingreso ilegal de cantidades sin precedentes de inmigrantes provenientes de México.

De los 12 problemas principales que afectan al estadounidense, los dos más importantes para los votantes son la inflación (89%) y la delincuencia (79%).

La encuesta de Gallup indica que el Partido Republicano aparece como el más preparado para resolverlos, con una diferencia de 11 puntos frente al Partido Demócrata. Una diferencia no vista desde la época de Ronald Reagan en 1981.

Por otro lado, FOX News revela en su encuesta de octubre 9-12 lo mismo. Lo que indica que, a 20 días de las elecciones, es una tendencia del electorado estadounidense la preferencia por los republicanos para liderar el Congreso.

Dado que el mapa del Congreso favorece al GOP, los demócratas tienen que hacer algo más que “mantenerse cerca” para conservar su mayoría en la Cámara de Representantes. Un obstáculo es que los grandes problemas favorecen a los republicanos en cuanto a su gestión.

De acuerdo con la encuesta de FOX News de la semana pasada, los republicanos les sacan a los demócratas en el manejo de la seguridad fronteriza 21 puntos, de la delincuencia 15 y de la inflación 13.

Un total de 33.000 venezolanos llegaron a la frontera sur de Estados Unidos solo en septiembre. El año fiscal de 2022 (1 octubre de 2021 – 30 septiembre de 2022) vio un incremento en la llegada de migrantes de esta nacionalidad de 293% respecto al período anterior.

Ante este escenario, la administración Biden decidió contrarrestar la mano dura con la que han manejado el tema los gobernadores republicanos de Texas, Greg Abbot; de Arizona, Doug Ducey; y de Florida, Ron DeSantis.

Abbot, Ducey y DeSantis lograron visibilizar el problema con el envío de cientos y hasta miles de migrantes -la gran mayoría venezolanos- a las ciudades de Washington DC, la Gran Manzana y la exclusiva isla Martha’s Vineyard, entre otras.

Un estudio del Wall Street Journal sobre los votantes latinos que antes eran un bloque sólidamente demócrata, revela cómo se están convirtiendo en un grupo pendular a disposición de ambos partidos, y sus preferencias de voto se dividen en función de la economía y la clase social.

En cuanto a la situación en la frontera hay una diversidad de opiniones dentro del electorado latino, muchos están preocupados por los cruces ilegales, pero no quieren una frontera abierta.

Si Biden aspira a la reelección presidencial en 2024 sabe que no puede perder los comicios del 8 de noviembre.

Por ejemplo, para evitar el incremento del precio de la gasolina que venía en descenso desde junio, le solicitó a Arabia Saudita que el grupo OPEP+ recortara la producción de petróleo en 2 millones de barriles después de las elecciones de medio período, según un comunicado del gobierno saudita.

La decisión de la OPEP+ deja la variable del aumento de la gasolina fuera del control de la administración estadounidense, a pesar de colocar adicionalmente 10 millones de barriles de las reservas estratégicas y en el nivel más bajo desde 1984 (400 millones de barriles). Sabe que el impacto del precio de la gasolina en el bolsillo de los americanos le quitará votos en todos los sectores de la población.

Para retener el voto latino, en un intento de mitigar la crisis migratoria en su frontera sur, el presidente aplicó el Título 42, una medida empleada por Trump para expulsar en caliente a los inmigrantes por razones sanitarias y que en su momento fue muy criticada por el mismo Biden y el ala progresista del Partido Demócrata en la campaña presidencial de 2020.

El hecho es que siguen entrando cubanos, centroamericanos, mexicanos por la frontera sur. Cifras altas. Sin embargo, ellos no son retornados a México. Si los devuelven tendría un efecto directo en el voto latino, descendientes de mexicanos y cubanos.

La diáspora venezolana es desechable para ambos partidos. Son utilizados para capitalizar votos.

Los motivos que han llevado a una población a migrar con un régimen señalado por crímenes de lesa humanidad y sumergido en la miseria no tienen el mismo valor que el de los otros migrantes que cruzan el río Grande.

Biden los pone en el limbo.

Antonio De La Cruz