La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU), para los Derechos Humanos en Colombia, denunció que la fuerza pública ha cometido excesos al momento de actuar ante las protestas que realizan, desde hace un mes, campesinos en la región del Catatumbo, ubicado en el departamento Norte de Santander.
En un comunicado de prensa, Todd Howland, representante en Colombia de la oficina de la ONU, informó que ese ente constató que «hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la fuerza pública, y por lo tanto, el hecho indicaría uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes, lo que provocó la muerte de cuatro campesinos».
A través del texto, Howland instó a la Fiscalía colombiana a esclarecer los hechos en que murieron Leonel Jácome, Edinson Franco, Diomar Humberto Angarita y Hermides Palacios; dos de ellos murieron en las protestas el 22 de junio y los otros dos el 25 de junio, en medio de la represión policial en la zona de Ocaña.
El Alto Comisionado de la ONU señaló que también observaron «agresiones por parte de los manifestantes contra la fuerza pública. En los hechos violentos quedaron heridos tanto manifestantes como miembros de la fuerza pública, y hubo daños a la propiedad pública y privada, confinamiento a varias comunidades y cierre de vías, lo que generó una grave situación de crisis humanitaria».
Las protestas en el Catatumbo comenzaron el pasado 10 de junio para demandar la atención del Gobierno ante el abandono de la región.
Los campesinos exigieron la suspensión de cultivos ilícitos, la implementación de una Zona de Reserva Campesina, cese del desarrollo de grandes proyectos mineros en la región y la garantía de que se respeten los Derechos Humanos.
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